Un auditor en la orfandad

¿En qué momento no entendió el contador Francisco Romero Serrano que su puesto de Auditor Superior del estado era político y no técnico? Los partidos en el Congreso votaron por él siguiendo una instrucción de Casa Aguayo, donde no se escuchó la sugerencia del Auditor Superior de la federación, el oaxaqueño Rogelio Colmenares Páramo.

Un incidente personal fue el que dio al traste con su proyecto de quedarse en el puesto siete años y para lo cual no midió el espacio ni guardó las formas. Los excesos en su vida personal y sus gastos millonarios eran comentados en los corrillos de la política local y los escuchó quien los tenía que escuchar, sumados a sus decisiones políticas lo enfrentaron con quién no debía y ahora está separado del cargo.

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Después que se dio a conocer la suspensión de Romero Serrano como titular de la Auditoría Superior del Estado, por una denuncia de violencia familiar, el gobernador Miguel Barbosa reiteró que se trata de un proceso judicial.

Precisó que la resolución de un juez de control responde a un asunto particular y no tiene nada que ver con su desempeño como servidor público.

“Si hay hechos irregulares en su desempeño, podrá haber investigaciones, pero no lo sé”, señaló el gobernador, quien pasó meses buscando una salía política para un hombre de su confianza en las dos campañas a gobernador que enfrentó en 2018 y 2019. Rehusó a usar la violencia política y aseguran que le tendió un puente de plata, pero Romero Serrano desconoció todo e insistió en quedarse, aunque no tenía ya ningún apoyo de los Poderes estatales.

Barbosa explicó que, por ser una suspensión temporal, la ley establece cuáles son los mecanismos de relevo.

Por diversos medios se supo que Romero Serrano llegó el 16 de octubre de 2021 en estado de ebriedad a su domicilio, ubicado en el fraccionamiento La Vista Country Club y según elementos de Seguridad Ciudadana de San Andrés Cholula levantaron la denuncia tras acudir a un llamado, ya que el contador había agredido a su esposa Joseline, a su hijo, que padece autismo, y a la mujer que lo cuidaba.

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Fue el 14 de febrero, cuando un juez de control de la Región Centro-Poniente de Puebla decretó suspender temporalmente del cargo al titular de la ASE, Romero Serrano, por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar.

La Mesa Directiva del Congreso Local dio cuenta del oficio enviado por el juez donde se informa de la medida cautelar en contra de Romero para que se suspenda temporalmente su función por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia intrafamiliar en contra de un menor de edad.

Luego de darse a conocer la suspensión temporal, Romero Serrano amenazó que denunciará penalmente a funcionarios del Ministerio Público por no acatar las medidas de protección que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió a su favor y de su familia.

La CNDH otorgó medidas a favor de la esposa e hijo de Romero a fin de que la Fiscalía no filtrara información a medios de comunicación y dejara de integrar la carpeta de investigación por violencia familiar, para garantizar la integridad física y proteger la intimidad de la familia, tomando en cuenta la presunción de inocencia.

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Sólo que el juez de control no depende de la Fiscalía y actuó dentro de la Ley, el próximo jueves deberá quedar suspendido en forma definitiva de su puesto de Auditor Superior, el que siempre fue político y no técnico.

Se acabaron los apoyos y quien lo llevó al poder, lo soltó ya de la mano.

De las anécdotas que se cuentan

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer el 14 de enero, que continuará las investigaciones contra Raymundo Collins Flores, efímero ex secretario de Seguridad Pública capitalino, durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

Lo anterior, tras el revés que le propinó a la Fiscalía un juez que determinó dejar sin efectos una segunda orden de aprehensión en contra del ex funcionario.

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Machacante, la fiscalía insistió que la medida del juez “no señala que no exista delito que perseguir, ni lo declara inocente, además de que no impide que el agente del Ministerio Público continúe sus labores de investigación”.

La Fiscalía está ávida de otro golpe espectacular como el de octubre de 2020, en el que, junto a personal de su homóloga en Morelos, arribaron a un domicilio en Tequesquitengo, municipio de Jojutla, donde se aseguraron 41 autos clásicos y obras de arte.

Raymundo Collins es señalado por uso indebido de atribuciones y facultades durante su gestión al frente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México, al haber adjudicado de manera directa un contrato de consultoría por 5 millones 199 mil 816 pesos.

El estilo de las autoridades capitalinas es prototípico de la 4T, al intentar acusar a Collins, de desfalco en contra del INVI.

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Sin embargo, luce poco probable que logren robustecer el caso lo suficiente como para conseguir una sentencia firme en contra de este personaje cercano a distintos y muy poderosos funcionarios y exfuncionarios.

Dicen los observadores de la política mexicana que la ocurrencia contra Collins es para ir abriendo algún frente en contra del senador perredista Miguel Ángel Mancera, quien se mantiene en sus asuntos sin preocupaciones por lo que ocurra en la Ciudad de México.

Sus temores ahora, vinculados a la sucesión presidencial, rondan Palacio Nacional y seguramente tiene motivos para ello.

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*ARD