El legislador explicó que, cuando formó parte de la Secretaría de Gobernación, impulsó modificaciones a los Protocolos de Actuación para que existiera una respuesta inmediata ante intentos de linchamiento.

Detalló que desde 2019 se determinó que el primer respondiente fuera la policía, el presidente municipal, el delegado de Gobernación o la primera persona que detecte este tipo de hechos.

No obstante, subrayó que Puebla todavía no contempla el linchamiento como un delito específico, situación que complica el castigo para los responsables.

Caso Cohuecan impulsa la discusión legislativa

"Puebla se ha caracterizado porque dentro de los últimos años es el primero de los siete estados con más casos de linchamientos en el país (…) en seis meses que estuvo como delgado de Gobernación se registraron 18 intentos de linchamiento, con dos consumaciones, Tecamachalco y Huixcolota en el 2019", señaló Andrés Villegas Mendoza.

El tema volvió a cobrar fuerza tras los hechos registrados en Cohuecan, donde Juan Felipe N., de 34 años, perdió la vida después de ser agredido e incendiado por habitantes que lo señalaron de intentar cometer un robo.

"El último reporte se supo que era un chatarrero que se trataba de recoger chatarra, y hay que esperar las investigaciones completas, pero el primer corte hasta donde se va no era un delincuente, lo que se le hizo justicia o injustica por propia mano", manifestó el diputado morenista.