Agenda legislativa, prioridad para Barbosa

Políticamente, la agenda legislativa de este periodo es prioridad en el futuro del gobierno estatal, por ello la importancia de las reuniones del mandatario Luis Miguel Barbosa con todas las fracciones parlamentarias.

Hoy está programada con los panistas, el grupo más numeroso después de Morena, con nueve diputados. Predominará la urbanidad política y los legisladores que asistan escucharán respetuosamente al gobernador.

No se descarta que las partes expresen diferencias lógicas y valederas en grupos opositores, sin llegar a la grosería y a los reclamos airados de ninguno de los asistentes, pero a diferencia del PRI, reunión que fue la semana pasada, se fijarán posiciones que no serán cómodas ni para los legisladores ni para el Ejecutivo.

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En Izúcar de Matamoros, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, pidió a los senadores tener amor a la patria y apoyar la reforma que permitirá permanecer al Ejército en las calles cuatro años más, y sobre la Reforma Electoral dijo que es para ciudadanizar al Instituto Nacional Electoral, reducir recursos a partidos políticos y al Tribunal Federal Electoral.

“No puede ni debe haber una democracia tan cara en México que le cueste al pueblo de México miles de millones de pesos”, señaló el legislador ante una concurrida aasamblea. Insistió que con la Reforma Electoral se busca reducir gastos, acabar con los moches y despilfarros de la democracia para que ese dinero se vaya a los programas sociales.

Citó como ejemplo que los partidos políticos tienen un presupuesto anual de 12 mil millones de pesos para mantener a su burocracia dorada.

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Comentó que el pueblo es el que manda, por ello es necesario dar a conocer lo que se hace en la Cámara de Diputados y “no se vale que se enoje nadie, porque es un derecho que tienen ustedes que les vengan a informar, hay quienes no visitan los distritos, las regiones porque no tienen nada que informar y por eso no vienen, yo estoy aquí”, ejemplificó Mier.

Anunció que presentará una propuesta de ley para que se utilicen los recursos que están abandonados en los bancos por parte de la delincuencia, que son más de 70 mil millones de pesos, para la compra de equipamiento como patrullas, armamento, chalecos y otros elementos.

Para evitar la corrupción, a los estados y municipios les va a llegar directamente el equipo porque ha sucedido en años anteriores que les mandaban el dinero y los utilizan para hacer negocios como los arcos de seguridad, señaló.

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A días de concluir el plazo de seis meses para la instalación de los centros de verificación vehicular, concesionados por el gobierno del estado, aún no hay una fecha para el reinicio de este programa. Los verificentros deberán estar en operación a más tardar el 6 de octubre, cuando vence el plazo establecido en la concesión de 210 días para su instalación.

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De acuerdo con el programa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) que rige a todos los estados que la integran, los vehículos con placas terminación 3,4,1 y 2 y colores rosa y verde, respectivamente serán los primeros en verificar, además de aquellos que fueron rechazados y contaban con un plazo para volver a presentarse.

Un elemento nuevo en la verificación, será la obligación de verificar en la entidad, de todos aquellos vehículos que circulen periódicamente en territorio poblano.

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Desde el inicio de la administración municipal de la capital, se han sancionado 20 negocios por apartar lugares para automovilista, informó el director de Normatividad y Regulación Comercial del ayuntamiento, Enrique Guevara Montiel.

"Hemos seguido sancionando lugares, ahora ya se complica un poco saber si es solamente por el apartado de lugares, por la ocupación de la vía pública, o cuando llegamos a ver el negocio en la vía pública, entramos pedimos papeles y resulta que tampoco tienen los papeles, nos pasó con un taller mecánico que tuvimos que clausurar, por falta de documentación", dijo.

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El funcionario advirtió que, si los dueños rompen el sello para abrir el negocio clausurado, son acreedores a una denuncia penal y a pagar el resello, el cual resulta más caro, ya que, asciende a más de 40 mil pesos.

Agregó que, los comercios más frecuentes en incurrir en estas prácticas son negocios de verduras, ya que abarcan gran parte de la vía pública, y los talleres mecánicos.

*ARD