San Miguel, el penal: una cronología

El pasado 10 de enero, un recién nacido fue encontrado sin vida en uno de los contenedores de basura del penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla. La edad del pequeño se estimó en tres meses y, se dijo que, aún conservaba una cinta de las que se emplean en los hospitales para identificarlos, con los apellidos “Ayala Peralta”.

El cuerpo del bebé mostraba una incisión en el vientre y estaba bien conservado, por lo que podía pensarse que venía de una morgue. Se estimó que habría fallecido el 5 de enero. Y ahí empezó un problema más para Jaime Mendoza Bon, director del penal.

Fue hasta el 14 de enero que, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla “inició una investigación del caso”. En menos de 24 horas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció que ejercería su facultad de atracción para investigar el tema.

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Como era de esperarse, la Comisión local le pidió no hacerlo. Rosario Ibarra de Piedra, mandó decir que le concedían “continuar sus investigaciones”.

La Comisión señaló que “reitera su llamado para que se realice una investigación integral y exhaustiva que permita el esclarecimiento de los hechos y dar con el o los responsables de la muerte del menor de edad”.

El caos reventó en la capital del país, pero a nivel local, la apatía, el cinismo y el miedo se encargaron de mantener sin estridencias el asunto.

El 20 de enero, Saskia Niño de Rivera, una activista de la Ciudad de México, señaló sin pruebas firmes en una entrevista radiofónica, que el pequeño había sido sustraído de la Ciudad de México y llevado a Puebla, para meter narcóticos al penal de San Miguel.

El gobernador Miguel Barbosa señaló que no había evidencias de que lo dicho por una activista no experta en el tema “algo evidente a todas luces” y que en esas declaraciones ha habido un nivel de “irresponsabilidad terrible, construyendo escenarios”.

Prometió que “se sabrán todos los detalles, dónde nació el niño, cuando falleció, el tema de la cirugía que llevaba en su cuerpecito, quiénes son sus padres, en qué hospital lo atendieron, quiénes lo atendieron, quién lo introdujo al reclusorio, las razones que tuvieron para hacerlo, y (que) todo quedará esclarecido”.

El mismo 20 de enero, una veintena de ONG de la Ciudad de México pidió a la CNDH que no desistiera en llevar su investigación sobre el caso de Puebla, cosa que no sucedió.

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El 21 de enero, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que descartaba que el bebé fuera sustraído del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) y señaló que no disponía de reportes sobre la sustracción de un bebé con las características del cuerpo hallado.

“No contamos con Alerta Amber, no contamos con reporte de la norma 046 por parte de los hospitales ni tampoco tenemos la sustracción de un cadáver de una persona menor de edad o de un bebé de los anfiteatros que tiene la ciudad ni tampoco del Incifo que es el Instituto de Ciencias Forenses”, señaló Laura Borbolla, coordinadora de investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de CDMX.

Finalmente se sabría que el bebé se llamaba Tadeo. El 22 de enero, por la noche, Tadeo regresó a la Ciudad de México, a reiniciar la paz que le arrebataron.

Desconcertante, sin abundar sobre las razones de sus cambios declarativos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó vía Twitter: “Ayer por la noche, el cortejo fúnebre viajó de la ciudad de Puebla a la capital del país, para sepultar los restos del recién nacido”.

Y remató sin mayor explicación que: “Brinda FGJCDMX acompañamiento a familia de menor de edad, cuyo cuerpo fue hallado en Puebla, y amplía la investigación”.

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La Fiscalía señaló que seguía con la investigación y descartó que le habían abierto el vientre a Tadeo, para meterle narcóticos, algo de suyo irrisorio de no ser trágico: “Se advirtió que conservaba todos sus órganos en su lugar y que presentaba una herida quirúrgica de 7 centímetros con sus puntos de sutura originales”.

El 24 de enero, Andrés Manuel López Obrador afirmó que el caso de Tadeo fue resultado de la política neoliberal de los sexenios pasados: “es fruto podrido de la descomposición social, son hechos lamentables que no deberían suceder y tienen que ver con el pasado reciente, eso nos dejó la política neoliberal”, documentó.

Y, “la única manera de enfrentar esa descomposición es con una transformación como se está haciendo, poniendo el ejemplo desde la autoridad (…) las autoridades del más alto nivel se dedicaban a violar las leyes, al robo, a la frivolidad, si no robaban ellos de manera directa, lo permitían, había licencia para robar, ahora no… ya no hay el saqueo que había, todo eso está cambiando”, apuntó el presidente.

El 23 de enero, Saskia Niño de Rivera emitió un twitt solemne: “En @Reinserta estamos con la familia con apoyo psicológico y jurídico. Se hizo justicia”.

 

Las órdenes de aprehensión

El clímax llegó el 24 de enero: en total se detuvo a 21 personas en contra del personal del penal, incluidos directivos y custodios, por “abuso de autoridad, incumplimiento de un deber, infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones, así como encubrimiento”. Jaime Mendoza Bon, el director, fue detenido.

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Además de él, destacan por su detención dos supervisores, de Procesados y Sentenciados, Antonio P.M. y Alfredo Z. B., con acusaciones de corrupción y que ya habían sido enviados al destierro, al penal de Tepexi de Rodríguez.

También: Agustín B., Felipe C., Gil F., Gerardo H., Filemón H., Adrián H., Carlos L., Margarita L., César Augusto M., José Isidro M., José Luis P., Rodrigo L., Valentín P., Verónica R., Roberto S., Fausto V., Gloria V. y Moisés Sergio Z.

Sin embargo, se menciona con insistencia que, a la llegada de Raciel López Salazar, hubo negociaciones y fueron reenviados a San Miguel, nombrando a P.M. como subdirector de Seguridad y Custodia y, a Z.B., jefe de grupo de un turno.

Rogelio López Maya, fue removido de Seguridad Pública Estatal y enviado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para que llegara Daniel Iván Cruz Luna.

Con el bebé Tadeo quedó claro que, de poco sirvió el desmantelamiento de unas 60 “casitas” al interior del penal cuando estaba a cargo, Jorge Gómez Torres, en mayo de 2021. Gómez Torres fue detenido por la fuga de Felipe Hernández Tlatelpa, “El Pirulí”, junto al subdirector y el jefe de custodios. Fueron vinculados a proceso y no pasó nada más.

El 24 de enero, se mencionó un hallazgo que no fue desmentido ni confirmado por autoridad alguna, se habló de los cadáveres desmembrados de cinco hombres, con visibles signos de tortura, en una barranca que recibe parte del desagüe del penal de San Miguel.

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El 26 de enero, fue nombrada directora del Penal, María del Rayo Mendoza Farfán. Previamente, fue Agente del Ministerio Público en la Fiscalía estatal en Tepeaca y Huauchinango, además de trabajar en atención de delitos sexuales y violencia familiar; es decir, sin experiencia penitenciaria.

Al día siguiente, los grupos de poder al interior del Penal la recibieron con una manifestación en las instalaciones. El punto no era incendiar el lugar, sino darle a entender claramente quien manda ahí.

 

Las hipótesis

A todo esto, se manejaron dos hipótesis para explicar el motivo del caos carcelario, pero en ambas la forma en que fue introducido Tadeo al Penal. Una mujer fue quien ingresó el cadáver del bebé y lo entregó a un interno para que lo dejara expuesto en un contenedor de basura.

La primera hipótesis se refiere a producir un escándalo nacional para que fueran reventadas las estructuras de mando, con Mendoza Bon al frente. Se dice que el motor del conflicto fue que este personaje se estaba excediendo en sus pretensiones económicas.

Algunos medios señalaron que era todo lo contrario: que Mendoza Bon y sus fieles habían instalado un puntual control del lugar y por eso “buscaban derrocarlo”.

La segunda hipótesis es que se trató de una revancha por parte de los discípulos de Raciel López Salazar, tras haber sido removido de la titularidad de Seguridad Pública estatal. En este punto, es más que evidente que distintos aliados de López Salazar están operando en el Penal y fueron los que optaron por darle un correctivo a Mendoza Bon.

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Lo último se dio hace unos días, cuando la Fiscalía estatal de Puebla informó que fueron cinco los involucrados directos. Antonio N el autor intelectual es un militar preso que logró ser un proveedor de estupefacientes en el interior; otro interno del penal fue a quien envió a depositar el cuerpo en el contenedor de basura; un custodio; y dos mujeres, una de ellas la novia de Antonio N originaria de Amozoc quien introdujo al bebe y otra mujer que lo adquirió en el panteón de Iztapalapa.

Los cinco están detenidos y Antonio N fue trasladado a Tepexi. Se sabe ahora que no se usó para introducir droga ni para ceremonias negras, sino para presionar a la autoridad y mantener privilegios en el interior.

Sea cual sea la verdad, la pregunta es la misma: ¿por qué eligieron un bebé en Iztapalapa y no en Puebla?

 

Epílogo

El 29 de enero, 24 internos del penal de San Miguel fueron trasladados a Centros Federales de Readaptación Social en Morelos, Chiapas y Durango. Algunos de estos personajes están vinculados al caso de Tadeo.

Mientras tanto, los auténticos mandos de San Miguel siguen ahí y dirigen sus empresas criminales que se encuentran en el exterior.

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Nadie duda que habrá más detenidos por la crisis del recién nacido, pero de ahí a que sean los culpables, hay un horizonte de distancia.

Se irán en contra de funcionarios y personal penitenciario, pero sin entender que éstos responden a una cadena de mando y en un arranque kafkiano, esa cadena de mando responde a otra cadena de mando.

En la factualidad penitenciaria, las complicidades se protegen unas a otras, abrazándose y ocultándose interminablemente, dijo Julio Scherer.

Es el caso.

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*ARD