Y sigue el problema

El conflicto de intereses y político que vive la Universidad de las Américas Puebla, desde hace más de siete meses, se resolverá en un proceso judicial dentro de varios meses, lo interesante son los factores que involucran a dos patronatos de la Fundación Jenkins en su manejo y que no es posible arrancar de inmediato las clases presenciales.

Hay un patronato nombrado por una oficina gubernamental que perdió un amparo y por ello no cuenta con recursos económicos y el control académico y administrativo de la institución, aunque tiene la posesión del campus, y el otro, el de los Jenkins, que no cuenta con las instalaciones físicas y además de tener un amparo ganado a su favor tiene el control de la institución y el respaldo de su comunidad.

 

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La legitimidad y la ley está de lado de ellos, aunque la disputa por los recursos siga en tribunales.

Ayer, la Fundación Mary Street Jenkins, que preside Margarita Jenkins de Landa, desconocida por el gobierno estatal, señaló que es falso que una orden judicial estatal tenga los alcances para evadir el cumplimiento de un amparo federal.

Precisaron que si existe auténtica voluntad para devolver el campus se debe hacer a través del mecanismo que las leyes determinan y que están impedidos para modificar.

Explicó, en un comunicado, que “las contundentes derrotas” ante el Poder Judicial de la Federación del “grupo espurio”, que mantiene tomadas las instalaciones en San Andrés Cholula, han provocado una medida desesperada para hacer creer que por la vía de un juzgado del fuero local en Puebla se puede entregar la Universidad a la rectora interina, Cecilia Anaya.
 

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“Lo que arrebataron ilícitamente debe ser devuelto por los canales y mecanismos que la propia ley establece y no consignando ante un juzgado local las instalaciones de la universidad”, insistió la Fundación.

Hay una suspensión definitiva de amparo sin cumplir, pues el juez del fuero común en Cholula, José Cuauhtémoc Blázquez Guevara, ha evitado la devolución del campus siguiendo el protocolo que determinan los tribunales federales ante la presencia de un Notario Público.

Es más, hay hechos que pueden ser constitutivos de delitos dentro del campus y se desconoce el estado en que se encuentran las instalaciones, ante posibles sustracciones de equipo, falta de mantenimiento y material que deben revisarse ante un fedatario público antes de la devolución formal del recinto.

 

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El martes pasado, el otro patronato hizo circular un comunicado, el cual es apócrifo, sin fecha, ni firma y falsificando el logotipo de la institución y la Fundación Mary Street Jenkins.

Puntualizó que “se trata nuevamente de una versión engañosa que pretende simular ante la opinión pública y la comunidad de la Universidad de las Américas Puebla la entrega de las instalaciones tomadas por asalto hace más de siete meses”, precisó.

En cuanto a la renuncia de Armando Ríos Piter, la calificó de irrelevante, ya que "no se puede renunciar a lo que nunca tuvo en calidad de usurpador”.

El problema continúa y se encona todos los días y los más afectados siguen siendo los estudiantes y los maestros. La incógnita ahora es saber si aprovechan la hospitalidad de instituciones como el Tec de Monterrey y la Ibero para acudir a tomar clases presenciales a partir del lunes 14 de febrero, falta poco para saberlo.

 

De las anécdotas que se cuentan

 

Colombia hizo un viaje en el tiempo y armó un escándalo por lo ocurrido. La fiscalía de aquel país incautó un jet que contenía media tonelada de cocaína, en ladrillos rotulados con el distintivo “G1”, que identifica a un jefe criminal de la región de Tumaco, al norte de Santander, donde se acopiaba para trasladarla a la frontera con Venezuela.

Era cuestión de tiempo la incautación de esta clase de aeronaves, tras la operación conjunta de la DEA con distintas instituciones colombianas que terminaron por reventar una enorme instalación que cocinaba cocaína en la zona rural de Tumaco, en junio de 2020.

El cliente de los colombianos y venezolanos no era el cártel de Sinaloa como podría pensarse, dada su incesante actividad en la zona, sino el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Más interesante resulta que los operadores sobre el terreno que mueven la cocaína por tierra para llevarla a los jets que las transportan hasta los emisarios de Nemesio Oseguera en Guatemala, son integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Probablemente se piense que hay un error en la identificación de las FARC, considerando que oficialmente ya no existen, pero no. Tienen actividad y se financian al hacerla de transportadora de valores del crimen organizado entre Sud y Centroamérica.

Así, la ruta Venezuela-Guatemala-México es un camino incesante de personal que trabaja para distintos cárteles y que se afanan en introducir a nuestro país para después llevarla a los Estados Unidos.

Nemesio Oseguera Cervantes sigue creciendo en Sudamérica, particularmente en Argentina, Colombia y Uruguay, abriendo nuevos mercados y generando redes de lavado de dinero que le permitan disponer de efectivo en buena parte del continente, pese al asedio de la OFAC estadounidense.

De más está decir que Jalisco ha recibido entrenamiento de las FARC, lo que ha permitido que le plante cara al Ejército mexicano adonde quiera que se encuentren.

Hay gobiernos que le echan la mano a CJNG para desplazar al cártel de Sinaloa y que para muestra basta el botón del arresto de distintos colaboradores de Culiacán en Guatemala.

Ahí está el caso de Óscar Calvete Souza, el contacto argentino de “Los Cuinis”, los genios financieros asociados de Oseguera, sin omitir a sus prestanombres que fueron exhibidos con los Panama Papers.

Dicen los expertos que habrá muchas sorpresas cuando se ponga al descubierto la red de prestanombres de Oseguera, que han comprado docenas de casas y departamentos en Punta del Este, una zona de gran plusvalía.

Mientras tanto, hay algunos que se preguntan por las redes de complicidad de CJNG en Sudamérica y por lo que se refiere específicamente en Centroamérica, a Guatemala, en donde el tránsito de mercancías ilegales y de indocumentados hacia México es inaudito.

Por su parte, si el CJNG puede comprar docenas de voluntades en dólares, allá en Sudamérica, no ven motivo para que en algunas partes de México se diga con voz engolada, que no hay grupos delictivos en distintas plazas o mejor aún, que no hay peleas por la plaza, sino rencillas pandilleriles.

Nemesio Oseguera sigue en lo suyo y negarlo es absurdo, pero intentar contenerlo a punta de abrazos, es inadmisible y obliga a pensar si no hay algo más en esos arrumacos entre dos poderes que por su naturaleza son adversarios.

 

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*IC