pensiones

Una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) busca esclarecer un presunto esquema de fraude contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) , luego de que fueran denunciados varios laudos laborales que obligaban al instituto a pagar más de 1,230 millones de pesos a 880 exfuncionarios de la extinta Policía Federal y de la antigua Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Las autoridades consideran que los beneficiarios ya no cumplían con los requisitos establecidos en la legislación vigente para reclamar dichas indemnizaciones, por lo que el caso se encuentra bajo análisis ministerial.

Demandas se presentaron con una ley que ya no estaba vigente

Las investigaciones indican que los exagentes promovieron los juicios laborales durante 2021, utilizando disposiciones de la antigua Ley del ISSSTE, pese a que desde abril de 2007 ya estaba en vigor un nuevo marco jurídico.

Con la reforma legal desapareció la figura de la indemnización global, prestación destinada únicamente a trabajadores que no alcanzaban el derecho a una pensión.

Además, las autoridades sostienen que los demandantes ya disponían de cuentas individuales de Afore, por lo que tampoco reunían las condiciones para acceder al beneficio reclamado.

Detectan múltiples irregularidades en la Junta Especial 42

Las denuncias presentadas detallan diversas anomalías en el trámite de los expedientes.

Entre las observaciones destacan:

• Falta de información sobre la antigüedad laboral de los demandantes.
• Omisión del salario base para calcular la indemnización.
• Admisión de demandas incompletas.
• Posible incompetencia territorial de la Junta Especial Número 42 de Torreón, Coahuila.

La investigación también menciona la participación de funcionarios adscritos a dicha Junta durante la radicación de los expedientes.

Un solo laudo ascendía a 950 millones de pesos

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue la emisión de un laudo que ordenaba el pago de 950 millones de pesos a favor de 678 exfuncionarios.

En conjunto, los seis expedientes denunciados representaban un posible impacto económico superior a 1,230 millones de pesos, motivo por el cual tanto el ISSSTE como la JFCA decidieron presentar las denuncias correspondientes.

La FGR ahora analiza cada uno de los procedimientos para determinar si existieron actos ilícitos o responsabilidades de servidores públicos.

Autoridades frenaron el cobro de los recursos

Antes de que los pagos fueran concretados, las autoridades laborales suspendieron la ejecución de los laudos.

Como parte de las acciones adoptadas, la Secretaría del Trabajo ordenó el 17 de junio de 2024 la desaparición de la Junta Especial Número 42, considerada pieza central en los procedimientos ahora investigados.

El caso continúa bajo integración por parte de la Fiscalía General de la República, que determinará si existen elementos suficientes para ejercer acciones penales contra quienes resulten responsables del presunto fraude al ISSSTE.

*BC

El sistema de pensiones en México enfrenta un momento crítico debido a la disminución en la proporción de trabajadores activos frente a pensionados. Datos del IMSS y del ISSSTE muestran que esta relación pasó de 6.6 trabajadores por pensionado en 1998 a solo cuatro en 2025.

Este cambio refleja un desequilibrio estructural que compromete la sostenibilidad del sistema, ya que menos personas en edad productiva deben financiar a un número creciente de jubilados.

CFE registra uno de los mayores deterioros

El problema también impacta a empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde la relación entre activos y pensionados ha caído de forma más acelerada.

En 2003, la CFE contaba con 3.7 trabajadores por pensionado, mientras que en la actualidad la cifra se redujo a 1.8, lo que representa una presión significativa sobre sus finanzas.

Este comportamiento evidencia que el reto no es exclusivo del sector público tradicional, sino que afecta a diversos esquemas de retiro.

Factores demográficos y laborales detrás del problema

Especialistas señalan que el deterioro del sistema de pensiones está ligado a transformaciones profundas en la sociedad mexicana.

Entre los factores más relevantes se encuentran:

• Disminución de la natalidad, que reduce la base de futuros trabajadores
• Mayor esperanza de vida, que incrementa el tiempo de pago de pensiones
• Alta informalidad laboral, que limita las aportaciones al sistema

Jorge Fonseca, experto en análisis financiero, advierte que este desequilibrio podría generar insuficiencia de recursos si no se corrige a tiempo.

Envejecimiento poblacional incrementa el gasto en pensiones

El envejecimiento de la población en México es uno de los principales detonantes de la presión sobre el sistema. Cada año, más personas alcanzan la edad de retiro, lo que eleva el número de beneficiarios.

Francisco Miguel Aguirre Farías explicó que esta tendencia continuará en las próximas décadas, aumentando el gasto público y reduciendo la capacidad de financiamiento de las pensiones.

Informalidad laboral limita ingresos al sistema

La informalidad laboral es otro de los grandes desafíos. Actualmente, más del 55% de la población ocupada no cuenta con acceso a seguridad social, lo que reduce significativamente los ingresos destinados al financiamiento de pensiones.

Este fenómeno genera dos efectos críticos:

• Menos trabajadores aportando al sistema
• Más personas sin derecho a una pensión en el futuro

La combinación de ambos factores agrava la presión sobre las finanzas públicas.

Expertos plantean reformas al sistema de retiro

Ante el escenario actual, especialistas coinciden en que es necesario replantear el modelo de pensiones para garantizar su viabilidad.

Entre las principales propuestas destacan:

• Modificar esquemas de beneficio definido
• Fortalecer las cuentas individuales de retiro
• Fomentar la formalización del empleo
• Evaluar ajustes en la edad de jubilación

Estas medidas buscan equilibrar el sistema y evitar una crisis en el mediano y largo plazo.

*BC

Puebla, Pue. El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), Julio César Cervantes Parra, advirtió sobre la operación de “coyotes” en Puebla, quienes buscan aprovecharse de trabajadores al ofrecer ayuda para gestionar su pensión a cambio de dinero.

Según datos oficiales, en la entidad existen 4.7 millones de cuentas individuales, lo que representa un amplio universo de posibles víctimas.

Trabajadores del Estado, en mayor riesgo

El funcionario detalló que al menos 14 mil trabajadores al servicio del Estado cuentan con una cuenta individual, lo que los coloca en una posición vulnerable frente a estos intermediarios.

La principal estrategia de estos grupos consiste en solicitar documentos personales con la promesa de facilitar trámites.

CONSAR advierte sobre cobros indebidos

"Nos gustaría mucho más trabajar con el Estado de Puebla porque en el Estado de Puebla hemos visto que hay mucha gestoría no autorizada. Esto que le llamamos coyotes, de personas que a veces se acercan a pedirle documentos a la gente para hacerles trámites y les cobran. Aquí los trámites de todo el sistema de ahorro para el retiro son gratuitos y por eso hicimos también esta feria aquí. Para que la gente sepa que pueden ir directamente al Seguro Social, al Issste, a las afores a hacer directamente sus trámites sin intermediarios", dijo.

La CONSAR reiteró que todos los trámites relacionados con el ahorro para el retiro deben realizarse sin intermediarios y sin costo alguno.

Llaman a denunciar a falsos gestores

Ante este panorama, se exhortó a la población a denunciar a los llamados coyotes mediante el número oficial del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), al 55 13 28 5000.

Asimismo, se recomendó acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) para recibir asesoría y evitar ser víctima de fraudes relacionados con el sistema de pensiones.

*BC

El tema de las pensiones en México empieza a tomar derroteros que pueden generar conflictos sociales. No sólo son las Pensiones Doradas, ahora hay determinaciones legales que afectan los ingresos de miles de personas.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la semana pasada un criterio definitivo que modifica las finanzas de miles de jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social. A partir de ahora queda prohibido recibir al mismo tiempo la jubilación contractual y la pensión por vejez, que ostentaban miles de médicos, enfermeras y empleados de la institución.

El argumento central de la Corte es que ambas prestaciones protegen contra el mismo riesgo: la pérdida de ingresos por envejecimiento laboral.

El fallo, convertido en jurisprudencia obligatoria tras el Amparo Directo en Revisión 5192/2024, fue aprobado por unanimidad bajo la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa. La resolución es vinculante para todos los tribunales del país, lo que cierra definitivamente la puerta a nuevos litigios individuales en el mismo sentido.

La Corte argumentó que el Régimen de Jubilaciones y Pensiones negociado entre el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social ya incorpora la pensión de vejez más ayudas asistenciales y asignaciones familiares.

Al ofrecer condiciones superiores a las de la Ley del Seguro Social, el pago adicional representaría una duplicidad injustificada de recursos públicos por el mismo concepto de retiro.

Es importante establecer que la jurisprudencia no impacta a la mayoría de pensionados mexicanos ni a trabajadores de empresas privadas afiliados al IMSS.

Afecta exclusivamente a quienes sean o hayan sido empleados directos del Instituto, se hayan jubilado bajo el régimen del contrato colectivo y hayan solicitado simultáneamente la pensión de vejez de la Ley del Seguro Social.

Un número importante de estos jubilados habían logrado mediante litigios individuales acceder a ambos pagos, argumentando su doble condición de empleados y asegurados del IMSS, acumulando en algunos casos cantidades considerables al mes.

El fallo elimina esa posibilidad para nuevos casos y sienta precedente nacional.

La Corte también aclaró que las semanas cotizadas con otros empleadores no justifican el cobro doble cuando ambas prestaciones cubren la misma contingencia vinculada al Seguro Social.

Pero, fijó que, si en algún caso excepcional la pensión de vejez legal resultara superior a la jubilación contractual, el Instituto deberá cubrir la diferencia económica. Lo que nunca procederá es el pago completo y simultáneo de ambos montos.

En tanto, a partir de marzo y abril de 2026, una reforma constitucional en México busca eliminar las denominadas "pensiones doradas" o excesivas financiadas con recursos públicos, lo que afecta principalmente a jubilados de alto nivel de organismos estatales.

Jubilados de Pemex, CFE, Banobras, Nafinsa, y la extinta Luz y Fuerza del Centro: Más de 93 mil ex trabajadores de estas empresas estatales que perciben montos superiores al límite establecido enfrentan recortes que podrían alcanzar hasta el 60% o más de sus ingresos.

La reforma establece que ninguna pensión financiada con recursos públicos puede superar el 50% del salario del titular de la Presidencia de la República, aproximadamente 70 mil pesos mensuales, afectando a quienes superaban este tope.

Se reportaron pensiones "millonarias" de ex directivos y altos mandos que recibían entre 100 mil y un millón de pesos mensuales, quienes verán ajustados sus montos a los límites constitucionales.

Ninguna pensión pública puede exceder aproximadamente 70 mil pesos al mes. La medida aplica no solo a futuras pensiones, sino también a aquellas que ya estaban en curso.

La reforma no afecta a militares, pensiones sociales o aquellos que realizaron aportaciones adicionales voluntarias, ni a trabajadores sindicalizados que obtienen su jubilación por contratos colectivos. Jubilados de Pemex han señalado que buscarán amparos contra este recorte.

Los pensionados bajo la Ley 73 del IMSS con pensiones mínimas tendrán un aumento garantizado para 2026 debido a los ajustes del salario mínimo.

La reducción de los ingresos de los pensionados considerados de elite va a afectar a miles de jubilados y sus familias, acostumbrados a recibir un monto más alto que el que ahora establece la ley. La realidad advierte conflictos que pueden ir desde manifestaciones hasta expresiones violentas.

Por más justo que sea, le están metiendo la mano a los bolsillos de los jubilados y eso duele.

De las anécdotas que se cuentan

En México, diversos grupos de pensionados han experimentado reducciones o pérdida de ingresos en sus ingresos, ya sea por cambios legales, reformas recientes, decisiones judiciales o fraudes. Los casos más destacados se concentran en exfuncionarios de empresas estatales y beneficiarios de esquemas especiales del IMSS.

A partir de abril de 2026, una reforma al Artículo 127 constitucional busca topar las pensiones de exfuncionarios de confianza de empresas productivas del Estado.

Alrededor de 93 mil jubilados de Pemex, CFE y la extinta Luz y Fuerza del Centro enfrentan reducciones de hasta el 60% en sus ingresos si estos superan la mitad del salario de la Presidenta de la República, aproximadamente 67 mil y 70 mil pesos mensuales.

Se identificaron casos con pensiones superiores a un millón de pesos mensuales, principalmente en Luz y Fuerza y Pemex.

fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Crisanto

*ARD

Puebla, Pue. Personal jubilado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se manifestó este viernes en la sede ubicada en la 25 Poniente, en la colonia Volcanes, por una presunta afectación a sus pensiones derivada de la reforma al Artículo 127 Constitucional.

Los manifestantes señalaron que la modificación fue publicada el pasado 10 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y establece nuevas limitaciones a las pensiones y jubilaciones del sector público.

Jubilados exigen respeto a derechos adquiridos

Con pancartas y lonas, los trabajadores retirados expresaron su inconformidad, al señalar que la reforma impacta directamente sus ingresos y pone en riesgo sus condiciones de retiro.

Aseguraron que, tras años de servicio en áreas operativas, ahora enfrentan incertidumbre sobre el futuro de sus pensiones, por lo que exigieron respeto a sus derechos laborales adquiridos.

Reforma al Artículo 127 Constitucional

La modificación al Artículo 127 Constitucional busca establecer un tope a las pensiones de exfuncionarios y trabajadores de confianza en organismos como la CFE y Pemex, fijando un límite máximo.

De acuerdo con lo planteado, ninguna pensión podrá superar el 50% del salario de la Presidencia de la República, lo que ha generado inconformidad entre jubilados, quienes advierten una posible reducción de hasta el 50% en sus pensiones.

Debate por derechos y pensiones de lujo

Los inconformes señalan que la medida podría violar contratos colectivos y aplicarse de forma retroactiva, afectando derechos ya adquiridos.

Por su parte, autoridades federales han defendido la reforma al argumentar que busca eliminar las llamadas “pensiones de lujo” dentro del sector público.

*BC