Congreso

Puebla, Pue. El diputado del Partido del Trabajo (PT), José Luis Figueroa Cortés, busca crear la figura de Notario de Asistencia, con lineamientos de gratuidad o bajos costos para que sea un servicio accesible en favor de las familias en su patrimonio.   

Para esto, el petista propuso adicionar un capítulo al título primero de la Ley del Notariado para crear dicha figura con la incorporación de los artículos 46 BIS, TER  para que sea un fedatario público designado por el Estado.

“En Puebla existen condiciones de vulnerabilidad y rezago en la regularización de la vivienda y ausencia de previsión sucesoria, que generan conflictos familiares que terminan en situaciones que se están judicializándose”. 

Los servicios

Para que el servicio sea gratuito o de bajo costo para las personas que acrediten condiciones de vulnerabilidad social, además de crear un Programa de Notariado de Asistencia Social elaborando anualmente con el Colegio de Notarios del Estado de Puebla para definir los servicios prioritarios.

Entre los servicios se encuentran:

Testamentos

Sucesiones Intestamentarias

Escritura de Vivienda Única

Poderes o Donaciones

“Estableciendo reglas claras a quienes participen en esta categoría en promoción de la cultura de los municipios del estado. Esta propuesta no crea una figura nueva de notarios y mucho menos altera el régimen de patente”, expuso.

Figueroa Cortés expuso que se ha detectado que un gran número de personas carece de certeza jurídica de su patrimonio hasta para su identidad, agregó que el tema está siendo trabajado con Notarios de Puebla. 

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, confirmó que compró 300 ejemplares del libro Grandeza, del expresidente Andrés Manuel López Obrador, para regalarlos como obsequio navideño a legisladores de su bancada y también de partidos opositores. Dijo que pagó 30 mil pesos de su propio bolsillo.

En entrevista con Latinus, el diputado sostuvo que no cuenta con presupuesto como vocero y que no solicitó recursos a la coordinación parlamentaria encabezada por Ricardo Monreal. “No hubo dinero público involucrado”, subrayó al rechazar cualquier irregularidad.

Editorial Planeta aplicó descuento de más de 77%

Ávila detalló que cada libro le costó 100 pesos, luego de que Editorial Planeta aplicara un descuento superior al 77%. Consideró que la obra del exmandatario era un “regalo distinto” frente a los obsequios habituales que circulan entre legisladores.

El diputado afirmó que también envió ejemplares a integrantes de la oposición y mencionó al panista Federico Döring, a quien dijo haberle compartido el libro por su valor histórico y cultural.

Descarta competir con Adán Augusto

El legislador negó que su acción busque emular al coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, quien compró más de 8 mil ejemplares para distribuirlos entre senadores y distritos. “Eso es una narrativa de mis detractores; él repartió miles”, afirmó.

Según su versión, desde antes de que el libro saliera a la venta pidió a un colaborador contactar a la editorial, con la intención de adquirirlo como regalo navideño para colegas de distintas bancadas.

Con información de Latinus

*BC

Puebla, Pue. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), Rosa Isela Sánchez Soya, reconoció no haber promovido una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la Ley de Ciberasedio al considerar que no era necesario.

Después de varios meses de haber pospuesto su comparecencia, Isela Sánchez, accedió a presentarse ante diputados del Congreso local, pero sólo a siete legisladores de la Comisión de Derechos Humanos, no a los 41 congresistas.

Fue en este ejercicio, donde la diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Pozos Vergara, cuestionó a la comisionada de incurrir en omisión ante casos relevantes como Ley de Ciberasedio que lleva cinco amparos por ser inconstitucional.

Sánchez Soya reconoció “decidimos no hacerlo porque nos basamos en el principio `taxatividad` que exige al legislador que las leyes describen de modo preciso y estricto las conductas delictivas”, con esa idea creyó que el supuesto normativo había quedado resuelto.

“La necesidad de la pregunta, está implícita la respuesta, nosotros –CDH- decidimos no emitir una acción de inconstitucionalidad porque consideramos que no era necesario (sic)”, porque cada organismo es autónomo.

Además, Sánchez Soya resaltó que la Comisión de Derechos Humanos Nacional (CDHN) lo hizo bajo su autonomía, pero en lo local decidió que ya no era necesario, después de haber acudido a los foros que se realizaron en junio del 2025.

Puebla, Pue. Las diputadas del Partido Acción Nacional (PAN), Susana Riestra Piña y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Nayelli Salvatori, iniciaron una confrontación virtual que se elevó a la crítica política e ignorancia Legislativa hasta recordar la Ley Bala.

Lo anterior surgió luego de que la morenista anunciara que trabaja en una iniciativa para castigar con penas económicas y prisión a quien después de una investigación se compruebe que simuló su desaparición.

Tal como paso con el caso de la joven de 25 años, Lidya Valdivia Juárez, quien simuló haber sido perseguida por unos hombres en motocicleta y permanecer desaparecida hasta por cuatro días.

Pero además de eso, también fingió estar al término de su embarazo con 9 meses de gestación, cuando en realidad ya había perdido al bebé en el primer trimestre.

Fue como la diputada de Morena, Nayelli Salvatori hizo la propuesta sobre la iniciativa que contempla presentar este jueves en el Congreso local.

Lo que generó que la diputada panista, Susana Riestra, hiciera una crítica severa a la morenista al argumentar que Puebla necesita servidores públicos con sensibilidad y dejar de lado la “frivolidad legislativa”.

Si bien la panista no hizo mención exacta del nombre de Nayelli Salvatori, si externo “la propuesta que recientemente Morena impulsa en el Congreso del Estado para castigar a quien mienta sobre una desaparición no sólo es innecesaria, es oportunista y muy peligrosa, porque ya existe en la ley la figura de falsedad de declaración y denuncias falsas (…)”.

La panista señaló que criminalizar la denuncia no fortalece la búsqueda, por el contrario, la debilita y siembra miedo.

A lo que Nayelli Salvatori respondió que su propuesta de ley tiene mucha aceptación ciudadana “has de estar muy asustada por aquello que pasó en 2014 cuando tu patrón el difunto Rafael Moreno Valle aprobó la famosa Ley Bala para castigar a los manifestantes”.

Recordó a la panista que con esa Ley Bala le quitaron la vida a un niño de 13 años, “lo hizo tu partido -PAN- por eso comprendo tu estrés patológico de una iniciativa que crees tú que castiga a los manifestantes”.

Fue en ese momento cuando la morenista hizo la petición a Riestra Piña de poner orden en su partido para que dejen de estar en Cholula haciendo campaña a destiempo, “que dejen de estar ondeando sus banderas con campañas políticas adelantadas”.

Más interrogantes que respuestas

Y sobre este caso que confrontó a las diputadas, los padres y hermana de Lidya Valdivia Juárez revelaron que la joven sí estuvo embrazada, pero perdió al bebé en el primer trimestre de gestación.

Este sábado pasado los padres y hermana reaparecieron en público para agradecer el apoyo que recibieron para lograr la localización de la joven de 25 años de edad que fingió su desaparición y embarazo.

En un video de casi tres minutos, y ante la criminalización social, los padres y hermana agradecieron a las autoridades, a la presidenta del país, Claudia Sheinbuam Pardo como el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Sin hacer alguna otra observación ante los numerosos cuestionamientos sociales, la familia mostró igual de afectada de cuando denunciaron la desaparición de Lidya Valdivia.

“Gracias a Dios, y al gobernador Alejandro Armenta como a su Comisión de Búsqueda que se encontró con éxito a Lidya Valdivia Juárez con bien”, palabras que repitieron la mamá de la joven como la hermana.

Luis Andrés Torres Pérez, esposo de Lidya Valdivia de igual forma reaccionó saliendo de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad a la que pidió esclarezca el caso sobre lo que realmente llevó a su pareja sentimental a fingir su desaparición y un embarazo.

“Como ya sabrán Lidya ya a aprecio sin bebé, me siento más que enojado, decepcionado, (…)  desafortunadamente nos vieron la cara, les quiero agradecer el apoyo dado. Sé que esto pesaba para todo mundo, les ofrezco una disculpa”, externó.

Se mantuvo firme para pedir a la FGE esclarecer el caso para que se finquen responsabilidades.

De igual forma con un semblante de evidente de desconcierto, la pareja de Lidya Valdivia agradeció al gobernador Alejandro Armenta Mier, como a todas las células de búsqueda para la localización de la joven.

Lidya Valdivia Jiménez desapareció el 18 de enero, y después de cuatro días de incertidumbre la joven quien se suponía iba a dar a luz el mismo día de su desaparición, fue hallada, en buen estado de salud y sin rastro de haber gestado un bebé, en el Estado de México. 

Puebla, Pue. La diputada local por Movimiento Ciudadano (MC), Fedrha Suriano Corrales, presentó una iniciativa para reconocer explícitamente la salud mental, a fin de que el número de especialistas como psiquiatras y psicólogos tenga alcances para todos los pacientes.

Aclaró que no se trata de una solución inmediata ni de promesas irreales sino de un paso viable y necesario para atender una problemática que ha sido históricamente relegada en la agenda pública.

Suriano Corrales subrayó que el reconocimiento constitucional de la salud mental obligaría al Estado a garantizar el acceso, la calidad y la equidad en los servicios, además de impulsar el fortalecimiento en la formación, contratación y adecuada distribución de especialistas, como psiquiatras y psicólogos, en todo el territorio poblano.

“La atención a la salud mental no puede seguir siendo secundaria. Es un componente esencial del bienestar de las personas y del desarrollo social. Reconocerla como un derecho permitirá diseñar políticas públicas más efectivas y sostenidas en el tiempo”, afirmó la diputada.

La legisladora señaló que actualmente existen profundas desigualdades en el acceso a la atención psicológica y psiquiátrica, especialmente en zonas rurales, comunidades indígenas y regiones con altos índices de marginación, donde la falta de especialistas y de infraestructura adecuada deja a amplios sectores de la población sin atención oportuna.

“En estas regiones, la falta de servicios de salud mental afecta de manera particular a niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan problemas de ansiedad, depresión, trastornos de conducta e incluso conductas suicidas”, advirtió Suriano Corrales.

Asimismo, destacó que los adultos mayores también conforman un grupo vulnerable, ya que el deterioro de la salud mental impacta directamente en su calidad de vida, su autonomía y su integración social, incrementando riesgos como el aislamiento, la depresión y el abandono.

La diputada de Movimiento Ciudadano enfatizó que la iniciativa contempla un enfoque integral, que no sólo se limite a la atención clínica, sino que promueva la prevención, la detección temprana y la sensibilización social, con el fin de erradicar el estigma que aún existe en torno a los padecimientos mentales.

Fedrha Suriano hizo un llamado a las y los legisladores de todas las fuerzas políticas a analizar y respaldar la propuesta, al considerar que el fortalecimiento del marco legal en materia de salud mental representa una inversión social a largo plazo que beneficiará tanto a las personas como al desarrollo del estado.

“Hablar de salud mental es hablar de dignidad, de bienestar y de derechos. Puebla no puede quedarse atrás en este tema”, concluyó.

Puebla, Pue. La dirigente estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Olga Lucía Romero Garci-Crespo, informó que el Congreso local continuará trabajando en el análisis de posibles reformas a la denominada “Ley Censura”, luego de que un juez federal la declarará inconstitucional por segunda ocasión.

Olga Lucía Romero subrayó que el tema se encuentra en revisión dentro de la LXII Legislatura, la cual evaluará el alcance del fallo y las alternativas legales que podrían impulsarse.

Explicó que será a partir del análisis jurídico y político que se determine qué tipo de modificaciones podrían plantearse, destacando que el Congreso tiene la facultad de revisar y, en su caso, ajustar el marco normativo vigente.

Añadió que la prioridad será construir reformas que respeten los derechos fundamentales, sin dejar de atender los objetivos que dieron origen a la iniciativa.

En este contexto, la dirigente de Morena enfatizó que el debate al interior del Poder Legislativo sigue abierto y que no se descarta ninguna posibilidad, siempre y cuando las decisiones se tomen con base en criterios legales sólidos y en beneficio de la ciudadanía. 

“Será una decisión que se tome de manera colegiada, con el respaldo de los análisis que ya se están realizando”, puntualizó.

Se revisa determinación

Por su parte, el presidente del Congreso local, Pável Gaspar, confirmó que el asunto está siendo revisado por el Departamento Jurídico del Poder Legislativo. No obstante, aclaró que el amparo concedido por el juez federal no tiene efectos generales, fue otorgado únicamente a un particular y no a una comunidad entera, lo que abre un margen de interpretación sobre la vigencia y aplicación de la norma.

Gaspar señaló que esta situación permite al Congreso evaluar con mayor detalle el alcance del fallo judicial y considerar si es viable realizar una nueva reforma o mantener el texto actual con ajustes específicos. 

En ese sentido, reiteró que cualquier determinación se tomará con responsabilidad y respeto al marco constitucional.

Con estas posturas, quedó abierta la posibilidad de que la llamada “Ley Censura” sea objeto de una nueva modificación, particularmente en lo referente al artículo 480 del Código Penal del Estado de Puebla, el cual fue aprobado en julio de 2025 y ha generado un amplio debate jurídico y político en la entidad.

Artículo 480

Comete el delito de ciberasedio quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional.

A la persona responsable de la conducta descrita en el párrafo anterior se le impondrá la pena de once meses a tres años de prisión y multa de 50 a 300 días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de la comisión del delito.

Cuando la víctima sea menor de edad, se presumirá el daño a la dignidad por tratarse de una persona en desarrollo psicoemocional y físico, y la sanción se aumentará desde una tercera parte de la pena mínima, hasta dos terceras partes de la pena máxima.

Lo anterior, motivado por el incremento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en sus distintas modalidades, para la comisión de conductas dolosas que buscan afectar a las víctimas potenciales.

El tipo penal en cuestión se configuró atendiendo los siguientes elementos:

/ El uso de las TIC´s para su ejecución

/ A través de insultos, injuria, ofensa, agravio o vejación

/ Con la insistencia necesaria para causar daño o menoscabo a la integridad física o emocional del sujeto pasivo

El Congreso concretó, hasta el momento, sólo 55% del plan C del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar del intenso trabajo de los legisladores.

En tres meses desde que arrancó la actual Legislatura, el pasado 1 de septiembre, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron 11 reformas de las 20 presentadas por el exmandatario en febrero, cuando Morena y sus aliados aún no contaban con la mayoría calificada necesaria para avalar las modificaciones constitucionales.

De las 11 reformas aprobadas, cinco ya son una realidad, porque ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF); otras tres que ya tienen declaratoria de validez, pero todavía no están vigentes, y otras dos están en el cierre de su recorrido por los Congresos estatales y mañana serán declaradas válidas por el Congreso.

En tanto, una más, el aumento a los salarios mínimos igual o por arriba de la inflación anual, está congelada, pues aunque ya fue validada por los Congresos locales, ni senadores ni diputados han declarado su constitucionalidad.

Aprueban mitad del plan C; algunas reformas se atascan

Mientras algunas se hicieron realidad en unos pocos días o semanas, otras se mantienen en discusión o franco freno en el Congreso de la Unión.

A pesar del intenso trabajo en sólo tres meses, el Congreso de la Unión concretó hasta el momento únicamente el 55% del plan C del expresidente Andrés Manuel López Obrador y del 45% restante, dos reformas se frenaron por una decisión económico-política: el aumento al salario mínimo y elevar a nivel constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

El pasado 5 de febrero, el expresidente de la República entregó a la Cámara de Diputados un paquete de 20 reformas; de las cuales 18 son constitucionales y dos legales. El entonces mandatario federal anunció que si Morena y sus aliados políticos lograban la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, todas esas reformas iban a ser una realidad, pues en febrero del 2024 el oficialismo morenista no tenía la mayoría calificada para lograrlas.

Morena, junto con el PT y el Partido Verde, así como la decisión de tres senadores que llegaron por la oposición, pero que se cambiaron a Morena: José Sabino Herrera y Araceli Sauceda, que eran del PRD, así como el panista Miguel Ángel Yunes, permitieron la existencia de la mayoría calificada, y de acuerdo con panistas y priistas, el criterio del INE y la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de otorgarle al oficialismo una mayoría que no logró en las urnas permitió que se comenzara a concretar el llamado plan C.

Hasta el momento, de las 18 reformas constitucionales que propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se concretaron 11, desde el 1 de septiembre hasta este 2 de diciembre.

Sin embargo, de esas 11, una está congelada, a pesar de contar ya con la aprobación en Cámara de Diputados, en el Senado de la República y validada por 20 de los Congresos estatales desde el mes pasado: el aumento a los salarios mínimos igual o por arriba de la inflación anual. Ni el Senado ni la Cámara de Diputados han declarado su validez constitucional.

Hay otras tres que ya tienen declaratoria de validez constitucional, pero que todavía no están vigentes, porque no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación: pensiones del bienestar, vivienda y bienestar animal

Otras dos están en el cierre de su recorrido por los Congresos estatales y el martes serán declaradas válidas por el Congreso de la Unión: ampliación del catálogo de prisión preventiva oficiosa, que ya tiene los 17 votos mínimos que necesita, y la eliminación de siete órganos autónomos, que hasta anoche sumaba 12 votos aprobatorios de Congresos estatales.

Hasta el momento, sólo cinco son una realidad plena, porque ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y son una realidad: Poder Judicial, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; Guardia Nacional, transporte ferroviario y retorno de CFE y Pemex como empresas públicas.

Dentro del paquete de 18 reformas constitucionales propuestas por el expresidente de la República el pasado 2 de febrero, está la referente a una modificación al artículo 123 Constitucional para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar, a fin de que los trabajadores que cotizan en el IMSS a partir del 1 de julio de 1997 obtengan el ciento por ciento de su último salario como pensión. Pero esa reforma se tradujo en una reforma legal que fue aprobada por el Congreso de la Unión en abril pasado, lo que implica que el Fondo de Pensiones del Bienestar ya es una realidad.

Esta reforma, que era constitucional y se convirtió en legal fue aprobada por la LXV Legislatura, no por la actual; la iniciativa presidencial de cambios constitucional sobre este tema, sin embargo, no ha sido retirada, pero tampoco se ha avanzado en su análisis, que es lo mismo que les ocurre a otras siete iniciativas del paquete de 20 reformas; ocho estén pendientes; de ellas, seis son constitucionales y dos legales.

De las seis reformas constitucionales pendientes, del paquete del plan C, la de llevar a nivel constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro está congelada en comisiones del Senado.

“El Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando en alguno de los niveles educativos, a fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas, en los términos que fije la ley”, dice la reforma aprobada por la Cámara de Diputados. Hasta el momento, de manera oficial no existe explicación de los senadores de Morena sobre los motivos que los llevaron a congelar esa reforma. Está también la reforma constitucional sobre protección de la salud.

La reforma plantea que, “para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, queda prohibida la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo.

“Queda vedada la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquier otra actividad para la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley, así como para la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo”, propone.

Pero los comisiones de la Cámara de Diputados no han avanzado en el tema, en medio de peticiones de la industria tabacalera por no prohibir el uso de vapeadores, porque eso generará un mercado negro que sí pondrá en riesgo la salud de los jóvenes, según explican.

Está pendiente también la reforma en materia de alimentación, ambiente sano y derecho al agua, que incluye la prohibición desde la Constitución del maíz transgénico. Las comisiones de los diputados federales no han tocado el tema, luego de que México perdiera un panel comercial internacional por esa prohibición.

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. El maíz, alimento básico y elemento de identidad nacional destinado al consumo humano, debe ser libre de modificaciones genéticas, como las transgénicas. El país se declara libre de cultivos de maíz genéticamente modificado. Debe priorizarse su manejo agroecológico.

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho, y asegurará la conservación y manejo sostenible de la biodiversidad nacional. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable, asequible y preferente sobre cualquier otro uso.