Rocha Moya regresa a Sinaloa tras 112 días; caso en EU sigue abierto
Rubén Rocha Moya volvió este viernes 21 de agosto al Palacio de Gobierno de Sinaloa después de 112 días de licencia y retomó formalmente el Poder Ejecutivo estatal. Su regreso llega después de ponerse a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por las acusaciones formuladas en Estados Unidos y con un mensaje político claro: asegura que vuelve “con la frente limpia y en alto”.
El gobernador sostuvo que durante el periodo en que permaneció separado del cargo atendió los requerimientos de las autoridades mexicanas y defendió que no existen elementos que acrediten su participación en algún delito. También afirmó que cumplirá el mandato para el cual fue electo, que concluye el 31 de octubre de 2027.
Su regreso, sin embargo, no significa que hayan desaparecido todos los frentes judiciales que originaron su licencia. Mientras en México la FGR informó que no había reunido pruebas suficientes para alcanzar el estándar probatorio requerido por la legislación nacional, en Estados Unidos continúa vigente la acusación penal presentada contra él y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
Rocha Moya regresa con un mensaje de inocencia
Al anunciar que reasumía sus funciones, Rocha Moya aseguró que decidió separarse temporalmente del gobierno para permitir que las investigaciones avanzaran sin que su condición de gobernador pudiera convertirse en un obstáculo.
“Hoy regreso al ejercicio de mi responsabilidad como gobernador de Sinaloa con la frente limpia y en alto”.
El mandatario recordó que compareció ante la FGR y sostuvo que se sometió voluntariamente a las diligencias abiertas en México. Su postura es que ese proceso confirmó la inexistencia de elementos que prueben las acusaciones en su contra.
La formulación requiere una distinción: que la Fiscalía no haya reunido pruebas suficientes no equivale necesariamente a una exoneración judicial definitiva.
La FGR dijo que no había pruebas suficientes, pero la indagatoria seguía
El 8 de julio, David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, informó públicamente que hasta ese momento la investigación no había encontrado elementos que alcanzaran el parámetro probatorio mínimo exigido por el derecho mexicano para proceder respecto de Rocha Moya y las otras personas señaladas por Estados Unidos.
El mismo funcionario aclaró que las investigaciones no habían concluido y calificó la indagatoria como exhaustiva. La FGR continuaba recopilando información para determinar si existían elementos que permitieran acreditar alguna conducta delictiva.
Por ello, hay una diferencia entre la postura política expresada por Rocha Moya al regresar al cargo y la situación procesal comunicada previamente por las autoridades: el gobernador sostiene que las acusaciones quedaron sin sustento; la FGR había informado que hasta ese momento no tenía pruebas suficientes y que seguía investigando.
Estados Unidos mantiene la acusación contra Rocha Moya
El otro frente se encuentra en Nueva York.
El 29 de abril de 2026, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación contra Rocha Moya y otras nueve personas por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.
Los fiscales estadounidenses sostienen que los acusados habrían conspirado con integrantes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, para facilitar actividades de narcotráfico a cambio de apoyo político y sobornos. Estas imputaciones permanecen como alegaciones que deben ser probadas ante tribunales y no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad.
El expediente público del Departamento de Justicia de Estados Unidos establece expresamente que los hechos descritos en la acusación deben tratarse como alegaciones y que los imputados conservan la presunción de inocencia.
Así, el regreso de Rocha Moya a la gubernatura no cancela la acusación estadounidense. Información publicada este mismo 21 de agosto mantiene el caso como un proceso abierto en Estados Unidos, mientras el mandatario rechaza los señalamientos.
De la acusación en EU a 112 días fuera del gobierno
Rocha Moya anunció el 1 de mayo que solicitaría una licencia temporal al Congreso de Sinaloa. Argumentó que buscaba no interferir con las investigaciones iniciadas por la FGR y que enfrentaría los señalamientos con la conciencia tranquila.
El 2 de mayo, el Congreso estatal autorizó su separación y Yeraldine Bonilla Valverde rindió protesta como gobernadora interina. Desde entonces encabezó el Ejecutivo sinaloense mientras Rocha Moya permanecía fuera de funciones.
Durante los meses siguientes, el gobernador con licencia compareció ante autoridades federales y mantuvo públicamente su rechazo a las imputaciones procedentes de Estados Unidos.
Con su regreso este 21 de agosto concluye el interinato y Rocha Moya recupera todas sus funciones constitucionales para continuar un mandato que terminará en 2027.
El regreso cierra la licencia, no toda la controversia
La reincorporación devuelve a Rocha Moya el control político y administrativo del Gobierno de Sinaloa, pero no cierra automáticamente el capítulo judicial que comenzó en abril.
En México, la información pública más relevante de la FGR establece que no había alcanzado el umbral probatorio necesario para proceder y que su investigación continuaba. En Estados Unidos, la acusación presentada ante una corte federal permanece activa.
Rocha Moya vuelve así a gobernar bajo dos realidades simultáneas: en territorio mexicano no se han presentado pruebas suficientes para proceder en su contra bajo el estándar señalado por la FGR; en Estados Unidos sigue siendo uno de los acusados dentro de un expediente federal relacionado con narcotráfico y armas.
Su licencia terminó después de 112 días. La discusión jurídica y política que provocó su salida, en cambio, todavía tiene capítulos pendientes.
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