El círculo de Andrés Manuel López Beltrán se extiende más allá de su familia y de su paso por la dirigencia nacional de Morena. Registros comerciales y antecedentes públicos permiten ubicar alrededor del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador un entramado formado por familiares, dirigentes partidistas, funcionarios, empresarios y personas vinculadas con contratos gubernamentales.

La revisión adquiere relevancia por el siguiente movimiento político de López Beltrán: después de abandonar la Secretaría de Organización de Morena el pasado 25 de mayo, anunció que buscará competir en las elecciones de 2027 por una diputación federal en Tabasco, específicamente por el VI Distrito Electoral Federal, que comprende Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

La familia forma el primer círculo de López Beltrán

El núcleo más cercano está integrado por sus hermanos José Ramón y Gonzalo López Beltrán, su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y sus tíos Pío y José Ramiro López Obrador. Este último se desempeña como secretario de Gobierno de Tabasco y recientemente defendió públicamente a su sobrino después de la revocación de su visa para ingresar a Estados Unidos.

La relación con Gonzalo López Beltrán también alcanza el terreno empresarial. Ambos aparecen relacionados con Finca Rocío, compañía enfocada en productos derivados del cacao. Andrés Manuel López Beltrán fue inicialmente administrador único de la sociedad, pero en marzo de 2025 ese puesto pasó a Gonzalo Alfonso López Beltrán, quien también figura como socio fundador.

Vinos, cacao y restaurantes: los negocios de López Beltrán

Al menos tres sociedades mercantiles forman parte de la trayectoria empresarial documentada de López Beltrán: Vinos Cósmicos, Finca Rocío y Realesco. Las compañías tienen actividades relacionadas principalmente con alimentos, bebidas, vinos y establecimientos comerciales.

Vinos Cósmicos fue fundada en 2021 para producir y comercializar vinos y licores, además de ofrecer servicios de asesoría y capacitación. Dos años después apareció Finca Rocío, dedicada a la producción y venta de alimentos y bebidas, particularmente chocolates y derivados del cacao.

La incorporación más reciente es Realesco, sociedad constituida en Guadalajara en febrero de 2025, cuando López Beltrán ya ocupaba la Secretaría de Organización de Morena. Su objeto comercial contempla actividades relacionadas con vinos, restaurantes y bares.

El acta constitutiva de Realesco señala un capital inicial de 50 mil pesos. López Beltrán participó con 5 mil pesos y quedó como accionista minoritario, mientras el resto de las participaciones se distribuyó entre otros seis socios. Uno de ellos declaró posteriormente que López Beltrán no desempeñaba una función operativa dentro del establecimiento.

Amílcar Olán y los contratos con recursos públicos

Otro nombre que aparece en el entorno de los hermanos López Beltrán es el empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio. Una de sus compañías, Romedic, recibió entre 2020 y 2022 más de 490 millones de pesos en contratos para medicamentos y material de curación otorgados por gobiernos estatales con recursos procedentes del entonces Instituto de Salud para el Bienestar.

La documentación disponible sobre esos contratos establece una diferencia importante: se ha acreditado la propiedad de la empresa, las adjudicaciones y la relación personal atribuida a Olán con los hijos del expresidente, pero no se ha demostrado que Andrés Manuel o Gonzalo López Beltrán hayan intervenido en la entrega de esos contratos.

Olán también es propietario de un inmueble en Villahermosa utilizado por el Poder Judicial de la Federación. El arrendamiento comenzó en 2018 y los pagos correspondientes a los primeros cinco años superaron los 40.6 millones de pesos. La relación contractual continuó mediante acuerdos posteriores y alcanzó 2026.

Funcionarios aparecen dentro del círculo de relaciones

El mapa también llega al servicio público. Daniel Asaf Manjarrez, quien fue jefe de la Ayudantía presidencial durante el gobierno de López Obrador y actualmente es diputado federal, aparece entre las personas descritas como cercanas a López Beltrán. En 2025 ambos fueron fotografiados durante un viaje a Tokio, Japón.

Otros nombres señalados en publicaciones previas como parte de ese círculo son Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; Alex Tonatiuh Márquez, exdirector general de Investigación Aduanera; y Carlos Torres Rosas, designado para encabezar Nacional Financiera. La cercanía atribuida a estas personas procede de reportes periodísticos y no constituye por sí misma evidencia de una relación comercial o de una actuación irregular.

También aparece Alejandro Castro Jiménez Labora, empresario relacionado desde 2019 con el proyecto del Malecón de Villahermosa, así como su primo Diego Jiménez Labora. Claudia Curiel de Icaza, actual secretaria de Cultura federal, trabajó anteriormente con este último, de acuerdo con los antecedentes recopilados sobre el grupo de relaciones.

Morena y Tabasco, el siguiente escenario político

En el terreno partidista, el entorno de López Beltrán incluye a dirigentes con quienes coincidió durante su etapa en Morena. Luisa María Alcalde encabezó el partido mientras él ocupaba la Secretaría de Organización, mientras que Jesús Selván García, dirigente estatal de Morena en Tabasco, ha respaldado públicamente su participación política.

Ese entramado cobra una dimensión distinta ahora que López Beltrán busca pasar de un puesto interno en Morena a competir directamente por votos. Su carta de separación de la dirigencia confirmó que pretende participar por el VI Distrito Electoral Federal de Tabasco en 2027, lo que representaría su primera candidatura a un cargo de elección popular.

La existencia de vínculos familiares, políticos o empresariales no prueba por sí misma tráfico de influencias, corrupción ni la comisión de algún delito. El valor periodístico del mapa está en identificar quiénes forman parte del entorno de López Beltrán, qué cargos han ocupado, qué empresas aparecen a su nombre y qué contratos públicos han sido documentados alrededor de algunos de sus allegados, diferenciando esos hechos comprobables de cualquier imputación que no cuente con respaldo jurídico.

*BC

En menos de una semana, la cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán pasó de provocar una disputa diplomática y política a alimentar dentro del obradorismo una advertencia mucho más grave: que el verdadero objetivo sería Andrés Manuel López Obrador y que incluso podría estar en riesgo su vida.

La declaración más fuerte la hizo Ana Lilia Rivera Rivera, senadora de Morena con licencia, quien durante un acto político sostuvo que la influencia que conserva el expresidente dentro y fuera de México lo convertiría en un obstáculo para sus adversarios. Su expresión fue contundente:

“No lo pueden dejar vivo”.

Rivera pidió proteger a López Obrador y planteó que desde Estados Unidos existirían intereses para acabar con él. Sin embargo, no presentó públicamente pruebas, documentos, información de inteligencia ni identificó alguna institución o funcionario estadounidense que estuviera preparando un atentado. Hasta este 18 de agosto tampoco existe una confirmación pública de autoridades mexicanas que sostenga esa acusación.

La advertencia llega después del golpe político contra Andy

El contexto inmediato comenzó el 14 de agosto de 2026, cuando Andy López Beltrán anunció que Estados Unidos había revocado su visa.

El hijo del expresidente atribuyó personalmente la decisión al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau, y sostuvo que se trataba de una acción con motivaciones políticas. También aseguró que Washington no había presentado pruebas que lo relacionaran con algún delito.

La administración estadounidense no ha revelado públicamente la razón específica por la que retiró el documento migratorio. La Embajada de Estados Unidos respondió después con un mensaje general: las visas pueden ser canceladas cuando existan razones para ello, independientemente de quién sea su titular o de sus opiniones políticas.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la medida y señaló que no tenía conocimiento de investigaciones de las autoridades mexicanas contra López Beltrán. La decisión provocó además que Morena cerrara filas alrededor de Andy y denunciara una posible injerencia estadounidense en la política mexicana.

Fue entonces cuando comenzó a aparecer otra interpretación dentro del movimiento: el objetivo final no sería Andy, sino su padre.

“Al que quieren no es al chico, sino al grande”

El primero en expresarlo públicamente fue José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente y secretario de Gobierno de Tabasco.

Un día después de conocerse el retiro de la visa, afirmó que Estados Unidos estaba utilizando al hijo para golpear al padre.

“Al que quieren no es al chico, sino al grande”.

José Ramiro habló de una ofensiva política contra López Obrador. La diferencia con Ana Lilia Rivera es que ella llevó el argumento varios pasos adelante: ya no planteó únicamente un intento de debilitar, investigar o desprestigiar al exmandatario, sino un riesgo para su integridad física.

Así, en cuestión de días, la narrativa escaló de la revocación de un documento migratorio a una acusación de persecución política y posteriormente a la posibilidad de un atentado contra quien gobernó México entre 2018 y 2024.

¿Por qué Ana Lilia Rivera considera que AMLO está en riesgo?

Rivera sostiene que López Obrador mantiene una capacidad de convocatoria que trasciende su retiro de la Presidencia y que podría movilizar políticamente tanto a sectores mexicanos como latinoamericanos.

Desde esa lectura, sus adversarios tendrían interés en neutralizarlo. La morenista ligó esta interpretación con las acciones y acusaciones recientes contra el entorno del exmandatario y sus hijos.

El problema para convertir esa declaración en algo más que una acusación política es la evidencia: Rivera no explicó de dónde obtiene la información que sustenta el supuesto peligro.

No mencionó reportes de inteligencia, investigaciones abiertas, advertencias recibidas por López Obrador, comunicaciones entre México y Estados Unidos ni algún dispositivo extraordinario de seguridad activado como consecuencia de una amenaza reciente. La nota que recoge sus declaraciones señala expresamente que no se han presentado pruebas públicas que respalden la acusación.

Ana Lilia Rivera no está actualmente en funciones en el Senado

La posición actual de Rivera también requiere una precisión.

Aunque continúa siendo integrante electa del Senado, está separada temporalmente de sus funciones por una licencia por tiempo indefinido aprobada por la Comisión Permanente a partir del 23 de junio de 2026.

El 1 de julio, Eréndira Olimpia Cova Brindis, suplente de Rivera, rindió protesta como senadora y ocupa actualmente el escaño mientras permanezca vigente la licencia.

Rivera, mientras tanto, ha continuado su actividad política en Tlaxcala. Su condición correcta al momento de emitir la advertencia es, por tanto, senadora con licencia de Morena.

Lo comprobado y lo que sigue sin demostrarse

Hay dos planos distintos en esta historia.

El primero contiene acontecimientos verificables: Estados Unidos revocó la visa de Andy López Beltrán, él acusó motivaciones políticas, Morena reaccionó, Claudia Sheinbaum cuestionó la medida y José Ramiro López Obrador afirmó que el objetivo final de Washington sería AMLO.

El segundo comienza con la declaración de Ana Lilia Rivera: que esa ofensiva podría llegar hasta un atentado contra la vida del expresidente.

Hasta ahora, no se ha hecho pública evidencia que permita unir ambos planos.

El retiro de la visa de Andy no demuestra un plan contra su padre y Estados Unidos tampoco ha informado que esa decisión migratoria tenga relación con una investigación contra López Obrador.

Por la misma razón, la frase de Rivera tiene un fuerte peso político y noticioso, pero no constituye confirmación de una amenaza contra AMLO.

México y Estados Unidos mantienen cooperación pese al choque político

La propia relación bilateral ofrece otro elemento que matiza la confrontación.

Mientras el retiro de la visa de Andy provocó acusaciones de injerencia y endureció el discurso de figuras de Morena, los gobiernos de México y Estados Unidos continúan colaborando en seguridad. Apenas el 17 de agosto se reportaron nuevas señales de coordinación entre ambas administraciones.

La cooperación incluye contactos entre instituciones de seguridad y participación mexicana en mecanismos regionales, pese a las diferencias que han surgido por las acciones estadounidenses contra personajes políticos de México.

El escenario es así más complejo que una ruptura entre ambos países: hay una confrontación política creciente alrededor de determinadas decisiones de Washington al mismo tiempo que continúa la colaboración institucional en seguridad.

En ese ambiente apareció la advertencia de Rivera. La frase “no lo pueden dejar vivo” marca hasta ahora el punto más alto de una narrativa que comenzó con Andy López Beltrán y terminó colocando nuevamente a su padre en el centro del conflicto político.

Lo confirmado es la cancelación de la visa, la reacción del obradorismo y la declaración de Rivera. Lo que todavía no tiene respaldo público es que alguien desde Estados Unidos esté preparando un atentado contra Andrés Manuel López Obrador.

*OCR

José Ramón López Beltrán sorprendió al publicar una fotografía desde Estados Unidos, apenas unos días después de que su hermano Andrés Manuel “Andy” López Beltrán confirmara que el gobierno de Donald Trump le revocó la visa para ingresar a ese país.

La fotografía fue compartida el sábado 15 de agosto de 2026 y muestra a José Ramón frente a una sucursal de Buc-ee’s. En la publicación, el hijo del expresidente López Obrador escribió “Saludos desde @bucees” y agregó las banderas de México y Estados Unidos.

La imagen cobró especial relevancia debido a las versiones periodísticas que apuntaban a que la revocación de visas también habría alcanzado a José Ramón y Gonzalo López Beltrán.

Foto de José Ramón genera dudas sobre su visa

La aparición de José Ramón López Beltrán en territorio estadounidense ocurre en un momento de alta atención pública hacia la situación migratoria de los hijos de López Obrador.

Días antes, versiones periodísticas señalaron que los tres hijos mayores del exmandatario mexicano habrían sido notificados sobre la cancelación de sus visas estadounidenses.

No obstante, José Ramón no ha confirmado públicamente que su visa haya sido cancelada. Lo mismo ocurre con Gonzalo López Beltrán, quien tampoco ha emitido una declaración para confirmar o desmentir esa información.

El Gobierno de Estados Unidos tampoco ha informado públicamente sobre la situación migratoria de ambos.

En consecuencia, la fotografía publicada por José Ramón genera preguntas, pero no permite determinar por sí misma cuál es su estatus migratorio.

“Saludos desde EU”: así fue su publicación

La publicación de José Ramón fue breve y no incluyó una explicación sobre los motivos de su presencia en Estados Unidos.

El hijo mayor de López Obrador apareció frente a un establecimiento de Buc-ee’s, cadena de centros de viaje originaria de Texas y con presencia en diferentes estados del país.

El mensaje estuvo acompañado por las banderas de México y Estados Unidos.

La fotografía fue difundida en redes sociales y rápidamente generó comentarios debido al contexto en el que apareció.

Sin embargo, José Ramón no mencionó directamente a su hermano Andy ni hizo referencia a la cancelación de visas.

Andy confirmó la revocación de su visa

La controversia comenzó después de que Andrés Manuel López Beltrán confirmara el 13 de agosto que Estados Unidos había revocado su visa.

El político mexicano difundió una carta dirigida a Donald Trump, en la que cuestionó la decisión y negó haber cometido actos ilícitos.

Andy atribuyó la medida al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario de Estado, Christopher Landau.

En su carta, sostuvo que la revocación obedecía a razones políticas y propagandísticas y reclamó que, si existen acusaciones en su contra, se presentaran las pruebas correspondientes.

Embajada de EU mantiene confidencialidad

Hasta ahora, el Gobierno de Estados Unidos no ha revelado públicamente la razón específica por la que decidió revocar la visa de Andy.

La Embajada de Estados Unidos en México tampoco proporcionó información sobre el expediente individual.

Esto se debe a que los registros de visas están sujetos a reglas de confidencialidad migratoria bajo la legislación estadounidense.

Por esta razón, la falta de una explicación pública no necesariamente implica que no exista una justificación dentro del expediente correspondiente, sino que las autoridades estadounidenses tienen restricciones para divulgar información personal de los solicitantes o titulares de visas.

Carolyn Adams comparte fotografías familiares

Mientras crecía la polémica, Carolyn Adams, esposa de José Ramón, publicó imágenes familiares desde Estados Unidos.

Adams, quien es ciudadana estadounidense, compartió fotografías tomadas en parques de Disney y otros sitios.

En su mensaje hizo referencia al escrutinio público que enfrentan sus hijos y manifestó su deseo de que puedan estudiar, viajar, trabajar y desarrollar sus proyectos con libertad.

La publicación tampoco incluyó una explicación sobre la situación de las visas de los hermanos López Beltrán.

Sheinbaum cuestiona decisión de Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum también reaccionó a la revocación de la visa de Andy.

Durante una declaración realizada el 14 de agosto, señaló que la decisión tenía un carácter esencialmente político.

La mandataria pidió que, en caso de que las autoridades estadounidenses cuenten con información sobre alguna actividad ilegal, se presenten las pruebas correspondientes.

Sheinbaum también afirmó que México no comenzaría una investigación contra Andy únicamente porque el Gobierno de Estados Unidos hubiera tomado la decisión de cancelar su visa.

Según explicó, hasta ese momento las autoridades mexicanas no tenían conocimiento de una investigación en contra del hijo del expresidente.

¿La visa de José Ramón también fue cancelada?

Hasta ahora, no existe confirmación pública de que Estados Unidos haya revocado la visa de José Ramón López Beltrán.

La versión sobre una supuesta cancelación de los permisos de los tres hijos mayores de López Obrador surgió de fuentes estadounidenses citadas por un columnista, pero ni José Ramón ni Gonzalo han confirmado esa información.

La fotografía publicada el 15 de agosto tampoco aclara cuándo ingresó José Ramón a Estados Unidos, bajo qué condición migratoria lo hizo o si cuenta con una visa vigente.

Por ello, cualquier conclusión sobre su situación migratoria debe tomarse con cautela hasta que exista una confirmación oficial.

José Ramón vuelve a estar bajo los reflectores

La publicación desde Estados Unidos volvió a colocar a José Ramón López Beltrán en el centro de la conversación pública.

Su fotografía apareció justo cuando la revocación de la visa de Andy había generado un debate político entre México y Estados Unidos.

Mientras el gobierno estadounidense mantiene en reserva los detalles del expediente migratorio de Andy, el Gobierno de México ha cuestionado el carácter de la decisión.

Por ahora, lo confirmado es que Andy López Beltrán perdió su visa estadounidense, mientras que la situación de José Ramón y Gonzalo permanece sin una confirmación pública.

La imagen frente a Buc-ee’s, sin embargo, añadió un nuevo elemento a una controversia que continúa generando preguntas sobre las medidas migratorias adoptadas por Washington contra integrantes de la familia del expresidente mexicano.

*BC

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, reaccionó este viernes a las críticas y comentarios surgidos tras el retiro de la visa de Andrés López Beltrán, hijo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El funcionario estadounidense, quien se ha referido a sí mismo como el “Quitavisas”, utilizó la red social X para lanzar un mensaje que generó nuevas reacciones.

Landau respondió a una publicación en la que un usuario advertía que las visas podrían ser retiradas sin previo aviso. El mensaje señalaba que, a partir de ese día, serían evaluadas las publicaciones realizadas durante horario laboral y que las visas se revocarían sin previo aviso.

Landau publica mensaje sobre “el show”

Ante ese comentario, el funcionario de la administración de Donald Trump compartió una imagen en la que aparece él mismo y acompañó la publicación con una frase en tono desafiante: “¿Estás disfrutando el show? Rellena tus palomitas. Amarás la siguiente parte”.

La respuesta de Landau ocurre un día después de que Andrés López Beltrán informara que el Gobierno de Estados Unidos había cancelado su visa para ingresar a ese país.

 

El mensaje del subsecretario no especificó qué otras medidas podrían adoptarse ni mencionó directamente a otros ciudadanos mexicanos. Sin embargo, su publicación se produjo en medio de la controversia generada por el caso del hijo del exmandatario mexicano.

Andy López Beltrán acusa decisión política

En una carta fechada el 13 de agosto en Teapa, Tabasco, López Beltrán aseguró que la decisión de retirar su visa fue tomada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y por Christopher Landau.

El hijo del expresidente calificó la medida como una decisión de carácter político, propagandístico y de represalia contra personas que, según sostuvo, no se alinean con las posiciones del Gobierno estadounidense.

Además, afirmó que los funcionarios estadounidenses no cuentan con pruebas que lo relacionen con algún acto inmoral o delictivo. López Beltrán también cuestionó la política de Estados Unidos y señaló que no considera problemático dejar de visitar ese país durante el actual contexto.
 

En su carta, López Beltrán se dirigió al presidente Donald Trump y manifestó su interés por conocer su opinión sobre la cancelación de su visa. Incluso planteó dos preguntas relacionadas con la decisión y cuestionó si el mandatario estaba enterado de los argumentos que expuso.

El político también sostuvo que la decisión podría representar un acto de prepotencia y recordó la relación que, según él, existió entre Trump y su padre durante años anteriores.

Controversia continúa en redes sociales

Hasta ahora, el intercambio se mantiene principalmente en el terreno político y mediático. La publicación de Landau añadió un nuevo elemento a la controversia, al anticipar que “la siguiente parte” del episodio podría generar mayor interés.

Mientras tanto, López Beltrán mantiene su postura de rechazo a la decisión y sostiene que la cancelación de su visa responde a motivos políticos. Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos no ha difundido públicamente, en la información proporcionada, los motivos específicos que sustentaron la revocación de su documento migratorio.

Con información de El Financiero

*ARD

El gobierno de la Cuarta Transformación impulsó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador la desaparición de 176 fideicomisos públicos, bajo el argumento de que estos instrumentos podían operar con opacidad y facilitar actos de corrupción.

Sin embargo, durante los gobiernos de la 4T, la Secretaría de Marina (Semar) ha recurrido nuevamente a esta figura financiera y actualmente administra cuatro fideicomisos relacionados con infraestructura portuaria, ferroviaria, aeroportuaria y otros proyectos estratégicos.

El más reciente es el Fideicomiso para el Desarrollo Marítimo Nacional (FDMN), abierto en Nacional Financiera el 31 de octubre de 2025.

El instrumento comenzó a recibir recursos durante el segundo trimestre de 2026, cuando la Secretaría de Marina le transfirió 2 mil 727 millones de pesos, según información de la Secretaría de Hacienda.

Los fideicomisos permiten conservar y administrar recursos para proyectos de largo plazo, sin que estos tengan que ejercerse necesariamente dentro de las reglas anuales del Presupuesto de Egresos.

Nuevo fideicomiso financiará proyectos portuarios

El FDMN está destinado a financiar proyectos de las Administraciones Portuarias Nacionales, paraestatales que tienen bajo su responsabilidad la operación y administración de los puertos del país.

Estas entidades fueron transferidas a la Secretaría de Marina en 2021, como parte del proceso mediante el cual el Gobierno federal amplió la participación de las Fuerzas Armadas en actividades relacionadas con infraestructura y logística.

De acuerdo con el informe de Hacienda, el nuevo fideicomiso ya autorizó recursos para proyectos en Ensenada, Acapulco, Progreso, Manzanillo y Tampico.

No obstante, los detalles de las obras no se han dado a conocer de manera amplia.

La falta de información detallada genera cuestionamientos sobre la transparencia de los recursos, particularmente porque las Fuerzas Armadas no suelen utilizar el portal ComprasMX para todas sus contrataciones realizadas con dinero de fideicomisos.

Las administraciones portuarias, además, son empresas que generalmente generan ingresos propios y operan con números positivos, por lo que el uso de recursos adicionales mediante un fideicomiso abre un nuevo esquema de financiamiento para sus proyectos.

El antecedente: un fideicomiso eliminado por López Obrador

El FDMN guarda similitudes con el FIPORT, un fideicomiso creado en 2017, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, para fortalecer la infraestructura portuaria.

El instrumento fue eliminado mediante el decreto de extinción de fideicomisos emitido por López Obrador en abril de 2020.

Cuando desapareció, el FIPORT contaba con 6 mil 213 millones de pesos, provenientes de los ingresos generados por las propias administraciones portuarias.

Los recursos fueron devueltos en 2021 a la Tesorería de la Federación.

Ahora, cinco años después de que esos recursos regresaran al erario, la Marina cuenta con un nuevo fideicomiso destinado precisamente al financiamiento de proyectos marítimos y portuarios.

El cambio evidencia que la figura de los fideicomisos, criticada durante el gobierno de López Obrador, continúa siendo utilizada para determinados proyectos de la administración federal.

Cuatro fideicomisos bajo control de la Semar

Con la creación del FDMN, la Secretaría de Marina ya cuenta con cuatro fideicomisos.

Los otros tres están relacionados con el Istmo de Tehuantepec, los aeropuertos y la administración y pago de distintos proyectos.

Durante los primeros seis meses de 2026, esos tres instrumentos ejercieron 13 mil 213 millones de pesos.

Su creación tuvo diferentes orígenes.

El fideicomiso relacionado con aeropuertos fue establecido por el Congreso a través de la Ley Federal de Derechos.

El destinado a la administración y pago de proyectos fue creado por disposición de López Obrador mediante el Reglamento de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

En tanto, el fideicomiso del Istmo de Tehuantepec fue creado por la propia Secretaría de Marina en diciembre de 2023.

Miles de millones para el Tren Interoceánico

El fideicomiso del Istmo tiene entre sus principales objetivos financiar infraestructura vinculada con el Tren Interoceánico.

Durante el primer semestre de 2026 canalizó 12 mil 180 millones de pesos para trabajos de rehabilitación y modernización de las líneas K, Z y FA.

Estas obras están bajo responsabilidad de la Secretaría de Marina.

Además de los recursos manejados mediante el fideicomiso, la dependencia dispone de 22 mil 929 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de 2026 para estos proyectos, a través del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT).

De esta manera, la Marina concentra recursos presupuestarios y fideicomisos para desarrollar infraestructura considerada estratégica para el Gobierno federal.

Fideicomisos vuelven al centro del debate

La utilización de estos instrumentos por parte de la Semar vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los fideicomisos públicos.

Durante el gobierno de López Obrador, la extinción de 176 fideicomisos fue defendida como una medida para recuperar recursos y combatir mecanismos considerados opacos.

Sin embargo, la creación de nuevos instrumentos durante la 4T demuestra que el Gobierno federal no ha abandonado por completo esta figura.

La discusión ahora se concentra en la rendición de cuentas, el destino de los recursos y los mecanismos de transparencia utilizados para conocer cómo se ejercen miles de millones de pesos.

En particular, el caso de la Marina cobra relevancia porque sus fideicomisos financian proyectos de gran escala relacionados con puertos, ferrocarriles, aeropuertos y aduanas, sectores que actualmente tienen una participación relevante de las Fuerzas Armadas.

*BC

Puebla, Pue- El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, aseguró que la militancia de Morena debe actuar conforme a los principios y valores que dieron origen al partido, dejando en claro que pertenecer a una fuerza política implica un compromiso más amplio que buscar una candidatura.

Armenta evita hablar de sanciones

Las declaraciones se producen en medio de la polémica generada por las diputadas locales Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, señaladas por comentarios relacionados con personas adultas mayores.

No obstante, el mandatario evitó pronunciarse sobre posibles medidas disciplinarias y centró su mensaje en la importancia de respetar la vida interna del partido.

Armenta señaló que todo militante debe conocer y cumplir el código de ética, la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos de Morena.

Recuerda su llegada a Morena

El gobernador recordó que hace diez años decidió incorporarse a Morena por convicción y por compartir el proyecto encabezado entonces por Andrés Manuel López Obrador.

Agregó que la militancia debe reflejar un compromiso permanente con la doctrina y los valores del partido en el ejercicio del servicio público.

*ARD

Para el querido comunicador Alberto Arellano, siempre lo extrañaremos.
 

Hay quienes piensa que México llegó del final de una era en la historia criminal con la caída del último de los viejos capos, Ismael “El Mayo Zambada”, sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico, crimen organizado y blanqueo de capitales.

Otro narco importante, su ex socio Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, está en una prisión de máxima seguridad, en Nueva York.

El diario español El País concluye: “pero los finales nunca son tan concluyentes como parecen, lo viejo no termina de morir ni lo nuevo de nacer, y en el intermedio surgen los monstruos. ¿Qué creatura viene con este cierre de época? ¿Qué remedo o qué tragedia estamos por ver?”.

El Cartel de Sinaloa y los líderes que colaboran como informantes de Washington han dado a Estados Unidos elementos para presionar al máximo a México, su vecino, su mayor socio comercial, su amigo y su enemigo, según la circunstancia.

La administración de Donald Trump acusa, con base en esos testimonios, la existencia de una narcopolítica en México en la que gobierno y crimen organizado son indisociables, vital el uno para el otro.

La presidenta Sheinbaum, como su antecesor y fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador, han advertido que esos señalamientos, de una gravedad muy seria, esconden un objetivo más bien político: deslegitimar al movimiento que representa la 4T y, con ayuda de lobistas de la derecha internacional, la llegada a Palacio Nacional de gobernantes afines a la agenda estadounidense.

Sheinbaum y su partido han cerrado filas y defienden a la soberanía frente a los embates de Trump, que califican como actos de injerencia. Las presiones han servido para llamar al patriotismo de los mexicanos, a la orden del día cuando se trata de Estados Unidos.

La operación para secuestrar y transportar a Estados Unidos a “el Mayo”, ejecutada hace dos años por Los Chapitos, los hijos de Guzmán Loera, dejó una grave crisis de violencia en Sinaloa, que continúa pagando con muertos, desaparecidos y desplazados. Ese plan contó con el conocimiento y apoyo de Washington, según se desprende de los documentos del juicio contra Mauro Alberto Núñez Ojeda, El Jando, piloto de Los Chapitos y quien llevó a Zambada a Nuevo México, Estados Unidos.

El gobierno de Trump, montado en su Doctrina Donroe, ha hecho manifiestas sus intenciones expansionistas en la región latinoamericana, donde ha conquistado aliados, de Venezuela a Colombia, pasando por Chile y Guatemala. México ha decidido mirar hacia los gobiernos progresistas y se ha acercado a Brasil y España, en un gesto que no ha gustado en la Casa Blanca.

“El Mayo”, de 76 años, no podrá ver hasta dónde llegan los detalles de su historia criminal, iniciada hace varias décadas, en las que consiguió construir un imperio, tentador por su alcance y sus dividendos.

El juez ha ordenado que se le embargue la suma de 15 mil millones de dólares, como medida de reparación del daño que ha causado en EU el negocio ilícito del capo. El gobierno de Sheinbaum ha dicho que apela a obtener una parte de esos recursos, por el reguero de sangre que ha corrido en México por años.

“Zambada, en una entrevista dada a Proceso hace años, vaticinó que el suyo era un negocio lucrativo, perfectamente capitalista, y que nada cambiaría si cayera o él o cualquiera”.

Para quienes consideran que se abre una nueva etapa en la producción y venta de narcóticos deben recordar que esto es capitalismo y los carteles, con o sin “El Mayo”, son hoy poderosos consorcios internacionales que inciden en el capitalismo mundial y eso nada lo cambiará. Al tiempo

De las anécdotas que se cuentan

Una Corte en Nueva York marcó el destino de Ismael “El Mayo” Zambada al dictarle una sentencia de cadena perpetua, poniendo fin a la historia criminal de uno de los fundadores y máximos líderes del Cártel de Sinaloa.

La condena, dictada el 20 de julio por una corte federal de Brooklyn, llega casi dos años después de su captura, el 25 julio de 2024, y en un momento en que la organización criminal atraviesa una reconfiguración interna.

Con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán cumpliendo también una condena de por vida en Estados Unidos, y mientras sus hijos Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López enfrentan procesos judiciales tras declararse culpables de diversos cargos, el liderazgo del cártel quedó en manos una nueva generación de narcotraficantes.

Estos líderes más jóvenes, que crecieron dentro de las estructuras criminales de sus padres o antiguos jefes, han asumido un papel clave dentro de las dos principales facciones de la organización: Los Chapitos y La Mayiza.

Las autoridades mexicanas y estadounidenses los señalan como responsables de mantener las operaciones del grupo, preservar sus rutas de tráfico de drogas y sostener la disputa que, desde la captura de ‘El Mayo’, mantiene dividido al cártel.

Tras la captura de ‘El Mayo’ Zambada en 2024, investigaciones periodísticas coinciden en que su hijo, Ismael Zambada Sicairos, conocido como el ‘Mayito Flaco’, asumió el liderazgo de la facción conocida como Los Mayos o La Mayiza.

Zambada Sicairos figura en la lista de los fugitivos más buscados de la DEA bajo la acusación de conspiración para distribuir una sustancia controlada. Se cree que actualmente es el responsable de liderar la facción de su padre y de dirigir la disputa contra Los Chapitos por el control de territorios estratégicos en Sinaloa.

La nueva generación llegó y, con segundos y terceros niveles de mando, no tiene límite.

fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Crisanto

*ARD

Investigaciones, que autoridades de Estados Unidos desarrollan, sobre una red internacional de contrabando de combustibles permitieron conocer un mecanismo mediante el cual hidrocarburos eran trasladados entre México y ese país, utilizando operaciones comerciales irregulares.

Hay documentación alterada y maniobras destinadas a evadir el pago de impuestos durante su importación. Hay vinculados jefes de la Mariana, del Ejército, de Aduana y cárteles criminales.

El testimonio de Luis Rivera, colaborador de la justicia estadounidense, forma parte del proceso abierto contra integrantes de la familia Jensen. La declaración, retomada por una investigación del diario español El País, describe la manera en que operaba la red y el papel desempeñado por empresas de transporte y logística para movilizar combustibles a través de la frontera.

Según Rivera, quien aseguró haber participado durante más de dos décadas en actividades relacionadas con el contrabando de hidrocarburos, la organización coordinaba el traslado de combustibles desde Texas hacia distintos puntos del territorio mexicano mediante una estructura integrada por transportistas, operadores logísticos y empresas dedicadas al comercio exterior.

Parte del combustible comercializado tendría su origen en hidrocarburos robados previamente en México. Posteriormente eran enviados a Estados Unidos y, una vez en ese país, reingresaban a territorio mexicano mediante operaciones de importación en las que la mercancía era declarada bajo una clasificación distinta a su contenido real, con el propósito de disminuir la carga tributaria y superar los controles aduaneros.

La investigación identifica este esquema como huachicol fiscal, una modalidad distinta al robo tradicional de combustibles mediante tomas clandestinas.

El beneficio económico no deriva de la extracción ilegal de hidrocarburos de ductos, sino de irregularidades en las operaciones de comercio exterior para ocultar el origen o la naturaleza del producto importado y reducir el pago de impuestos.

Algunas de las operaciones habrían utilizado cruces fronterizos y aduanas localizadas en el estado de Tamaulipas para introducir los cargamentos al país.

Las investigaciones buscan establecer si esos puntos fueron empleados de manera sistemática dentro del esquema de importación presuntamente irregular.

El proceso judicial en Estados Unidos tiene entre sus principales investigados a integrantes de la familia Jensen, a quienes las autoridades atribuyen una posible participación en las operaciones de tráfico internacional de combustibles.

Las indagatorias también pretenden determinar el papel desempeñado por diversas empresas y operadores relacionados con esa familia dentro de la presunta red de distribución.

El caso adquirió una mayor dimensión pública después de que el medio digital Código Magenta difundió una investigación en la que menciona presuntos vínculos entre personas relacionadas con esta red y familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente algunos de sus hijos.

Los señalamientos corresponden a investigaciones periodísticas y, hasta ahora, no existen resoluciones judiciales, imputaciones formales o sentencias que acrediten responsabilidades penales contra las personas mencionadas.

El huachicol fiscal representa una modalidad más compleja que el robo convencional de combustibles, ya que combina operaciones de comercio internacional, posibles alteraciones documentales, evasión fiscal y la participación de diversos intermediarios para dificultar el rastreo del origen de los hidrocarburos.

Además del impacto económico para el erario, este tipo de esquemas puede facilitar la intervención de organizaciones criminales en las cadenas de transporte, almacenamiento e importación de combustibles, ampliando el alcance de las redes dedicadas al tráfico ilícito de hidrocarburos.

El problema crece todos los días, los primeros acusados fueron jefes de la Marina y ahora hay jefes militares detrás de estas operaciones multimillonarias, en las que están involucrados, sin duda, políticos en el poder.

De las anécdotas que se cuentan

El huachicol fiscal es una de las prácticas ilegales más sofisticadas en México.

A diferencia del robo de combustibles mediante tomas clandestinas, esta modalidad opera en puertos y aduanas.

Empresas y grupos criminales manipulan fracciones arancelarias para introducir gasolina y diésel, pero los registran como productos exentos del IEPS, como lubricantes o aditivos.

Esto permite vender combustible más barato, obteniendo enormes ganancias y desplazando a distribuidores legales.

El fraude depende de corrupción, permisos temporales y complicidad de autoridades aduaneras.

De acuerdo con Petro Intelligence, este esquema representa pérdidas superiores a los 170 mil millones de pesos para la recaudación nacional.

El impacto del huachicol fiscal va más allá de lo económico.

Se ha convertido en una actividad delictiva a gran escala, con redes que involucran empresarios, funcionarios y hasta elementos de la Marina y el Ejercito.

Estados Unidos lo ha catalogado como la segunda fuente de ingresos del crimen organizado, solo detrás del narcotráfico.

No se trata de tomas clandestinas, sino de un fraude complejo que combina corrupción institucional, lavado de dinero y comercio ilegal de hidrocarburos.

fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Crisanto

*ARD

Los tiempos cambian y lo que era imposible para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ahora en la gestión de Claudia Sheinbaum será una realidad.

El gobierno federal perfila la creación de un fideicomiso especializado para financiar una estrategia de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica o fracking, con el objetivo de atraer inversión privada sin modificar la propiedad del Estado sobre los recursos energéticos.

El diario español El País informó que la administración de la presidenta Sheinbaum analiza un esquema financiero que permita captar recursos públicos y privados para desarrollar yacimientos de gas natural no convencional, principalmente en Tamaulipas, Coahuila y Veracruz, donde se estima la existencia de 141 billones de pies cúbicos de hidrocarburos técnicamente recuperables.

La propuesta forma parte del replanteamiento de la política energética federal y acompaña el dictamen científico que un comité de especialistas entregará al gobierno para evaluar la viabilidad de retomar la explotación de hidrocarburos mediante fractura hidráulica.

El fideicomiso tendría como finalidad administrar los recursos destinados a los proyectos, ofrecer garantías para atraer inversionistas, transparentar el manejo financiero y aislar las inversiones de la situación financiera que enfrenta Petróleos Mexicanos.

El planteamiento pretende conciliar la estrategia de soberanía energética impulsada por el gobierno con la necesidad de incorporar capital privado para desarrollar proyectos que requieren inversiones de miles de millones de dólares en infraestructura, perforación, transporte, tratamiento de agua y tecnología especializada.

La presidencia sostiene que el esquema no modificaría el régimen de propiedad de los hidrocarburos establecido en el artículo 27 de la Constitución, ya que el fideicomiso funcionaría únicamente como un instrumento de administración financiera, con reglas de auditoría, supervisión y rendición de cuentas.

La propuesta ha abierto un debate político al interior de la Cuarta Transformación debido a que Morena construyó parte de su discurso en oposición a la participación privada promovida durante la reforma energética de 2013 y al rechazo al uso del fracking durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El documento citado por el diario español señala que, en el Congreso de la Unión, legisladores analizan distintos escenarios para respaldar el proyecto y consideran que, por el momento, no serían necesarias reformas legales o constitucionales para implementar el nuevo esquema.

Entre los impulsores de la estrategia figura el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados y un personaje cercano a la presidenta Sheinbaum, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien ha promovido mecanismos para fortalecer la soberanía energética mediante el aprovechamiento de recursos no convencionales.

La propuesta contempla la posibilidad de recibir aportaciones de inversionistas nacionales y extranjeros conforme al marco jurídico vigente, manteniendo la rectoría del Estado sobre los hidrocarburos y sin alterar la propiedad nacional de los recursos.

El análisis gubernamental ocurre en un contexto de creciente dependencia de México respecto al gas natural importado desde Texas.

El diagnóstico elaborado para sustentar la nueva estrategia advierte que la producción nacional continúa por debajo de la demanda interna, por lo que el fortalecimiento de la seguridad energética se ha convertido en una prioridad para la administración federal.

De concretarse, el fideicomiso representaría el principal mecanismo para hacer viable financieramente el regreso del fracking en México, una decisión que implicaría un cambio relevante en la política energética del actual gobierno y abriría una nueva etapa en la relación entre el Estado y la inversión privada en el sector de los hidrocarburos.

La división de la Cuarta Transformación va en serio y vale preguntar ¿hasta dónde llegará?

De las anécdotas que se cuentan

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfrenta un debate al interior de su movimiento: mantener los postulados económicos de la Cuarta Transformación, que fundó su antecesor Andrés Manuel López Obrador, o trazar un camino pragmático que ayude a solucionar la estrechez presupuestal de su Gobierno y la dependencia energética con Estados Unidos, que se ha complicado con el actual contexto de guerra en el Oriente Medio y sus repercusiones económicas globales.

Hoy, el 75 por ciento del gas licuado que consume México y 50 por ciento de las gasolinas lo importa de Estados Unidos.

Son políticas de cambio que la presidenta ha delineado y que comienzan a generar fricción entre los distintos grupos de izquierda del movimiento.

Los más radicales no han dudado en señalar una “traición” a los principios rectores de la izquierda mexicana. Ven en esas propuestas una amenaza contra la “soberanía nacional” que, según estos basamentos, radica en el sector energético y en otros temas que se han considerado intocables a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI.

Las propuestas de Sheinbaum son consideradas un retorno al “neoliberalismo” que, se supone, había sido desterrado.

El abril pasado, en Tlaxcala, la presidenta dijo que “el Estado no puede hacerlo todo, requiere necesariamente de la coordinación con la iniciativa privada y por eso buscamos un modelo integral donde el pueblo viva mejor y al mismo tiempo haya más inversiones para genera mejores empleos, con mejores salarios”.

El fracking quiebra a la 4T.

fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Crisanto

*ARD