La discusión sobre la eutanasia en México volvió a las calles. Pacientes, familiares, personas cuidadoras y activistas marcharon este 28 de agosto desde el Palacio de Bellas Artes hacia el Centro Histórico de la Ciudad de México para exigir que avance la llamada Ley Trasciende, una propuesta que busca abrir una vía legal para acceder a una muerte médicamente asistida.

La movilización fue encabezada por Samara Martínez, paciente con insuficiencia renal crónica terminal e impulsora del proyecto. Durante el recorrido, el contingente llevó su demanda ante autoridades capitalinas y pidió que las personas con enfermedades incurables o crónico-degenerativas puedan decidir sobre el final de su vida bajo condiciones médicas y legales previamente establecidas.

La protesta colocó nuevamente en primer plano una diferencia que resulta central para entender el debate: en México existen mecanismos para rechazar tratamientos o evitar la obstinación terapéutica, pero la eutanasia y el suicidio asistido continúan prohibidos por la legislación federal.

¿Qué busca cambiar la Ley Trasciende?

La propuesta plantea que una persona mayor de edad, con capacidad para expresar su voluntad y con un padecimiento incurable, crónico-degenerativo o en etapa avanzada pueda solicitar asistencia médica para morir mediante un procedimiento regulado.

El proyecto se construye alrededor de conceptos como autonomía, consentimiento informado, dignidad y libertad de decisión, además de controles médicos destinados a determinar en qué casos podría proceder una solicitud.

También busca que la muerte asistida no sustituya los cuidados paliativos, sino que exista como una alternativa adicional para determinados pacientes que, aun con acompañamiento médico, enfrenten condiciones irreversibles que afecten profundamente su calidad de vida.

Samara Martínez ha insistido en que el planteamiento no pretende incentivar la muerte, sino permitir que los pacientes puedan decidir dentro de un marco médico, legal y supervisado. Durante la movilización, una de las consignas centrales fue “Mi cuerpo, mi vida”, expresión con la que los participantes resumieron la exigencia de autonomía sobre las decisiones al final de la vida.

La eutanasia todavía es ilegal en México

El punto de partida jurídico continúa sin cambios.

El artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud establece que queda prohibida la práctica de la eutanasia, así como el suicidio asistido. El texto vigente remite además a las disposiciones penales aplicables. Consultar la Ley General de Salud vigente

Por ello, la marcha y la entrega de propuestas no legalizaron la eutanasia ni modificaron de manera inmediata los derechos de los pacientes. Para que exista un cambio sería necesario reformar la legislación correspondiente y completar el proceso legislativo.

Las iniciativas presentadas en el Congreso federal durante los últimos años han planteado, entre otras modificaciones, derogar o reformar precisamente el artículo que mantiene la prohibición y crear reglas específicas para la eutanasia o la muerte asistida.

Muerte digna no significa únicamente eutanasia

El debate también incluye figuras que ya existen y que jurídicamente son distintas.

La legislación sanitaria mexicana reconoce los cuidados paliativos y establece que una persona en situación terminal puede tomar decisiones respecto de determinados tratamientos. El objetivo es evitar intervenciones desproporcionadas destinadas únicamente a prolongar artificialmente el proceso de morir.

La eutanasia, en cambio, implica una intervención deliberada destinada a poner fin a la vida de una persona que la solicita bajo los supuestos que establezca una eventual regulación.

Esa distinción es uno de los puntos que la discusión legislativa deberá resolver con precisión, porque una eventual reforma tendría que establecer quién podría solicitar el procedimiento, qué diagnósticos serían considerados, cómo se verificaría el consentimiento y qué autoridades médicas intervendrían.

Ley Trasciende lleva años buscando espacio en el Congreso

La iniciativa no surgió con la marcha del 28 de agosto.

El proyecto ha sido impulsado durante varios años por Samara Martínez y otros especialistas y activistas. En junio de 2026, el debate ya había llegado a espacios académicos de la UNAM, donde se discutieron la autonomía del paciente, los cuidados paliativos y la regulación de la muerte médicamente asistida.

En el Congreso también existen antecedentes de iniciativas para modificar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. Una propuesta presentada en 2025 planteó crear una regulación específica para que pacientes con determinadas enfermedades pudieran solicitar la eutanasia mediante consentimiento expreso, libre e informado.

Otra iniciativa buscó incorporar formalmente el concepto de muerte asistida y distinguir entre eutanasia y suicidio asistido, con intervención de personal médico autorizado y aprobación de las autoridades correspondientes.

Ninguna de esas propuestas significa que la práctica esté actualmente permitida. La legislación vigente continúa prohibiéndola.

La presión ahora apunta al próximo periodo legislativo

La movilización del viernes buscó transformar años de discusión pública en presión política directa.

El contingente llevó la propuesta ante autoridades de la Ciudad de México y reclamó que el debate deje de permanecer únicamente en foros, mesas técnicas o iniciativas sin resolución.

Para quienes impulsan la Ley Trasciende, el objetivo inmediato es conseguir que el tema entre a discusión legislativa y que eventualmente exista una regulación que determine quién puede solicitar una muerte asistida, bajo qué circunstancias y con qué salvaguardas médicas y jurídicas.

Por ahora, la marcha dejó una imagen distinta del debate sobre eutanasia en México: ya no sólo aparece como una discusión jurídica o bioética. Pacientes que enfrentan enfermedades irreversibles salieron a las calles para pedir que su experiencia forme parte de la legislación que decidirá hasta dónde llega el derecho a elegir sobre el final de la vida.

¿Qué propone la Ley Trasciende?

La Ley Trasciende, promovida por Samara Martínez y la Coalición Muerte Digna ¡Ya!, plantea legalizar la eutanasia en México y establecer un marco jurídico para garantizar el derecho a una vida y muerte dignas.

La propuesta contempla dos iniciativas a nivel federal. La primera plantea reformar los artículos 4 y 73 de la Constitución para reconocer que la protección de la salud incluye tanto el derecho a una vida digna como a una muerte digna.

También busca que la Federación y los estados garanticen de manera universal y gratuita cuatro mecanismos: cuidados paliativos, rechazo de tratamientos y prohibición de la obstinación terapéutica, voluntad anticipada y asistencia médica para morir. Además, otorgaría al Congreso de la Unión facultades expresas para legislar sobre esta materia.

La segunda propuesta, denominada propiamente Ley Trasciende, contempla modificaciones a la Ley General de Salud, su Reglamento y el Código Penal Federal para incorporar los servicios de muerte digna al Sistema Nacional de Salud.

Entre sus principales planteamientos está ampliar los cuidados paliativos para que no se limiten exclusivamente a pacientes con enfermedades terminales, además de crear un Registro Nacional y una Plataforma Unificada de Voluntad Anticipada, ambos gratuitos y sin requerir la intervención de un notario.

La iniciativa también establece reglas para la asistencia médica para morir, que incluiría tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido, mediante requisitos clínicos verificables, plazos definidos y una comisión nacional encargada de supervisar los procedimientos.

Otro de los puntos contempla reconocer la objeción de conciencia individual del personal médico, pero establece que las instituciones deberán garantizar en todo momento la disponibilidad de profesionales que no sean objetores.

Asimismo, propone modificar el marco penal para eliminar el homicidio por piedad y otras disposiciones que actualmente podrían criminalizar a pacientes, familiares o personal de salud involucrados en estos procesos.

*BC