Puebla es un polvorín; suman 8 muertos en dos días las explosiones en Juan C. Bonilla y Felipe Ángeles

Puebla es un polvorín, en menos de 48 horas explotaron dos y dejaron ocho muertos. ¿Dónde está Protección Civil?

Por lo pronto, después del niño ahogado, con el objetivo de evitar más tragedias durante las fiestas de diciembre, el gobierno local trabaja con los 217 ayuntamientos para detectar la operación de talleres clandestinos y la venta ilegal de pirotecnia, lo que no se había hecho hasta ahora porque la población si sabe dónde están.

El gobernador Luis Miguel Barbosa instruyó a la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill, a dialogar con los alcaldes para que denuncien aquellos lugares donde sean producidos fuegos artificiales, sin los permisos correspondientes que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional.

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Sobre los hechos ocurridos en los municipios de Juan C. Bonilla y General Felipe Ángeles no quedarán impunes, por lo que, a través de la Fiscalía del Estado se realizan las investigaciones para detener a los presuntos responsables.

“Sobre lo que ocurrió en Felipe Ángeles y Juan C. Bonilla, hablamos de lugares que no tenían autorización. No vamos a quedarnos sentados y que sigan ocurriendo este tipo de tragedias”, la pregunta sigue esperando respuesta: Protección Civil, ¿dónde está?

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La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local, Mónica Silva Ruiz es la primera diputada de la actual Legislatura que se contagió de Covid-19, sin que hasta ahora se conozca qué tipo de variante de Coronavirus es el que la enfermó.

Hasta ayer, se desconocía si son más los legisladores que pudieran estar contagiados, porque el jueves 2 de diciembre la diputada participó en mesas de trabajo y Comisiones donde estuvo a menos de un metro de distancia de otros 12 legisladores.

Como medida preventiva, aunque dio negativo de Covid-19, el presidente del Poder Judicial, Héctor Sánchez, al igual que su esposa, la diputada Silva, se mantienen en aislamiento, ambos en un acto de responsabilidad para evitar más contagios.

La legisladora del PT estuvo en contacto directo en comisiones con los diputados Olga Lucia Romero Garci-Crespo, Oswaldo Jiménez, Carlos Navarro, Jorge Estefan, Roberto Solís, Laura Ivonne Zapata, Néstor Camarillo, Eduardo Castillo, Erika Patricia Valencia y Eduardo Alcántara, entre otros, sin que hasta ahora se sepa si alguno ha presentado síntomas de contagio.

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La fracción de Morena en el Congreso Local se divide. Encabezados por el dirigente estatal de ese partido, Aristóteles Belmont, regidores y diputados locales formaron un frente al que piden sumarse a los más de 200 cabildos afines al partido guinda para impedir que los alcaldes adquieran una deuda e inicien la solicitud de cobro al Derecho Alumbrado Público.

Manifestaron que, de permitir estas propuestas, impulsadas por el PRI y el PAN en el Congreso local, Puebla retrocedería por lo que confiaron que, al ser mayoría en el Congreso, se logre impedir su aprobación final ante el pleno en la sesión del próximo 15 de diciembre.

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De los diputados de Morena que voten a favor, Aristóteles Belmont advirtió que será la ciudadanía la que juzgue la congruencia con la que actúan con los ideales de la 4T, por ello insistió que el partido guinda está hablando con los ediles del interior del estado y sus regidores para abstenerse de solicitar el financiamiento y el DAP.

“Nosotros estamos en contra de que los municipios adquieran deudas, debe haber un combate a la corrupción, que se ajusten ellos, pero no vamos a permitir que se afecte a la ciudadanía. Hacemos un llamado a la coalición de Juntos Haremos Historia a que se alineen a la austera 4T”.

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Estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y padres de familia convocaron a una protesta el jueves a las 10:00 de la mañana en Casa Aguayo para exigir al gobierno del estado que se libere el campus y se retomen las clases presenciales.

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Detallaron que el punto de encuentro será el Centro de Convenciones para después llegar a Casa Aguayo. Jóvenes y padres de familia pidieron que el conflicto en la UDLAP sea visto como un problema social más allá de cuestiones económicas, pues 10 mil estudiantes requieren regresar a los laboratorios y salones para continuar con su educación.

A cinco meses de que la Policía Estatal tomo las instalaciones, consideraron que alrededor del 10 por ciento de estudiantes abandonaron la universidad, y quienes no lo han hecho solo los retiene la calidad y prestigio de la institución.

*ARD