Una investigación exhibe que la Suprema Corte de Justicia de la Nación operó un esquema de “licencias doradas”, mediante el cual decenas de funcionarios se ausentaron de sus cargos sin dejar de recibir salario.
Este mecanismo, vigente durante años previos a la reforma judicial, ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos dentro del Poder Judicial.
Funcionarios con permisos pagados
Al menos 49 altos funcionarios fueron beneficiados con este tipo de licencias, justificadas bajo la figura de “asuntos personales graves”.
En algunos casos, los permisos se extendieron durante varios meses, lo que permitió a los servidores públicos mantenerse fuera de sus funciones con ingresos íntegros, sin afectación económica.
Pagos sin trabajar y duplicidad de recursos
El esquema no solo implicó el pago de salarios a funcionarios ausentes, sino también la contratación de personal interino para cubrir sus funciones.
Esto derivó en un doble gasto público, ya que:
- Se mantuvo el sueldo del funcionario con licencia
- Se asignaron recursos para suplentes
- Se incrementó la carga presupuestaria
La situación ha sido señalada como un uso ineficiente de los recursos del Estado.
Opacidad y reserva de información
Uno de los puntos más controvertidos es que los detalles de estas licencias fueron clasificados como información confidencial.
El argumento oficial fue la protección de datos personales; sin embargo, especialistas consideran que esta decisión limita la transparencia en el Poder Judicial y dificulta la rendición de cuentas.
Críticas en medio de la reforma judicial
El caso surge en un momento clave, tras los cambios impulsados para reformar el sistema judicial en México.
Analistas señalan que este tipo de prácticas evidencian la necesidad de:
- Eliminar privilegios discrecionales
- Fortalecer mecanismos de fiscalización
- Garantizar mayor apertura institucional
La polémica ha reavivado el debate sobre la legitimidad y funcionamiento de las instituciones judiciales.
Desigualdad frente a otros trabajadores
Mientras estos beneficios eran otorgados a funcionarios de alto nivel, la mayoría de los trabajadores en México no cuenta con condiciones similares.
Esta disparidad ha sido uno de los principales puntos de crítica, al evidenciar una brecha entre la élite del sistema judicial y la ciudadanía.
*BC
