La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular una reforma constitucional que plantea exigir nacionalidad mexicana única a quienes busquen la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El proyecto fue enviado al Senado para continuar su proceso legislativo.
La modificación, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. La iniciativa establece que una persona con otra nacionalidad deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata a alguno de esos cargos.
El dictamen fue aprobado el 22 de septiembre con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención en lo general. En la votación de los artículos reservados, el resultado fue de 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención.
Qué establece la reforma sobre la doble nacionalidad
El cambio al artículo 82 establece que quien aspire a la Presidencia de México deberá ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en pleno goce de sus derechos, ser hijo o hija de padre o madre mexicanos y no tener ni adquirir otra nacionalidad. Si cuenta con una adicional, tendría que renunciar a ella antes del registro de su candidatura.
La misma condición se incorpora para las gubernaturas de los estados y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, mediante modificaciones a los artículos 116 y 122 constitucionales.
La medida no supone eliminar de manera general el reconocimiento de la doble nacionalidad para los mexicanos. El requisito se concentra en quienes pretendan encabezar los poderes ejecutivos federal y locales contemplados expresamente en el proyecto.
Renuncia antes del registro y restricciones durante el cargo
El proyecto va más allá del momento de la candidatura. Quien llegue a alguno de esos cargos no podría adquirir ni solicitar otra nacionalidad durante el ejercicio de sus funciones ni invocar ante una autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana.
También quedarían comprendidos el uso de un pasaporte o documento de identidad expedido por otro Estado, el ejercicio de derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera y acogerse a la protección diplomática de otro país.
La iniciativa prevé que las contravenciones sean atendidas conforme al régimen de responsabilidades previsto en la Constitución y, cuando corresponda, por las constituciones de las entidades federativas o de la Ciudad de México.
La nueva regla se aplicaría a partir de 2028
Los artículos transitorios establecen que las nuevas disposiciones serían aplicables a partir del proceso electoral de 2028. También señalan que no afectarían a quienes ya se encuentren ejerciendo alguno de los cargos comprendidos cuando entre en vigor el decreto.
El Congreso de la Unión tendría además un plazo de 90 días naturales desde la entrada en vigor para realizar las adecuaciones correspondientes a la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral.
Qué falta para que la reforma entre en vigor
La aprobación en la Cámara de Diputados no convierte todavía el cambio en una norma constitucional vigente. La minuta pasó al Senado de la República, que deberá analizarla y someterla a votación.
Por tratarse de una reforma constitucional, el procedimiento requiere el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras del Congreso de la Unión y, posteriormente, la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Después debe realizarse la declaratoria correspondiente para continuar con su promulgación y publicación.
Por ello, el requisito de nacionalidad única todavía depende del resto del proceso de reforma constitucional antes de poder entrar en vigor y producir efectos para los procesos electorales señalados en los transitorios.
Soberanía y derechos políticos, los argumentos del debate
Durante la discusión legislativa, representantes de Morena, PT y PVEM defendieron el proyecto bajo el argumento de que las personas que encabecen los poderes ejecutivos deben mantener un vínculo jurídico y político exclusivo con México.
Legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron la reforma al considerar que la exigencia puede restringir derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad, particularmente de quienes viven o han vivido en el extranjero. Esas posiciones formaron parte del debate parlamentario y no modifican el hecho de que el dictamen fue remitido al Senado para la siguiente etapa legislativa.
*BC
