lavado de dinero

Contratos públicos otorgados a empresas vinculadas con la familia Weinberg, servicios presuntamente simulados, sobreprecios y transferencias que pasaron por Barbados y Estados Unidos formaron parte del entramado financiero relacionado con Genaro García Luna, cuya dimensión fue reconstruida nuevamente por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La investigación ubica operaciones por 727.9 millones de dólares y 528 millones de pesos dentro de la estructura contractual y financiera investigada. Esas cantidades reflejan la dimensión del esquema identificado y no significan que México tenga actualmente ese dinero localizado o recuperado.

El resultado concreto más reciente llegó el 25 de agosto: el Gobierno de México recibió 5 millones 805 mil 693 dólares procedentes de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades en Florida vinculadas con la familia Weinberg.

La red comenzó con contratos pagados con dinero público

La estructura financiera tuvo su origen en contrataciones realizadas por dependencias federales. Una reconstrucción previa de la UIF documentó 30 contratos otorgados entre 2009 y 2018 a compañías relacionadas con el Grupo Weinberg, por un monto contractual conjunto de 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 26 mil 666 pesos.

De ese universo, la UIF había registrado pagos por 625.1 millones de dólares y 93.8 millones de pesos provenientes de instituciones como la Policía Federal, el Cisen y el organismo federal encargado de los centros penitenciarios.

La investigación sostiene que parte de la operación recurrió a empresas fachada, simulación de servicios y contratos con sobreprecios. El mecanismo permitía presentar movimientos como operaciones comerciales mientras los recursos eran posteriormente dispersados entre sociedades y cuentas en diferentes países.

Barbados y Miami aparecen en la ruta del dinero

El dinero no permanecía necesariamente en las empresas que obtenían los contratos.

La reconstrucción presentada por la UIF identifica triangulaciones mediante cuentas y sociedades relacionadas con Barbados, Miami y otras jurisdicciones, lo que permitió que los recursos cambiaran de empresa y país antes de terminar convertidos en otros activos.

Documentación oficial previa también había localizado pagos hacia cuentas en México, Barbados e Israel, además de transferencias posteriores hacia Estados Unidos. Entre julio de 2013 y enero de 2020, una de las empresas de la estructura, Nunvav, envió directamente al extranjero recursos por aproximadamente 528 millones de pesos y 28 millones de dólares.

La dispersión internacional terminó siendo clave para la estrategia mexicana de recuperación: una parte del dinero fue transformada en propiedades y otros bienes que podían ser perseguidos mediante tribunales estadounidenses.

México convirtió 12 propiedades en 5.8 millones de dólares

La recuperación anunciada esta semana deriva del litigio civil promovido por México en Florida para localizar y ejecutar activos vinculados con el esquema.

El Gobierno mexicano recibió 5 millones 805 mil 693 dólares, equivalentes a alrededor de 100 millones de pesos, mediante la liquidación de 12 propiedades y una póliza de fianza. Los recursos ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación.

La cifra debe distinguirse de los montos mucho mayores que aparecen en las sentencias.

El 19 de mayo de 2026, un tribunal de Florida condenó a integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas al pago de 578.5 millones de dólares por daño patrimonial al Estado mexicano.

Ese fallo reconoce una obligación económica, pero no equivale a que los 578.5 millones ya hayan sido recuperados. Para cobrar la sentencia es necesario localizar bienes, cuentas o propiedades susceptibles de ejecución.

UIF mantiene la búsqueda de propiedades y cuentas

El proceso patrimonial continúa.

La UIF informó que trabaja con otras dependencias mexicanas para identificar más propiedades y cuentas relacionadas con la familia Weinberg y que algunos activos ya han sido ubicados, aunque sus detalles permanecerán reservados hasta que puedan ejercerse las acciones jurídicas correspondientes.

El caso acumula además otras resoluciones. En mayo de 2025, una corte de Florida condenó civilmente a García Luna al pago de 748.8 millones de dólares y a Linda Cristina Pereyra por 1,740 millones de dólares.

Esas sentencias forman parte de la persecución patrimonial y no deben confundirse con la condena penal que García Luna recibió en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Calderón no aparece como receptor del dinero

La presentación de la UIF abrió nuevamente la discusión sobre Felipe Calderón, quien presidió México mientras García Luna ocupó la Secretaría de Seguridad Pública.

Ante una pregunta directa, Claudia Sheinbaum afirmó que hasta ahora Calderón, familiares suyos y otros exfuncionarios de aquella administración no aparecen como receptores de los recursos identificados en esta trama de lavado de dinero.

La presidenta separó ese resultado financiero de otra discusión: si el entonces mandatario conocía o no las actividades delictivas de García Luna.

Por ello, la investigación presentada este viernes no aporta elementos para afirmar que Felipe Calderón recibió dinero del esquema García Luna-Weinberg. La ausencia en la ruta financiera tampoco constituye por sí misma una conclusión sobre lo que pudo conocer durante aquel gobierno.

Dinero recuperado irá a escuelas de la Montaña de Guerrero

Los 5.8 millones de dólares ya recuperados tendrán como destino infraestructura educativa en la Montaña de Guerrero, principalmente proyectos de educación media superior y superior, sin excluir necesidades de educación básica.

El resultado permite convertir bienes perseguidos judicialmente en recursos nuevamente disponibles para el erario, pero todavía existe una diferencia considerable entre lo recuperado y las cantidades reconocidas en las distintas resoluciones judiciales.

El caso entra ahora en una fase centrada en encontrar, asegurar y liquidar más activos. La ruta que comenzó con contratos públicos y pasó por empresas, cuentas internacionales y propiedades en Florida continuará definiendo cuánto de ese patrimonio puede regresar finalmente a México.

*OCR

Investigaciones, que autoridades de Estados Unidos desarrollan, sobre una red internacional de contrabando de combustibles permitieron conocer un mecanismo mediante el cual hidrocarburos eran trasladados entre México y ese país, utilizando operaciones comerciales irregulares.

Hay documentación alterada y maniobras destinadas a evadir el pago de impuestos durante su importación. Hay vinculados jefes de la Mariana, del Ejército, de Aduana y cárteles criminales.

El testimonio de Luis Rivera, colaborador de la justicia estadounidense, forma parte del proceso abierto contra integrantes de la familia Jensen. La declaración, retomada por una investigación del diario español El País, describe la manera en que operaba la red y el papel desempeñado por empresas de transporte y logística para movilizar combustibles a través de la frontera.

Según Rivera, quien aseguró haber participado durante más de dos décadas en actividades relacionadas con el contrabando de hidrocarburos, la organización coordinaba el traslado de combustibles desde Texas hacia distintos puntos del territorio mexicano mediante una estructura integrada por transportistas, operadores logísticos y empresas dedicadas al comercio exterior.

Parte del combustible comercializado tendría su origen en hidrocarburos robados previamente en México. Posteriormente eran enviados a Estados Unidos y, una vez en ese país, reingresaban a territorio mexicano mediante operaciones de importación en las que la mercancía era declarada bajo una clasificación distinta a su contenido real, con el propósito de disminuir la carga tributaria y superar los controles aduaneros.

La investigación identifica este esquema como huachicol fiscal, una modalidad distinta al robo tradicional de combustibles mediante tomas clandestinas.

El beneficio económico no deriva de la extracción ilegal de hidrocarburos de ductos, sino de irregularidades en las operaciones de comercio exterior para ocultar el origen o la naturaleza del producto importado y reducir el pago de impuestos.

Algunas de las operaciones habrían utilizado cruces fronterizos y aduanas localizadas en el estado de Tamaulipas para introducir los cargamentos al país.

Las investigaciones buscan establecer si esos puntos fueron empleados de manera sistemática dentro del esquema de importación presuntamente irregular.

El proceso judicial en Estados Unidos tiene entre sus principales investigados a integrantes de la familia Jensen, a quienes las autoridades atribuyen una posible participación en las operaciones de tráfico internacional de combustibles.

Las indagatorias también pretenden determinar el papel desempeñado por diversas empresas y operadores relacionados con esa familia dentro de la presunta red de distribución.

El caso adquirió una mayor dimensión pública después de que el medio digital Código Magenta difundió una investigación en la que menciona presuntos vínculos entre personas relacionadas con esta red y familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente algunos de sus hijos.

Los señalamientos corresponden a investigaciones periodísticas y, hasta ahora, no existen resoluciones judiciales, imputaciones formales o sentencias que acrediten responsabilidades penales contra las personas mencionadas.

El huachicol fiscal representa una modalidad más compleja que el robo convencional de combustibles, ya que combina operaciones de comercio internacional, posibles alteraciones documentales, evasión fiscal y la participación de diversos intermediarios para dificultar el rastreo del origen de los hidrocarburos.

Además del impacto económico para el erario, este tipo de esquemas puede facilitar la intervención de organizaciones criminales en las cadenas de transporte, almacenamiento e importación de combustibles, ampliando el alcance de las redes dedicadas al tráfico ilícito de hidrocarburos.

El problema crece todos los días, los primeros acusados fueron jefes de la Marina y ahora hay jefes militares detrás de estas operaciones multimillonarias, en las que están involucrados, sin duda, políticos en el poder.

De las anécdotas que se cuentan

El huachicol fiscal es una de las prácticas ilegales más sofisticadas en México.

A diferencia del robo de combustibles mediante tomas clandestinas, esta modalidad opera en puertos y aduanas.

Empresas y grupos criminales manipulan fracciones arancelarias para introducir gasolina y diésel, pero los registran como productos exentos del IEPS, como lubricantes o aditivos.

Esto permite vender combustible más barato, obteniendo enormes ganancias y desplazando a distribuidores legales.

El fraude depende de corrupción, permisos temporales y complicidad de autoridades aduaneras.

De acuerdo con Petro Intelligence, este esquema representa pérdidas superiores a los 170 mil millones de pesos para la recaudación nacional.

El impacto del huachicol fiscal va más allá de lo económico.

Se ha convertido en una actividad delictiva a gran escala, con redes que involucran empresarios, funcionarios y hasta elementos de la Marina y el Ejercito.

Estados Unidos lo ha catalogado como la segunda fuente de ingresos del crimen organizado, solo detrás del narcotráfico.

No se trata de tomas clandestinas, sino de un fraude complejo que combina corrupción institucional, lavado de dinero y comercio ilegal de hidrocarburos.

fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Crisanto

*ARD

Una investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que una empresa pública del Gobierno de Sinaloa realizó pagos a Ahavat Logistics Solution, compañía que posteriormente fue señalada por autoridades estadounidenses de formar parte de una estructura financiera relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los documentos muestran que las operaciones ocurrieron durante abril de 2024, cuando la empresa estatal Preecasin efectuó diversas transferencias bancarias cuyo destino fue Ahavat Logistics, sin que exista información pública sobre los contratos que respaldaron dichos movimientos.

Los pagos quedaron registrados como "pago de factura"

Los registros contables consultados por MCCI muestran tres depósitos realizados durante abril de 2024.

En conjunto, las transferencias alcanzaron 678 mil 900 pesos, aunque únicamente fueron clasificadas como "pago de factura", sin describir el servicio o producto contratado.

Además:

• No aparece expediente de contratación pública.
• No existe licitación publicada.
• No hay adjudicación directa disponible.
• La empresa tampoco figura como proveedor registrado del Gobierno estatal.

La falta de transparencia ha despertado nuevas interrogantes sobre el destino de los recursos públicos.

Estados Unidos identifica una red internacional

Las investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sostienen que Ahavat Logistics forma parte de una estructura utilizada para mover recursos provenientes del huachicol fiscal.

Las autoridades estadounidenses aseguran que la empresa realizó operaciones financieras con personas relacionadas con el CJNG y que incluso utilizó instituciones financieras de Estados Unidos para efectuar movimientos millonarios.

Entre las acusaciones destacan:

• Contrabando de combustibles.
• Lavado de dinero.
• Operaciones internacionales.
• Pago de cuotas a grupos criminales.
• Uso del sistema financiero estadounidense.

José Refugio Ruiz Villagómez aparece como operador principal

El principal accionista de Ahavat Logistics es José Refugio Ruiz Villagómez, empresario que también figura como socio de Jomadi Logistics & Cargo.

Ambas empresas fueron incorporadas por OFAC dentro de la lista de personas y compañías sancionadas.

Las investigaciones sostienen que ambas organizaciones participaron en operaciones relacionadas con combustibles, importaciones y exportaciones internacionales.

El contexto político de Sinaloa

Las transferencias ocurrieron bajo la administración del entonces gobernador Rubén Rocha Moya.

La investigación recuerda que, posteriormente, autoridades estadounidenses presentaron una acusación en la que se mencionan presuntos vínculos entre integrantes del gobierno sinaloense y miembros de Los Chapitos.

Entre los señalamientos aparecen supuestos acuerdos políticos, protección institucional y pagos mensuales dirigidos a funcionarios estatales para favorecer operaciones del crimen organizado.

Hasta el momento, estos señalamientos forman parte de investigaciones y acusaciones difundidas por autoridades estadounidenses.

CJNG, Los Chapitos y el conflicto interno

El trabajo periodístico también retoma el contexto de violencia registrado en Sinaloa durante los últimos años.

De acuerdo con información oficial, durante 2025 surgió una alianza entre el CJNG y Los Chapitos para enfrentar a La Mayiza, una de las facciones rivales del Cártel de Sinaloa.

Meses después, el Gobierno federal confirmó que existieron apoyos financieros y logísticos entre ambas organizaciones criminales durante ese periodo.

Investigación sobre las narco remesas

El reportaje incorpora además una investigación de Reuters que documenta cómo organizaciones criminales presuntamente aprovechan el sistema de remesas para introducir nuevamente a México recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.

Según esa investigación, el mecanismo consiste en utilizar múltiples transferencias aparentemente legítimas para ocultar el origen del dinero procedente del narcotráfico, dificultando su rastreo por parte de las autoridades financieras.

Un caso que mantiene abiertas diversas investigaciones

Las revelaciones sobre los pagos realizados por Preecasin a Ahavat Logistics Solution se suman a diversas investigaciones nacionales e internacionales relacionadas con huachicol, lavado de dinero, financiamiento del crimen organizado y uso de recursos públicos.

Mientras las autoridades estadounidenses mantienen vigentes las sanciones contra las empresas y personas involucradas, la información difundida por MCCI coloca nuevamente bajo análisis los mecanismos de contratación, fiscalización y transparencia de los recursos ejercidos por organismos públicos.

*BC

La Fiscalía General de la República asestó un golpe a las redes de evasión fiscal con la detención de ocho presuntos integrantes de “El Caballito”, organización dedicada a la emisión de facturas falsas y al lavado de dinero.

El operativo, coordinado a nivel federal, permitió desarticular parte de una estructura que operaba en distintos puntos del país mediante esquemas financieros ilegales.

Una red basada en empresas fantasma

Las investigaciones revelan que “El Caballito” funcionaba a través de una red de empresas fachada, utilizadas para simular operaciones comerciales inexistentes.

El fiscal Ulises Lara López explicó que estas entidades permitían generar comprobantes fiscales apócrifos, con los que se justificaban movimientos de dinero sin sustento real.

Este mecanismo facilitaba que empresas y particulares evitaran el pago de impuestos y ocultaran recursos de origen ilícito.

Operación en cinco estados del país

La organización tenía presencia en al menos cinco entidades, donde estableció domicilios fiscales para sus empresas simuladas.

Los estados identificados son:

• Jalisco
• Michoacán
• Sinaloa
• Sonora
• Quintana Roo

En total, las autoridades detectaron al menos 15 empresas fachada vinculadas a la red.

Los detenidos y su presunta participación

Entre los ocho detenidos se encuentran:

• Maikol “N”
• Salvador “N”
• Laura Belén “N”
• Luis “N”
• Manuel “N”
• Elda “N”
• Montserrat “N”
• Lilia “N”

Todos ellos son señalados por su probable participación en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Así funcionaba el esquema financiero

El modelo de operación de la red consistía en varios pasos clave:

• Emisión de facturas falsas para simular servicios
• Generación de flujo de dinero en cuentas controladas
• Distribución de recursos bajo conceptos ficticios
• Transferencia final a beneficiarios reales

Este tipo de esquemas permite ocultar el origen del dinero y reducir obligaciones fiscales.

Aseguramientos tras el operativo federal

Como resultado de los operativos, en los que participaron más de 400 agentes, las autoridades aseguraron bienes y recursos relacionados con la organización.

Entre lo decomisado destacan:

• 11 inmuebles
• 14 vehículos
• 2 motocicletas
• Más de 1 millón de pesos
• Cerca de 17 mil dólares
• Divisas como yenes, libras esterlinas, euros y coronas danesas

Estos bienes forman parte de las evidencias en la investigación.

Impacto económico de la evasión fiscal

Las redes como “El Caballito” generan afectaciones directas a la economía nacional, ya que reducen la recaudación fiscal y distorsionan la competencia entre empresas.

Además, el uso de factureras se ha convertido en una de las principales herramientas del crimen financiero en México.

La Fiscalía General de la República informó que las indagatorias siguen en curso, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

El objetivo es identificar a todos los involucrados, incluyendo a quienes se beneficiaron de este esquema de evasión fiscal.

*BC

Puebla, Pue- En Puebla, la Coparmex expresó su postura ante las nuevas disposiciones para combatir el lavado de dinero en México y el financiamiento al terrorismo.

Si bien reconoció la necesidad de cumplir con estándares internacionales, insistió en que la aplicación de estas medidas debe garantizar certeza jurídica en México y evitar afectaciones a empresas formales.

El organismo alertó que la falta de acceso a una suspensión provisional inmediata puede derivar en una asfixia económica para empresas y ciudadanos.

Esto se debe a que los procesos legales pueden prolongarse, dejando a los afectados sin acceso a sus recursos durante largos periodos. Además, la reforma contra el lavado de dinero obliga a recurrir a amparos incluso para cuestionar la normativa.

Exigen transparencia y proporcionalidad

La Coparmex hizo un llamado a las autoridades para aplicar estas facultades bajo principios de legalidad, proporcionalidad y transparencia.

También pidió precisar el concepto de “indicios suficientes”, ya que su falta de claridad podría vulnerar derechos y afectar el cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales.

Finalmente, el organismo exhortó al sector empresarial a reforzar sus procesos internos, como la debida diligencia y la verificación de contrapartes.

Con ello, se busca garantizar la confianza en el sistema financiero y asegurar la viabilidad de las empresas en un entorno regulatorio más estricto.

*ARD

Entre los primeros meses de 2021, Rodrigo Gutiérrez Mueller, cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), participó en la creación de dos empresas financieras: Envíos del Bienestar SA de CV y Pagos del Bienestar SA de CV. Ambas compañías fueron constituidas en un periodo cercano y con objetivos enfocados en transferencias de dinero y servicios financieros.

De acuerdo con registros oficiales, estas sociedades incluyen entre sus accionistas a Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland, cuyos nombres coinciden con individuos señalados en Estados Unidos por lavado de dinero.

Coincidencias con investigación en Estados Unidos

Los nombres de Grijalva y Cleland aparecen en una acusación federal en Estados Unidos relacionada con el blanqueo de más de 46 millones de dólares. Ambos aceptaron su participación en un esquema fraudulento y se encuentran a la espera de sentencia.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, el grupo simuló la comercialización de productos médicos durante la pandemia de COVID-19, utilizando esta fachada para encubrir operaciones financieras ilícitas.

La investigación también involucra a un tercer acusado, Bruce Jin, y detalla que los recursos obtenidos provenían de programas de apoyo público en distintos estados, como Pensilvania, Virginia y Florida.

Operación del esquema de fraude

Las autoridades señalan que los implicados utilizaron identidades robadas para abrir cuentas bancarias, desde donde gestionaron cobros indebidos de beneficios estatales. Posteriormente, los fondos eran canalizados a través de empresas en Estados Unidos y enviados al extranjero, principalmente a China.

El esquema les permitió quedarse con un porcentaje de los recursos, estimado en alrededor del 10% del total, mientras que el resto era transferido fuera del país.

Empresas espejo y coincidencias empresariales

En septiembre de 2021, Cleland y Grijalva crearon en California una compañía llamada Pagos del Bienestar INC, cuyo giro coincide con el de la empresa mexicana del mismo nombre en la que participa Gutiérrez Mueller.

Registros empresariales muestran que esta empresa en Estados Unidos utilizó direcciones previamente vinculadas a las operaciones investigadas por las autoridades, lo que refuerza las coincidencias entre ambos casos.

Estructura y socios de las empresas mexicanas

La empresa Envíos del Bienestar fue constituida en enero de 2021 en la Ciudad de México. Su objeto social incluye la intermediación financiera, así como la colaboración con instituciones del sistema financiero mexicano.

Entre los socios destacan perfiles con experiencia en el ámbito público y privado:

• Rodrigo Gutiérrez Mueller
• Alejandro Medina Custodio, funcionario estatal
• Héctor de la Paz Cázares, exfuncionario federal
• Efrén Calderón González, exservidor público
• Carlos Alberto Grijalva
• Otros socios adicionales vinculados a actividades contables y empresariales

Posteriormente, en abril de 2021, se constituyó Pagos del Bienestar SA de CV en Guadalajara, Jalisco, con actividades relacionadas con compra y venta de divisas, transferencias internacionales y participación en esquemas fintech.

Trayectoria empresarial y vínculos políticos

Antes de la creación de estas empresas, Rodrigo Gutiérrez Mueller había desarrollado negocios en sectores como hotelería y gastronomía. Sin embargo, en 2020 inició una etapa más activa en la creación de sociedades mercantiles.

Ese mismo año registró la empresa Quartz Team International México, dedicada a materiales de construcción, junto con socios como Antonio Morales Díaz, actual alcalde de Tapalpa, Jalisco.

También participó en la creación de Quartz Stone, enfocada en la comercialización de cuarzo. De acuerdo con Morales Díaz, estos proyectos no prosperaron y quedaron sin operación real.

Gestiones y señalamientos públicos

En 2018, al inicio del gobierno federal de AMLO, Gutiérrez Mueller participó en gestiones para la obtención de un crédito de Banobras destinado a un municipio en Jalisco. Aunque se le reconoció públicamente por este apoyo, posteriormente se aclaró que no intervino directamente en las oficinas gubernamentales.

Diversos actores involucrados en la creación de las empresas no respondieron a solicitudes de entrevista. Tampoco hubo posicionamientos por parte de los acusados en Estados Unidos ni de autoridades relacionadas con el proceso judicial.

Un caso que genera cuestionamientos

La coincidencia entre los nombres de los socios de las empresas del Bienestar y los acusados por lavado de dinero en Estados Unidos ha generado cuestionamientos en el ámbito público.

Aunque no se ha establecido una relación directa entre las operaciones, la simultaneidad en fechas, actividades y vínculos empresariales mantiene el caso bajo observación, en espera de resoluciones judiciales que puedan aportar mayor claridad.

Con información de El Universal

*BC

El imperio financiero de Los Chapitos, herederos de Joaquín Guzmán Loera, no se sostiene únicamente sobre el tráfico de fentanilo y metanfetamina, sino sobre una extensa red de empresas fachada construidas con el respaldo de familias sinaloenses que facilitaron el lavado de dinero y la inserción de recursos ilícitos en la economía formal.

Información documentada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) revela que esta estructura empresarial operó durante al menos dos décadas en distintos puntos estratégicos del país.

Constructoras, hoteles y farmacéuticas al servicio del narco

Los hermanos Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán se aliaron con las familias Núñez, Marín, Favela y Zamudio para construir un entramado corporativo que abarcó:

• Desarrollos inmobiliarios

• Empresas constructoras

• Hoteles y comercios

• Agroindustrias

• Firmas químico-farmacéuticas

• Gasolinerías y plataformas financieras

Estas operaciones se concentraron en Sinaloa, Sonora, Jalisco y Baja California, donde se mezclaron inversiones aparentemente legítimas con recursos provenientes del narcotráfico.

Sanciones internacionales y omisiones locales

Entre 2012 y 2025, autoridades estadounidenses sancionaron a 59 personas físicas y 37 empresas vinculadas con esta facción del Cártel de Sinaloa, en coordinación con la UIF mexicana.

Sin embargo, solo seis compañías fueron disueltas formalmente, mientras que otras continuaron operando tras cambiar de nombre, razón social o ubicación, lo que evidencia la limitada capacidad institucional para desmantelar estructuras financieras del crimen organizado.

Empresas ligadas al narco obtuvieron contratos públicos

Al menos 16 empresas sancionadas fueron proveedoras de gobiernos estatales y federales, particularmente en Sinaloa, Sonora y Baja California, además de recibir apoyos productivos oficiales como maquinaria agrícola y semillas.

Estas relaciones institucionales facilitaron la normalización del capital ilícito, otorgando legitimidad administrativa y financiera a operaciones ligadas al narcotráfico.

Funciones específicas dentro de la red criminal

Las investigaciones revelan que cada grupo familiar cumplía roles estratégicos:

• Importación de precursores químicos

• Traslado de dinero desde Estados Unidos

• Inversión en proyectos inmobiliarios de alto impacto

Todo formaba parte de un mismo objetivo: transformar recursos ilícitos en capital legal, utilizando empresas fachada como blindaje frente a investigaciones financieras.

El modelo financiero detrás del fentanilo

Más allá de la violencia que genera el tráfico de drogas sintéticas, este modelo permitió a Los Chapitos consolidar un sistema financiero paralelo, con acceso a licencias oficiales, permisos de construcción y contratos públicos.

El caso expone cómo el lavado de dinero se ha integrado de forma estructural a sectores económicos clave, dificultando su detección y ampliando el impacto del crimen organizado en la vida institucional del país.

Con información de Pulso 

*BC