Cártel de Sinaloa

Las declaraciones del abogado de Joaquín Guzmán Loera, Gerardo Rincón Flores, generaron controversia luego de que afirmara que enviará a Estados Unidos información relacionada con una supuesta lista de 32 presuntos funcionarios vinculados al narcotráfico en México.

El señalamiento fue hecho durante una entrevista en el programa "Me Lo Dijo Adela", conducido por la periodista Adela Micha, donde el litigante aseguró que los datos que posee ampliarían versiones previas sobre presuntos nexos entre actores políticos y el crimen organizado.

Hasta el momento, no existen pruebas públicas ni confirmación oficial de las autoridades mexicanas o estadounidenses sobre estas afirmaciones.

Abogado de “El Chapo” afirma tener información de alto impacto

Durante la conversación televisiva, Gerardo Rincón Flores aseguró que la información que planea entregar a autoridades de Estados Unidos incluye nombres de personas que habrían tenido vínculos con actividades ilícitas.

El abogado sostuvo que la lista inicial de diez nombres se ampliará considerablemente.

"De una lista de diez personas se quedaron cortos. Lo que yo voy a mandar se va a expandir a treinta y dos", declaró.

Además, insinuó que dentro de los señalados habría personas que actualmente ocupan cargos públicos y otras que han transitado entre distintas administraciones federales.

Sin embargo, el litigante no presentó documentos, pruebas o expedientes verificables durante la entrevista.

Señalamientos sin pruebas contra administraciones federales

En sus declaraciones, el abogado mencionó a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, al afirmar que en ambos periodos habrían existido presuntos vínculos entre funcionarios y el crimen organizado.

"Entre Peña Nieto y Andrés Manuel, aunque lo nieguen, había gente", afirmó.

El señalamiento generó reacciones en redes sociales, aunque hasta el momento ninguna autoridad federal ha confirmado o desmentido formalmente la existencia de la lista mencionada por el abogado.

Expertos en derecho consultados en otros casos similares han señalado que este tipo de declaraciones deben ser respaldadas con pruebas formales ante instancias judiciales para tener validez legal.

Información sería enviada a autoridades de Estados Unidos

Gerardo Rincón Flores aseguró que la información será entregada a autoridades de Estados Unidos, aunque no precisó a qué dependencia federal ni bajo qué procedimiento legal se presentaría.

El abogado también afirmó que el eventual acceso a dicha información podría generar consecuencias relevantes en el ámbito político y judicial.

"Cuando Estados Unidos tenga la información de dos personas claves, se va a caer todo", dijo durante la entrevista.

Sin embargo, no existe confirmación de que autoridades estadounidenses hayan recibido o solicitado dicha documentación.

Denuncias, amenazas y acusaciones contra autoridades mexicanas

Durante la misma entrevista, el litigante aseguró haber recibido amenazas e intentos de intimidación, los cuales atribuyó a actores del ámbito político y de seguridad en México.

En ese contexto, mencionó a la Fiscalía General de la República (FGR) y al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, a quienes responsabilizó públicamente en caso de sufrir algún daño.

"Si alguna cosa llega a pasarme, responsabilizo a la FGR, a García Harfuch y a este grupo de gobierno", declaró.

Hasta el momento, ninguna de las instituciones señaladas ha emitido postura oficial sobre estas declaraciones.

Caso de Joaquín Guzmán sigue bajo atención internacional

El caso de Joaquín Guzmán Loera continúa siendo uno de los expedientes más mediáticos relacionados con el narcotráfico internacional.

El exlíder del Cártel de Sinaloa fue condenado en Estados Unidos en 2019 y actualmente cumple una sentencia de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad.

Las recientes declaraciones de su abogado han reactivado el debate público en redes sociales, aunque no han sido respaldadas por pruebas ni presentadas formalmente ante tribunales.

*BC

Aumenta la presión de organismos internacionales contra los carteles mexicanos, no sólo del gobierno de Estados Unidos.

“Los principales cárteles mexicanos han extendido sus operaciones más allá de las fronteras nacionales y mantienen actividades vinculadas con la producción de drogas sintéticas, instalación de laboratorios clandestinos y alianzas con grupos criminales en América, Europa y otras regiones, de acuerdo con el Informe 2025 sobre drogas elaborado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas”.

El organismo, en febrero de este año documentó que organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación participan en operaciones transnacionales que abarcan tres continentes, consolidando redes de producción, distribución y tráfico de sustancias ilícitas.

Identificó específicamente al Cártel de Sinaloa y al CJNG como actores con presencia en Honduras, donde han establecido vínculos con estructuras criminales locales como la Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18, el Tren de Aragua de Venezuela y el Clan del Golfo de Colombia.

La JIFE señaló que la influencia de estas organizaciones en territorio hondureño se confirmó el pasado 23 de mayo, cuando cinco agentes de la División Antipandillas murieron durante un operativo en el norte de ese país. Las autoridades atribuyeron el ataque a una estructura de narcotráfico encabezada por un operador relacionado con el CJNG.

En Sudamérica, el informe destaca el caso de Chile, donde en enero de 2025 se registró la mayor incautación de metanfetamina en la historia del país, fueron 844 kilogramos decomisados junto con precursores químicos.

La operación permitió desarticular una organización con base en México que proyectaba instalar un laboratorio de producción de metanfetamina cristalina en la región de O’Higgins.

La expansión de las redes criminales mexicana también fue documentada en Europa

En junio de 2024, autoridades francesas desmantelaron el primer laboratorio de metanfetamina a gran escala detectado en ese país. Las investigaciones posteriores establecieron vínculos entre la estructura responsable y el Cártel de Sinaloa, además de grupos criminales asentados en Bélgica, España y los Países Bajos.

En abril de 2025, autoridades belgas desarticularon otro laboratorio clandestino que operaba desde hacía más de un año y contaba con capacidad para producir cientos de kilogramos de anfetamina y metanfetamina mensualmente, reflejando el alcance internacional de las redes.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) informó a la JIFE que el fentanilo disponible en territorio estadounidense proviene de organizaciones criminales transnacionales establecidas en México. Hasta abril de 2025, las autoridades estadounidenses habían decomisado 9 mil 354 kilogramos de esa sustancia en la frontera con México.

La JIFE advirtió además sobre el hallazgo, en octubre de 2024, de una operación de fabricación de fentanilo a gran escala en Canadá.

Según el organismo, esta capacidad podría expandirse si se reduce el suministro procedente de México, con el objetivo de satisfacer la demanda existente en el mercado estadounidense.

“Uno de los aspectos que más preocupa a Naciones Unidas es la compleja red internacional para el suministro de precursores químicos. El informe documentó la interceptación de tres toneladas de 1-boc-4-piperidona, una sustancia utilizada en la elaboración de fentanilo.

“La JIFE estimó que dicho volumen habría permitido producir entre 1.4 y 3.3 toneladas del opioide sintético, equivalentes a cientos de millones de dosis potencialmente letales”.

México realizó modificaciones constitucionales para fortalecer el combate a los delitos relacionados con drogas sintéticas y precursores químicos. Durante 2024 y 2025 se aprobaron reformas que ampliaron los supuestos de prisión preventiva oficiosa e incrementaron las sanciones contra la producción, distribución y comercialización ilícita de sustancias químicas vinculadas al fentanilo.

El informe también registra observaciones realizadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que expresó preocupación por el uso de la prisión preventiva automática al considerar que podría entrar en conflicto con estándares internacionales en materia de garantías individuales.

La conclusión del Informe 2025 sostiene que los grupos criminales mexicanos han evolucionado hacia estructuras transnacionales con capacidad para conectar laboratorios clandestinos, rutas de tráfico y mercados de consumo en distintas regiones del mundo.

El fenómeno rebasa las fronteras de cualquier país.

Los carteles mexicanos están en la mira no sólo de Estados Unidos sino también de los organismos internacionales.

De las anécdotas que se cuentan

En los últimos 9 años se han desmantelado seis laboratorios de drogas sintéticas en la capital poblana y la región sur del estado.

Las detenciones dejaron al menos 13 detenidos, 12 de ellos vinculados con el Cártel de Sinaloa.

De 2017 a mayo de 2026, los puntos donde se realizaron intervenciones y desmantelamientos de laboratorios de drogas sintéticas fueron Barrio de Santiago, Lomas Flor del Bosque y Mirador La Calera, en la ciudad de Puebla, también en los municipios de Coatzingo, Tehuitzingo y Chila de la Sal.

Informes de la DEA, en 2025, incluyen a Puebla entre los estados del centro del país donde se produce cristal o metanfetamina que posteriormente es enviada a la frontera con Estados Unidos.

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*ARD

El escenario de los carteles mexicanos coludidos con políticos sigue tensando las relaciones entre Estados Unidos con nuestro país.

El lunes pasado, Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, advirtió que la administración del presidente Donald Trump actuará contra funcionarios mexicanos relacionados con organizaciones criminales que no colaboren con las autoridades estadounidenses.

Durante una entrevista con Jan Jekielek, la funcionaria afirmó que diversos gobiernos han optado por colaborar con Washington debido a la postura que mantiene el presidente Trump frente a las organizaciones criminales.

“Podemos hacer eso, primero, porque el gobierno mexicano, como muchos de los gobiernos en nuestro hemisferio, saben que el presidente Trump dice lo que siente, él simplemente lo hace. Si él dice ‘vamos a ir por ti, si no cooperas con nosotros, te vamos a atacar y te vas a arrepentir. “Entonces ¿Quieres cooperar? Sí o no”, expresó.

Por lo pronto, el fiscal federal Jay Clayton, quien encabeza en Estados Unidos acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue propuesto por el presidente Donald Trump para ocupar un cargo clave en el aparato de inteligencia estadounidense.

Trump anunció la nominación de Clayton como próximo director de Inteligencia Nacional, posición donde tendría bajo su responsabilidad la coordinación de las agencias de inteligencia de Estados Unidos en un contexto marcado por tensiones bilaterales con México, seguridad fronteriza y combate a organizaciones criminales transnacionales.

Clayton se desempeña actualmente como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, una de las oficinas judiciales más relevantes de Estados Unidos. En ese cargo ha participado en investigaciones contra redes criminales vinculadas al narcotráfico y en expedientes de alto impacto relacionados con esquemas de protección política y financiera.

El fiscal es identificado como una figura central en el proceso judicial contra el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, señalado por autoridades estadounidenses de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos.

En ese mismo expediente también aparecen señalados Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Mendívil, otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. La acusación fue anunciada formalmente por Clayton el 29 de abril.

Durante la presentación del caso, el fiscal afirmó que las investigaciones buscan desarticular redes de protección vinculadas a organizaciones criminales.

En esa ocasión sostuvo: “El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”.

El proceso ha cobrado mayor relevancia luego de que dos ex colaboradores cercanos a Rocha Moya se entregaran a autoridades estadounidenses. Entre ellos el general retirado Gerardo Mérida Sánchez y el exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Alfonso Díaz Vega, quienes enfrentan procedimientos legales derivados de las acusaciones de la fiscalía.

El caso también ha provocado tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que Washington no ha presentado pruebas suficientes para sustentar solicitudes formales de extradición contra los funcionarios mencionados, y ha insistido en que cualquier cooperación judicial debe sujetarse a los mecanismos legales vigentes.

De ser ratificado por el Senado, Clayton pasaría de dirigir investigaciones judiciales contra presuntas redes criminales mexicanas a coordinar la inteligencia estadounidense, lo que coloca a Sinaloa y la estrategia contra el narcotráfico en un nuevo escenario político y de seguridad binacional.

“Cooperas o no”, es la premisa.

La tensión entre México y Estados Unidos crece.

De las anécdotas que se cuentan

En sus más de cien años de existencia, la FIFA ha pasado por todo tipo de circunstancias.

“El FIFA Corruption Scandal de 2015 mostró una serie de grietas en la organización: falta de auditorías rigurosas, opacidad en la asignación de fondos y relación entre la cúpula de la FIFA y las federaciones. Arturo Trujillo repasa la historia de la FIFA”, desde su creación en 1904 hasta el llamado “Premio FIFA de la Paz” entregado por Gianni Infantino a Donald Trump.

En el Mundial de México 70 apareció el primer álbum Panini.

Tenía apenas 288 estampas y los jugadores no estaban organizados en páginas brillantes ni tenían el famoso y facilitador autoadherible en la parte de atrás.

Hoy, el álbum tiene alrededor de mil estampas. Quizás su función principal sea la de ponerle cara a las personas que estaremos viendo jugar en la Copa 2026, aunque también la actividad de llenarlo exige algo cada vez más escaso: la convivencia.

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*ARD

En medio de versiones encontradas, Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, difundió un video desde el Jardín Botánico de Culiacán para negar que se haya entregado a autoridades de Estados Unidos.

El exfuncionario aparece en el mensaje grabado realizando ejercicio y asegurando que se encuentra en la ciudad, lo que contradice reportes previos que lo ubicaban fuera del país.

“Buenos días… aquí andamos en el botánico haciendo un poco de ejercicio”, expresó al inicio del video.

Acusa desinformación y cuestiona a medios

En su mensaje, Marco Antonio Almanza lanzó críticas contra medios de comunicación que difundieron la versión de su presunta entrega.

“Fui objeto de mucha desacreditación… no estoy de acuerdo”, señaló, al tiempo que hizo un llamado a verificar la información antes de publicarla.

El exmando reiteró que ya había rendido declaraciones anteriormente y defendió su postura frente a los señalamientos.

Cómo surgió la versión de su presunta entrega

La polémica inició cuando diversos reportes indicaron que Marco Antonio Almanza Avilés habría sido entregado a autoridades estadounidenses tras acudir a un citatorio en la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán.

La versión tomó fuerza en medios nacionales y redes sociales, especialmente por el contexto de investigaciones abiertas contra funcionarios de Sinaloa.

Sin embargo, el propio exfuncionario negó categóricamente dicha información.

Trayectoria de más de tres décadas en seguridad

Marco Antonio Almanza cuenta con una trayectoria de más de 30 años en corporaciones policiales en Sinaloa.

Su carrera incluye:

• Ingreso a la Policía Judicial en 1991
• Trabajo en áreas de homicidios y delitos patrimoniales
• Coordinación de investigaciones ministeriales
• Nombramiento como encargado de la Policía de Investigación en 2017
• Designación como comisario general en 2019

Durante su gestión participó en procesos clave como la implementación del sistema penal acusatorio.

Señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado

A pesar de su aparición pública, Marco Antonio Almanza Avilés sigue siendo mencionado en investigaciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de “Los Chapitos”.

Las acusaciones apuntan a una presunta red de funcionarios que habrían facilitado:

• Tráfico de drogas hacia Estados Unidos
• Protección institucional a grupos criminales
• Uso de información oficial para operaciones ilícitas

El caso Sinaloa y la presión internacional

El contexto en el que surge este caso es una investigación más amplia de autoridades estadounidenses sobre presunta infiltración del crimen organizado en instituciones de seguridad en Sinaloa.

El nombre de Marco Antonio Almanza aparece dentro de esta línea de investigación, lo que ha elevado el interés mediático y político.

Aparición pública cambia el rumbo de la narrativa

El video difundido desde Culiacán marca un punto de inflexión en el caso, al ofrecer una prueba visual de que el exfuncionario se encuentra en México.

Esto ha generado dudas sobre la veracidad de los reportes iniciales y ha abierto un debate sobre la difusión de información no confirmada.

Persisten acusaciones pese al desmentido

Aunque Marco Antonio Almanza negó su entrega, las acusaciones en su contra continúan vigentes dentro de investigaciones internacionales.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial conjunto entre autoridades de México y Estados Unidos que aclare su situación jurídica.

*BC

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, enfrentará una audiencia decisiva el próximo 1 de junio en Estados Unidos, en el marco de una investigación federal que lo vincula con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

La comparecencia se llevará a cabo en el Distrito Sur de Nueva York, donde autoridades judiciales han iniciado el proceso formal en su contra.

Fiscalía de EU y defensa inician negociaciones

Uno de los elementos más relevantes del caso es que la fiscalía estadounidense y la defensa de Gerardo Mérida han comenzado negociaciones previas al juicio.

Este mecanismo, conocido como “pretrial discussions”, permite:

• Explorar acuerdos para evitar juicio
• Reducir posibles sentencias
• Establecer cooperación con autoridades
• Definir responsabilidades sin proceso completo

Estas negociaciones suelen ser clave en casos de crimen organizado y pueden modificar significativamente el rumbo del proceso.

Estrategia legal: entre la inocencia y la cooperación

Aunque en su primera comparecencia Gerardo Mérida Sánchez se declaró no culpable, la apertura de negociaciones sugiere una posible estrategia de defensa enfocada en acuerdos con la fiscalía.

En este tipo de procesos, los acusados pueden:

• Mantener su postura inicial
• Negociar reducción de cargos
• Proporcionar información a cambio de beneficios

Esto abre la posibilidad de que el exfuncionario colabore con autoridades estadounidenses.

Entrega voluntaria en Arizona y traslado a Nueva York

El exsecretario de Seguridad de Sinaloa se entregó voluntariamente el pasado 11 de mayo en la garita de Nogales, Arizona.

Tras su entrega:

• Renunció a su audiencia de identidad
• Aceptó ser trasladado a Nueva York
• Fue ingresado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn

Antes de esto, se encontraba en Hermosillo, Sonora, tras las acusaciones en su contra.

Posible figura de testigo protegido

Versiones periodísticas señalan que Gerardo Mérida habría manifestado su intención de colaborar con autoridades de Estados Unidos.

Este tipo de cooperación podría derivar en:

• Reducción de condena
• Protección judicial
• Conversión en testigo protegido
• Aportación de información sobre redes criminales

La figura de testigo protegido ha sido clave en investigaciones contra estructuras del narcotráfico.

Acusaciones: vínculos con “Los Chapitos”

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Gerardo Mérida Sánchez de mantener presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Entre los delitos que enfrenta se encuentran:

• Conspiración para importar narcóticos
• Posesión de armamento
• Conspiración para poseer armas

Estos cargos podrían derivar en cadena perpetua.

Señalamientos de sobornos millonarios y protección al cártel

Las autoridades estadounidenses sostienen que funcionarios de Sinaloa habrían recibido sobornos de gran escala para proteger al Cártel de Sinaloa.

Según la acusación:

• Se habrían pagado hasta 100 millones de dólares mensuales
• Se garantizaba protección institucional
• Se facilitaban operaciones delictivas
• Se permitía la operación del grupo criminal con impunidad

Impacto político y judicial del caso

El caso de Gerardo Mérida forma parte de una investigación más amplia que involucra a funcionarios del gobierno de Sinaloa.

Las implicaciones del proceso podrían extenderse a otros actores políticos y de seguridad, lo que ha generado una fuerte presión tanto en México como en Estados Unidos.

Lo que está en juego el 1 de junio

La audiencia programada será clave para definir el rumbo del proceso:

• Confirmación de negociaciones
• Posible acuerdo con fiscales
• Definición de estrategia legal
• Avance hacia juicio o resolución anticipada

El resultado podría marcar un precedente en casos de cooperación entre autoridades de ambos países.

*BC

El exdirector de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, presuntamente se entregó a autoridades de Estados Unidos tras ser señalado en una investigación federal que lo vincula con presuntas operaciones de apoyo a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

El caso forma parte de un expediente judicial abierto en la corte federal del Distrito Sur de Nueva York.

EU intensifica investigación contra red de funcionarios

Las autoridades estadounidenses sostienen que una red de funcionarios habría operado para facilitar actividades del Cártel de Sinaloa, considerado una de las organizaciones criminales más poderosas del continente.

La investigación apunta a posibles actos como:

• Facilitación de rutas de narcotráfico
• Protección institucional a grupos criminales
• Uso de corporaciones de seguridad para fines ilegales
• Coordinación indirecta con células delictivas

El caso es encabezado por el fiscal federal Jay Clayton junto con la Administración para el Control de Drogas (DEA), en coordinación con agencias de inteligencia.

Lista de funcionarios involucrados en el caso

El expediente incluye a figuras relevantes del ámbito político y de seguridad pública en Sinaloa.

Entre ellos:

• Rubén Rocha Moya Rubén Rocha Moya
• Enrique Inzunza Cázarez, senador
• Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública
• Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”

Las acusaciones señalan presuntos vínculos operativos o de protección hacia el Cártel de Sinaloa.

Declaraciones ante la FGR en Culiacán

Tras revelarse las acusaciones en Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR) citó a varios funcionarios y exfuncionarios en México.

Los citados incluyeron a:

• Marco Almanza Avilés
• Rubén Rocha Moya
• Enrique Inzunza Cázarez
• Juan de Dios Gámez Mendívil

Las comparecencias forman parte del proceso de colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

Caso paralelo: entrega de exfuncionario en Europa

El exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, también está involucrado en el expediente.

Según reportes, fue detenido inicialmente en un consulado en Europa y posteriormente aceptó su entrega voluntaria a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con presunto apoyo financiero al Cártel de Sinaloa.

Las acusaciones han generado un fuerte impacto político debido a la participación de altos funcionarios.

El gobernador con licencia Rubén Rocha Moya ha negado cualquier vínculo con actividades criminales y ha rechazado las acusaciones, calificándolas como infundadas.

El caso continúa abierto en Estados Unidos y México, con posibles solicitudes de extradición en curso.

Las autoridades buscan determinar el nivel de participación de cada uno de los señalados en la presunta red de apoyo al Cártel de Sinaloa.

Gobierno federal descarta entrega de Marco Almanza a EU

En medio de versiones encontradas, fuentes del gobierno federal aseguraron que Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, permanece en Culiacán y no se ha entregado a autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con la información confirmada a EL UNIVERSAL, el exfuncionario se encuentra en territorio mexicano, lo que contradice reportes que lo ubicaban bajo custodia en el extranjero.

Versiones desde Estados Unidos contradicen información oficial

A pesar de lo anterior, una fuente del Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que Marco Antonio Almanza se habría entregado a autoridades estadounidenses el pasado jueves.

Esta versión generó una nueva ola de incertidumbre, ya que no ha sido respaldada públicamente por autoridades mexicanas ni confirmada mediante registros oficiales.

La discrepancia refleja la falta de coordinación informativa en un caso de alto impacto binacional.

El perfil de Marco Antonio Almanza dentro de la Fiscalía de Sinaloa

Durante su paso por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés ocupó un cargo estratégico como jefe de la Policía de Investigación.

Entre sus funciones se encontraban:

• Coordinación de operativos ministeriales
• Integración de carpetas de investigación
• Manejo de información confidencial
• Supervisión de acciones policiales en campo

Estas responsabilidades lo colocaban en una posición clave dentro de la estructura de seguridad estatal.

Acusaciones por presuntos vínculos con “Los Chapitos”

Según documentos judiciales en Estados Unidos, Marco Almanza es señalado por presuntamente colaborar con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Las acusaciones incluyen:

• Recepción de sobornos mensuales cercanos a 300 mil pesos
• Protección a operaciones de narcotráfico
• Facilitación de actividades del crimen organizado
• Omisión de acciones policiales en zonas estratégicas

Las autoridades estadounidenses sostienen que estas acciones habrían permitido el fortalecimiento del grupo criminal en Sinaloa.

Señalamientos por tráfico de químicos para fentanilo

Uno de los puntos más delicados en la investigación señala que el exfuncionario habría facilitado el ingreso y tránsito de sustancias químicas utilizadas en la producción de fentanilo.

Estas operaciones habrían ocurrido sin intervención de corporaciones de seguridad en Culiacán, lo que refuerza las sospechas de protección institucional.

Comparecencia ante la FGR y avance del caso en México

En paralelo a la investigación internacional, Marco Antonio Almanza Avilés acudió recientemente a la Fiscalía General de la República (FGR) para responder a un citatorio.

El expediente en México involucra a al menos diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Un caso marcado por versiones encontradas

El caso de Marco Almanza se ha convertido en un ejemplo de la complejidad de las investigaciones binacionales.

Por un lado, el gobierno federal mexicano sostiene que el exfuncionario permanece en el país; por otro, versiones desde Estados Unidos apuntan a una supuesta entrega.

La ausencia de una confirmación oficial conjunta mantiene el caso en un terreno de incertidumbre.

Investigación en curso y presión internacional

Las investigaciones sobre presuntos vínculos entre funcionarios de seguridad y el Cártel de Sinaloa continúan abiertas en ambos países.

El caso se desarrolla en un contexto de presión internacional para combatir la infiltración del crimen organizado en instituciones públicas, especialmente en estados clave como Sinaloa.

*BC

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, compareció el martes pasado ante la sede de la Fiscalía General de la República en Culiacán, con un solo detalle: nadie lo vio ni hay constancia gráfica de su asistencia.

El citatorio se derivó de una investigación en curso tras los señalamientos de autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos criminales y vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El motivo fue rendir declaraciones ante el Ministerio Público de la Federación como parte de los planes de investigación que analizan las acusaciones estadounidenses

Rocha Moya afirmó en redes sociales que acudió con "la frente en alto" y: "no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca". Al gobernador con licencia lo cuida un fuerte dispositivo de Seguridad Pública, que en esta ocasión tampoco se vio.

Junto con Rocha Moya, la FGR citó a otros 4 funcionarios y autoridades del estado para determinar el grado de responsabilidad frente a los señalamientos, sólo dos llegaron a pie a la cita.

Rocha Moya se separó temporalmente de sus funciones como gobernador el 2 de mayo de 2026, lo que permitió a la FGR citarlo de manera directa y sin el proceso de desafuero habitual.

El caso es importante porque supuestamente compareció ante la Fiscalía en Culiacán, como parte de la investigación abierta en México tras los señalamientos de autoridades de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Rocha Moya está, supuestamente en Culiacán resguardado por Seguridad Pública, en medio de la crisis política generada por las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense, que involucran al mandatario estatal y a parte de su equipo en acuerdos con integrantes del Cártel de Sinaloa.

El caso involucra también al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y al vice fiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra.

Los señalamientos declarados en Estados Unidos incluyen asociación delictuosa para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armamento.

En la red social X, Rubén Rocha Moya confirmó su comparecencia ante la FGR y sostuvo que respondió las preguntas formuladas por la agente del Ministerio Público Federal. “Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”, precisó el hombre que ha sido noticia a lo largo de mayo.

El gobernador con licencia añadió que no dejará de luchar para que prevalezca la verdad y vinculó su postura con el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum. En su publicación, afirmó que actuará con la frente en alto.

El vice fiscal Dámaso Castro Saavedra también rechazó las acusaciones que lo relacionan con Los Chapitos y dijo que su presencia ante la FGR forma parte del cumplimiento de una cita oficial. Indicó que confía en las instituciones, en el desarrollo de las investigaciones y en el esclarecimiento de los hechos.

Entre los funcionarios señalados por autoridades estadounidenses también figuran el senador morenista Enrique Inzunza; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; ex mandos de la policía de investigación; el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez, y mandos policiales estatales y municipales.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido que Rocha Moya no enfrenta hasta ahora una imputación formal en México y que su comparecencia forma parte de las diligencias iniciadas por la FGR a partir de las acusaciones presentadas en Estados Unidos.

El caso mantiene bajo presión al gobierno sinaloense, pues las acusaciones apuntan a sobornos, favores políticos, protección e información entregada a líderes criminales. Hasta el momento, Rocha Moya, Gámez Mendívil, Inzunza y Castro Saavedra han negado los señalamientos en su contra.

El caso no termina y Estados Unidos insistirá en su detención y extradición para ser juzgados en la Unión América y México en que es necesaria más información y lo demás es atentar contra la soberanía. El gobierno no pudo evitar actuar y citar a los imputados a dar una entrevista a los fiscales por la presión que el gobierno de Donald Trump mantiene cotidianamente, sólo que a tres de ellos de cinco no se les vio ni hay constancia gráfica de su asistencia, entre ellos Rocha Moya.

De las anécdotas que se cuentan

El senador de Morena, Enrique Inzunza, se supone que compareció el martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, Sinaloa, pero nadie lo vio.

El legislador tuvo una cita ante la acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo vincula, junto con otros funcionarios, con el Cártel de Sinaloa.

Inzunza informó a través de sus redes sociales que compareció como su propio abogado, sin acompañamiento jurídico externo.

Aseguró que acudió voluntariamente y que no utilizaría la inmunidad constitucional que posee como senador para evadir el proceso.

La diligencia si se llevó a cabo fue de manera simultánea con la del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Consta de su asistencia en redes sociales sin fotografías.

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*ARD

El gobierno de Estados Unidos elevó significativamente el tono de su estrategia contra el Cártel de Sinaloa, al colocarlo al mismo nivel de amenaza que organizaciones de terrorismo internacional originarias de Oriente Medio.

Durante una conferencia global sobre financiamiento al terrorismo, autoridades de Washington exhortaron a sus aliados a actuar con mayor contundencia frente a los grupos del crimen organizado vinculados al narcotráfico y al tráfico de fentanilo.

Este posicionamiento representa uno de los mensajes más firmes emitidos por Estados Unidos en años recientes contra los cárteles mexicanos.

El Cártel de Sinaloa, bajo la lupa de la seguridad internacional

Funcionarios estadounidenses advirtieron que el Cártel de Sinaloa opera como una estructura de crimen organizado con impacto directo en la seguridad internacional, debido a su alcance financiero, logístico y operativo a nivel global.

Asimismo, insistieron en que el combate a estos grupos debe realizarse con herramientas similares a las utilizadas contra redes de terrorismo internacional, especialmente por el impacto que tiene el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo en territorio estadounidense.

La postura de Washington se da en medio de una creciente presión política interna por frenar la crisis de opioides.

El concepto de narcoterrorismo regresa al debate

La comparación entre organizaciones del narcotráfico y grupos extremistas reaviva el debate sobre el narcoterrorismo, un concepto que implica considerar a los cárteles como amenazas equiparables al terrorismo.

Especialistas advierten que esta narrativa podría derivar en sanciones más severas, acciones coordinadas a nivel global y un aumento en la cooperación en materia de seguridad internacional.

En paralelo, Estados Unidos ha intensificado medidas contra redes del crimen organizado, particularmente aquellas vinculadas con la distribución de fentanilo.

Washington busca mayor presión global contra el crimen organizado

El endurecimiento del discurso refleja una estrategia más amplia de Estados Unidos para involucrar a la comunidad internacional en el combate al crimen organizado y al narcotráfico.

Entre las acciones que se buscan reforzar destacan el intercambio de inteligencia, la vigilancia financiera y la persecución de redes de lavado de dinero a escala internacional.

La preocupación principal radica en la expansión del Cártel de Sinaloa más allá de México, con operaciones en distintas regiones del mundo.

Tensiones por la seguridad internacional y la soberanía

La postura de Estados Unidos podría generar tensiones diplomáticas en torno a la seguridad internacional y la cooperación bilateral con México.

A lo largo de los años, el gobierno mexicano ha defendido su soberanía ante posibles intervenciones extranjeras en temas de narcotráfico y terrorismo.

Sin embargo, el endurecimiento del discurso de Washington confirma que el combate al crimen organizado seguirá siendo un eje prioritario en la agenda global.

El fentanilo intensifica la presión sobre México

El tráfico de fentanilo se mantiene como uno de los principales puntos de conflicto entre Estados Unidos y México.

Autoridades estadounidenses sostienen que el Cártel de Sinaloa desempeña un papel clave en la producción y distribución de este opioide sintético, lo que ha derivado en sanciones, investigaciones y operativos internacionales contra el crimen organizado.

*BC

El gobierno de Estados Unidos amplió su ofensiva contra el Cártel de Sinaloa al imponer restricciones de visa a 75 personas vinculadas con esta organización criminal, en una medida que apunta más allá de los líderes del narcotráfico.

La decisión incluye a familiares, socios personales y operadores cercanos, lo que refleja un cambio en la estrategia: atacar no solo a los capos, sino también a su red de apoyo.

Una estrategia para aislar al crimen organizado

De acuerdo con el Departamento de Estado, las sanciones buscan romper los vínculos que sostienen las operaciones del narcotráfico, especialmente aquellas relacionadas con el tráfico de fentanilo.

Entre los principales alcances de la medida destacan:

• Negación o cancelación de visas
• Restricción de entrada a territorio estadounidense
• Impacto en círculos familiares y financieros

Con esto, Washington pretende cerrar espacios de movilidad y operación internacional a quienes facilitan actividades ilícitas.

El papel de Marco Rubio y la política exterior de EU

El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó la decisión al señalar que estas acciones forman parte de una política más agresiva para combatir el crimen transnacional.

Bajo esta visión, las autoridades estadounidenses consideran que los cárteles no operan de manera aislada, sino a través de estructuras complejas que incluyen familiares y aliados estratégicos.

Fentanilo, el eje de la ofensiva

El endurecimiento de sanciones ocurre en medio de la crisis por el consumo de fentanilo en Estados Unidos, una sustancia vinculada a miles de muertes por sobredosis cada año.

El Cártel de Sinaloa ha sido señalado como uno de los principales responsables de la producción y distribución de esta droga sintética, lo que lo coloca en el centro de las políticas de seguridad estadounidense.

Sin identidades públicas, pero con impacto político

Aunque las autoridades no han revelado los nombres de los sancionados, la medida tiene implicaciones significativas en el ámbito internacional.

Expertos advierten que estas acciones:

• Aumentan la presión sobre México en materia de seguridad
• Refuerzan la cooperación —y tensiones— bilaterales
• Envían un mensaje de tolerancia cero al crimen organizado

Más allá de los capos: el nuevo enfoque de Washington

Durante años, la estrategia antidrogas se centró en capturar a líderes criminales. Sin embargo, esta nueva política busca desmantelar las bases sociales y económicas del narcotráfico.

Al incluir a familiares y socios, Estados Unidos reconoce que los cárteles funcionan como redes extendidas, donde el soporte logístico y financiero es clave para su permanencia.

*BC