La captura de Arturo “N”, casi diez años después del asesinato de Paola Buenrostro, parecía abrir finalmente el camino hacia la resolución de uno de los casos emblemáticos de violencia contra mujeres trans en México. Pero su primera audiencia terminó provocando una nueva confrontación entre activistas y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El Ministerio Público formuló la imputación por homicidio calificado, no por feminicidio ni transfeminicidio. El juez impuso prisión preventiva a Arturo “N” y la defensa solicitó ampliar el plazo constitucional, por lo que será el viernes 4 de septiembre cuando se determine si queda vinculado a proceso.

La clasificación del delito y el trato recibido durante la audiencia provocaron la protesta de colectivos trans encabezados por Kenya Cuevas, amiga de Paola y testigo de los hechos ocurridos en 2016. Horas después de las movilizaciones, una minuta recogió compromisos de la Fiscalía para pedir la reclasificación del delito, cambiar al Ministerio Público que intervino en la audiencia y revisar denuncias de otras mujeres trans.

La captura llegó casi una década después

Arturo “N” fue detenido el 31 de agosto de 2026 en la colonia El Tráfico, municipio de Nicolás Romero, Estado de México. La Fiscalía capitalina lo buscaba por su probable participación en la muerte de Paola Buenrostro, ocurrida la madrugada del 30 de septiembre de 2016.

Paola, una mujer trans que realizaba trabajo sexual, abordó un vehículo aquella noche. Sus compañeras escucharon que pidió ayuda y posteriormente detonaciones de arma de fuego. El sospechoso fue detenido tras los hechos, pero posteriormente recuperó su libertad y durante años permaneció fuera del alcance de las autoridades.

La Fiscalía llegó a ofrecer una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que permitiera localizarlo. Su captura reactivó judicialmente un expediente que llevaba prácticamente una década sin que el señalado enfrentara nuevamente a un juez.

Imputación por homicidio enciende las protestas

La audiencia inicial del 1 de septiembre produjo el primer choque. Aunque la propia Fiscalía había presentado públicamente la detención como relacionada con el transfeminicidio de Paola, el Ministerio Público formuló ante el juez una imputación por homicidio calificado.

La explicación de la Fiscalía es que la orden de aprehensión ejecutada ahora fue emitida en octubre de 2016 por homicidio calificado. El transfeminicidio todavía no estaba incorporado como delito autónomo en el Código Penal capitalino y la institución sostiene que deberá trabajar con las disposiciones aplicables a los hechos ocurridos entonces.

La coordinadora de Investigación de Delitos de Género de la Fiscalía explicó que durante la investigación complementaria todavía pueden reunirse elementos para solicitar una reclasificación como feminicidio, siempre que puedan acreditarse las razones de género contempladas en la legislación vigente en 2016.

Kenya Cuevas denuncia discriminación durante audiencia

La inconformidad no se limitó a la clasificación penal.

Kenya Cuevas denunció que personal de la Fiscalía se dirigió a ella en masculino y utilizó su nombre registral anterior durante la audiencia, pese a que su identidad y cambio legal de nombre forman parte de una lucha que durante años ha acompañado precisamente al caso de Paola.

Cuevas sostuvo que ese trato contradice los avances alcanzados durante la última década en perspectiva de género y reconocimiento de identidad. Los colectivos señalaron que esperaban que el caso fuera llevado ante los tribunales bajo los acuerdos y protocolos construidos después del asesinato.

La Fiscalía respondió que toma con seriedad las denuncias sobre la atención recibida y reconoció que cualquier error al dirigirse a las víctimas no corresponde con sus estándares institucionales, aunque rechazó que exista una práctica o instrucción transfóbica dentro de la dependencia.

Protesta llega hasta instalaciones de la PDI

Después de la audiencia, activistas se trasladaron a instalaciones de la Fiscalía Especializada en Feminicidio para exigir diálogo con las autoridades y la revisión de la actuación del Ministerio Público.

Las protestas posteriormente llegaron a la Jefatura General de la Policía de Investigación, en Doctor Lavista, colonia Doctores. Durante las movilizaciones hubo pintas, daños en instalaciones y momentos de tensión entre manifestantes y personal de seguridad.

Milenio reportó que desde el interior del inmueble se utilizó polvo de extintor para impedir el avance de las manifestantes, mientras algunas activistas denunciaron haber resultado lesionadas durante el enfrentamiento.

La Fiscalía rechazó las agresiones contra servidores públicos y los daños a sus instalaciones, pero sostuvo que mantendrá abiertos los canales de diálogo con las víctimas y colectivos.

Fiscalía acepta revisar el rumbo del caso

Después de horas de protesta y reuniones, el conflicto produjo cambios concretos.

Una minuta alcanzada entre representantes de los colectivos y autoridades de la Fiscalía estableció el compromiso de solicitar una reclasificación jurídica del delito, sustituir al Ministerio Público que participó en la audiencia y revisar otros casos denunciados por mujeres trans.

La Fiscalía había señalado previamente que la clasificación jurídica no estaba cerrada y que fortalecería la investigación para presentar ante el juez los elementos que permitan valorar una modificación de la acusación.

Eso significa que la discusión abierta el 1 de septiembre continuará dentro del propio proceso penal. Arturo “N” está actualmente imputado por homicidio calificado; cualquier modificación tendrá que ser planteada y sustentada jurídicamente ante el juez.

Paola Buenrostro cambió la forma de investigar estos crímenes

El expediente de Paola trascendió desde hace años el proceso contra su presunto agresor.

En 2019, la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 02/2019, la primera de ese organismo en reconocer expresamente un caso como transfeminicidio. La investigación documentó falta de debida diligencia, ausencia de perspectiva de género y violaciones al derecho a la identidad de género.

La recomendación también acreditó afectaciones contra Kenya Cuevas como víctima y acompañante del caso, y exigió cambios institucionales para evitar que las investigaciones de violencia contra personas trans reprodujeran discriminación o victimización secundaria.

Años después, el caso dio nombre a la Ley Paola Buenrostro, con la que en 2024 la Ciudad de México incorporó el transfeminicidio a su legislación penal.

El 4 de septiembre será la siguiente prueba judicial

Arturo “N” permanecerá en el Reclusorio Oriente bajo prisión preventiva mientras se reanuda la audiencia inicial. La defensa obtuvo la ampliación del plazo constitucional y el juez deberá resolver el viernes 4 de septiembre si existen elementos para vincularlo a proceso.

La próxima audiencia tendrá ahora una presión adicional: no solo está en juego la situación jurídica del acusado, sino también la manera en que la Fiscalía sostendrá una investigación que durante años se convirtió en símbolo de la exigencia de justicia para las mujeres trans.

Después de una década de búsqueda, el regreso de Arturo “N” ante un juez no cerró el caso Paola Buenrostro; abrió una nueva batalla por la clasificación del crimen, la perspectiva de género y el trato de las víctimas dentro del sistema de justicia.