Sindicato y nueva gestión insistirán en echar atrás las 100 bases que dio Claudia Rivera

Las 100 bases que concedió Claudia Rivera al finalizar su gestión en la ciudad de Puebla, tendrán marcha atrás y el conflicto se irá al tribunal laboral.

Serán los regidores de Acción Nacional, quienes a partir de mañana analicen las "bases agandalladas" por la presidenta Rivera Vivanco, a fin de verificar su legalidad, precisó el regidor panista Enrique Guevara Montiel, quien será funcionario de la próxima gestión.

"Eso ya lo platicamos con los regidores entrantes para que hagan el propio análisis pertinente del proceso de basificaciones, que hagan una revisión completa y exhaustiva en todas las vertientes", insistió.

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Guevara Montiel crítico que la presidenta municipal se haya quejado de las 84 bases que dejó en su momento Luis Banck Serrato, mientras ahora ha aprobado 100 plazas en favor de ella y los regidores “claudistas”.

También presionarán desde la administración para que se pueda llevar a cabo esta investigación de los nombramientos, de los cuales destacó una mujer cercana que se quedará en el área de normatividad.

Para Claudia Rivera apenas empieza el infierno que le están construyendo desde la oposición de su partido y otros partidos políticos, aunque sus administradores también colaboraron con decisiones como la entrega de 100 bases a su equipo.

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Después de las protestas realizadas el lunes en Palacio Municipal por integrantes del sindicato de burócratas “Benito Juárez”, a instancias de su líder Gonzalo Juárez, contra las 100 plazas en el ayuntamiento otorgadas por el Cabildo, ayer se registraron nuevas manifestaciones en distintos puntos de la ciudad.

Los miembros se manifestaron contra la violación a las condiciones generales de trabajo y el otorgamiento de 100 bases aprobadas por el Cabildo.

Las protestas se dieron en 26 dependencias, entre ellas:

Parques y Jardines (zona norte y sur), Maquinaria, Catastro, DIF estatal, Veladores, Centro de atención municipal, Protección civil, Obras públicas, Bienes Patrimoniales, Alumbrado Público, Archivo General, Sindicatura, Mantenimiento de Mercados, Administración de mercados, Protección animal, Banda municipal, Sala de regidores, Delegaciones estatales y Contraloría.

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El lunes por la noche, Juárez Méndez convocó a los agremiados para ingresar por la fuerza al Palacio Municipal en búsqueda de “diálogo” con la presidenta municipal para obtener espacios laborales, lo que no consiguieron.

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Mujeres en Tehuacán realizaron la tercera marcha por el feminicidio de Suri Saday, la joven estudiante de 18 años que desapareció cuando se dirigía a la escuela y que un día después apareció sin vida en terrenos de cultivo.

En la movilización exigieron justicia por ese crimen y los otros registrados, la protesta terminó en la Casa de Justicia de Tehuacán.

El grupo de mujeres hizo un recorrido sobre la avenida Reforma Norte, posteriormente se incorporó sobre avenida Independencia en sentido contrario y calzada Adolfo López Mateos, hasta llegar a la Casa de Justicia.

Personal de la Fiscalía General del Estado en Tehuacán, de manera inmediata les cerró las puertas, pese a ello las mujeres, en su mayoría jóvenes, colocaron una manta con el mensaje 'Nos falta Suri', además realizaron una ofrenda con veladoras y la foto de la víctima.

También lanzaron consignas como: 'Tehuacán feminicida' y 'La policía no me cuida', entre otras, con las que exigen la intervención de las autoridades para dar con el o los responsables del crimen en contra de la joven.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de atracción en el litigio entre integrantes de la familia Jenkins sobre el presunto desvío de 14 mil millones de pesos de la Fundación Mary Street Jenkins.

La solicitud de atracción fue promovida por Elodia Sofía de Landa Irizar, Margarita Jenkins de Landa, María Elodia Jenkins de Landa, Juan Guillermo Eustace Jenkins, Juan Carlos y Roberto Jenkins de Landa, quienes combaten la impugnación de la Fiscalía General de la República porque una juez de amparo les permitió ampliar su demanda, presuntamente fuera del plazo legal.

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“Ante la falta de legitimación de los quejosos, el ministro Juan Luis Alcántara Carrancá decidió de oficio hacer suyo el escrito de solicitud de ejercicio de la facultad de atracción”, informó la Corte.

Las solicitudes no pueden ser procesadas a menos que uno de los ministros la promueva, lo que ocurrió en este caso, según consta en el acuerdo publicado en estrados.

Será la primera vez que el máximo tribunal intervendrá en el litigio que empezó desde 2016, cuando se denunció ante la FGR un esquema de defraudación, en el cual se constituyeron diversas fundaciones.

El de la Udlap es un conflicto económico que escaló a lo político y donde hoy intervienen otro tipo de intereses, tocará a la Corte decir quien tiene la razón.

*ARD