A pesar de que las autoridades judiciales del estado de Tamaulipas han logrado la vinculación a proceso de tres personas por el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata Quintos, su madre, la señora Alejandra Quintos, ha intensificado sus exigencias de justicia desde Ciudad Victoria. 

A través de sus plataformas digitales y en declaraciones para diversos medios nacionales, la madre de la víctima advirtió que las aprehensiones ejecutadas representan únicamente una fracción de los involucrados en la muerte de su hija dentro de las instalaciones de la Academia Militarizada.

En entrevistas concedidas a espacios periodísticos, Alejandra Quintos sostuvo de manera categórica que el caso dista de estar resuelto, señalando que existen múltiples piezas faltantes en la carpeta de investigación y que continuará impulsando las acciones legales sin importar a qué instancias o niveles de gobierno alcance el expediente. 

Expresó que no siente temor ante ninguna institución o autoridad estatal y federal, pues confía en las pruebas documentadas que evidencian la cadena de omisiones y agresiones que derivaron en el deceso de la menor.

Cuestionamientos al modelo educativo y exigencia de sentencias

La voz de la familia de Dafne también se ha extendido hacia la falta de regulación pública sobre las instituciones privadas de adiestramiento militarizado que operan en el país. 

Quintos cuestionó abiertamente cómo durante décadas este tipo de planteles ha funcionado a lo largo del territorio nacional sin una supervisión rigurosa por parte de los organismos educativos, permitiendo la existencia de prácticas sistemáticas de tortura, vejaciones, violaciones a los derechos humanos y novatadas extremas que históricamente han permanecido invisibilizadas.

Exigencia de esclarecimiento

Durante el desarrollo de la etapa procesal, la madre de la joven subrayó que los imputados deben ejercer su declaración para revelar los nombres y la participación exacta de cada individuo en las agresiones físicas, las privaciones de alimento y los castigos a los que fue sometida la estudiante.

Con una postura contundente, la familia de la adolescente reafirmó que su movilización no concluirá con la vinculación a proceso de los primeros sospechosos, asegurando que mantendrán la exigencia de justicia en los tribunales hasta que se dicte una sentencia condenatoria firme contra la totalidad de las personas implicadas en el crimen.