Contratos públicos otorgados a empresas vinculadas con la familia Weinberg, servicios presuntamente simulados, sobreprecios y transferencias que pasaron por Barbados y Estados Unidos formaron parte del entramado financiero relacionado con Genaro García Luna, cuya dimensión fue reconstruida nuevamente por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La investigación ubica operaciones por 727.9 millones de dólares y 528 millones de pesos dentro de la estructura contractual y financiera investigada. Esas cantidades reflejan la dimensión del esquema identificado y no significan que México tenga actualmente ese dinero localizado o recuperado.

El resultado concreto más reciente llegó el 25 de agosto: el Gobierno de México recibió 5 millones 805 mil 693 dólares procedentes de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades en Florida vinculadas con la familia Weinberg.

La red comenzó con contratos pagados con dinero público

La estructura financiera tuvo su origen en contrataciones realizadas por dependencias federales. Una reconstrucción previa de la UIF documentó 30 contratos otorgados entre 2009 y 2018 a compañías relacionadas con el Grupo Weinberg, por un monto contractual conjunto de 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 26 mil 666 pesos.

De ese universo, la UIF había registrado pagos por 625.1 millones de dólares y 93.8 millones de pesos provenientes de instituciones como la Policía Federal, el Cisen y el organismo federal encargado de los centros penitenciarios.

La investigación sostiene que parte de la operación recurrió a empresas fachada, simulación de servicios y contratos con sobreprecios. El mecanismo permitía presentar movimientos como operaciones comerciales mientras los recursos eran posteriormente dispersados entre sociedades y cuentas en diferentes países.

Barbados y Miami aparecen en la ruta del dinero

El dinero no permanecía necesariamente en las empresas que obtenían los contratos.

La reconstrucción presentada por la UIF identifica triangulaciones mediante cuentas y sociedades relacionadas con Barbados, Miami y otras jurisdicciones, lo que permitió que los recursos cambiaran de empresa y país antes de terminar convertidos en otros activos.

Documentación oficial previa también había localizado pagos hacia cuentas en México, Barbados e Israel, además de transferencias posteriores hacia Estados Unidos. Entre julio de 2013 y enero de 2020, una de las empresas de la estructura, Nunvav, envió directamente al extranjero recursos por aproximadamente 528 millones de pesos y 28 millones de dólares.

La dispersión internacional terminó siendo clave para la estrategia mexicana de recuperación: una parte del dinero fue transformada en propiedades y otros bienes que podían ser perseguidos mediante tribunales estadounidenses.

México convirtió 12 propiedades en 5.8 millones de dólares

La recuperación anunciada esta semana deriva del litigio civil promovido por México en Florida para localizar y ejecutar activos vinculados con el esquema.

El Gobierno mexicano recibió 5 millones 805 mil 693 dólares, equivalentes a alrededor de 100 millones de pesos, mediante la liquidación de 12 propiedades y una póliza de fianza. Los recursos ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación.

La cifra debe distinguirse de los montos mucho mayores que aparecen en las sentencias.

El 19 de mayo de 2026, un tribunal de Florida condenó a integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas al pago de 578.5 millones de dólares por daño patrimonial al Estado mexicano.

Ese fallo reconoce una obligación económica, pero no equivale a que los 578.5 millones ya hayan sido recuperados. Para cobrar la sentencia es necesario localizar bienes, cuentas o propiedades susceptibles de ejecución.

UIF mantiene la búsqueda de propiedades y cuentas

El proceso patrimonial continúa.

La UIF informó que trabaja con otras dependencias mexicanas para identificar más propiedades y cuentas relacionadas con la familia Weinberg y que algunos activos ya han sido ubicados, aunque sus detalles permanecerán reservados hasta que puedan ejercerse las acciones jurídicas correspondientes.

El caso acumula además otras resoluciones. En mayo de 2025, una corte de Florida condenó civilmente a García Luna al pago de 748.8 millones de dólares y a Linda Cristina Pereyra por 1,740 millones de dólares.

Esas sentencias forman parte de la persecución patrimonial y no deben confundirse con la condena penal que García Luna recibió en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Calderón no aparece como receptor del dinero

La presentación de la UIF abrió nuevamente la discusión sobre Felipe Calderón, quien presidió México mientras García Luna ocupó la Secretaría de Seguridad Pública.

Ante una pregunta directa, Claudia Sheinbaum afirmó que hasta ahora Calderón, familiares suyos y otros exfuncionarios de aquella administración no aparecen como receptores de los recursos identificados en esta trama de lavado de dinero.

La presidenta separó ese resultado financiero de otra discusión: si el entonces mandatario conocía o no las actividades delictivas de García Luna.

Por ello, la investigación presentada este viernes no aporta elementos para afirmar que Felipe Calderón recibió dinero del esquema García Luna-Weinberg. La ausencia en la ruta financiera tampoco constituye por sí misma una conclusión sobre lo que pudo conocer durante aquel gobierno.

Dinero recuperado irá a escuelas de la Montaña de Guerrero

Los 5.8 millones de dólares ya recuperados tendrán como destino infraestructura educativa en la Montaña de Guerrero, principalmente proyectos de educación media superior y superior, sin excluir necesidades de educación básica.

El resultado permite convertir bienes perseguidos judicialmente en recursos nuevamente disponibles para el erario, pero todavía existe una diferencia considerable entre lo recuperado y las cantidades reconocidas en las distintas resoluciones judiciales.

El caso entra ahora en una fase centrada en encontrar, asegurar y liquidar más activos. La ruta que comenzó con contratos públicos y pasó por empresas, cuentas internacionales y propiedades en Florida continuará definiendo cuánto de ese patrimonio puede regresar finalmente a México.

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Francisco García Cabeza de Vaca quiere competir por la Presidencia de México en 2030. El exgobernador de Tamaulipas confirmó su aspiración y adelantó que pretende construir desde ahora un movimiento opositor que tenga su primera prueba en las elecciones intermedias de 2027.

El camino hacia una eventual candidatura, sin embargo, no depende únicamente de conseguir el respaldo del PAN o de reunir a la oposición. Cabeza de Vaca mantiene una orden de aprehensión vigente, existe una solicitud mexicana para su extradición desde Estados Unidos y en 2024 el Tribunal Electoral ya impidió una candidatura suya por considerar que estaba sustraído de la acción de la justicia.

A esos frentes se suma ahora la discusión sobre doble nacionalidad, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum planteara modificar las reglas para quienes aspiren a la Presidencia o a una gubernatura y tengan ciudadanía de otro país.

Cabeza de Vaca ya levantó la mano para 2030

El exmandatario tamaulipeco dejó atrás las insinuaciones y respondió afirmativamente cuando fue cuestionado sobre si pretende participar en la elección presidencial de 2030.

Su estrategia, explicó, comenzaría antes.

Cabeza de Vaca plantea impulsar un movimiento opositor rumbo a las elecciones de 2027, sumar ciudadanos y otras fuerzas políticas y proyectar posteriormente esa estructura hacia la sucesión presidencial. También sostuvo que pretende trabajar más allá de las fronteras del PAN y actuar como factor de unidad entre distintas expresiones opositoras.

Actualmente se presenta como representante del PAN en América del Norte, función desde la que mantiene actividad política en Estados Unidos y Canadá. Su propia página oficial también lo identifica con ese cargo.

Pero el anuncio de una aspiración todavía está muy lejos de garantizar una candidatura.

Una orden de aprehensión sigue vigente

El principal problema inmediato para Cabeza de Vaca se encuentra en el terreno penal.

El 24 de febrero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el Amparo en Revisión 435/2025 y revocó la protección que había obtenido contra una orden de aprehensión.

La Corte concluyó que el juez que inicialmente concedió el amparo utilizó un estándar de valoración demasiado elevado para una etapa preliminar del procedimiento penal. Como consecuencia, el máximo tribunal negó el amparo y dejó vigente el mandamiento judicial.

La orden está relacionada con investigaciones por la probable comisión de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El expediente de la Suprema Corte señala que una orden fue solicitada por la FGR y librada por un juez federal dentro de esa investigación.

Esto no significa que Cabeza de Vaca haya sido declarado culpable.

Una orden de aprehensión permite llevar a una persona ante el juez para continuar un procedimiento penal; no equivale a una sentencia condenatoria.

¿Puede ser candidato con una orden de captura?

El antecedente de 2024 ofrece una pista importante.

Ese año, el PAN registró a Cabeza de Vaca como candidato a diputado federal de representación proporcional. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el registro.

Los magistrados determinaron entonces que existían órdenes de aprehensión vigentes y que el político se encontraba sustraído de la acción de la justicia, por lo que se actualizaba uno de los supuestos constitucionales que impedían mantener su candidatura.

Aquel fallo, sin embargo, no estableció una prohibición permanente.

Posteriormente el propio Tribunal Electoral explicó que una declaratoria de inelegibilidad no se traslada automáticamente durante toda la vida de una persona. La situación debe revisarse en cada elección de acuerdo con las condiciones jurídicas existentes en ese momento.

Ese matiz será clave rumbo a 2030.

Si para entonces la situación penal de Cabeza de Vaca cambia —por resoluciones judiciales, modificación o extinción de órdenes, sentencias u otras determinaciones legales— su elegibilidad tendría que analizarse nuevamente.

Por el contrario, si permanece una condición jurídica semejante a la que existía en 2024, podría enfrentar un nuevo obstáculo electoral.

México busca su extradición desde Estados Unidos

El segundo frente se encuentra fuera del país.

Cabeza de Vaca reside en Estados Unidos, mientras el Gobierno mexicano ha confirmado la existencia de gestiones para obtener su extradición.

Sheinbaum aseguró el 25 de agosto que México ha solicitado su entrega y que hasta ese momento no había recibido una respuesta favorable de las autoridades estadounidenses. También señaló que poseer ciudadanía de Estados Unidos no impide automáticamente un procedimiento de extradición.

El exgobernador sostiene una posición completamente distinta.

Ha asegurado que no regresará voluntariamente a México porque teme ser detenido y considera que enfrentaría un proceso políticamente dirigido. También afirma que las imputaciones fueron fabricadas y forman parte de una persecución iniciada desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de la postura de Cabeza de Vaca y su defensa. La orden judicial, mientras tanto, continúa vigente.

La doble nacionalidad abre otra batalla rumbo a 2030

La discusión electoral se hizo todavía más compleja después de que Sheinbaum planteara modificar la Constitución para reforzar las restricciones a personas con doble nacionalidad que busquen gobernar México o algún estado.

La Presidenta puso como ejemplo precisamente a Cabeza de Vaca, quien posee nacionalidad mexicana y estadounidense.

El exgobernador respondió que la propuesta tiene “nombre y apellido” y consideró que estaría dirigida contra él.

Cabeza de Vaca nació en Estados Unidos y sostiene que es mexicano por nacimiento por ser hijo de padres mexicanos. También recuerda que esa condición no le impidió anteriormente ser alcalde, diputado, senador y gobernador.

La Constitución vigente contiene una regla relevante en su artículo 32: los cargos y funciones que constitucionalmente estén reservados a mexicanos por nacimiento también están sujetos a disposiciones destinadas a evitar conflictos derivados de otra nacionalidad.

Por ello, el alcance jurídico exacto de la doble nacionalidad en una eventual candidatura presidencial requiere analizar conjuntamente los artículos constitucionales aplicables, la forma en que fue adquirida la otra ciudadanía y las reglas vigentes cuando se abra el proceso electoral de 2030.

La reforma que plantea Sheinbaum todavía no es una nueva disposición constitucional aprobada. Hasta ahora forma parte de una propuesta política que el Ejecutivo analiza impulsar.

Cabeza de Vaca acusa persecución política

El exgobernador ha colocado su defensa jurídica en el centro de su discurso político.

Afirma que el expediente comenzó alrededor de una operación inmobiliaria declarada ante las autoridades fiscales y que después fueron agregados señalamientos por delincuencia organizada y lavado de dinero.

También relaciona el origen del conflicto con denuncias que realizó cuando era gobernador sobre huachicol fiscal y posibles vínculos entre funcionarios federales y grupos delictivos.

Desde esa narrativa, Cabeza de Vaca se presenta como un opositor perseguido por haber confrontado al gobierno federal.

La resolución de la Suprema Corte no determinó que exista o no persecución política. Lo que resolvió fue un asunto jurídico concreto: el amparo que impedía ejecutar una orden de aprehensión no debía mantenerse bajo el análisis probatorio realizado por el juzgado de distrito.

Tampoco esa resolución establece su culpabilidad.

Otro revés judicial llegó en agosto

La orden de aprehensión no es el único litigio que permanece alrededor del exmandatario.

A principios de agosto de 2026, un tribunal federal revocó otro amparo relacionado con cuentas bancarias aseguradas dentro de investigaciones de la FGR, por lo que determinó mantener vigente el congelamiento.

El episodio muestra que el frente judicial sigue activo justo cuando Cabeza de Vaca busca relanzarse como figura nacional de la oposición.

Su apuesta política consiste en llegar primero a 2027 con una plataforma opositora fortalecida y posteriormente colocarse en la conversación presidencial.

¿Qué tendría que resolver para aparecer en la boleta de 2030?

Hoy no es posible afirmar que Cabeza de Vaca vaya a ser candidato presidencial.

Lo confirmado es que quiere serlo.

Para transformar esa aspiración en una candidatura tendrá que superar primero la competencia política dentro de la oposición y cumplir, cuando llegue el momento, las reglas constitucionales y electorales aplicables.

Su situación jurídica también será determinante.

El antecedente del TEPJF demuestra que una orden de aprehensión y la condición de sustraído de la justicia sí pueden afectar una candidatura, aunque el propio tribunal dejó claro que esa inelegibilidad debe revisarse en cada proceso y no constituye una sanción automática de por vida.

A cuatro años de la elección, el escenario puede cambiar.

Por ahora existe una fotografía concreta: Cabeza de Vaca ya se destapó para 2030, pero pretende comenzar una carrera presidencial mientras mantiene abiertos algunos de los obstáculos jurídicos que ya le cerraron una candidatura federal en 2024.

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La definición del nuevo gobierno de Sinaloa quedó en suspenso este lunes. El Congreso estatal aplazó hasta nuevo aviso la sesión convocada para nombrar a un gobernador interino, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum endureció su postura frente al breve regreso de Rubén Rocha Moya al cargo y sostuvo que su decisión fue imprudente.

La mandataria confirmó que no habló con Rocha antes de que retomara la gubernatura el pasado 21 de agosto y aseguró que su reincorporación no le pareció pertinente. El gobernador volvió al puesto después de más de tres meses de licencia, pero apenas un día después solicitó separarse nuevamente por tiempo indefinido.

Sheinbaum cuestiona el regreso de Rocha Moya

Sheinbaum sostuvo que los intereses personales no deben colocarse por encima de los de la población y resumió su desacuerdo con una frase: “Qué necesidad de regresar”. También calificó como imprudente la determinación de Rocha de volver al Ejecutivo sinaloense.

La posición presidencial ocurre mientras la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas investigaciones relacionadas con las diez personas señaladas por autoridades estadounidenses, entre ellas Rocha Moya.

La Secretaría de Gobernación había marcado distancia desde el 21 de agosto al establecer que la reincorporación del mandatario correspondía exclusivamente a una decisión personal y no a una determinación del Gobierno de México. La dependencia también confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha solicitado a Estados Unidos las pruebas correspondientes para sustentar los señalamientos.

Nueva licencia abre otra vez la sucesión en Sinaloa

El regreso de Rocha duró poco. El sábado 22 de agosto presentó al Congreso una solicitud de “licencia temporal con carácter indefinida” y la Diputación Permanente la aprobó por unanimidad al día siguiente.

El Congreso documentó que Rocha se había reincorporado el viernes 21, después de permanecer separado del cargo desde el 2 de mayo de 2026. Tras avalar la nueva licencia, turnó el expediente a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para preparar la propuesta de quien deberá asumir como gobernador o gobernadora interina.

La intención inicial era resolver la sucesión durante una sesión extraordinaria programada para las 8:00 horas de este lunes. Sin embargo, el encuentro fue pospuesto hasta nuevo aviso debido a que la comisión legislativa aún no había recibido propuestas para elaborar el dictamen correspondiente.

Yeraldine Bonilla queda al frente mientras deciden interino

Mientras el Congreso define el nombramiento, Yeraldine Bonilla Valverde, secretaria general de Gobierno, permanece encargada del despacho del Ejecutivo estatal, conforme al procedimiento previsto en la Constitución de Sinaloa.

Sheinbaum pidió a los legisladores elegir a una persona con capacidad, honestidad, profesionalismo y entrega, y señaló que el objetivo debe ser garantizar la gobernabilidad del estado y generar condiciones para que el próximo proceso electoral se desarrolle en paz.

Caso Rocha mantiene abiertas investigaciones en México y EU

El escenario político tiene como telón de fondo una acusación federal presentada en abril por autoridades estadounidenses contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas.

El expediente estadounidense sostiene que los acusados habrían colaborado con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar operaciones de narcotráfico a cambio de protección política y sobornos. Se trata de imputaciones judiciales que deberán probarse ante los tribunales: el propio Departamento de Justicia precisa que los acusados son considerados inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad.

Por ahora, la incógnita inmediata está en el Congreso sinaloense: no existe una nueva fecha para la sesión que deberá definir quién asumirá el gobierno estatal durante la licencia de Rocha Moya.

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Culiacán, Sin. El regreso de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa duró apenas un día. Después de permanecer 112 días separado del cargo, el mandatario retomó funciones el viernes 21 de agosto y este sábado presentó ante el Congreso estatal una nueva solicitud para ausentarse.

El documento pide una licencia temporal con carácter indefinido por más de 30 días, lo que abre nuevamente el procedimiento para determinar quién quedará al frente del Ejecutivo estatal. Hasta ahora, la solicitud está presentada, pero todavía debe ser aprobada por el Congreso de Sinaloa.

Rocha Moya hizo pública su decisión con un mensaje breve: “Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”. Su nueva petición ocurrió después de una jornada marcada por cuestionamientos políticos a su retorno, aunque no existe evidencia pública que permita atribuir la licencia a una orden directa de la Presidencia o de Morena.

Rocha Moya había vuelto al cargo después de 112 días

El viernes, el Gobierno de Sinaloa confirmó que Rocha Moya retomó formalmente la gubernatura tras más de tres meses de licencia. Durante su ausencia, Yeraldine Bonilla Valverde permaneció como gobernadora interina y, con el regreso del mandatario, volvió a ocupar la Secretaría General de Gobierno.

Ese mismo día, Rocha encabezó reuniones con su gabinete, participó en actividades oficiales y recibió a integrantes del Supremo Tribunal de Justicia estatal. Su reincorporación fue presentada como el reinicio de sus funciones para continuar el mandato constitucional que concluye en 2027.

Sin embargo, el regreso provocó una reacción inmediata dentro de su propio movimiento político. La dirigencia nacional de Morena señaló que no había tenido conocimiento previo de la decisión y legisladores del partido pidieron públicamente que reconsiderara su permanencia en el cargo.

Sheinbaum marcó distancia antes de la nueva solicitud

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró este sábado que se enteró de la reincorporación de Rocha Moya por la publicación que él mismo difundió en redes sociales y que no había hablado previamente con el gobernador sobre su regreso.

Horas antes de conocerse la nueva solicitud de licencia, Sheinbaum publicó un mensaje en el que sostuvo que ningún interés personal debe colocarse por encima de los intereses del pueblo y de la Nación, además de señalar que el ejercicio del poder debe estar acompañado por principios y límites.

La secuencia temporal es clara: Rocha regresó el viernes, Morena se deslindó de la decisión, Sheinbaum manifestó su postura el sábado y después el gobernador volvió a solicitar licencia. Eso no demuestra por sí mismo que la Presidencia haya ordenado su separación, por lo que una relación causal entre ambos hechos no debe darse por establecida.

Después de conocerse la nueva petición, Ricardo Monreal consideró favorable la decisión y señaló que podría contribuir a mejorar el escenario interno de Morena.

Congreso de Sinaloa deberá decidir el lunes

La Diputación Permanente del Congreso de Sinaloa recibió este sábado la solicitud y prepara una sesión extraordinaria para el lunes 24 de agosto, cuando el Pleno deberá analizar el documento y decidir si autoriza la nueva separación temporal del mandatario.

El punto jurídico es relevante porque la licencia solicitada supera los 30 días. El artículo 58 de la Constitución Política de Sinaloa establece que las faltas temporales de hasta 30 días son suplidas por la Secretaría de Gobierno como encargada del despacho; cuando exceden ese periodo, corresponde al Congreso designar un gobernador interino por mayoría absoluta de los diputados presentes.

Por esa razón, Yeraldine Bonilla no vuelve automáticamente a la gubernatura. Aunque fue designada interina durante la primera licencia, deberá existir una nueva determinación legislativa si el Congreso aprueba la petición presentada este sábado.

En mayo ocurrió ese procedimiento: el Congreso autorizó la primera licencia de Rocha Moya y posteriormente nombró a Bonilla Valverde como gobernadora interina.

La primera licencia comenzó tras acusaciones en Estados Unidos

Rocha Moya solicitó separarse inicialmente del cargo el 1 de mayo, después de que fiscales federales de Estados Unidos hicieron pública una acusación contra él y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

El expediente estadounidense contiene cargos relacionados con conspiración para importar narcóticos y delitos vinculados con armas, y sostiene que los acusados presuntamente colaboraron con integrantes del Cártel de Sinaloa. Se trata de acusaciones judiciales, no de hechos probados, y las propias autoridades estadounidenses establecen que los imputados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.

Rocha Moya rechazó los señalamientos y explicó entonces que se separaría temporalmente de la gubernatura para no interferir en las investigaciones. El Congreso autorizó aquella licencia el 2 de mayo y su ausencia se prolongó hasta el 21 de agosto.

Sinaloa vuelve a quedar pendiente de una decisión del Congreso

En poco más de tres meses, el Ejecutivo sinaloense ha pasado por una licencia, un gobierno interino, el regreso del gobernador y una segunda solicitud para separarse del puesto.

La nueva petición tampoco equivale a una renuncia definitiva. Rocha Moya solicitó una licencia temporal, aunque la definió como indefinida y superior a 30 días. El documento no establece públicamente una fecha para otra posible reincorporación.

La siguiente definición ocurrirá ahora en el Congreso. El lunes se conocerá si los diputados autorizan la licencia y, en caso de hacerlo, quién asumirá de manera interina el gobierno de Sinaloa.

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no sabía que Rubén Rocha Moya retomaría la gubernatura de Sinaloa y que se enteró de su regreso mediante la publicación realizada por el propio mandatario en redes sociales. La revelación ocurre después de que Rocha concluyera, por decisión propia, la licencia temporal que inició el pasado 1 de mayo.

La reincorporación provocó además pronunciamientos de Morena y de la Secretaría de Gobernación, que señalaron que no tuvieron participación en esa determinación. Mientras el partido se deslindó del regreso, Gobernación lo calificó como una decisión exclusivamente personal.

Sheinbaum supo del regreso de Rocha por una publicación

Sheinbaum fue cuestionada este sábado 22 de agosto sobre la manera en que tuvo conocimiento de que Rocha Moya había decidido volver al gobierno de Sinaloa.

“Por su tuit, por su publicación”.

La presidenta señaló además que no había hablado con Rocha Moya y adelantó que el lunes podría referirse con mayor amplitud al tema.

La respuesta cobra relevancia porque confirma que la reincorporación del gobernador no fue comunicada previamente a Presidencia.

Horas antes, Sheinbaum publicó un mensaje sobre el ejercicio del poder en el que afirmó que “ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación” y sostuvo que los cargos públicos son pasajeros, mientras la responsabilidad con el país permanece.

La mandataria no mencionó directamente a Rubén Rocha Moya en ese mensaje. Por ello, aunque la publicación apareció en el contexto inmediato de su regreso a la gubernatura, no puede afirmarse como hecho que estuviera dirigida expresamente al mandatario sinaloense.

Morena se deslinda de la decisión de Rocha Moya

La dirigencia nacional de Morena informó que tampoco tuvo conocimiento previo de la decisión del gobernador.

El partido estableció que la determinación fue personal y se deslindó de ella, al tiempo que reiteró que respetará el Estado de derecho, el debido proceso y los resultados de las investigaciones que realizan las autoridades mexicanas.

El posicionamiento se produjo después de que gobernadores de Morena llamaran a Rocha Moya a conducirse con “madurez y responsabilidad” y señalaran que las decisiones individuales no deben colocarse por encima del proyecto colectivo.

También hubo voces dentro del partido que plantearon que Rocha debería reconsiderar su regreso mientras continúan las investigaciones relacionadas con los señalamientos que enfrenta.

Segob recalca que las investigaciones continúan abiertas

La Secretaría de Gobernación señaló que la reincorporación de Rocha Moya fue una decisión “exclusivamente de carácter personal”.

La dependencia también indicó que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas carpetas de investigación relacionadas con las diez personas señaladas por autoridades estadounidenses, entre ellas Rocha Moya.

El Gobierno mexicano ha solicitado a Estados Unidos los elementos que sustenten los señalamientos formulados contra los involucrados. Esto significa que el regreso de Rocha al cargo no representa por sí mismo el cierre de las investigaciones ni una resolución definitiva sobre las acusaciones.

Rocha Moya regresó después de 112 días de licencia

Rubén Rocha Moya se reincorporó oficialmente a sus funciones el 21 de agosto, después de haberse separado temporalmente del gobierno desde el 1 de mayo.

Ya de regreso, sostuvo una reunión con integrantes de su gabinete y se puso al corriente de los asuntos atendidos durante su ausencia. Yeraldine Bonilla Valverde, quien ocupó interinamente la gubernatura, regresó a la Secretaría General de Gobierno.

Rocha sostuvo que retomaba el cargo para cumplir el mandato para el que fue electo y aseguró que durante su licencia se puso a disposición de las instituciones mexicanas para ser investigado. También afirmó que no existen elementos que acrediten su participación en una conducta penal; esa declaración corresponde a la postura del propio gobernador y no implica que las investigaciones hayan terminado.

¿Qué acusaciones enfrenta Rubén Rocha Moya en Estados Unidos?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 29 de abril cargos contra Rocha Moya y otras nueve personas, entre funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.

La acusación sostiene que los señalados presuntamente colaboraron con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar operaciones de narcotráfico hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. En el caso de Rocha Moya, los fiscales estadounidenses formulan señalamientos relacionados con su presunta colaboración con la facción de Los Chapitos.

Es indispensable precisar que se trata de acusaciones. El propio Departamento de Justicia estadounidense establece que los cargos contenidos en el expediente son alegaciones y que los acusados se presumen inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad.

El regreso deja a Rocha frente a un nuevo escenario político

El regreso de Rubén Rocha Moya deja una serie de hechos verificables: Presidencia no recibió aviso previo, Morena se deslindó de la determinación y Gobernación la calificó como una decisión personal, mientras las investigaciones en México permanecen abiertas.

A esta secuencia se suma el mensaje de Sheinbaum sobre los límites del poder y los intereses personales. La presidenta no nombró al gobernador, por lo que cualquier interpretación sobre un destinatario específico debe mantenerse diferenciada del hecho comprobado de que no fue informada previamente sobre su regreso.

Por ahora tampoco existe información oficial que permita afirmar que Sheinbaum haya pedido la renuncia de Rocha Moya o una nueva licencia. El siguiente punto de atención será la postura que la presidenta anunció que ampliará el lunes y el desarrollo de las investigaciones que siguen abiertas.

*BC

La relación entre Omar García Harfuch y la DEA mostró un rostro muy distinto al de las recientes fricciones entre México y Estados Unidos. Durante una conferencia internacional antidrogas en Buenos Aires, el director de la agencia estadounidense, Terrance Cole, presentó al secretario de Seguridad mexicano como un “socio de confianza”, mientras ambos gobiernos presumieron una coordinación más rápida contra organizaciones criminales.

El acercamiento no implicó el anuncio de un nuevo tratado o convenio bilateral. Lo que Harfuch destacó fue un incremento de la cooperación operativa, particularmente en intercambio de inteligencia, localización de objetivos prioritarios, investigaciones y acciones contra las estructuras financieras del crimen organizado.

Harfuch asegura que la información con la DEA fluye más rápido

El secretario mexicano explicó que desde la llegada de Cole a la dirección de la DEA la información entre las instituciones comenzó a circular con mayor velocidad, permitiendo responder con más rapidez ante objetivos criminales que operan a ambos lados de la frontera.

Harfuch sostuvo que la coordinación con la agencia estadounidense “se ha incrementado de forma significativa” y habló de intercambio de inteligencia estratégica y operativa en tiempo real para localizar objetivos y fortalecer investigaciones.

El funcionario planteó que México continuará trabajando mediante inteligencia compartida, investigaciones paralelas y operaciones coordinadas, pero manteniendo como principios la reciprocidad, la responsabilidad compartida y el respeto a la soberanía nacional.

Director de la DEA cambia el tono frente a México

La declaración de Terrance Cole tuvo especial peso por el contexto político. Frente a representantes de seguridad de más de 100 países, el jefe de la DEA calificó a García Harfuch como “un socio de confianza y un buen amigo” y reconoció públicamente su liderazgo y colaboración.

El tono contrasta con lo ocurrido apenas en julio. Cole había señalado entonces una supuesta conexión entre el Gobierno mexicano y los cárteles, comentarios que Claudia Sheinbaum rechazó como infundados y de carácter político. El Gobierno mexicano respondió que estaba dispuesto a mantener la cooperación con Washington, siempre que se respetara la soberanía del país.

Ese episodio convirtió la reunión en Buenos Aires en algo más que una fotografía protocolaria: el mismo funcionario estadounidense que había provocado un choque diplomático con México ahora colocó públicamente a Harfuch como uno de sus principales interlocutores en seguridad.

México lleva cifras de seguridad a la cumbre antidrogas

Durante su participación, Harfuch presentó ante las delegaciones internacionales los resultados acumulados de la estrategia federal de seguridad. Reportó 63 mil 500 personas detenidas por delitos de alto impacto, 32 mil 800 armas aseguradas y 518 toneladas de droga decomisadas durante la actual administración.

La exposición también puso énfasis en el combate al dinero de las organizaciones criminales. La Secretaría de Seguridad informó que la Unidad de Inteligencia Financiera ha inmovilizado más de 8 mil 600 millones de pesos y bloqueado más de 24 mil 600 cuentas, acciones que se complementan con intercambio de información internacional.

Harfuch destacó además la coordinación entre la UIF y organismos estadounidenses como la OFAC, utilizada para identificar redes financieras vinculadas con organizaciones criminales y coordinar medidas contra sus recursos económicos.

Buenos Aires reúne a autoridades de más de 100 países

El encuentro se realiza del 18 al 20 de agosto de 2026 en Buenos Aires dentro de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada conjuntamente por Argentina y la DEA. El foro reúne entre 400 y 600 integrantes de fuerzas de seguridad y delegaciones de más de 100 países.

La agenda incluye cooperación operativa, intercambio de inteligencia, narcotráfico, lavado internacional de dinero y crimen transnacional. El objetivo declarado de la conferencia es mejorar la capacidad de las autoridades para coordinar investigaciones y acciones que atraviesan distintas jurisdicciones.

Cooperación avanza aunque persista la tensión política

La reunión deja una separación clara entre dos planos de la relación bilateral. Mientras México y Estados Unidos mantienen desacuerdos políticos y diplomáticos, las instituciones de seguridad parecen haber intensificado sus canales de trabajo directo, especialmente alrededor de Harfuch y la DEA.

No se anunció una nueva alianza jurídica ni un mecanismo que sustituya los acuerdos vigentes. La novedad está en la velocidad del intercambio de inteligencia, el reconocimiento público de confianza entre Harfuch y Cole y la decisión de exhibir esa cooperación ante representantes de más de un centenar de países.

*BC

En menos de una semana, la cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán pasó de provocar una disputa diplomática y política a alimentar dentro del obradorismo una advertencia mucho más grave: que el verdadero objetivo sería Andrés Manuel López Obrador y que incluso podría estar en riesgo su vida.

La declaración más fuerte la hizo Ana Lilia Rivera Rivera, senadora de Morena con licencia, quien durante un acto político sostuvo que la influencia que conserva el expresidente dentro y fuera de México lo convertiría en un obstáculo para sus adversarios. Su expresión fue contundente:

“No lo pueden dejar vivo”.

Rivera pidió proteger a López Obrador y planteó que desde Estados Unidos existirían intereses para acabar con él. Sin embargo, no presentó públicamente pruebas, documentos, información de inteligencia ni identificó alguna institución o funcionario estadounidense que estuviera preparando un atentado. Hasta este 18 de agosto tampoco existe una confirmación pública de autoridades mexicanas que sostenga esa acusación.

La advertencia llega después del golpe político contra Andy

El contexto inmediato comenzó el 14 de agosto de 2026, cuando Andy López Beltrán anunció que Estados Unidos había revocado su visa.

El hijo del expresidente atribuyó personalmente la decisión al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau, y sostuvo que se trataba de una acción con motivaciones políticas. También aseguró que Washington no había presentado pruebas que lo relacionaran con algún delito.

La administración estadounidense no ha revelado públicamente la razón específica por la que retiró el documento migratorio. La Embajada de Estados Unidos respondió después con un mensaje general: las visas pueden ser canceladas cuando existan razones para ello, independientemente de quién sea su titular o de sus opiniones políticas.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la medida y señaló que no tenía conocimiento de investigaciones de las autoridades mexicanas contra López Beltrán. La decisión provocó además que Morena cerrara filas alrededor de Andy y denunciara una posible injerencia estadounidense en la política mexicana.

Fue entonces cuando comenzó a aparecer otra interpretación dentro del movimiento: el objetivo final no sería Andy, sino su padre.

“Al que quieren no es al chico, sino al grande”

El primero en expresarlo públicamente fue José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente y secretario de Gobierno de Tabasco.

Un día después de conocerse el retiro de la visa, afirmó que Estados Unidos estaba utilizando al hijo para golpear al padre.

“Al que quieren no es al chico, sino al grande”.

José Ramiro habló de una ofensiva política contra López Obrador. La diferencia con Ana Lilia Rivera es que ella llevó el argumento varios pasos adelante: ya no planteó únicamente un intento de debilitar, investigar o desprestigiar al exmandatario, sino un riesgo para su integridad física.

Así, en cuestión de días, la narrativa escaló de la revocación de un documento migratorio a una acusación de persecución política y posteriormente a la posibilidad de un atentado contra quien gobernó México entre 2018 y 2024.

¿Por qué Ana Lilia Rivera considera que AMLO está en riesgo?

Rivera sostiene que López Obrador mantiene una capacidad de convocatoria que trasciende su retiro de la Presidencia y que podría movilizar políticamente tanto a sectores mexicanos como latinoamericanos.

Desde esa lectura, sus adversarios tendrían interés en neutralizarlo. La morenista ligó esta interpretación con las acciones y acusaciones recientes contra el entorno del exmandatario y sus hijos.

El problema para convertir esa declaración en algo más que una acusación política es la evidencia: Rivera no explicó de dónde obtiene la información que sustenta el supuesto peligro.

No mencionó reportes de inteligencia, investigaciones abiertas, advertencias recibidas por López Obrador, comunicaciones entre México y Estados Unidos ni algún dispositivo extraordinario de seguridad activado como consecuencia de una amenaza reciente. La nota que recoge sus declaraciones señala expresamente que no se han presentado pruebas públicas que respalden la acusación.

Ana Lilia Rivera no está actualmente en funciones en el Senado

La posición actual de Rivera también requiere una precisión.

Aunque continúa siendo integrante electa del Senado, está separada temporalmente de sus funciones por una licencia por tiempo indefinido aprobada por la Comisión Permanente a partir del 23 de junio de 2026.

El 1 de julio, Eréndira Olimpia Cova Brindis, suplente de Rivera, rindió protesta como senadora y ocupa actualmente el escaño mientras permanezca vigente la licencia.

Rivera, mientras tanto, ha continuado su actividad política en Tlaxcala. Su condición correcta al momento de emitir la advertencia es, por tanto, senadora con licencia de Morena.

Lo comprobado y lo que sigue sin demostrarse

Hay dos planos distintos en esta historia.

El primero contiene acontecimientos verificables: Estados Unidos revocó la visa de Andy López Beltrán, él acusó motivaciones políticas, Morena reaccionó, Claudia Sheinbaum cuestionó la medida y José Ramiro López Obrador afirmó que el objetivo final de Washington sería AMLO.

El segundo comienza con la declaración de Ana Lilia Rivera: que esa ofensiva podría llegar hasta un atentado contra la vida del expresidente.

Hasta ahora, no se ha hecho pública evidencia que permita unir ambos planos.

El retiro de la visa de Andy no demuestra un plan contra su padre y Estados Unidos tampoco ha informado que esa decisión migratoria tenga relación con una investigación contra López Obrador.

Por la misma razón, la frase de Rivera tiene un fuerte peso político y noticioso, pero no constituye confirmación de una amenaza contra AMLO.

México y Estados Unidos mantienen cooperación pese al choque político

La propia relación bilateral ofrece otro elemento que matiza la confrontación.

Mientras el retiro de la visa de Andy provocó acusaciones de injerencia y endureció el discurso de figuras de Morena, los gobiernos de México y Estados Unidos continúan colaborando en seguridad. Apenas el 17 de agosto se reportaron nuevas señales de coordinación entre ambas administraciones.

La cooperación incluye contactos entre instituciones de seguridad y participación mexicana en mecanismos regionales, pese a las diferencias que han surgido por las acciones estadounidenses contra personajes políticos de México.

El escenario es así más complejo que una ruptura entre ambos países: hay una confrontación política creciente alrededor de determinadas decisiones de Washington al mismo tiempo que continúa la colaboración institucional en seguridad.

En ese ambiente apareció la advertencia de Rivera. La frase “no lo pueden dejar vivo” marca hasta ahora el punto más alto de una narrativa que comenzó con Andy López Beltrán y terminó colocando nuevamente a su padre en el centro del conflicto político.

Lo confirmado es la cancelación de la visa, la reacción del obradorismo y la declaración de Rivera. Lo que todavía no tiene respaldo público es que alguien desde Estados Unidos esté preparando un atentado contra Andrés Manuel López Obrador.

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Puebla, Pue. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, firmó junto con los demás mandatarios estatales de la Cuarta Transformación un pronunciamiento en defensa de la soberanía nacional, luego de la decisión de Estados Unidos de retirar la visa a Andrés Manuel López Beltrán y a otros funcionarios y servidores públicos vinculados con Morena.

Los gobernadores calificaron como inaceptable cualquier intento de injerencia extranjera en los asuntos internos del país y manifestaron que mantendrán su respaldo al proyecto político de la 4T.

El pronunciamiento fue dirigido al pueblo de México y plantea una postura de unidad frente a los señalamientos y las campañas de desinformación que, según los firmantes, buscan desacreditar al movimiento.

Armenta firma postura de gobernadores de la 4T

Con su firma, Alejandro Armenta se incorporó al posicionamiento nacional de los gobernadores de Morena y aliados.

El documento plantea que la soberanía nacional y la autodeterminación deben ser principios irrenunciables y establece que ninguna presión extranjera debe intervenir en decisiones que corresponden a México.

“Defenderemos siempre la soberanía nacional. No permitiremos la injerencia extranjera en asuntos que corresponden exclusivamente al pueblo de México y a sus instituciones. México es un país libre, independiente y soberano, y así debe mantenerse”, establece el documento.

El mensaje ocurre en medio de la polémica generada por la cancelación de visas a funcionarios de Morena, entre ellos Andrés Manuel López Beltrán.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la medida como una decisión política e injerencista, lo que generó una reacción de respaldo por parte de integrantes del movimiento político.

Gobernadores rechazan señalamientos contra Morena

Además de abordar la soberanía, el documento contiene críticas contra quienes cuestionan la trayectoria y legitimidad de la Cuarta Transformación.

Los mandatarios aseguran que existen sectores que intentan presentar al movimiento como aquello que históricamente ha combatido.

En el pronunciamiento se afirma que algunos de sus detractores estuvieron relacionados con prácticas de corrupción, delitos de cuello blanco, intereses económicos contrarios al bienestar de las mayorías o vínculos con el crimen organizado.

A partir de estos señalamientos, los gobernadores sostienen que dichos sectores no cuentan con autoridad moral para dictar lecciones al movimiento que actualmente gobierna el país y varias entidades.

La declaración representa también una respuesta política ante las críticas que han surgido alrededor de funcionarios y dirigentes de Morena.

Puebla respalda el pronunciamiento nacional

La firma de Alejandro Armenta confirma la participación de Puebla dentro del bloque de gobernadores que respaldan la posición nacional de Morena.

El mandatario poblano ha defendido el proyecto de la Cuarta Transformación y, con este documento, se suma al rechazo de los gobernadores ante cualquier presión que pueda afectar la autonomía política del país.

El pronunciamiento señala que los integrantes del movimiento no abandonarán sus convicciones por presiones, amenazas o intereses particulares.

De esta manera, los mandatarios buscan enviar un mensaje de unidad y coordinación frente al escenario político generado por las recientes acciones del gobierno estadounidense.

“No vamos a abandonar al pueblo”, dice el documento

El manifiesto también contiene un llamado a mantener el trabajo de los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación.

“Que lo sepan bien: no vamos a abandonar al pueblo ni sus causas más nobles. No renunciaremos a nuestras convicciones por presiones, amenazas, campañas de desinformación o intereses particulares”, se lee en el documento.

Los gobernadores agregaron que su respuesta ante quienes busquen dividir al movimiento será continuar con las acciones de gobierno.

“Frente a quienes buscan dividir, desinformar o sembrar miedo, responderemos con trabajo, compromiso y resultados”, señala el pronunciamiento.

Con ello, los mandatarios intentan reforzar la unidad interna y mostrar que las críticas externas no modificarán la ruta política que mantienen sus gobiernos.

Morena cierra filas ante el escenario internacional

El posicionamiento firmado por Armenta y los gobernadores de la 4T representa una muestra de respaldo político ante las recientes tensiones relacionadas con funcionarios mexicanos y decisiones tomadas por autoridades estadounidenses.

Aunque cada entidad mantiene sus propias responsabilidades de gobierno, los mandatarios establecieron una postura conjunta en defensa de la soberanía de México.

El documento sostiene que el país es libre, independiente y soberano, por lo que cualquier decisión sobre sus asuntos internos debe permanecer en manos de sus instituciones.

La postura coincide con el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a defender la soberanía nacional y rechazar cualquier intervención extranjera.

Gobernadores de Morena respaldan la postura

El pronunciamiento fue respaldado por la totalidad de los mandatarios estatales de la Cuarta Transformación, entre ellos Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México.

También aparecen gobernadores de entidades como Baja California, Chiapas, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Tamaulipas.

La firma colectiva busca mostrar que el movimiento mantiene una posición unificada frente a los cuestionamientos y presiones que enfrenta.

El documento concluye con una advertencia política dirigida a quienes consideran adversarios del proyecto: “a los traidores a la patria siempre los juzga la historia”.

Con este pronunciamiento, Alejandro Armenta y los demás gobernadores de la 4T refrendaron su respaldo a la soberanía nacional y advirtieron que no modificarán sus convicciones ante presiones externas.

*BC

Después de cuatro años de desencuentros políticos, México y Perú restablecieron sus relaciones diplomáticas, poniendo fin a una de las mayores crisis bilaterales recientes entre ambos países.

Los gobiernos anunciaron el acuerdo mediante un comunicado conjunto en el que confirmaron la reanudación de los vínculos oficiales y destacaron los lazos históricos de amistad y cooperación.

La decisión ocurre después de una etapa marcada por el conflicto generado tras la salida del expresidente peruano Pedro Castillo y la postura del gobierno mexicano de mantener su respaldo al exmandatario.

La administración de Claudia Sheinbaum logró acercar posiciones con el nuevo gobierno peruano, aunque dejó claro que continuará defendiendo la situación jurídica y política de Castillo.

El conflicto diplomático entre México y Perú por Pedro Castillo

La relación entre ambos países comenzó a deteriorarse en diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo intentó cerrar el Congreso de Perú y establecer un gobierno de excepción.

Tras ese episodio, el Congreso peruano lo destituyó y fue detenido. México cuestionó las decisiones tomadas por las autoridades peruanas y expresó su respaldo al expresidente.

El entonces gobierno mexicano también rechazó reconocer plenamente a Dina Boluarte como mandataria peruana, situación que generó fuertes críticas desde Lima.

La crisis escaló hasta la expulsión de la representante mexicana en Perú, además de la declaración de persona non grata contra la entonces presidenta de México por sus declaraciones sobre la política interna peruana.

El asilo de Betsy Chávez fue clave para la reconciliación

Uno de los principales obstáculos para recuperar la relación bilateral fue el caso de Betsy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo.

Chávez permanecía bajo protección diplomática mexicana después de solicitar refugio en la embajada de México en Lima, mientras enfrentaba investigaciones por su presunta participación en el fallido autogolpe de Estado.

El gobierno mexicano solicitó un salvoconducto para permitir su salida de Perú y su traslado a territorio nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la operación fue resultado de un diálogo iniciado semanas atrás con las nuevas autoridades peruanas.

Con la salida de Chávez hacia México, ambos gobiernos consideraron que existían condiciones para avanzar en la normalización diplomática.

Sheinbaum confirma que México seguirá respaldando a Castillo

Pese al acuerdo entre ambos países, México no modificó su postura sobre el expresidente peruano.

La presidenta mexicana aseguró que continuará defendiendo a Pedro Castillo y mantendrá su posición de cuestionar el proceso que llevó a su encarcelamiento.

“Vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo, por las razones que hemos expuesto”, afirmó Sheinbaum.

El gobierno peruano, por su parte, ha señalado anteriormente que el caso Castillo corresponde a sus instituciones judiciales y que las decisiones internas deben respetarse.

¿Qué sigue para la relación México-Perú?

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas permitirá recuperar los mecanismos oficiales de comunicación entre ambos gobiernos.

Ambas naciones buscarán retomar la cooperación en áreas como comercio, cultura, migración y asuntos regionales.

Aunque el tema de Pedro Castillo continúa siendo un punto de diferencia, el acuerdo representa un intento por dejar atrás la confrontación diplomática y abrir una nueva etapa entre México y Perú.

*BC