Huele a gas

En Puebla, distribuidores de gas L. P. en la capital, Huejotzingo y Amozoc se sumaron ayer al paro de actividades en protesta porque el tope al precio que estableció el gobierno federal se reflejó en sus ingresos y para ellos es incosteable continuar vendiendo el combustible al consumidor final.

Lo peor que puede hacer un gobernante es crear problemas donde no los hay. Eso ocurrió con la solución que desde Palacio Nacional se dio al precio excesivo del gas L.P., que es el de mayor consumo en los hogares mexicanos, hasta el mes pasado.

En lugar de sancionar con multas y clausuras a quienes cobraban un precio supuestamente injusto a los usuarios del servicio se estableció un rasero para toda la industria, que afecta a los más débiles que son los que cargan los cilindros o suben azoteas para abastecer los tanques estacionarios, porque ellos viven de las comisiones que cobran por cada kilo o litro del gas.

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Ayer, en Palacio Nacional se observó que no se midió la dimensión de la decisión presidencial cuando, ante el paro que suspendió el abasto del combustible, López Obrador señaló que analizaba denunciar a gaseros que nieguen el servicio a la población y anunció la intervención de la Guardia Nacional para garantizar el abasto.

Sin duda, no se calculó el escenario que afectó ayer a la Ciudad y el Valle de México y a varios estados de la República y que conforme pasen los días, al agotarse el gas, crearán un conflicto mayor.

"Se está analizando la posibilidad de presentar denuncias en contra de quienes se nieguen a cumplir con su obligación de prestar el servicio de un insumo fundamental para la gente, desde distribuidores hasta comisionistas", comentó López Obrador, que no sabía a la hora que declaró cuál ley sanciona a los gaseros o a los distribuidores.

El presidente ofreció otras dos medidas para hacer frente a esta situación, entre ellas garantizar seguridad a distribuidores con la Guardia Nacional, ya que acusaron que sus unidades corrían riesgo de ser vandalizadas.

El tope a precios de gas LP que impuso el gobierno si es ilegal, porque viola la Ley de Hidrocarburos, que está vigente.

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En todo caso, los distribuidores y comisionistas que se nieguen a vender el producto se están arriesgando a que la Fiscalía General de la República los acuse por el delito contra la economía pública, que el Código Penal Federal tipifica de esta manera.

López Obrador prometió que se garantizará el abasto del gas y descartó que este problema sea a nivel nacional.

El Presidente agregó que el gabinete de seguridad atenderá estas tres medidas para volver a poner en circulación el abasto de gas para la población, lo que ocurrió ayer parcialmente en la Ciudad de México.

Pero la realidad, siempre terca, no amedrentó a los distribuidores de gas que continuaron con su paro que se extendió a otros estados de la República, porque se vuelve incosteable para ellos pagar el servicio, además temen que los quieran obligar a ser empleados del gobierno, con un salario fijo, y los usen como los gaseros de la empresa Bienestar, que anunció López Obrador.

Poner un tope al precio sin duda generó beneficios a la población que mientras duran las protestas tendrá que ir hasta las plantas gaseras a comprar sus tanques o adquirirlos de forma clandestina, todo siempre a un costo mayor que el establecido por el gobierno federal.

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Sin duda, el nuevo problema es mayor que el elevado precio que cobraban los distribuidores por eso ¡huele a gas!

De las anécdotas que se cuentan

El presidente Andrés Manuel López Obrador posee una cualidad que le reconocemos propios y extraños. En combinación con su equipo más cercano puede producir una “caja china” diaria, de tal forma que mantiene entretenido a un porcentaje nada despreciable de la población, de los que le hacen caso y que son muchos.

Entre sus jugadas estratégicas, se encuentra una consulta para que el pueblo bueno le dé su parecer, respecto a enjuiciar a los expresidentes. La intención se cae por dos motivos:

1. La ley no se somete a consultas, simplemente se aplica. Preguntarles a los ciudadanos si se debe perseguir un delito no solo es absurdo, sino un delito en sí mismo porque la aplicación de la ley no se negocia.
2. Enjuiciar a una persona supone que ya llevó un proceso jurídico en el que se le investigó, se le dio oportunidad de aportar evidencias objetivas que desvirtúen a lo que se le imputa y precisamente, hay un juez que está preparado para emitir un veredicto.

Nada de lo anterior se ha siquiera intentado cumplir.

El más inexperto de los asesores de cualquier expresidente sabe que esa idea del juicio no va a prosperar. Si no pueden con el caso de Emilio Lozoya, las posibilidades de enviar a prisión a un exmandatario suenan, digamos, modestas.

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De que funciona la maquinaria para producir cajas chinas, no hay manera de negarlo. Con cien homicidios dolosos al día, la tercera ola de la pandemia por todo lo alto y con uno de los peores momentos en la historia de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, hay que darle vuelo a cualquier absurdo que distraiga la atención.

Los resultados de la consulta ya los conocemos, ganó el sí con una votación muy baja y lejana a los 30 millones de votos que llevaron a López Obrador a Palacio Nacional en 2018.

Habrá que disponerse para ver al espectáculo en el que los gladiadores y los leones dormitan, esperando a que les avisen de su turno.

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Con información de Lo de Hoy Noticias

*AR