AMLO

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió dar por concluido el procedimiento sancionador contra Martín López Obrador, hermano del expresidente AMLO, al no acreditarse la existencia de financiamiento ilegal.

La decisión se tomó tras analizar denuncias presentadas por los partidos PAN y PRD, quienes acusaban presuntas irregularidades en el manejo de recursos durante el proceso electoral de 2018.

Falta de pruebas determina la resolución del INE

El órgano electoral determinó que no existen elementos suficientes para demostrar que el hermano del exmandatario haya recibido o utilizado recursos ilícitos.

La resolución fue aprobada por unanimidad y respaldada en el proyecto del consejero Uuc-kib Espadas, quien señaló que no se logró comprobar ninguna conducta sancionable.

Entre los elementos clave del fallo destacan:

• Ausencia de pruebas sobre financiamiento ilegal
• Inconsistencias en las denuncias presentadas
• Falta de acreditación de responsabilidad directa
• Cierre definitivo del caso electoral

Videos y acusaciones que detonaron el caso

El caso tomó relevancia pública tras la difusión de un video donde aparece David León Romero entregando dinero en efectivo a Martín López Obrador.

Posteriormente, investigaciones periodísticas retomaron el tema y señalaron supuestos movimientos de dinero entre 2013 y 2018, relacionados con operadores políticos y empresarios vinculados al entorno del movimiento de AMLO.

Sin embargo, el INE concluyó que dichos materiales no constituyen pruebas suficientes dentro del marco legal electoral.

Morena también fue exonerado

Además de Martín López Obrador, el organismo electoral exoneró al partido Morena y a David León Romero, al no encontrar evidencia de participación en un esquema de financiamiento irregular.

El caso fue considerado infundado en su totalidad, por lo que no se aplicaron sanciones.

Reacciones y contexto político

El cierre del expediente ocurre en un contexto de alta polarización política, donde casos de financiamiento electoral suelen generar debate entre partidos y opinión pública.

Los puntos más relevantes del caso fueron:

• Acusaciones de financiamiento paralelo
• Uso de material audiovisual como evidencia
• Investigación periodística previa
• Resolución final sin sanciones

*BC

El inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador estuvo marcado por una ofensiva directa contra el huachicol, una práctica que representaba pérdidas millonarias para Pemex y el Estado mexicano.

La estrategia fue contundente: cerrar ductos y sustituirlos por transporte terrestre mediante pipas, con el objetivo de frenar el contrabando de combustible y debilitar a las redes criminales.

Sin embargo, nuevas revelaciones han puesto bajo escrutinio ese plan, al evidenciar posibles contradicciones en su implementación.

Pemex y el papel de I.I.I. Servicios en la estrategia

Para ejecutar el plan, Pemex utilizó a su filial I.I.I. Servicios, una empresa originalmente dedicada a la administración inmobiliaria, pero que fue reconvertida en operador logístico del sistema de distribución de combustible.

Esta filial:

• Compró cientos de pipas
• Administró el traslado de gasolina y diésel
• Se convirtió en eje del combate al huachicol

No obstante, fue en este proceso donde surgieron relaciones comerciales que hoy generan cuestionamientos.

La aparición de Permart y el “Rey del huachicol”

La empresa Grupo Industrial Permart, fundada por Sergio Carmona Angulo, identificado como el “Rey del huachicol”, estableció vínculos comerciales con I.I.I. Servicios.

De acuerdo con registros fiscales, en 2021 Permart facturó más de 22 millones de pesos a la filial de Pemex, en pleno funcionamiento del esquema gubernamental.

Este hecho resulta clave porque conecta directamente la estrategia oficial contra el huachicol con una empresa vinculada al contrabando de combustible.

Un vínculo sin transparencia en contratos de Pemex

Uno de los aspectos más cuestionados es que Pemex no ha transparentado los contratos relacionados con estos pagos.

Aunque la empresa argumenta que I.I.I. Servicios opera bajo un régimen distinto, los registros del SAT confirman la relación financiera con Permart.

Esto genera dudas sobre:

• La supervisión de proveedores
• Los mecanismos de control interno
• La rendición de cuentas en el combate al huachicol

Sergio Carmona y su red de influencia

El empresario Sergio Carmona Angulo es una figura central en esta historia.

Se le ha señalado como operador clave en redes de huachicol fiscal y presunto financista político, lo que amplía el alcance del caso más allá del ámbito energético.

Además:

• Controlaba la operación de Permart
• Percibía ingresos como empleado y accionista
• Consolidó contratos con entidades públicas

Su asesinato en 2021 añadió un elemento de incertidumbre a la investigación.

Empresas, política y huachicol fiscal

El caso no se limita a una relación comercial aislada. Forma parte de un esquema más amplio de huachicol fiscal, donde participan múltiples actores.

Este modelo incluye:

• Empresas fachada
• Manipulación de registros fiscales
• Clasificación incorrecta de combustibles
• Redes de distribución ilegales

Incluso se han documentado vínculos con empresas como Ikon Midstream, investigada por contrabando de combustible a nivel internacional.

Contradicciones en la estrategia de AMLO

El señalamiento más delicado es la contradicción entre el discurso y la ejecución de la política energética.

Mientras el gobierno de AMLO promovía el combate frontal al huachicol, la operación logística habría involucrado a empresas relacionadas con esta actividad.

Esto abre cuestionamientos sobre:

• La efectividad de la estrategia
• La selección de proveedores
• El control sobre la cadena de suministro

Impacto del contrabando de combustible en México

El contrabando de combustible continúa siendo una de las principales fuentes de ingresos del crimen organizado.

Sus efectos incluyen:

• Pérdidas fiscales millonarias
• Distorsión del mercado energético
• Financiamiento de grupos criminales
• Debilitamiento institucional

El fenómeno del huachicol fiscal ha elevado el nivel de sofisticación de estas operaciones.

*BC

Dura y corrupta herencia la que recibió el poblano Sergio Salomón Céspedes Peregrina cuando tomó posesión del Instituto Nacional de Migración.

La dependencia otorgó contratos por al menos 2 mil 777 millones de pesos a una empresa sin perfil ni capacidad comprobada para instalar albergues y puntos de rescate migratorio en el país, según una investigación de Animal Político.

“Entre 2021 y 2025 el INM otorgó al menos diez contratos –nueve de ellos por adjudicación directa– a Grupo Caufi S.A. de C.V., una compañía creada en 2004 con un capital inicial de apenas 50 mil pesos y cuyo objeto social está enfocado en la organización de eventos, así como la venta de alimentos y artículos promocionales”, añadió.

La investigación señala que, pese a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había advertido desde la Cuenta Pública 2022 irregularidades por más de 545 millones de pesos en pagos a esta empresa, las contrataciones continuaron y aumentaron en monto y frecuencia en los años posteriores.

Una de las principales anomalías detectadas se encuentra la falta de evidencia sobre la instalación real de los albergues.

Los reporteros realizaron recorridos en distintos puntos del país donde, según los contratos, debían operar estos espacios; sin embargo, no encontraron infraestructura, personal ni instalaciones que correspondieran a los servicios pagados.

“Asimismo se documentó que el INM entregó información incompleta y testada en respuesta a solicitudes de transparencia, ocultando contratos por cerca de dos mil millones de pesos y reservando documentación clave, lo que impide rastrear el destino final de los recursos públicos.

“Las facturas emitidas por Grupo Caufi presentan conceptos vagos como “instalación de albergues y puntos de rescate”, sin detallar costos unitarios ni los insumos utilizados. Además, varias de estas facturas fueron generadas el mismo día y con pocos minutos de diferencia, lo que refuerza las sospechas sobre la autenticidad de los servicios”.

Encontraron que la empresa carecía de capacidad operativa: contaba con apenas entre 5 y 11 empleados registrados ante el IMSS y no tenía experiencia previa en proyectos de esta magnitud, lo que contrasta con los contratos millonarios recibidos.

La investigación también revela inconsistencias en sus domicilios, ya que en varios de ellos no fue posible localizar oficinas o instalaciones relacionadas con sus operaciones. Incluso, algunos inmuebles corresponden a viviendas particulares sin indicios de actividad empresarial.

En paralelo, se identificó una red de compañías vinculadas a los mismos socios de Grupo Caufi, constituidas entre 2023 y 2025, las cuales comparten administradores o accionistas, pero carecen de presencia pública o trayectoria verificable.

Así trabajaba el Instituto Nacional de Migración del presidente López Obrador, quien defendió a capa y espada a su comisionado Francisco Garduño Yáñez, quien se mantuvo en esa posición durante los primeros siete meses de la administración de Claudia Sheinbaum.

“Pese a los señalamientos de la ASF –que incluso recomendó una revisión por parte del Servicio de Administración Tributaria ante posibles inconsistencias fiscales– el INM continuó otorgando contratos bajo el argumento de la urgencia por atender el flujo migratorio y posibles deportaciones masivas desde Estados Unidos”.

Los contratos fueron firmados en algunos casos después de haber iniciado su vigencia, y en otros no existe documentación que compruebe la ejecución de los servicios más allá de actas administrativas sin sustento técnico.

El reportaje de Animal Político también expone que funcionarios del área administrativa del INM estuvieron involucrados en la firma de estos contratos, algunos de ellos vinculados políticamente a figuras del ámbito federal, lo que podría apuntar a una red de responsabilidades aún no esclarecida.

El INM informó que revisa las contrataciones realizadas en administraciones anteriores, mientras que ni la empresa ni su representante legal han respondido a las solicitudes de información.

El caso pone en entredicho los mecanismos de control y supervisión del gasto público en materia migratoria, así como la transparencia en el uso de recursos destinados a la atención de personas en contexto de movilidad, donde la demanda de estos servicios continúa en aumento.

Todo un desafío el que enfrenta el poblano Sergio Salomón Céspedes, quien tiene que llevar adelante un gran cambio en el Instituto, pero sobre todo abatir y sancionar la corrupción galopante que generó uno de los consentidos de López Obrador.

De las anécdotas que se cuentan

Andrés Manuel López Obrador defendió a Francisco Garduño, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración, principalmente tras la tragedia ocurrida en la estación migratoria de Ciudad Juárez en marzo de 2023, donde murieron 40 personas.
La defensa se basó en los siguientes puntos:

AMLO argumentó conocer a Garduño desde hace muchos años, describiéndolo como una persona "recta y trabajadora". A pesar de la investigación por el incendio, el presidente sostuvo que, en general, el trabajo de Garduño al frente del INM "siempre ha sido bueno".

Aunque se le vinculó a proceso por "ejercicio indebido del servicio público" (responsabilidad por omisión al no vigilar los centros migratorios), AMLO inicialmente no lo consideró responsable directo del homicidio, enfocándose en que el cargo de comisionado es amplio y no implica controlar cada centro local.

AMLO atribuyó las críticas y exigencias de renuncia de Garduño a "sensacionalismo" de los medios de comunicación y al "amarillismo" de la oposición, señalando que buscaban atacar a su gobierno.

Garduño no fue destituido ni encarcelado tras la tragedia, continuando en su cargo mientras enfrentaba su proceso penal, lo que generó controversia.

La Fiscalía General de la República procedió penalmente por omisión, y en 2025 se anunció una suspensión condicional del proceso, obligando a Garduño solo a ofrecer una disculpa pública y reparar el daño, evadiendo la cárcel, lo que no cumplió.

Esos eran los consentidos de López Obrador.

fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Crisanto

*ARD

Puebla, Pue. El consejero nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Agustín Guerrero, afirmó que para nadie es desconocido que, si Nora Merino Escamilla ha ocupado una curul como diputada local y ahora como federal, es por el respaldo del partido guinda.

Guerrero le hizo un llamado directo a Merino Escamilla para que muestre “generosidad” porque reiteró, para muchos es sabido que el voto de Morena es resultado del trabajo de la constancia, del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador como de la ideología política de quien, en la actualidad, le dieron la espalda en la aprobación de la Reforma Electoral y Plan B, Claudia Sheinbaum Pardo, quien le está dando continuidad a la 4T.

Agustín Guerrero dictó como ejemplo de ello es el 2019 cuando en Puebla ganó Morena hubo un reconocimiento “sin Andrés Manuel yo no hubiera ganado”.

Situación similar a lo que paso en la elección del 2024 donde hubo un reconocimiento por parte del gobernador, Alejandro Armenta Mier, que gracias a Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum se volvió a ganar.

Cuando se habla de una figura de altura como el gobernador que reconoce los triunfos con generosidad, eso habla de que se honra el movimiento de la 4T.

Por su parte, la dirigente estatal del partido, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, sostuvo que Nora Merino Escamilla como los partidos aliados del PT y PVEM deben tener presente que si lograron posicionarse en una curul fue por el fenómeno que desató el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Quiero mucho a la diputada. fue mi compañera en la 60 Legislatura, la primera legislatura de la 4T, no tendría muchos comentarios que hacer (…) si tuvimos la oportunidad de serlo fue por la oportunidad de Andrés Manuel López Obrador, y ahora de la doctora Claudia Sheinbaum”.

Entre los primeros meses de 2021, Rodrigo Gutiérrez Mueller, cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), participó en la creación de dos empresas financieras: Envíos del Bienestar SA de CV y Pagos del Bienestar SA de CV. Ambas compañías fueron constituidas en un periodo cercano y con objetivos enfocados en transferencias de dinero y servicios financieros.

De acuerdo con registros oficiales, estas sociedades incluyen entre sus accionistas a Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland, cuyos nombres coinciden con individuos señalados en Estados Unidos por lavado de dinero.

Coincidencias con investigación en Estados Unidos

Los nombres de Grijalva y Cleland aparecen en una acusación federal en Estados Unidos relacionada con el blanqueo de más de 46 millones de dólares. Ambos aceptaron su participación en un esquema fraudulento y se encuentran a la espera de sentencia.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, el grupo simuló la comercialización de productos médicos durante la pandemia de COVID-19, utilizando esta fachada para encubrir operaciones financieras ilícitas.

La investigación también involucra a un tercer acusado, Bruce Jin, y detalla que los recursos obtenidos provenían de programas de apoyo público en distintos estados, como Pensilvania, Virginia y Florida.

Operación del esquema de fraude

Las autoridades señalan que los implicados utilizaron identidades robadas para abrir cuentas bancarias, desde donde gestionaron cobros indebidos de beneficios estatales. Posteriormente, los fondos eran canalizados a través de empresas en Estados Unidos y enviados al extranjero, principalmente a China.

El esquema les permitió quedarse con un porcentaje de los recursos, estimado en alrededor del 10% del total, mientras que el resto era transferido fuera del país.

Empresas espejo y coincidencias empresariales

En septiembre de 2021, Cleland y Grijalva crearon en California una compañía llamada Pagos del Bienestar INC, cuyo giro coincide con el de la empresa mexicana del mismo nombre en la que participa Gutiérrez Mueller.

Registros empresariales muestran que esta empresa en Estados Unidos utilizó direcciones previamente vinculadas a las operaciones investigadas por las autoridades, lo que refuerza las coincidencias entre ambos casos.

Estructura y socios de las empresas mexicanas

La empresa Envíos del Bienestar fue constituida en enero de 2021 en la Ciudad de México. Su objeto social incluye la intermediación financiera, así como la colaboración con instituciones del sistema financiero mexicano.

Entre los socios destacan perfiles con experiencia en el ámbito público y privado:

• Rodrigo Gutiérrez Mueller
• Alejandro Medina Custodio, funcionario estatal
• Héctor de la Paz Cázares, exfuncionario federal
• Efrén Calderón González, exservidor público
• Carlos Alberto Grijalva
• Otros socios adicionales vinculados a actividades contables y empresariales

Posteriormente, en abril de 2021, se constituyó Pagos del Bienestar SA de CV en Guadalajara, Jalisco, con actividades relacionadas con compra y venta de divisas, transferencias internacionales y participación en esquemas fintech.

Trayectoria empresarial y vínculos políticos

Antes de la creación de estas empresas, Rodrigo Gutiérrez Mueller había desarrollado negocios en sectores como hotelería y gastronomía. Sin embargo, en 2020 inició una etapa más activa en la creación de sociedades mercantiles.

Ese mismo año registró la empresa Quartz Team International México, dedicada a materiales de construcción, junto con socios como Antonio Morales Díaz, actual alcalde de Tapalpa, Jalisco.

También participó en la creación de Quartz Stone, enfocada en la comercialización de cuarzo. De acuerdo con Morales Díaz, estos proyectos no prosperaron y quedaron sin operación real.

Gestiones y señalamientos públicos

En 2018, al inicio del gobierno federal de AMLO, Gutiérrez Mueller participó en gestiones para la obtención de un crédito de Banobras destinado a un municipio en Jalisco. Aunque se le reconoció públicamente por este apoyo, posteriormente se aclaró que no intervino directamente en las oficinas gubernamentales.

Diversos actores involucrados en la creación de las empresas no respondieron a solicitudes de entrevista. Tampoco hubo posicionamientos por parte de los acusados en Estados Unidos ni de autoridades relacionadas con el proceso judicial.

Un caso que genera cuestionamientos

La coincidencia entre los nombres de los socios de las empresas del Bienestar y los acusados por lavado de dinero en Estados Unidos ha generado cuestionamientos en el ámbito público.

Aunque no se ha establecido una relación directa entre las operaciones, la simultaneidad en fechas, actividades y vínculos empresariales mantiene el caso bajo observación, en espera de resoluciones judiciales que puedan aportar mayor claridad.

Con información de El Universal

*BC

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) cerró la revisión de los seis años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador con un saldo de 101 mil 242 millones de pesos pendientes de justificar. El dato surge de la última entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, presentada ante la Cámara de Diputados.

El informe confirma que 2024 fue el año con más irregularidades, al concentrar 65 mil 092.8 millones de pesos sin comprobar, es decir, el 64% del total detectado en el sexenio. El periodo coincide con la elección presidencial en la que resultó ganadora Claudia Sheinbaum y con la consolidación legislativa de Morena y sus aliados.

Gasto federalizado, la mayor bolsa sin aclarar

La mayor parte de los recursos observados corresponde al gasto federalizado, que incluye transferencias a estados y municipios.

Del total sexenal:

• 88 mil 809.9 millones de pesos pertenecen a recursos transferidos a entidades federativas.

• En 2024, los faltantes sumaron 59 mil 345.5 millones de pesos.

Las áreas más vulnerables a irregularidades fueron:

• Salud e infraestructura social: 35 mil 647.7 mdp

• Participaciones federales: 15 mil 675.7 mdp

• Educación: 2 mil 659.4 mdp

El auditor superior David Colmenares Páramo explicó que sólo en 2024 se identificaron presuntas irregularidades por más de 54 mil 344.2 millones de pesos. Además, detalló que el 36% corresponde a gobiernos estatales y más del 59% a municipios y alcaldías, donde predominó la falta de documentación comprobatoria.

Estados gobernados por la 4T concentran observaciones

Seis estados gobernados por Morena y sus aliados, junto con dos dependencias federales, encabezan el listado de entes con mayores montos pendientes de aclarar en 2024.

Los estados señalados son:

• Estado de México

• Veracruz

• Chiapas

• Oaxaca

• Guerrero

• Michoacán

En conjunto, estos estados acumulan miles de millones de pesos en observaciones vinculadas principalmente a salud, infraestructura y participaciones federales.

Edomex y Veracruz lideran montos observados

El Estado de México, bajo el gobierno de Delfina Gómez, concentra 6 mil 037 millones de pesos observados, relacionados con gasto federalizado y programas de salud e infraestructura.

Por su parte, Veracruz, gobernado por Rocío Nahle, suma 5 mil 841 millones de pesos en irregularidades. Entre los hallazgos destacan:

• Timbrado incorrecto de más de 2 mil mdp en nómina de los Servicios de Salud.

• Presunta obtención indebida de 440.6 mdp en participaciones federales.

• Pagos por bienes muebles e inmuebles no identificados.

La ASF promovió acciones para dar vista al Servicio de Administración Tributaria ante posibles incumplimientos fiscales.

Pemex y la SICT también bajo revisión

En el ámbito federal, Petróleos Mexicanos registra mil 763 millones de pesos observados, principalmente en el desarrollo del campo petrolero Quesqui, en Tabasco. Las auditorías detectaron pagos en exceso y discrepancias entre montos pagados y reportes operativos.

Asimismo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes presenta mil 215.6 millones de pesos en observaciones relacionadas con inversión física.

Sistema subnacional, el mayor foco de riesgo

El auditor saliente puntualizó que:

• Más de 5 mil millones de pesos siguen pendientes en el ámbito federal.

• Más de 54 mil millones de pesos corresponden al sistema subnacional.

En ese contexto, la falta de comprobación documental en municipios representa el principal riesgo en la administración de recursos federales.

*BC

El diputado local de Verde Ecologista, Miguel Márquez Ríos fue dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, y reconoce que recibieron una compensación de Jesús Ramírez Cuevas, vocero de del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora jefe de asesores de Claudia Sheinbaum.

Confirmó lo señalado en el libro ‘Ni venganza ni perdón’, de Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del expresidente. Márquez Ríos, quien es secretario de Fomento a la Salud y Previsión Social al interior del sindicato, explicó que el recurso recibido fue una liquidación merecida y se comenzó a dar en 2010.

Negó que sus compañeros estén involucrados en las acciones del operador de López Obrador, Jesús Ramírez, quien de acuerdo al libro utilizó a sindicalizados para estar en eventos a favor de Clara Brugada, hoy jefa de gobierno de la Ciudad de México.  “Eso lo deben saber ellos, Jesús Ramírez está metido y él debe dar una explicación sobre cómo y por qué los recibieron, pues el gobierno los entregó”, dijo

El gobierno de México pagó en 2022 una compensación a ex trabajadores con al menos 19 años y 6 meses de antigüedad que no accedieron a una pensión de Luz y Fuerza del Centro, empresa que cerró en 2009. Fueron 7 mil 133 personas las que resultaron beneficiadas, por lo que el gobierno ejerció 3 mil 537 millones de pesos.

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Una balacera se registró en la colonia Bosques de San Sebastián que terminó en la detención de un hombre y el aseguramiento de un vehículo. Después de las 20:00 horas del jueves, vecinos de la colonia Bosques de San Sebastián, en el bulevar Puebla y bulevar Guadalajara, reportaron una balacera al 911.

En la intercesión de ambas avenidas, los agentes también aseguraron un vehículo que trasladaron al depósito, conforme los protocolos correspondientes. A través de redes sociales se difundió un video en que se observa a los agentes de la Policía Municipal de Puebla sometiendo a un hombre, relacionado con los hechos.

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Del 16 de febrero al 2 de marzo permanecerá cerrada la estación del Paso Bravo de la Línea 2 de RUTA, por ese motivo, los usuarios tendrán que ascender y descender en otros puntos. La empresa a través de anuncios en diferentes paraderos, al igual que en sus redes sociales, se indica que se deben ocupar alternativas distintas a lo largo de estos días.

Esta modificación temporal en el servicio será resultado de los trabajos de rehabilitación que se van a implementar en el Paseo Bravo. Se hará este cambio porque se tiene planeado llevar a cabo actividades de mejora de imagen urbana sobre la 11 Sur, que es la vialidad por donde circulan las unidades troncales de la Línea 2.

Los usuarios que deben subir o descender en la estación del Paseo Bravo tendrán que utilizar las paradas más cercanas, lo que provocará que caminen más calles para llegar a su destino.

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Vecinos de San Rafael Comac, comunidad ubicada en San Andrés Cholula, ganaron un amparo en el que se ordenó que la Comisión Nacional del Agua revise las concesiones otorgadas al ayuntamiento, respecto a las juntas auxiliares de Comac y Tonantzintla para que no haya afectaciones en cuanto al recurso hídrico, informó Anahí Olivos, representante del Comité de Consulta Indígena.

De acuerdo con la ciudadana, la resolución fue dada a conocer el 18 de diciembre del año pasado, por parte de un juez de distrito. En ésta se señaló que el personal de la Conagua tendrá que supervisar que las fuentes de líquido de las localidades antes mencionadas no generen afectaciones entre sí.

En un inicio el problema era que el gobierno quería dirigir el agua del Pozo Puerta San Rafael (de Comac) al tanque de la colonia San Isidro en Santa María Tonantzintla, aun cuando en esta última comunidad ya tiene su propio pozo. Con esto el ayuntamiento administraría dos concesiones para un solo lugar.

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La diputada federal Nadia Navarro Acevedo propuso una reforma a la Ley General de Educación, artículos 84 y 84 Bis, con el objetivo de regular el uso de dispositivos electrónicos personales durante la impartición de clases en los niveles de educación básica y media superior.

La iniciativa busca fortalecer el marco jurídico nacional en materia educativa, fomentando ambientes escolares que favorezcan el aprendizaje efectivo, la convivencia sana y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, frente a los retos que plantea el uso indiscriminado de teléfonos móviles, tabletas y relojes inteligentes en el aula.

Reconoció el valor educativo de las tecnologías digitales cuando su uso es pertinente y guiado. “La reforma plantea que los dispositivos electrónicos personales no deberán utilizarse durante la impartición de clases, salvo en los casos mencionados, y que las autoridades educativas establecerán medidas organizativas y pedagógicas para garantizar su cumplimiento, priorizando el bienestar digital del alumnado”, agregó.

*ARD

Puebla empieza la segunda semana de febrero con incremento en los casos de sarampión, con un total de 53 pacientes confirmados hasta el sábado 7, según el último reporte de la Secretaría de Salud estatal.

La cifra tiene un aumento respecto a los 44 casos reportados dos días antes, el pasado jueves 5 de febrero, lo que ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias. De los 53 casos confirmados, 24 corresponden a hombres y 29 a mujeres. Además, la dependencia estatal, detalló que hay 178 casos probables en observación.

La enfermedad se ha detectado en cinco municipios de Puebla, lo que ha elevado la preocupación sobre su propagación. Salud recordó que la mejor forma de protegerse contra el sarampión es la prevención. Lo mejor es vacunarse conforme a la campaña vigente. La inmunización sigue siendo la medida más eficaz para prevenir esta enfermedad.

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Luego de tres meses sin reportes de sequía, el estado de Puebla registró zonas con condiciones anormalmente secas al corte del 31 de enero de 2026. La afectación se mantiene focalizada, el reporte marca el fin de un periodo sin incidencias y coloca a la entidad dentro del monitoreo nacional de sequía.

Puebla presenta actualmente un 6.3 por ciento de su territorio en condición anormalmente seca, mientras que el 93.7 por ciento permanece sin afectación. Hay una condición de sequedad moderada a corto plazo, que provoca retrasos en la siembra, crecimiento lento de pastos, cultivos o un riesgo de incendios superior al promedio

La resequedad se concentra en 17 municipios del sur del estado, entre los cuales se encuentran: Acatlán, Ahuehuetitla, Albino Zertuche, Axutla, Chila, Chila de la Sal, Chinantla, Guadalupe, Petlalcingo, Piaxtla, San Jerónimo Xayacatlán, San Miguel Ixitlán, San Pablo Anicano, San Pedro Yeloixtlahuaca, Tecomatlán, Tulcingo y Xayacatlán de Bravo.

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La mañana del viernes, un operativo en un inmueble particular y presuntamente abandonado alertó a los vecinos, quienes señalaron que en el interior fueron localizados sepultados los cuerpos de dos mujeres, que contaban con reporte de desaparición desde el 3 de marzo de 2024.

Personal de la Fiscalía del Estado, la Comisión de Búsqueda de Personas y con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, arribaron al lugar. Los agentes realizaron labores de excavación en el domicilio de calle Benito Juárez, en el fraccionamiento El Roble 1, de la colonia Lomas de Coyopotrero, en San Jerónimo Caleras.

Durante la diligencia se mencionó que los cuerpos correspondían a dos mujeres y que presentaban señas particulares, como tatuajes de estrellas y calaveras. Presuntamente, los cuerpos desenterrados podrían corresponder a María Fernanda Guerrero Barajas, de 31 años, y Diana Estrella Olmos Pérez, de 24 años, ambas amigas y reportadas como desaparecidas desde el 3 de marzo de 2024.

El inmueble pertenece a Alejandro N., alias “La Rana”, un ex policía estatal que cuenta con un historial de violencia y señalamientos de estar involucrado en hechos delictivos.

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El diputado José Miguel Trujillo de Ita presentó una iniciativa con la que busca facultar a las autoridades, a que mientras se comete despojo, se siga una línea de investigación judicial para evitar o contener la consumación donde familias pierden su patrimonio, sea vivienda o terrenos.

El representante del Distrito 12 dictó que, de enero a junio del 2025, 784 familias denunciaron haber sido despojadas de su patrimonio, sea casa o terreno.

Estas cifras reflejan un incremento del 27 por ciento al año anterior. De poco sirve que las familias acudan a denunciar si estas no cuentan con herramientas jurídicas para actuar y evitar el despojo.

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El exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, publicará el próximo 11 de febrero el libro Ni venganza ni perdón, una obra que promete abrir un debate profundo sobre el ejercicio del poder en México, la fragilidad de las lealtades políticas y el costo de la cercanía con el presidente de la República.

Escrito junto con el periodista Jorge Fernández Menéndez, el libro reconstruye desde dentro la relación personal y política entre Scherer Ibarra y Andrés Manuel López Obrador, una cercanía forjada durante años de oposición y consolidada en los primeros años del sexenio, cuando el autor se convirtió en una de las figuras clave del proyecto gubernamental.

Desde su prólogo, el libro fija el tono: no es un ajuste de cuentas ni un ejercicio de auto exculpación, sino un testimonio sobre cómo el poder transforma vínculos, impone silencios y convierte la proximidad en estigma. “La cercanía es un privilegio, pero también es una condena”, escribe Scherer Ibarra al reflexionar sobre las amistades con los hombres públicos y el precio que suelen exigir.

Ni venganza ni perdón narra el tránsito de una relación basada en la confianza y la fraternidad hacia un distanciamiento marcado por la intriga y la persecución. El autor sostiene que el quiebre no fue accidental, sino consecuencia de una lógica de poder que no admite independencia ni tolera cercanía sin sometimiento.

*ARD
 

El próximo 11 de febrero de 2026, Julio Scherer Ibarra publicará Ni venganza ni perdón (Editorial Planeta), una obra que promete convertirse en una de las radiografías políticas más incisivas sobre el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Escrito junto al periodista Jorge Fernández Menéndez, el libro reconstruye el funcionamiento interno del poder presidencial, las lealtades frágiles y el alto costo de la cercanía política.

Más que una confesión personal, el texto se presenta como un ejercicio de memoria que busca dejar constancia de cómo se gobierna desde los círculos más cerrados del Estado mexicano.

Del círculo presidencial a la ruptura política

Como exconsejero jurídico de la Presidencia, Scherer Ibarra ocupó una posición estratégica en los primeros años del gobierno de López Obrador. Desde ese espacio, participó en decisiones clave y en negociaciones de alto nivel, lo que le permitió observar de primera mano los equilibrios, tensiones y conflictos internos del proyecto político.

El libro describe cómo esa cercanía derivó en distanciamiento, aislamiento y pérdida de respaldo institucional. El autor sostiene que el poder no tolera la autonomía prolongada y que, en ciertos contextos, la independencia se convierte en una amenaza.

Advertencias cumplidas y persecución institucional

Uno de los pasajes centrales de Ni venganza ni perdón relata la advertencia que el Presidente le habría hecho antes de su salida del gobierno: “Cuando salgas, irán contra ti”. Según Scherer, esta predicción se materializó en una serie de investigaciones, filtraciones y señalamientos públicos que no prosperaron legalmente, pero que cumplieron una función política.

El autor expone cómo estos ataques, aunque no derivaron en condenas judiciales, generaron un desgaste simbólico y un impacto profundo en su vida personal y profesional.

Fiscalía, justicia y poder político

El libro dedica capítulos relevantes al papel de la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, a la que retrata como una institución utilizada para presionar y castigar disidencias internas. Scherer sostiene que se fabricaron acusaciones sin sustento jurídico, mientras se alimentaban campañas mediáticas que amplificaron las sospechas.

Esta combinación entre justicia, poder político y exposición mediática es presentada como una de las expresiones más preocupantes del ejercicio contemporáneo del poder en México.

Lealtades rotas y radicalismo interno

Otro eje narrativo gira en torno a los sectores más duros del movimiento gobernante, que —según el autor— vieron su cercanía con el Presidente como una amenaza. En ese contexto, la lealtad se transformó en sospecha, y la autonomía, en motivo de castigo.

El libro sugiere que el sistema político privilegia la sumisión y penaliza la independencia, incluso cuando esta proviene de aliados históricos.

Los grandes episodios del sexenio desde dentro

Entre los momentos más relevantes que revisa Ni venganza ni perdón se encuentran:

• La creación de la Guardia Nacional

• La relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Arturo Zaldívar

• La gestión política de la pandemia

• El atentado contra Omar García Harfuch

• El caso del general Salvador Cienfuegos

Estos episodios son narrados desde la perspectiva de un actor central, lo que convierte al libro en una fuente privilegiada para entender los conflictos y decisiones más delicadas del sexenio.

Proceso, periodismo y herencias políticas

Un capítulo especialmente simbólico aborda la relación entre López Obrador y Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso, así como el vínculo del autor con el periodismo crítico. Este cruce entre poder político, memoria familiar y prensa independiente añade una capa histórica al relato.

Memoria política frente al silencio

Publicado por Editorial Planeta, Ni venganza ni perdón se presenta como un testimonio que no busca venganza ni absolución, sino dejar constancia de una experiencia de poder. En un país marcado por la polarización, el libro apuesta por la palabra como resistencia y por la memoria como forma de defensa frente al olvido institucional.

Con información de Proceso

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Andrés “Andy” López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), estaría preparando su salida del partido en 2026, luego de enfrentar baja popularidad, cuestionamientos internos y una creciente pérdida de influencia dentro de la estructura nacional.

Versiones periodísticas indican que su posible retiro busca frenar el desgaste de su imagen pública y replantear su futuro político fuera del escenario nacional inmediato.

Reacomodos en Morena y rol de Adán Augusto

La salida de Adán Augusto López de la coordinación de Morena en el Senado habría sido clave para facilitar el relevo informal de funciones partidistas que desempeñaba López Beltrán. Según analistas políticos, este ajuste permitiría una transición sin confrontaciones internas en el partido.

El propio senador declaró que su nuevo encargo responde a la necesidad de fortalecer la unidad rumbo a los comicios de 2027, lo que abre espacio para un reordenamiento de liderazgos dentro de Morena.

Tabasco como base para su relanzamiento

El plan incluiría el traslado de Andy López Beltrán a Tabasco, donde buscaría reconstruir su capital político desde el ámbito local. Entre los escenarios contemplados estaría una candidatura a diputación local en 2027, con miras a reposicionar su perfil hacia procesos posteriores.

Este movimiento permitiría al hijo del exmandatario alejarse del desgaste nacional y recuperar cercanía con estructuras territoriales.

Marginalización interna y ausencias clave

Fuentes políticas señalan que López Beltrán ya no participa en decisiones estratégicas, como la definición de candidaturas para el próximo ciclo electoral. Además, su ausencia en la reciente plenaria nacional de Morena fue interpretada como una señal de debilitamiento dentro del partido.

Factores que precipitaron su posible salida

Entre los principales elementos que habrían erosionado su posición se encuentran:

• Escándalos públicos vinculados a un estilo de vida ostentoso y presuntas redes de influencias.

• Resultados electorales adversos para Morena en entidades como Veracruz y Durango durante 2025.

• Evaluaciones negativas en encuestas internas y mediciones de opinión pública.

Todo apunta a una salida gradual de la dirigencia nacional de Morena, con el objetivo de reconstruir su trayectoria desde lo local y reposicionar su futuro político después de 2027.

Con información de Super Channel 21

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