Treinta contratos y 12 propiedades: la red financiera de García Luna
Contratos públicos otorgados a empresas vinculadas con la familia Weinberg, servicios presuntamente simulados, sobreprecios y transferencias que pasaron por Barbados y Estados Unidos formaron parte del entramado financiero relacionado con Genaro García Luna, cuya dimensión fue reconstruida nuevamente por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La investigación ubica operaciones por 727.9 millones de dólares y 528 millones de pesos dentro de la estructura contractual y financiera investigada. Esas cantidades reflejan la dimensión del esquema identificado y no significan que México tenga actualmente ese dinero localizado o recuperado.
El resultado concreto más reciente llegó el 25 de agosto: el Gobierno de México recibió 5 millones 805 mil 693 dólares procedentes de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades en Florida vinculadas con la familia Weinberg.
La red comenzó con contratos pagados con dinero público
La estructura financiera tuvo su origen en contrataciones realizadas por dependencias federales. Una reconstrucción previa de la UIF documentó 30 contratos otorgados entre 2009 y 2018 a compañías relacionadas con el Grupo Weinberg, por un monto contractual conjunto de 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 26 mil 666 pesos.
De ese universo, la UIF había registrado pagos por 625.1 millones de dólares y 93.8 millones de pesos provenientes de instituciones como la Policía Federal, el Cisen y el organismo federal encargado de los centros penitenciarios.
La investigación sostiene que parte de la operación recurrió a empresas fachada, simulación de servicios y contratos con sobreprecios. El mecanismo permitía presentar movimientos como operaciones comerciales mientras los recursos eran posteriormente dispersados entre sociedades y cuentas en diferentes países.
Barbados y Miami aparecen en la ruta del dinero
El dinero no permanecía necesariamente en las empresas que obtenían los contratos.
La reconstrucción presentada por la UIF identifica triangulaciones mediante cuentas y sociedades relacionadas con Barbados, Miami y otras jurisdicciones, lo que permitió que los recursos cambiaran de empresa y país antes de terminar convertidos en otros activos.
Documentación oficial previa también había localizado pagos hacia cuentas en México, Barbados e Israel, además de transferencias posteriores hacia Estados Unidos. Entre julio de 2013 y enero de 2020, una de las empresas de la estructura, Nunvav, envió directamente al extranjero recursos por aproximadamente 528 millones de pesos y 28 millones de dólares.
La dispersión internacional terminó siendo clave para la estrategia mexicana de recuperación: una parte del dinero fue transformada en propiedades y otros bienes que podían ser perseguidos mediante tribunales estadounidenses.
México convirtió 12 propiedades en 5.8 millones de dólares
La recuperación anunciada esta semana deriva del litigio civil promovido por México en Florida para localizar y ejecutar activos vinculados con el esquema.
El Gobierno mexicano recibió 5 millones 805 mil 693 dólares, equivalentes a alrededor de 100 millones de pesos, mediante la liquidación de 12 propiedades y una póliza de fianza. Los recursos ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación.
La cifra debe distinguirse de los montos mucho mayores que aparecen en las sentencias.
El 19 de mayo de 2026, un tribunal de Florida condenó a integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas al pago de 578.5 millones de dólares por daño patrimonial al Estado mexicano.
Ese fallo reconoce una obligación económica, pero no equivale a que los 578.5 millones ya hayan sido recuperados. Para cobrar la sentencia es necesario localizar bienes, cuentas o propiedades susceptibles de ejecución.
UIF mantiene la búsqueda de propiedades y cuentas
El proceso patrimonial continúa.
La UIF informó que trabaja con otras dependencias mexicanas para identificar más propiedades y cuentas relacionadas con la familia Weinberg y que algunos activos ya han sido ubicados, aunque sus detalles permanecerán reservados hasta que puedan ejercerse las acciones jurídicas correspondientes.
El caso acumula además otras resoluciones. En mayo de 2025, una corte de Florida condenó civilmente a García Luna al pago de 748.8 millones de dólares y a Linda Cristina Pereyra por 1,740 millones de dólares.
Esas sentencias forman parte de la persecución patrimonial y no deben confundirse con la condena penal que García Luna recibió en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.
Calderón no aparece como receptor del dinero
La presentación de la UIF abrió nuevamente la discusión sobre Felipe Calderón, quien presidió México mientras García Luna ocupó la Secretaría de Seguridad Pública.
Ante una pregunta directa, Claudia Sheinbaum afirmó que hasta ahora Calderón, familiares suyos y otros exfuncionarios de aquella administración no aparecen como receptores de los recursos identificados en esta trama de lavado de dinero.
La presidenta separó ese resultado financiero de otra discusión: si el entonces mandatario conocía o no las actividades delictivas de García Luna.
Por ello, la investigación presentada este viernes no aporta elementos para afirmar que Felipe Calderón recibió dinero del esquema García Luna-Weinberg. La ausencia en la ruta financiera tampoco constituye por sí misma una conclusión sobre lo que pudo conocer durante aquel gobierno.
Dinero recuperado irá a escuelas de la Montaña de Guerrero
Los 5.8 millones de dólares ya recuperados tendrán como destino infraestructura educativa en la Montaña de Guerrero, principalmente proyectos de educación media superior y superior, sin excluir necesidades de educación básica.
El resultado permite convertir bienes perseguidos judicialmente en recursos nuevamente disponibles para el erario, pero todavía existe una diferencia considerable entre lo recuperado y las cantidades reconocidas en las distintas resoluciones judiciales.
El caso entra ahora en una fase centrada en encontrar, asegurar y liquidar más activos. La ruta que comenzó con contratos públicos y pasó por empresas, cuentas internacionales y propiedades en Florida continuará definiendo cuánto de ese patrimonio puede regresar finalmente a México.
*OCR
