El Tribunal Superior de Justicia de Puebla presenta actualmente un grave retraso de trabajo.

La acumulación de expedientes que esperan acuerdos, continuidad en el procedimiento o una resolución, es alarmante. pero principalmente la actuación de algunos jueces que pasan por encima de los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Los administradores de la Justicia están protegidos por el Consejo de la Judicatura estatal, que es la figura con facultades legales para evitar abusos, corrupción y favorecer a quien tiene un "amigo" poderoso.

En estos días se hace evidencia del retraso, acumulación de expedientes y abusos o excesos en las facultades de algunos jueces.

Por ejemplo, el caso del juez Enrique Romero Razo, quien labora con normalidad en el juzgado mixto de Cholula a pesar de engañar al Consejo de la Judicatura (CJE) y liberar a Manuel Forcelledo Nader, feminicida sentenciado por el caso de Karla López Albert. La solicitud la hizo con conocimiento de que estaba programada la audiencia de revisión de medida cautelar del feminicida sentenciado.

Con la acción, habilitó a la abogada Angélica Rodríguez Zamora como encargada de despacho para firmar en su ausencia. La indignación y sospechas sobre un posible acto irregular no se hicieron esperar, además se sumó que la audiencia se realizó sin sistema de grabación de audio y video.

La juez Gabriela Juárez Díaz, del juzgado Primero en materia Civil, que es especializado del distrito judicial de Puebla y de extinción de dominio, quien tiene una acumulación de expedientes sin resolver y acordar, y se distingue por insultar a los miembros y trabajadores del mismo juzgado, haciendo que renuncien.

Utilizando palabras altisonantes contra ellos, por lo que algunas abogadas que fungen con diferentes cargos, han preferido renunciar, dejar su cargo y por desgracia sus salarios, de igual forma su trato a los abogados litigantes es grosero y siempre declara que ella va a actuar como decida, su cercanía con el Consejo de la Judicatura data desde su padre, el juez jubilado Heliodoro Juárez.

O la inamovible jueza Karla Patricia Ambrosio Vargas, que sus reacciones son vergonzosas, en plena audiencia, o preguntando por el procedimiento.

Otro caso es el del conocido Cesar Iván Bermúdez Minutti: el magistrado que encabeza el Cártel del Despojo en Puebla mientras el gobierno local reconoce públicamente que existe tal cártel operando desde juzgados y notarias, una figura clave que permanece blindada y en funciones:

El magistrado César Iván Bermúdez Minutti, integra actualmente el Tribunal Superior de Justicia del estado.

Pero ¿Quién es Bermúdez Minutti?

Fue designado magistrado en marzo de 2024 por el Congreso Local, actualmente es señalado como el líder de una red interna en el Tribunal que opera a través del control de jueces, vacantes estratégicas y sentencias manipuladas.

¿Qué dicen las investigaciones y medios? Que es el jefe de la mafia judicial.

Artículos de opinión lo acusan de encabezar una estructura de poder que dicta nombramientos y controla fallos de alto perfil en favor de intereses privados.

Pero la situación más terrible es que el Consejo de la Judicatura presidido por el magistrado Pedro Martínez Hernández, no recibe a los ciudadanos, no acuerda o resuelve, desde ahí discriminan y son arbitrarios, mientras el ciudadano aspira que en algún momento a Justicia y se respeten sus derechos constitucionales.

Algo está muy mal en el Tribunal Superior de Justicia de Puebla, los hechos lo confirman y los ciudadanos lo padecen.

De las anécdotas que se cuentan

La corrupción y colusión de algunos jueces no se puede ocultar en el estado.

Destacan investigaciones a jueces por favorecer al llamado "Cártel del Despojo" mediante juicios civiles amañados y alteración de escrituras.

Diversos jueces locales han sido exhibidos por cambiar medidas cautelares, como retirar la prisión preventiva a secuestradores, violadores y criminales de alto impacto, exponiendo a las víctimas. Históricamente se han documentado redes de influyentismo o nepotismo para colocar familiares dentro de las instituciones judiciales.

La Justicia le queda a deber a los poblanos.

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*ARD