Una llamada para vender o rentar un tiempo compartido podía terminar alimentando las finanzas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esa es la trama que fiscales estadounidenses atribuyen a una red asentada en México y en la que colocan como pieza clave a Griselda Margarita Arredondo Pinzón, alias “Gris”, una contadora mexicana por quien Estados Unidos ofrece hasta 2 millones de dólares.
La investigación describe un mecanismo que iba mucho más allá de una estafa telefónica: call centers captaban a propietarios estadounidenses, exigían pagos anticipados y después una estructura financiera movía los recursos hacia cuentas en México. Arredondo habría participado precisamente en esa etapa, supervisando la recepción, transferencia y lavado de fondos en beneficio del cártel.
El fraude comenzaba con una supuesta oportunidad de negocio
Las víctimas eran principalmente estadounidenses que poseían tiempos compartidos en México. Los operadores los contactaban para ofrecerles compradores, servicios de renta o trámites relacionados con sus propiedades y posteriormente les pedían dinero por adelantado bajo conceptos como impuestos, comisiones o gastos administrativos.
El Departamento de Justicia sostiene que la operación estaba organizada y controlada por el CJNG. Una vez recibido el dinero, los fondos pasaban por diversas cuentas antes de ser concentrados y enviados a México, una ruta diseñada para dificultar que bancos y autoridades identificaran el origen de los recursos.
La estafa podía continuar incluso después de que la víctima descubría el engaño. Otros operadores se presentaban como abogados o supuestos funcionarios capaces de recuperar el dinero perdido y exigían nuevas cantidades para iniciar trámites o liberar recursos, generando una segunda pérdida para las mismas personas.
“Gris” habría estado detrás del movimiento del dinero
La acusación federal coloca a Griselda Arredondo Pinzón dentro de una oficina central vinculada con el CJNG que supervisaba la operación de distintos call centers.
De acuerdo con documentos judiciales, la contadora habría coordinado la recepción y transferencia del dinero de las víctimas y dado instrucciones para enviarlo desde cuentas estadounidenses hacia cuentas mexicanas. La acusación también describe que los llamados “pagadores” agrupaban recursos depositados en diferentes cuentas para después transferirlos a México bajo instrucciones de Arredondo y otros contadores.
Entre enero y mayo de 2025, investigadores documentaron transferencias por más de 39 mil dólares que los acusados creían procedentes de víctimas del esquema. Parte de esos movimientos ocurrió después de que Estados Unidos designó al CJNG como Organización Terrorista Extranjera en febrero de 2025.
EU ofrece 2 millones de dólares por encontrarla
“Gris”, de 36 años, aparece actualmente entre las personas buscadas dentro de la división de crimen organizado transnacional del FBI. La agencia mantiene activa su ficha junto con la de otros integrantes del CJNG.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y/o condena. La medida forma parte de una ofensiva mayor anunciada en agosto contra ocho fugitivos vinculados al CJNG, por quienes en conjunto se ofrecieron más de 100 millones de dólares.
Arredondo enfrenta en el Distrito Este de Nueva York cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para lavar dinero. En caso de ser declarada culpable, podría recibir hasta 20 años de prisión por cada cargo relacionado con el esquema.
Su hermano, “El Tarjetas”, también está en la mira
La investigación conecta a “Gris” con Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, “Moreno” o “El Chess”, identificado por autoridades estadounidenses como miembro de alto rango del CJNG.
Arredondo es su media hermana y ambos aparecen en la causa relacionada con los fraudes de tiempos compartidos. Fiscales estadounidenses sostienen que la estructura servía para generar ingresos alternativos para el cártel y posteriormente lavar el dinero obtenido de las víctimas.
A diferencia de Arredondo, Montero enfrenta además acusaciones vinculadas con apoyo material a una organización terrorista, derivadas de la designación estadounidense del CJNG.
El CJNG encontró dinero fuera del narcotráfico
El caso permite observar una estrategia financiera que trasciende la venta de drogas. El Departamento de Justicia sostiene que el CJNG recurrió a fraudes complejos para generar recursos, aprovechando call centers, cuentas bancarias y estructuras de lavado capaces de trasladar el producto de las estafas hacia México.
Las investigaciones estadounidenses estiman que miles de propietarios de tiempos compartidos han sido afectados por este tipo de engaños y que las pérdidas ascienden a cientos de millones de dólares. Las autoridades han ampliado sus operaciones no sólo contra presuntos integrantes del cártel, sino también contra contadores, empresas y facilitadores involucrados en el movimiento del dinero.
Arredondo ya había sido sancionada en julio de 2024 por el Departamento del Tesoro debido a su presunta participación en este negocio del CJNG. La medida también alcanzó a una empresa vinculada con ella, Constructora Sandgris, dentro de las acciones estadounidenses para bloquear activos y redes financieras relacionadas con el cártel.
La persecución ahora apunta a quienes administran el dinero
La recompensa por “Gris” muestra cómo la presión de Estados Unidos contra el CJNG se ha desplazado también hacia quienes presuntamente administran, transfieren y lavan sus recursos.
En agosto, Washington anunció cargos y recompensas contra ocho fugitivos relacionados con la organización, combinando investigaciones del FBI, DEA, IRS, CBP y otras agencias federales. En el caso de Arredondo, el punto central no es el tráfico directo de narcóticos, sino una presunta estructura capaz de transformar fraudes contra particulares en dinero para el cártel.
Una supuesta venta de vacaciones terminaba así, según la acusación estadounidense, en una cadena de call centers, cuentas bancarias, transferencias y lavado de dinero. Ahora, Estados Unidos ofrece 2 millones de dólares por localizar a la contadora que presuntamente ayudaba a mantener funcionando esa maquinaria financiera.
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