SCJN

Puebla, Pue.– La diputada local Susana Riestra Piña exigió la remoción del secretario general y del director jurídico del Congreso del Estado de Puebla al acusarlos de incurrir en omisiones graves durante el proceso de una controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La legisladora afirmó que el área jurídica del Congreso respondió a la demanda sin informar a los 41 diputados sobre el procedimiento legal que se desarrollaba en el máximo tribunal del país.

Critican actuación del área jurídica

Desde el Pleno del Congreso de Puebla, la diputada señaló directamente al secretario general, Julio Leopoldo de Lara Varela, por presuntamente ignorar la representación del Poder Legislativo en este caso.

Explicó que la controversia constitucional se originó tras reformas aprobadas por el Congreso local en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

Estas modificaciones legislativas fueron impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que invadían competencias federales.

Litigio constitucional sin informar a diputados

De acuerdo con Riestra Piña, el Congreso fue notificado por la SCJN dentro del trámite de la controversia constitucional 217/2025.

No obstante, señaló que el área jurídica del Legislativo respondió al requerimiento sin informar a los diputados sobre el avance del proceso.

Entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 se habría llevado a cabo el trámite legal sin que el tema fuera presentado ante el Pleno.

La legisladora también cuestionó que posteriormente se presentara una iniciativa para modificar las reformas que originaron la controversia.

A su juicio, esta acción pudo haber buscado corregir las observaciones señaladas en la demanda para intentar que la SCJN dejara sin materia el litigio constitucional.

Solicitan iniciar proceso administrativo

Ante estos hechos, la diputada solicitó que el órgano de control interno del Congreso del Estado de Puebla inicie un proceso administrativo para determinar responsabilidades.

Riestra Piña sostuvo que estas omisiones representan una falta grave dentro del Poder Legislativo y que deben investigarse para evitar que se repitan en el futuro.

*ARD

Sandra Ávila Beltrán, conocida como La Reina del Pacífico, obtuvo un fallo histórico de la SCJN que reconoce que Telemundo usó ilegalmente su imagen en la serie La Reina del Sur.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó que ninguna persona puede ver utilizada su imagen sin consentimiento, incluso si ha sido vinculada con actividades delictivas, salvo en casos estrictamente informativos. Esta resolución podría tener un impacto millonario sobre las ganancias de la serie a nivel internacional.

Derechos de imagen y dignidad humana

Bajo el proyecto del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, la Corte enfatizó que los derechos a la propia imagen y a la intimidad derivan de la dignidad humana, independientemente de la reputación o historial de la persona.

Este fallo subraya que, aun personas señaladas por vínculos con el Cártel de Sinaloa, conservan el derecho a controlar cómo se utiliza su imagen en producciones comerciales.

Multa y demanda principal

La sanción inmediata dictada por la Corte asciende a 448 mil pesos (5 mil UMA), pero el verdadero efecto económico se centra en la demanda principal de Ávila Beltrán: el 40% de las regalías generadas por La Reina del Sur.

La serie de Telemundo, protagonizada por Kate del Castillo, ha lucrado con la historia de Teresa Mendoza, personaje inspirado en la vida de la llamada “Reina del Pacífico”. Si se confirma la compensación solicitada, las cifras podrían ascender a miles de millones de pesos.

Controversia ética y mediática

El fallo ha generado un intenso debate: ¿es correcto que alguien vinculada al narcotráfico obtenga beneficios económicos por una serie basada en su vida? Mientras la SCJN protege la dignidad y los derechos de imagen, críticos señalan que esta decisión podría sentar un precedente para que otros personajes ligados al crimen organizado reclamen compensaciones similares.

No obstante, para Ávila Beltrán representa una victoria significativa frente a una de las cadenas más poderosas del entretenimiento en español, consolidando su derecho a controlar la explotación comercial de su imagen y legado, incluso en un contexto polémico.

*BC

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el requisito de cinco años de convivencia para acceder a la pensión por concubinato del ISSSTE, en una votación dividida que marca un cambio de paradigma. Con seis votos a favor y dos en contra, el tribunal abandonó un criterio vigente por más de diez años.

La determinación elimina la obligación establecida en la Ley del ISSSTE que condicionaba el acceso a pensiones y servicios médicos a un plazo mínimo de convivencia. En consecuencia, la Corte fortalece el derecho a la seguridad social en condiciones de igualdad.



 

Cambio de criterio constitucional

Durante el debate, la mayoría de ministros sostuvo que el requisito temporal resultaba desproporcionado y contrario a la Constitución. Subrayaron que la exigencia afectaba derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad.

Asimismo, reconocieron que las dinámicas familiares han cambiado y que el Estado debe adaptarse a esas transformaciones. Muchas parejas deciden no casarse ni tener hijos, y esa elección no puede limitar su acceso a la pensión por concubinato del ISSSTE.

Barreras injustificadas para acceder a pensiones

El fallo establece que imponer un plazo fijo o exigir hijos en común introduce obstáculos indebidos. Según el criterio mayoritario, tales condiciones generan un trato desigual respecto del matrimonio y afectan la protección de la familia en sus diversas formas.



 

La SCJN informó que la resolución actualiza precedentes emitidos hace más de una década y garantiza que las parejas en concubinato accedan a pensiones y servicios médicos sin cumplir un mínimo de años de convivencia.

Posturas en contra y debate financiero

Las ministras Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González votaron en contra. Batres sostuvo que la distinción legal entre matrimonio y concubinato es válida y no implica discriminación por estado civil.

Además, alertó que eliminar el requisito podría impactar las finanzas del ISSSTE, que enfrenta retos estructurales. Sin embargo, la mayoría consideró que los derechos fundamentales deben prevalecer frente a restricciones legales desproporcionadas.



 

Aunque el Pleno no definió un plazo alternativo para acreditar el concubinato, la decisión tendrá efectos inmediatos. Miles de trabajadores podrán acceder a la seguridad social sin acreditar cinco años de convivencia, lo que consolida una interpretación más inclusiva y acorde con la realidad social actual.

Con información de La Razón

*ARD

Un video difundido en redes sociales muestra a dos colaboradores limpiando los zapatos del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, durante su llegada al Teatro de la República en Querétaro, previo a la ceremonia por el 109 aniversario de la Constitución de 1917.

Las imágenes generaron sorpresa entre asistentes y usuarios, al observarse al ministro de pie mientras su personal se agachaba para limpiar su calzado.

La escena desata críticas y debate público

El episodio provocó reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el gesto y lo consideraron una imagen de subordinación. Otros defendieron que se trató de un acto espontáneo ante un imprevisto.

La escena contrastó con declaraciones recientes del ministro sobre austeridad y decisiones administrativas dentro del Poder Judicial.

Hugo Aguilar explica que fue por derrame de café

Horas después, Hugo Aguilar aclaró que la escena se debió a un accidente con café y nata derramados sobre su calzado. Señaló que no se dio cuenta de inmediato y que, al percatarse, pidió que no continuaran.

En su mensaje, ofreció una disculpa pública y reiteró su respeto hacia su colaboradora y su equipo de trabajo.

Continúa circulación del video en redes

Aunque el ministro aclaró lo ocurrido, el video continúa circulando en plataformas digitales y generando debate sobre las relaciones laborales dentro de las instituciones públicas.

Hasta ahora, no hay una postura institucional adicional de la SCJN sobre el tema.

Con información de La Jornada

*BC

Luego de más de una década de disputas legales, el empresario Ricardo Salinas Pliego realizó el primer abono de su deuda fiscal con la Secretaría de Hacienda, en un caso que se convirtió en uno de los más emblemáticos del país por su dimensión económica y política.

El acuerdo aprobado por autoridades fiscales contempla el pago del adeudo restante en 18 parcialidades, conforme a lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, aplicable cuando los créditos ya son definitivos.

Hacienda aclaró que no se trata de una condonación, sino de un mecanismo de regularización previsto en la ley tras resoluciones firmes.

Cómo se originó la deuda de Salinas Pliego

Los adeudos se remontan a ejercicios fiscales de más de diez años atrás, cuando el SAT determinó que empresas vinculadas a Grupo Salinas omitieron el pago de impuestos federales.

Con el paso del tiempo, los créditos fiscales se incrementaron por intereses, recargos y actualizaciones, hasta alcanzar un monto cercano a los 51 mil millones de pesos, lo que colocó el expediente en el centro del debate público.

Un conflicto que escaló al terreno político

Durante años, el empresario recurrió a amparos y recursos administrativos, prolongando el litigio en tribunales. Paralelamente, utilizó redes sociales y espacios mediáticos para acusar al Gobierno federal de persecución fiscal.

Desde Hacienda, la postura fue constante: los adeudos eran créditos fiscales firmes, avalados por resoluciones judiciales, y el contribuyente simplemente había postergado su cumplimiento.

La Corte cerró la puerta legal

El punto de quiebre ocurrió cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó diversos recursos promovidos por empresas del grupo empresarial, agotando las vías de impugnación.

Con ello, el pago se volvió inevitable, ante el riesgo de embargos, sanciones adicionales y acciones coercitivas, lo que derivó en el primer abono formal al erario.

Con información de Quien

*BC

Tras el escándalo por la compra de camionetas blindadas para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que luego fueron devueltas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que en el máximo tribunal ya se terminaron los privilegios.

Bajan sueldos de ministros tras elección judicial

La mandataria dio a conocer la remuneración de ministras y ministros de la nueva Corte, en contraste con la anterior a la elección judicial, e indicó que pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, información sobre las diferencias entre la “Corte del pasado” y la nueva Corte.

Detalló que antes los ministros percibían 206 mil 947 pesos mensuales, mientras que ahora ganan 134 mil 310 pesos.

Sheinbaum subrayó que anteriormente contaban con seguro de gastos médicos mayores, con un costo de 36 mil 906 pesos mensuales, así como apoyos para chequeos médicos, becas, medicinas complementarias, alimentos, telefonía y material bibliohemerográfico, los cuales fueron cancelados.

Cancelan apoyos administrativos en la Corte

Además, informó que se eliminaron 59 apoyos administrativos, de los 149 que existían en el área de atención a ministras y ministros. La presidenta solicitó precisar si estos beneficios correspondían a cada integrante.

“Ellos sí podrían haber ido al concierto de BTS”, ironizó al referirse a un gasto relacionado con servicios de Ocesa y Ticketmaster.

*BC

El empresario Amílcar Olán Aparicio, señalado como presunto operador financiero de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, es acusado de encabezar una red de extorsión contra empresarios con quienes mantuvo negocios durante el sexenio pasado.

De acuerdo con una investigación periodística, Olán habría utilizado amenazas legales y denuncias penales fabricadas para exigir pagos por contratos obtenidos con dependencias del Gobierno federal, lo que abrió una nueva polémica sobre posibles conflictos de interés en el entorno presidencial.

Empresarios denuncian extorsión y fabricación de delitos

Exsocios de Amílcar Olán sostienen que, tras negarse a seguir entregando comisiones, comenzaron a enfrentar acusaciones por delitos graves como secuestro, lavado de dinero, fraude e intento de homicidio.

Estas denuncias habrían sido utilizadas como mecanismo de presión para obligarlos a ceder parte de las ganancias derivadas de contratos públicos gestionados durante la pasada administración federal.

Los afectados afirman que los procesos carecen de sustento legal y forman parte de una estrategia sistemática de intimidación.

Fiscalía de Tabasco, señalada en la operación

La estrategia judicial se habría instrumentado en la Fiscalía General del Estado de Tabasco, donde se facilitaría la apertura de carpetas de investigación contra los empresarios señalados.

El fiscal Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros y el abogado Miguel Ángel Esqueda Romero son mencionados como actores clave en la formalización de las denuncias, lo que habría permitido sostener la presión legal contra los exsocios de Olán.

El respaldo de Andy López Beltrán

Empresarios afectados buscaron la intervención directa de los hijos del expresidente para frenar las denuncias. Sin embargo, según los testimonios, Andy López Beltrán habría ordenado permitir que los procesos judiciales continuaran.

Esta decisión fue interpretada por los denunciantes como una señal de respaldo a las acciones de Amílcar Olán, pese a la relación de años que existía entre las partes involucradas.

La advertencia: “Si caigo yo, caen los López Beltrán”

Aunque inicialmente habría contado con respaldo político, Olán comenzó a expresar preocupación ante posibles investigaciones federales por conflicto de interés y contratos públicos.

En ese contexto, lanzó la advertencia:

“Si caigo yo, caen los López Beltrán”

La frase sugiere que el empresario se considera una pieza central dentro de una estructura más amplia que podría comprometer directamente a Andy y Gonzalo López Beltrán.

Presunta red de protección en el Poder Judicial

El reportaje también señala que la red de protección de Amílcar Olán se extendería al ámbito judicial, con jueces presuntamente financiados por él.

Incluso, Olán habría presumido haber apoyado económicamente a dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que —según su versión— impediría el avance de denuncias en su contra.

Un escándalo con impacto político nacional

Las acusaciones contra Amílcar Olán y su presunta cercanía con los hijos de AMLO colocan el caso en el centro del debate público sobre corrupción, uso político de la justicia y tráfico de influencias.

Mientras no exista una investigación oficial que aclare los señalamientos, el caso continúa creciendo como uno de los episodios más delicados vinculados al entorno del expresidente.

Con información de Político MX

*BC

Los ministros de la llamada “Corte del Pueblo” estrenaron camionetas blindadas de lujo con un costo aproximado de 3.5 millones de pesos por unidad, pese a haber prometido austeridad, cercanía con la ciudadanía y eliminación de gastos superfluos.

Las unidades adquiridas son Grand Cherokee con precio base cercano a 1.5 millones de pesos, a las que se sumó un blindaje de casi 2 millones, elevando significativamente el gasto público destinado a su movilidad.

Registran camionetas en Morelos para evitar pago de tenencia en CDMX

Una de las camionetas, con placa RBE 247E, fue registrada en Morelos, donde el refrendo anual es de apenas 849 pesos, mientras que en la Ciudad de México el impuesto se cobra cuando el valor del vehículo rebasa los 638 mil pesos.

Si esta unidad, valuada en 3.5 millones de pesos, hubiera sido registrada en la capital, habría pagado alrededor de 140 mil pesos en tenencia, lo que ha generado cuestionamientos sobre el uso de vacíos fiscales por parte de autoridades judiciales.

Corte justifica compra por razones de seguridad

El órgano judicial argumentó que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares de seguridad, por lo que su continuidad comprometía las funciones de los ministros.

“Las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad”, señaló la Corte, aunque hasta ahora no se conocen amenazas específicas contra los ministros ni resoluciones que justifiquen un aumento extraordinario en su nivel de protección.

Discurso de cercanía frente a gastos millonarios

El presidente del órgano judicial, Hugo Aguilar, había prometido una Corte más cercana al pueblo, austera y sin gastos innecesarios. Sin embargo, el estreno de estas camionetas blindadas refuerza la percepción de contradicción entre el discurso y los hechos.

La Corte afirmó que la adquisición se realizó de manera paralela a la desincorporación de unidades antiguas, sin informar cuántas fueron dadas de baja ni su estado mecánico.

Críticas por privilegios en el Poder Judicial

Algunos ministros ya se transportaban en Suburban High Country de más de 2 millones de pesos, además del blindaje. Con esta renovación vehicular, la institución busca implementar el esquema de ministros itinerantes por el país.

No obstante, el gasto ha provocado críticas ciudadanas, al contrastar con las demandas sociales de austeridad, transparencia y rendición de cuentas en el Poder Judicial.

Con información de Mural

*BC

A poco más de cuatro meses de iniciar funciones, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) registra un marcador perfecto: siete resoluciones clave a favor de reformas impulsadas por la Cuarta Transformación (4T), sin que hasta ahora exista un solo fallo adverso a decretos promovidos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador o por legisladores de Morena.

El pleno de nueve ministros encabezado por Hugo Aguilar Ortiz ha resuelto casi 3 mil asuntos, pero sus decisiones más relevantes han generado debate por el impacto político e institucional que representan en el nuevo equilibrio entre poderes.

Corte avala reformas emblemáticas del obradorismo

Entre los cambios ratificados por la SCJN destacan reformas a la Ley Minera, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Ley General de Víctimas, así como la desaparición de 109 fideicomisos federales, considerados durante años como herramientas de financiamiento para ciencia, cultura, atención a víctimas y otros rubros estratégicos.

Además, el máximo tribunal validó reformas promovidas por Morena en la Cámara de Diputados, como la que otorga mayores facultades a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, para realizar nombramientos sin consultar al Consejo General.

Ley Minera y agua: primeros fallos de alto impacto

En sus primeras semanas, siete ministros contra dos revocaron amparos contra las modificaciones a la Ley Minera, que endurecen los requisitos para concesiones de agua.

La ministra Lenia Batres Guadarrama defendió las reformas al considerar que garantizan el derecho humano al agua, fortalecen la seguridad jurídica y protegen el interés público, criterios que fueron respaldados por la mayoría del pleno.

Corte valida prohibición de fumar en zonas exclusivas

El 25 de septiembre de 2025, la SCJN ratificó el decreto presidencial que prohíbe a restaurantes servir alimentos o bebidas en áreas destinadas para fumadores, pese a que el pleno anterior había considerado la medida excesiva.

Con esta resolución, los jueces deberán aplicar el nuevo criterio, que modifica la interpretación previa de la extinta Segunda Sala y refuerza la política de salud pública impulsada desde el sexenio pasado.

Afores: Estado puede regular comisiones

En octubre, por unanimidad, los ministros aprobaron el tope máximo a las comisiones de las Afores, al validar la modificación al artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

La ministra Yasmín Esquivel sostuvo que el sistema pensionario no puede analizarse bajo un esquema de libre mercado, sino como un servicio de orden público, cuyo objetivo central es la protección del ahorro de los trabajadores.

Eliminación de fondo para víctimas genera críticas

En noviembre, la SCJN rechazó declarar inconstitucional la reforma a la Ley General de Víctimas que eliminó el fondo mínimo garantizado para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Organizaciones civiles acusaron que la decisión afecta la certeza presupuestal para la reparación integral y la atención a víctimas de delitos y violaciones graves a derechos humanos.

Debate por Ley de la Industria Eléctrica

Ese mismo mes, los ministros desecharon revisar el voto de calidad del ministro en retiro Alberto Pérez Dayán en un amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), lo que abrió un debate sobre si la nueva Corte puede revisar sentencias firmes emitidas por su anterior integración.

La discusión incluso provocó cuestionamientos públicos por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien pidió respetar las resoluciones judiciales.

Normalistas y fideicomisos: últimas resoluciones

A inicios de este año, la Corte validó la reforma que da prioridad a egresados de normales públicas en la asignación de plazas docentes.

Finalmente, la semana pasada, por unanimidad, los ministros avalaron la eliminación de 109 fideicomisos federales, equivalentes a 68 mil millones de pesos, al considerar que no se violaron principios de federalismo ni división de poderes, pese a las impugnaciones de ocho estados.

Una Corte sin fallos contra la 4T

Hasta ahora, la nueva SCJN no ha invalidado ninguna reforma clave del obradorismo o de Morena, lo que ha intensificado el debate sobre la independencia judicial, la correlación de fuerzas en el máximo tribunal y su papel en el nuevo ciclo político del país.

Con información de El Universal

*BC

Puebla, Pue. La dirigente estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Olga Lucía Romero Garci-Crespo, informó que el Congreso local continuará trabajando en el análisis de posibles reformas a la denominada “Ley Censura”, luego de que un juez federal la declarará inconstitucional por segunda ocasión.

Olga Lucía Romero subrayó que el tema se encuentra en revisión dentro de la LXII Legislatura, la cual evaluará el alcance del fallo y las alternativas legales que podrían impulsarse.

Explicó que será a partir del análisis jurídico y político que se determine qué tipo de modificaciones podrían plantearse, destacando que el Congreso tiene la facultad de revisar y, en su caso, ajustar el marco normativo vigente.

Añadió que la prioridad será construir reformas que respeten los derechos fundamentales, sin dejar de atender los objetivos que dieron origen a la iniciativa.

En este contexto, la dirigente de Morena enfatizó que el debate al interior del Poder Legislativo sigue abierto y que no se descarta ninguna posibilidad, siempre y cuando las decisiones se tomen con base en criterios legales sólidos y en beneficio de la ciudadanía. 

“Será una decisión que se tome de manera colegiada, con el respaldo de los análisis que ya se están realizando”, puntualizó.

Se revisa determinación

Por su parte, el presidente del Congreso local, Pável Gaspar, confirmó que el asunto está siendo revisado por el Departamento Jurídico del Poder Legislativo. No obstante, aclaró que el amparo concedido por el juez federal no tiene efectos generales, fue otorgado únicamente a un particular y no a una comunidad entera, lo que abre un margen de interpretación sobre la vigencia y aplicación de la norma.

Gaspar señaló que esta situación permite al Congreso evaluar con mayor detalle el alcance del fallo judicial y considerar si es viable realizar una nueva reforma o mantener el texto actual con ajustes específicos. 

En ese sentido, reiteró que cualquier determinación se tomará con responsabilidad y respeto al marco constitucional.

Con estas posturas, quedó abierta la posibilidad de que la llamada “Ley Censura” sea objeto de una nueva modificación, particularmente en lo referente al artículo 480 del Código Penal del Estado de Puebla, el cual fue aprobado en julio de 2025 y ha generado un amplio debate jurídico y político en la entidad.

Artículo 480

Comete el delito de ciberasedio quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional.

A la persona responsable de la conducta descrita en el párrafo anterior se le impondrá la pena de once meses a tres años de prisión y multa de 50 a 300 días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de la comisión del delito.

Cuando la víctima sea menor de edad, se presumirá el daño a la dignidad por tratarse de una persona en desarrollo psicoemocional y físico, y la sanción se aumentará desde una tercera parte de la pena mínima, hasta dos terceras partes de la pena máxima.

Lo anterior, motivado por el incremento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en sus distintas modalidades, para la comisión de conductas dolosas que buscan afectar a las víctimas potenciales.

El tipo penal en cuestión se configuró atendiendo los siguientes elementos:

/ El uso de las TIC´s para su ejecución

/ A través de insultos, injuria, ofensa, agravio o vejación

/ Con la insistencia necesaria para causar daño o menoscabo a la integridad física o emocional del sujeto pasivo