La situación jurídica de Ernesto Ruffo Appel cambió con una suspensión definitiva concedida dentro de un juicio de amparo, pero la resolución no significó su salida inmediata del penal federal de El Altiplano, como señalaron versiones difundidas inicialmente durante la tarde del 22 de septiembre.
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) precisó posteriormente que la medida mantiene al exgobernador de Baja California a disposición del juzgado de amparo en el lugar donde se encuentra internado y no modifica por sí sola la prisión preventiva que enfrenta. Ruffo continúa procesado por acusaciones relacionadas con una presunta red de contrabando de combustibles.
La aclaración es relevante porque separa dos momentos distintos del procedimiento: una cosa es obtener una suspensión dentro del amparo y otra que la autoridad judicial modifique efectivamente el lugar donde se cumple la medida cautelar.
Qué resolvió la jueza en el amparo de Ruffo
La jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Azucena Lazalde Iñiguez, concedió la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo indirecto 889/2026. La determinación fue dictada el 21 de septiembre y está relacionada con la negativa previa a permitir que Ruffo cumpliera la prisión preventiva en su domicilio.
El acto reclamado deriva de una resolución del 19 de julio, cuando una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez mantuvo a Ruffo en prisión preventiva y rechazó que esa medida pudiera ejecutarse en su casa.
La suspensión definitiva, sin embargo, no ordena su libertad ni cancela el proceso penal. El OAJ indicó que Ruffo permanece a disposición del órgano jurisdiccional en el sitio donde está recluido, mientras que el procedimiento penal continúa ante la autoridad correspondiente.
Por qué su defensa busca prisión domiciliaria
Ruffo tiene 74 años, circunstancia que su defensa ha invocado para solicitar que la prisión preventiva se ejecute en su domicilio.
El artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, cuando una persona imputada sea mayor de 70 años, el órgano jurisdiccional puede ordenar que la prisión preventiva se cumpla en su domicilio o, en determinados casos, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares correspondientes. La norma también contempla excepciones que deben ser valoradas por el juez.
Por ello, cumplir con el criterio de edad no supone automáticamente que una persona deba abandonar el centro penitenciario. La decisión depende de una determinación judicial sobre la ejecución de la medida cautelar.
Ruffo permanece en El Altiplano
Las primeras informaciones del 22 de septiembre afirmaron que el exmandatario había salido de El Altiplano para continuar su proceso desde casa. El material inicial proporcionado para este artículo sostuvo esa versión.
Horas después, el OAJ aclaró los alcances de la suspensión: ésta no ordenó la salida de Ruffo del penal ni convirtió automáticamente la prisión preventiva en domiciliaria. Reportes posteriores coinciden en que permanece recluido mientras continúa la disputa jurídica sobre el lugar donde deberá cumplir la medida cautelar.
La defensa mantiene su pretensión de que el proceso pueda continuar desde el domicilio del exgobernador. La modificación de esa condición deberá definirse dentro del procedimiento correspondiente.
De qué acusa la FGR a Ernesto Ruffo
Ruffo fue detenido el 16 de julio de 2026 y posteriormente quedó vinculado a proceso por su probable participación en delitos relacionados con delincuencia organizada, contrabando y operaciones con hidrocarburos. La prisión preventiva fue impuesta durante la audiencia inicial celebrada días después de su captura.
La Fiscalía General de la República relaciona el caso con operaciones realizadas mediante Ingemar, empresa de la que Ruffo era accionista. Según la acusación ministerial, varias compañías habrían sido utilizadas para introducir combustible desde Estados Unidos hacia México de manera irregular. Estos señalamientos forman parte de la imputación y deberán probarse durante el proceso penal.
De acuerdo con datos atribuidos a la FGR dentro del expediente, el esquema investigado habría involucrado 11 empresas y 18 millones 225 mil 657 litros de petrolíferos, transportados en 163 carrotanques. Esas cantidades corresponden a la hipótesis de la Fiscalía sobre la red completa y no constituyen, por sí solas, una responsabilidad penal ya determinada contra Ruffo.
Ingemar está en el centro de la investigación
La investigación ministerial ha colocado a Ingemar como una de las empresas centrales del expediente. Ruffo tenía participación accionaria y ocupó una posición dentro de su estructura corporativa, mientras la Fiscalía sostiene que la compañía formó parte de operaciones relacionadas con la introducción irregular de combustible.
Ruffo ha rechazado conocer las actividades ilegales atribuidas a integrantes de esa estructura empresarial y ha sostenido que desconocía las operaciones investigadas. Esa es la postura de su defensa frente a las acusaciones formuladas por la Fiscalía.
La vinculación a proceso tampoco constituye una sentencia condenatoria. El exgobernador mantiene la presunción de inocencia mientras el procedimiento continúa y no exista una resolución judicial definitiva.
Dos amparos corren dentro del caso
La defensa ha promovido recursos distintos. Uno está relacionado con la vinculación a proceso y otro con la medida cautelar y el sitio donde se ejecuta la prisión preventiva.
A principios de septiembre, un tribunal colegiado confirmó una suspensión relacionada con el auto de vinculación a proceso. La resolución conocida esta semana corresponde al litigio sobre la prisión preventiva y la solicitud para que se cumpla en el domicilio.
La diferencia es importante: ninguno de esos procedimientos equivale por sí mismo a una sentencia sobre la responsabilidad penal que se atribuye a Ruffo.
De gobernador de Baja California al proceso por huachicol fiscal
Ernesto Ruffo Appel gobernó Baja California de 1989 a 1995 y posteriormente ocupó otros cargos públicos, entre ellos un escaño en el Senado. Su trayectoria política ha estado vinculada al Partido Acción Nacional.
El proceso iniciado en 2026 se refiere, en cambio, a las operaciones empresariales y de combustible investigadas por la FGR. Su antigua condición de gobernador no determina jurídicamente la responsabilidad sobre los delitos que ahora le atribuye el Ministerio Público.
El punto inmediato del caso no es todavía si Ruffo será absuelto o condenado, sino dónde cumplirá la prisión preventiva mientras continúa el proceso. La suspensión definitiva abrió una nueva etapa de litigio, pero la aclaración del OAJ establece que, al corte de la información disponible este 23 de septiembre, sigue interno en El Altiplano.
*BC
