Una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) busca esclarecer un presunto esquema de fraude contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) , luego de que fueran denunciados varios laudos laborales que obligaban al instituto a pagar más de 1,230 millones de pesos a 880 exfuncionarios de la extinta Policía Federal y de la antigua Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Las autoridades consideran que los beneficiarios ya no cumplían con los requisitos establecidos en la legislación vigente para reclamar dichas indemnizaciones, por lo que el caso se encuentra bajo análisis ministerial.
Demandas se presentaron con una ley que ya no estaba vigente
Las investigaciones indican que los exagentes promovieron los juicios laborales durante 2021, utilizando disposiciones de la antigua Ley del ISSSTE, pese a que desde abril de 2007 ya estaba en vigor un nuevo marco jurídico.
Con la reforma legal desapareció la figura de la indemnización global, prestación destinada únicamente a trabajadores que no alcanzaban el derecho a una pensión.
Además, las autoridades sostienen que los demandantes ya disponían de cuentas individuales de Afore, por lo que tampoco reunían las condiciones para acceder al beneficio reclamado.
Detectan múltiples irregularidades en la Junta Especial 42
Las denuncias presentadas detallan diversas anomalías en el trámite de los expedientes.
Entre las observaciones destacan:
- Falta de información sobre la antigüedad laboral de los demandantes.
- Omisión del salario base para calcular la indemnización.
- Admisión de demandas incompletas.
- Posible incompetencia territorial de la Junta Especial Número 42 de Torreón, Coahuila.
La investigación también menciona la participación de funcionarios adscritos a dicha Junta durante la radicación de los expedientes.
Un solo laudo ascendía a 950 millones de pesos
Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue la emisión de un laudo que ordenaba el pago de 950 millones de pesos a favor de 678 exfuncionarios.
En conjunto, los seis expedientes denunciados representaban un posible impacto económico superior a 1,230 millones de pesos, motivo por el cual tanto el ISSSTE como la JFCA decidieron presentar las denuncias correspondientes.
La FGR ahora analiza cada uno de los procedimientos para determinar si existieron actos ilícitos o responsabilidades de servidores públicos.
Autoridades frenaron el cobro de los recursos
Antes de que los pagos fueran concretados, las autoridades laborales suspendieron la ejecución de los laudos.
Como parte de las acciones adoptadas, la Secretaría del Trabajo ordenó el 17 de junio de 2024 la desaparición de la Junta Especial Número 42, considerada pieza central en los procedimientos ahora investigados.
El caso continúa bajo integración por parte de la Fiscalía General de la República, que determinará si existen elementos suficientes para ejercer acciones penales contra quienes resulten responsables del presunto fraude al ISSSTE.
*BC
