Política

Puebla, Pue. La detención del presidente municipal de Esperanza, Isaac Rodríguez Ochoa, durante la madrugada de este lunes 7 de septiembre, elevó a siete el recuento de alcaldes poblanos detenidos entre 2025 y 2026, de los cuales cuatro llegaron al cargo por Movimiento Ciudadano y tres forman parte del bloque Morena-PT.

El operativo en Esperanza fue realizado por fuerzas federales y estatales. Las primeras versiones relacionan la detención del edil morenista con investigaciones por presunto abuso de autoridad y posible robo de transporte de carga, señalamientos que arrastra desde 2025.

La captura ocurrió tres días después de que las autoridades detuvieran a Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco, siglado por Movimiento Ciudadano (MC), el pasado 4 de septiembre.

Las investigaciones contra el alcalde de Esperanza

Isaac Rodríguez Ochoa cuenta con tres denuncias por presunto abuso de autoridad ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, identificadas con las carpetas 297/2024, 314/2024 y 332/2024.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación por lesiones y daño en propiedad ajena, a la que posteriormente incorporó el presunto robo de carga. Esta indagatoria quedó asentada en la carpeta 699/2024.

El caso de Esperanza se incorpora a una serie de detenciones de autoridades municipales de distintas fuerzas políticas, con investigaciones relacionadas con presuntos delitos cometidos durante o en torno al ejercicio de sus cargos.

Cuatro alcaldes de Movimiento Ciudadano en el recuento

Los cuatro presidentes municipales siglados por Movimiento Ciudadano que integran la relación son:

1. Said de Jesús Godos Luna, de Tepeyahualco. Fue detenido el 4 de septiembre de 2026 en San Juan Xiutetelco. La Fiscalía de Puebla ejecutó una orden de aprehensión por presunto abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento de un deber legal.
2. Uruviel González Vieyra, de Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán). Fue detenido el 7 de marzo de 2025. Las investigaciones lo relacionaron con presuntos delitos que incluyen posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, lavado de dinero, asociación delictuosa y otros ilícitos.
3. Giovanni González Vieyra, de Tlachichuca. Fue detenido el 7 de marzo de 2025, durante el operativo realizado contra integrantes de la familia González Vieyra. Se reportaron acusaciones relacionadas con encubrimiento, posesión de armas y presuntos vínculos con actividades delictivas.
4. Ramiro González Vieyra, de San Nicolás Buenos Aires. Fue detenido el 29 de mayo de 2025, después de haber evadido una primera detención en marzo. Se le atribuyeron delitos contra la salud por posesión de drogas con fines de distribución.

Los casos de los hermanos González Vieyra marcaron el recuento durante 2025, mientras que la detención del alcalde de Tepeyahualco incorporó un nuevo caso de Movimiento Ciudadano en septiembre de 2026.

Tres ediles del bloque Morena-PT

El recuento del bloque Morena-PT está integrado por Gerardo Cortés Caballero, edil de Cuautempan; Juan Pérez Moral, alcalde de Tianguismanalco; e Isaac Rodríguez Ochoa, presidente municipal de Esperanza.

Con la incorporación de Rodríguez Ochoa, la relación reúne a tres ediles de este bloque y cuatro de Movimiento Ciudadano, para un total de siete presidentes municipales detenidos.

Las investigaciones abarcan presuntos delitos de distinta naturaleza y corresponden a procedimientos individuales. El recuento refleja los casos de autoridades municipales involucradas en detenciones, sin que su afiliación partidista determine el alcance de las investigaciones o la responsabilidad penal de cada uno.

*BC

Puebla, Pue. El diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo consideró que las detenciones de presidentes municipales deben servir como una advertencia para todos los funcionarios que administran recursos públicos, sin importar el partido político por el que llegaron al cargo.

Su pronunciamiento se dio tras las detenciones de Isaac Rodríguez Ochoa, alcalde de Esperanza, siglado por Morena, y Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco, siglado por Movimiento Ciudadano (MC).

Carvajal sostuvo que las autoridades de seguridad investigan las denuncias y el actuar de los ayuntamientos, por lo que los ediles deben ejercer sus responsabilidades con eficiencia, transparencia y apego a la ley.

Las investigaciones no deben depender de los partidos

El legislador señaló que los procedimientos relacionados con autoridades municipales deben atenderse desde las instituciones competentes y no convertirse en asuntos partidistas. Consideró que las detenciones abren expectativas para fortalecer la legalidad en los municipios.

“Es un tema de la FGE, se está investigando, esperamos que haya mayor legalidad, aplicación de la Ley, y eficiente aplicación de los recursos públicos, a nivel nacional y en el país”.

Alejandro Carvajal afirmó que los casos deben contribuir a una aplicación más eficiente de los recursos públicos y a que los ayuntamientos cumplan sus responsabilidades de gobierno.

El diputado destacó que los alcaldes mencionados pertenecen a fuerzas políticas distintas, por lo que insistió en que la ley debe aplicarse sin distinciones partidistas ante cualquier irregularidad que sea investigada.

Pide mayor transparencia en el manejo de recursos públicos

Carvajal Hidalgo consideró necesario que los gobiernos municipales operen con mayor eficiencia y transparencia, particularmente en la administración de los recursos públicos.

Señaló que los ediles deben tener presente que las autoridades investigan las denuncias y el desempeño de los ayuntamientos. A su juicio, estas acciones deben contribuir a mejorar la legalidad y el funcionamiento de los gobiernos locales.

El legislador planteó que las investigaciones relacionadas con Esperanza y Tepeyahualco deben desarrollarse conforme a los procedimientos legales correspondientes, sin que la afiliación política de los alcaldes determine el actuar de las autoridades.

Finalmente, pidió que cualquier irregularidad sea esclarecida mediante la aplicación de la ley y que los procedimientos permitan obtener resultados concretos para la ciudadanía.

*BC

Puebla, Pue. Colectivas feministas y defensoras de los derechos de las mujeres en Puebla levantaron la voz para exigir medidas que permitan erradicar la explotación reproductiva y evitar que el cuerpo de las mujeres sea utilizado como objeto de comercialización mediante los llamados vientres de alquiler.

Para esto, las colectivas plantearon la necesidad de modificar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el objetivo de incorporar de manera específica la explotación reproductiva como una conducta que debe ser perseguida y sancionada por las autoridades.

Las activistas plantearon la necesidad de que las autoridades estatales revisen el marco jurídico y establezcan mecanismos que protejan a las mujeres de posibles prácticas de explotación, particularmente cuando existen condiciones de vulnerabilidad económica que pueden llevarlas a aceptar acuerdos de gestación por necesidad.

El movimiento sostuvo que la discusión debe centrarse en garantizar los derechos, la dignidad y la integridad de las mujeres, así como en evitar que la capacidad reproductiva se convierta en una actividad susceptible de ser comercializada.

Las colectivas también demandaron que cualquier discusión legislativa sobre gestación subrogada sea abordada desde una perspectiva de derechos humanos y con la participación de organizaciones de mujeres, especialistas y personas directamente involucradas.

Advirtieron que Puebla requiere políticas públicas que permitan prevenir posibles redes de explotación reproductiva y garantizar que las mujeres cuenten con información, acompañamiento y protección jurídica frente a cualquier forma de abuso.

Las activistas sostuvieron que la reforma debe establecer una prohibición clara y contundente, de manera que se elimine cualquier posibilidad de utilizar la capacidad reproductiva de las mujeres con fines de explotación. 

También demandaron fortalecer los mecanismos de protección y asistencia para quienes pudieran ser víctimas de estas prácticas.

Puebla, Pue. Con la mira puesta en el proceso electoral de 2027, el partido PAZ en Puebla busca marcar distancia de las viejas prácticas políticas y establecer filtros más estrictos para la selección de sus candidatos, bajo la premisa de que la organización no será utilizada para proteger intereses particulares ni para otorgar cobijo a quienes enfrenten cuestionamientos legales o patrimoniales.

Este domingo, el presidente nacional de PAZ, Hugo Éric Flores Cervantes, tomó protesta al Comité Directivo Estatal de Puebla, acto en el que advirtió que esta fuerza política no se convertirá en “escudo de unos cuantos”.

A partir de este planteamiento, el partido propuso hacer públicas las declaraciones patrimoniales de quienes aspiren a una candidatura, con el propósito de que los ciudadanos puedan conocer desde el inicio la situación económica de quienes buscan ocupar un cargo de elección popular.

PAZ cuestionó que algunos funcionarios puedan incrementar de manera considerable su patrimonio durante los tres o seis años que permanecen en un cargo público, sin que exista suficiente información para que la sociedad conozca cómo se generó ese crecimiento.

Como parte de su propuesta, PAZ planteó una nueva versión de la llamada “tres de tres”, que contemple: exámenes toxicológicos, declaraciones patrimoniales públicas y evaluaciones psicométricas; para quienes pretendan competir por un cargo público.

“Si inventamos una nueva ‘tres de tres’, toxicológico, declaración patrimonial pública y exámenes psicométricos. Vamos aumentándole, le vamos subiendo la vara”, señaló.

Además, sostuvo que la ciudadanía debe contar con mayores elementos para evaluar la integridad, situación patrimonial y aptitudes de quienes buscan representarla.

Con esta postura, PAZ pretende colocar la transparencia, la rendición de cuentas y la revisión de perfiles como algunos de los principales criterios para definir sus candidaturas rumbo a 2027, en un intento por diferenciarse de las fuerzas políticas que, acusó, han permitido que las candidaturas sean utilizadas como espacios de protección o privilegio.

Así quedó su dirigencia estatal 

José Momox Sánchez, presidente del Comité Directivo Estatal

Deimy Jennifer Ortiz Campos, secretaria general

Martha Cuazitl Daniel, secretaria de Administración y Finanzas

Jorge Blancarte, como representante de PAZ ante el Instituto Estatal Electoral 

Puebla, Pue. La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Pozos Vergara, criticó a los políticos que, ante la cercanía de las elecciones del 2027, buscan “brincar” de partido en partido para mantenerse en el poder y asegurar nuevamente un lugar en las boletas.

Sin mencionar directamente a la legisladora -Nayeli Salvatori- a la que dirigió sus críticas, Pozos cuestionó la conducta de quienes, después de recibir cuestionamientos públicos por sus declaraciones contra los varones mayores de 45 años de edad diciendo que “huelen a baúl porque se están pudriendo”, estarían buscando cambiar de fuerza política para continuar su carrera electoral.

“Cuando se acercan las elecciones, también aparecen quienes hacen hasta lo imposible por no soltar el hueso”, señaló la priista, al cuestionar que existan actores políticos más preocupados por conservar cargos que por responder a las necesidades de los ciudadanos.

Pozos puso especial énfasis en la responsabilidad que tienen quienes llegaron a un cargo mediante el voto ciudadano y cuestionó qué ocurre con los electores que depositaron su confianza en ellos cuando deciden cambiar de partido.

La priista sostuvo que, frente a quienes buscan acomodarse políticamente de cara al próximo proceso electoral, ella mantiene su permanencia en el PRI porque, afirmó, cree en sus causas y en el trabajo a favor de Puebla.

“Yo nací en el PRI, sigo en el PRI porque creo en sus causas, en la gente y en trabajar por Puebla. No estamos para brincar de partido en partido. No quieren soltar el hueso”, afirmó.

Puebla, Pue. La dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Lizeth Sánchez García, abrió las puertas del partido a Nayeli Salvatori Bojalil en caso de ser expulsada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tras el escándalo que enfrenta por discriminar a los adultos mayores.

No obstante, dijo que, al ser un partido aliado de Morena, el PT no va a contravenir lo dictado por el partido guinda.

Sánchez García reconoció que Nayeli Salvatori siempre ha sido una mujer polémica, pero siempre ha sabido moverse en materia política.

“Reconozco a Nay, una mujer guerrera, trabajadora, como tal polémica; ha sido siempre su esencia. Pero nosotros, en algún momento, le abrimos las puertas a todos los ciudadanos que deseen participar en el proceso”, señaló.

Lo anterior abre la posibilidad de que la actual diputada pueda ser considerada dentro de los perfiles que participen en los procesos rumbo a 2027, aunque se subrayó que el camino para obtener una candidatura pasaría necesariamente por las encuestas y los mecanismos que determine Morena.

“Ya saben, el tema es ganar la encuesta”, se puntualizó, al tiempo que se remarcó que el partido tampoco pretende contravenir los acuerdos que se establezcan al interior de Morena.

Salvatori espera veredicto

Este pasado viernes, la diputada federal Nayeli Salvatori confirmó que solicitó a sus abogados redireccionar su defensa sin tener que involucrar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el caso, optando así por acatar la determinación que emita en su contra el partido Morena.

Explicó que a la audiencia de este día, acudieron sus abogados para poder presentar ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ), los alegatos de su defensa, en lo que ella estaba en el Congreso local para el segundo informe de la LXII Legislatura. 

Nayeli Salvatori explicó que la posibilidad de llevar el caso ante la máxima instancia electoral fue una estrategia propuesta por su defensa, sin embargo, finalmente decidió desistirse y respetar la resolución del partido.

Puebla, Pue. El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime Natale Uranga, cerró filas con el diputado federal Antonio Gali, al señalar que su permanencia y futuro político dentro del instituto partidista se mantienen firmes, pese a la decisión tomada por su padre.

Sostuvo que respeta la determinación del exgobernador José Antonio Gali Fayad, pero subrayó que dicha decisión corresponde de manera personal y no condiciona la trayectoria política de su hijo.

“Respetamos la decisión, nadie es dueño de la decisión, inclusive de un familiar. En el 2027, con sus aspiraciones activas, siga construyendo con nosotros”, se afirmó al destacar que Antonio Gali mantiene comunicación constante con el partido y es considerado “un pilar fundamental” dentro de sus filas.

Uranga también dejó abierta la puerta para que Gali continúe construyendo su proyecto político de cara a 2027, al considerar que cuenta con futuro dentro de la fuerza política y que sus aspiraciones permanecen activas.

No hay cambio de bando

Mientras el dirigente estatal del partido manifestó respeto por la decisión de Gali Fayad y le deseó éxito, también dejó claro que no existe una ruptura con Antonio Gali y que su futuro político se mantiene ligado al PVEM.

Así, el Verde perfila desde ahora una apuesta por mantener vigente a Antonio Gali en su proyecto rumbo a 2027, en un escenario donde las alianzas, candidaturas y posicionamientos políticos comenzarán a definirse con mayor claridad.

El pasado 3 de septiembre Antonio Gali López disipó los rumores sobre un posible cambio de bando y dejó en claro que su trayectoria continúa firme en las filas del PVEM.

Con ello, descartó seguir los pasos de su padre, el exgobernador poblano José Antonio Gali Fayad, quien se incorporó a Movimiento Ciudadano (MC).

Gali López es un personaje dentro del Verde Ecologista qué ha sido mencionado por el dirigente estatal del partido, Jaime Natale Uranga, como una de sus posibles cartas para ir en solitario por la candidatura a la alcaldía de Puebla capital en el 2027.

Puebla, Pue. Durante la presentación del Segundo Informe de Actividades de la LXII Legislatura, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, destacó la realización de 386 sesiones de trabajo parlamentario, la expedición de seis nuevas Leyes, la aprobación de más de 821 decretos, 164 acuerdos y 217 Leyes de Ingresos, además de un 100 por ciento de efectividad en la respuesta a solicitudes de información pública.

Ante el gobernador Alejandro Armenta Mier; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Belinda Aguilar Díaz; diputadas y diputados; así como invitadas e invitados especiales, Pável Gaspar también resaltó la presentación de mil 274 iniciativas y 549 puntos de acuerdo, lo que representa un total de mil 823 instrumentos legislativos tramitados.

Como parte del trabajo legislativo, el diputado expuso que el Congreso de Puebla aprobó diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la defensa y fortalecimiento de la Soberanía, extinción de dominio, feminicidio, jubilaciones y pensiones en entidades públicas, Guardia Nacional y para la integración de los Ayuntamientos.

Asimismo, la LXII Legislatura aprobó diversas reformas a la Constitución Política del Estado para fortalecer el desarrollo integral, el bienestar y las acciones para garantizar una vida libre de violencia a niñas, niños y adolescentes; además, armonizar el marco jurídico con aspectos de paridad vertical y horizontal en la representación política, establecer un máximo de 15 regidurías en la integración de los Ayuntamientos y la homologación del Poder Judicial local para la elección, la integración de cargos y juzgadores y la cobertura de vacantes.

Trabajo legislativo para la transformación social y de las instituciones

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso destacó la expedición de la Ley de Economía Circular, orientada a la gestión eficiente de residuos, el fomento de esquemas sostenibles de producción y consumo; en el mismo sentido, se expidió la Ley de Kilómetro Cero, para fomentar el consumo de productos de origen local, impulsar el desarrollo económico y promover una economía de proximidad.

En materia judicial, se aprobaron tres nuevos ordenamientos: la Ley Orgánica del Poder Judicial, para reestructurar y modernizar el marco operativo de la impartición de justicia; la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, para fortalecer las tareas del órgano contencioso administrativo estatal; y la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, para normar los procedimientos de mediación y conciliación.

Asimismo, se aprobó la nueva Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable, que regula la programación, presupuestación, asignación, ejercicio, control, seguimiento, monitoreo y evaluación del gasto público estatal.

Como parte del trabajo legislativo, destacó las reformas al Código Penal del Estado para brindar certeza jurídica sobre el patrimonio de las y los poblanos, por lo que se incrementaron las penas y se modificó la clasificación del delito de despojo. Además, las modificaciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado para establecer la suspensión de la prescripción de derechos laborales para trabajadores con declaración especial de ausencia.

Para la protección de niñas, niños y adolescentes, se aprobó la tipificación de la cohabitación forzada de menores; se amplió el tipo penal de corrupción de menores para sancionar el suministro de tabaco, vapeadores y drogas sintéticas; se prohibió expresamente el castigo humillante como método de crianza y se incorporó la orfandad como condición de vulnerabilidad.

En cuanto al trabajo legislativo, Pável Gaspar resaltó que, en materia de violencia de género, se aprobaron 29 reformas al Código Penal, relacionadas con la adecuación del tipo penal de abuso sexual y la incorporación de agravantes por delitos cometidos contra la integridad de las mujeres.

Durante el Segundo Informe de Actividades de la LXII Legislatura, Pável Gaspar Ramírez, destacó las acciones para transitar de una democracia representativa a una democracia participativa, con la instalación de los Consejos Consultivos Académico y Empresarial; el programa “Los Pueblos Indígenas toman la Tribuna del Congreso de Puebla”; y la colaboración con diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

En su mensaje, el gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que el Segundo Informe de Actividades de la LXII Legislatura del Congreso del Estado representa el trabajo colectivo, democrático y de justicia social, que es histórico para el desarrollo de la entidad.

El mandatario reconoció la labor de diputadas y diputados para el fortalecimiento de los marcos normativos que permiten a Puebla impulsar el dinamismo y avanzar en el progreso nacional.

Puebla, Pue. La diputada Ana Laura Gómez Ramírez presentó una iniciativa para que, en su caso, sea remitida al Congreso de la Unión, con la finalidad de impulsar reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y establecer un esquema fiscal que favorezca a las y los productores de mezcal artesanal y ancestral de menor escala.

La propuesta plantea sustituir el actual esquema de tasas ad valorem, aplicable a las bebidas con contenido alcohólico y a la cerveza, por una cuota específica de un peso con 36 centavos por cada grado Gay-Lussac de alcohol por litro.

Asimismo, propone establecer un estímulo fiscal para las y los productores de mezcal artesanal y ancestral cuya producción anual no exceda los 10 mil litros de alcohol puro. Estos podrían acceder a un crédito fiscal equivalente al 90 por ciento del impuesto que resulte a su cargo.

La legisladora indica que la propuesta busca generar mayor equidad en la carga tributaria, al establecer que las bebidas con el mismo contenido alcohólico enfrenten una carga fiscal equivalente, independientemente de su precio, al tiempo que se otorgaría un trato diferenciado a quienes producen mezcal de manera artesanal y a menor escala.

En el caso de Puebla, la propuesta podría contribuir a la protección del patrimonio biocultural, particularmente de las comunidades mezcaleras de la Mixteca poblana y de las regiones comprendidas en la Denominación de Origen Mezcal. La iniciativa también considera beneficios en materia de protección al consumidor.

De igual manera, Gómez Ramírez plantea que la formalización de la actividad mezcalera puede generar oportunidades para las mujeres que participan en las distintas etapas de producción, desde la siembra y el jimado hasta la cocción, el envasado y la comercialización, facilitando su acceso a mecanismos de seguridad social y financiamiento productivo.

Puebla, Pue. La diputada Delfina Pozos Vergara prepara una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de verificación, identificación y transparencia de las corporaciones policiales municipales.

Con la iniciativa, se propone establecer en la Ley de Seguridad Pública un “Pase de Lista Semestral de Seguridad Pública Municipal”, coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública y los Ayuntamientos. 

Este mecanismo permitiría verificar, entre otros aspectos, cuántos elementos policiales están adscritos y activos, cuántos cuentan con certificaciones vigentes y cuántos presentan alguna situación pendiente.

La revisión también abarcaría el parque vehicular: número total de vehículos destinados a funciones policiales, unidades operativas, vehículos registrados y autorizados para prestar servicio, identificadores oficiales y fecha de la última verificación.

Como parte de la reforma, la diputada Delfina Pozos plantea crear un Padrón Estatal Público de Fuerza Policial y Parque Vehicular Operativo, disponible por medios electrónicos y actualizado al menos cada seis meses.

El padrón permitiría conocer, por municipio, información agregada sobre policías activos, certificaciones, patrullas totales y operativas, unidades registradas y autorizadas, identificadores oficiales, fecha de verificación y resultado general de la revisión. 

La publicación deberá respetar las disposiciones en materia de protección de datos personales, seguridad pública y reserva de información.

La iniciativa también propone que las unidades policiales municipales cuenten con un Código QR, identificador digital o mecanismo tecnológico equivalente, vinculado al padrón estatal. 

Desde un teléfono celular, una persona podría verificar información básica de la unidad, como la institución o municipio al que pertenece, su número económico, que está registrada y autorizada para prestar servicio y la fecha de su última verificación.

La propuesta cobra especial relevancia ante el riesgo que representan las unidades que aparentan ser patrullas oficiales, pero que podrían carecer de registro, estar fuera de servicio o utilizar identificaciones institucionales de manera indebida. 

El objetivo, subraya la iniciativa, es complementar —no sustituir— la obligación de los elementos policiales de identificarse conforme a la legislación y los protocolos correspondientes.

La reforma plantea nuevas atribuciones para la Secretaría de Seguridad Pública estatal, entre ellas implementar, coordinar y supervisar el Pase de Lista Semestral e integrar y mantener actualizado el padrón estatal. 

A los Ayuntamientos les correspondería mantener actualizado el inventario de vehículos policiales y garantizar que cada unidad tenga un número económico o identificador oficial único, visible y verificable.

Con esta iniciativa, la diputada Delfina Pozos busca cerrar la brecha entre lo que señalan los registros y lo que ocurre en las calles, mediante mecanismos periódicos de verificación, información pública y herramientas tecnológicas que permitan a la ciudadanía contar con mayor certeza frente a una intervención policial.