Susana Riestra Piña

Puebla, Pue. La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Susana Riestra Piña, pidió que las muertes de mujeres con violencia se dejen de ocultar al ser clasificadas como homicidios dolosos.

Porque, de seguir actuando así las autoridades, de nada sirve que los 32 estados de la República haya homologado la Constitución para aplicar la Ley General investiga desde el inicio la muerte de una mujer como feminicidio.

732 mujeres fueron asesinadas

Riestra Piña señaló que actualmente 32 definiciones distintas de feminicidio en México, lo que genera vacíos legales que pueden ser aprovechados por los agresores.

“En México, 732 mujeres fueron asesinadas por feminicidio en un solo año, y en lo que va de 2026 ya sumamos 94 más. No son cifras, son vidas y familias incompletas”, expresó.

La diputada cuestionó el desempeño de las fiscalías estatales, al señalar que el delito no puede ser “doblemente violento”: primero por el crimen y después por la impunidad.

Criticó que muchos casos se clasifiquen como homicidios dolosos, lo que distorsiona la realidad y dificulta el acceso a la justicia para las víctimas.

El 23 de abril, el Congreso local homologó el marco normativolocal con la Ley General para investigar y sancionar toda muerte violenta de una mujer como feminicidio desde el inicio.

Se contempla en la ley

Para esto, se convocó a una sesión extraordinaria, donde al final la propuesta planteada de origen por la presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo fue aprobada, con 37 votos a favor, y cero en contra, incluso con el respaldo de quienes hoy son oposición, como el Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI). La reforma se hizo al artículo 73 en materia de feminicidio.

Dentro de los aspectos que contempla esta ley figuran:

Investigación obligatoria como feminicidio

Reconocimiento de agravantes y tentativa 

Contemplar más de 20 aspectos, entre ellos castigar la “tentativa”

Asimismo, en la reparación del daño y sanciones adicionales se contempla imponer:

Cárcel

Reparación integral del daño a víctimas indirectas

Pérdida de derechos como la patria potestad 

Pérdida de derechos sucesorios para el agresor

Puebla, Pue.- La diputada del PAN, Susana Riestra Piña, impulsó un exhorto para que diversas autoridades investiguen las amenazas contra integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos.

En ese sentido, pidió que se inicien investigaciones contra funcionarios públicos señalados por posibles actos de omisión y que se determinen responsabilidades legales. Además, recalcó que los casos deben resolverse con apego a la ley.

La legisladora señaló que el colectivo ha denunciado intimidaciones, así como falta de avances en las carpetas de investigación, lo que agrava la situación de las familias afectadas.

Familias enfrentan abandono institucional

Por otro lado, Riestra afirmó que las familias no solo enfrentan la desaparición de sus seres queridos, sino también actos de discriminación institucional.

Entre los nombres señalados se encuentran María Luisa Núñez Barojas y Salvador Estrada Muñoz, además de otros servidores públicos vinculados a las investigaciones.

Llamado a autoridades estatales

El exhorto fue dirigido a instancias como la Fiscalía General del Estado de Puebla, la Comisión de Búsqueda, la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Por ello, la diputada insistió en que las autoridades deben garantizar protección a las personas buscadoras. Mientras tanto, reiteró que sancionar a los responsables es fundamental para recuperar la confianza ciudadana.

*ARD

Puebla, Pue.– La diputada local Susana Riestra Piña exigió la remoción del secretario general y del director jurídico del Congreso del Estado de Puebla al acusarlos de incurrir en omisiones graves durante el proceso de una controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La legisladora afirmó que el área jurídica del Congreso respondió a la demanda sin informar a los 41 diputados sobre el procedimiento legal que se desarrollaba en el máximo tribunal del país.

Critican actuación del área jurídica

Desde el Pleno del Congreso de Puebla, la diputada señaló directamente al secretario general, Julio Leopoldo de Lara Varela, por presuntamente ignorar la representación del Poder Legislativo en este caso.

Explicó que la controversia constitucional se originó tras reformas aprobadas por el Congreso local en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

Estas modificaciones legislativas fueron impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que invadían competencias federales.

Litigio constitucional sin informar a diputados

De acuerdo con Riestra Piña, el Congreso fue notificado por la SCJN dentro del trámite de la controversia constitucional 217/2025.

No obstante, señaló que el área jurídica del Legislativo respondió al requerimiento sin informar a los diputados sobre el avance del proceso.

Entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 se habría llevado a cabo el trámite legal sin que el tema fuera presentado ante el Pleno.

La legisladora también cuestionó que posteriormente se presentara una iniciativa para modificar las reformas que originaron la controversia.

A su juicio, esta acción pudo haber buscado corregir las observaciones señaladas en la demanda para intentar que la SCJN dejara sin materia el litigio constitucional.

Solicitan iniciar proceso administrativo

Ante estos hechos, la diputada solicitó que el órgano de control interno del Congreso del Estado de Puebla inicie un proceso administrativo para determinar responsabilidades.

Riestra Piña sostuvo que estas omisiones representan una falta grave dentro del Poder Legislativo y que deben investigarse para evitar que se repitan en el futuro.

*ARD

Puebla, Pue. La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Susana Riestra Piña, presentó una iniciativa para elevar a rango constitucional la comparecencia de Rosa Isela Sánchez Soya, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), con el objetivo de que sea obligatoria.

La legisladora señaló que el objetivo es realizar un ejercicio similar al que se implementó con la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Idamis Pastor Betancourt, para rendir cuentas sobre su gestión y atender los señalamientos pendientes.

Riestra Piña advirtió que, de no formalizarse la comparecencia, el trabajo de la CDH podría quedar reducido a papel muerto, considerando la relevancia de este órgano autónomo.

La importancia de rendir cuentas

“Rendir cuentas no significa subordinación, sino asumir una responsabilidad pública. La finalidad es garantizar coherencia institucional, fortalecer los órganos autónomos y empoderar a la ciudadanía”, afirmó.

La diputada destacó que la acción de comparecer no debe ser vista como una opción “a contentillo”, sino como un ejercicio formal que permita que el trabajo de la CDH se refleje más allá de un simple informe anual.

“La CDH debe presentar sus resultados año con año para informar a los poblanos sobre las condiciones que se gestionan. Si la FGE cumple con este procedimiento, no hay razón para que la CDH no lo haga, salvo el temor al escrutinio público”, subrayó.

Próximos pasos del PAN

La diputada indicó que esta es una de las primeras iniciativas que el PAN presentará dentro de un paquete que se irá implementando a lo largo de 2026.

En la primera semana de enero, los legisladores del PAN advirtieron que existen omisiones en el desempeño de Sánchez Soya, ya que a su llegada se dejaron de proteger los derechos de los ciudadanos. Además, recordaron que en 2025 la CDH Puebla recibió una calificación reprobatoria del 0.5% por parte de los diputados panistas.

Susana Riestra Piña remarcó que la comparecencia de Rosa Isela Sánchez Soya debía haberse realizado en noviembre y diciembre de 2025, tras múltiples reprogramaciones.

*BC