Derechos humanos

Puebla, Pue. Las Escuelas Normales de Puebla deberán evitar actividades de iniciación, inducción, novatadas o prácticas de naturaleza similar antes del inicio del ciclo escolar, como parte de las acciones adoptadas por la Secretaría de Educación Pública del Estado para proteger a la comunidad estudiantil.

La SEP Puebla informó que se suma a las disposiciones establecidas por la autoridad educativa federal con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de quienes estudian en las escuelas de Formación de Maestras y Maestros de Educación Básica.

Periodo previo al ciclo escolar será para planeación docente

Con base en las facultades de la Ley General de Educación y bajo la instrucción del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, las actividades previas al ciclo escolar en las Escuelas Normales deberán corresponder a un periodo de planeación y habilitación docente.

La disposición establece que no deberán realizarse actos de violencia física o psicológica, discriminación, humillación, coerción, sometimiento ni tratos degradantes.

También se contempla la restricción de la libertad de movimiento o cualquier otra conducta que pueda atentar contra la dignidad de quienes integran la comunidad escolar.

Medida incluye a organizaciones y grupos estudiantiles

La prohibición comprende las actividades realizadas por organizaciones estudiantiles, independientemente de que pertenezcan o no a las instituciones educativas.

También abarca a supuestas representaciones de estudiantes, grupos o personas que pretendan desarrollar este tipo de prácticas dentro de los planteles.

Con ello, la SEP estatal busca mantener una convivencia basada en el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las y los estudiantes.

SEP dará aviso si detecta actividades inadecuadas

La dependencia señaló que, en caso de identificar alguna actividad inadecuada dentro de las instituciones educativas, informará a las autoridades competentes.

Entre las instancias contempladas se encuentra la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El Gobierno del Estado indicó que, mediante la SEP Puebla, mantendrá la vigilancia sobre estas actividades y continuará con las medidas destinadas a garantizar condiciones de respeto dentro de las Escuelas Normales.

*BC

Huauchinango, Pue. La capacitación y actualización permanente de los cuerpos de seguridad de Huauchinango es fundamental para fortalecer una actuación profesional, ética y comprometida con la ciudadanía. 

Por ello, se llevó a cabo la capacitación denominada “Derechos Humanos y Prevención de la Trata de Personas” mediante el curso taller impartido por Sara Margarita Domínguez Huitrón, integrante de la CDH Puebla.

El objetivo de reforzar los conocimientos de los servidores públicos en la protección de los derechos humanos y la prevención de este delito que vulnera la dignidad de las personas.

Huauchinango fue sede de esta importante jornada, en la que participaron elementos de Seguridad Pública de diversos municipios de la región de la Sierra Norte. 

En representación del presidente municipal, Rogelio López Angulo, asistió la síndica municipal, Mayra Hernández Velazco, acompañada de Carmen Aideé Betanzos Rodríguez, regidora de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública, Protección Civil e Igualdad de Género, además de Carlos Ricardo Cruz García, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y Adrián Samuel Heras Castillo, director de Operación Policial.

Puebla, Pue. El Congreso local cabildea dos iniciativas para que en Puebla se permita el “Operativo Mochila” en escuelas públicas como privadas, el análisis de ambas será cuidadoso para evitar alguna violación de los derechos humanos. 

Indicó que el Poder Legislativo empezó a trabajar estas propuestas “mucho antes” de que se registraran las amenazas de posibles tiroteos al interior de planteles educativos en varios puntos de la entidad, entre ellos:

/ Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (Cenhch) de Puebla capital

/ Secundaria “Maximino Ávila Camacho” de Huejotzingo

/ Secundaria en Santa Catarina Hueyatzacoalco de San Martín Texmelucan

/ CBTis 16 en Atlixco

En todos los casos, estaban relacionados con un fenómeno viral en redes sociales conocido como “tiroteo mañana”.

Pável Gaspar explicó que las iniciativas han sido cabildeadas con expertos, entre ellos, jueces, y magistrados, donde igual se tomen en cuenta la voz de los padres de familia. 

Las propuestas

Adelantó el Congreso local junto con el Instituto Gilberto Bosques Saldívar y los Consejos Consultivos van a lanzar una convocatoria a los padres de familia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), docentes y directivos para reforzar la propuesta.   

De las dos iniciativas que la LXII Legislatura tiene sobre la mesa, una fue presentada por la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Azucena Rosas Tapia, y la segunda por la congresista Esther Martínez Romano del Partido del Trabajo (PT). 

“La iniciativa de Azucena Rosas Tapia la ha venido trabajando, hace un mes, antes de que sucediera todo esto –de las amenazas- la diputada la tiene muy avanzada, se va a presentar de inmediato, hemos estado en pláticas con el Poder Judicial, jueces, magistrados, hemos estado trabajando en esta iniciativa”, dijo. 

Señaló que el Poder Legislativo va “muy avanzado” para desahogar esta iniciativa sobre la aplicación del “Operativo Mochila”, que está enfocada a revisar al ingreso de las escuelas las mochilas con el consentimiento de los padres de familia.   

Para cerrar el tema el congresista aclaró que otro estado de la República cuenta con esta Jurisprudencia que permite legislar sobre la revisión de mochilas como medida de seguridad para los estudiantes.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, lanzó una advertencia contundente: la crisis de desapariciones en México es uno de los desafíos más serios y complejos que enfrenta el país en materia de derechos humanos.

El señalamiento ocurre en medio de una realidad marcada por cifras alarmantes y testimonios de familias que, ante la falta de respuestas, han tenido que asumir por su cuenta la búsqueda de sus seres queridos. La visita del funcionario internacional volvió a poner el tema bajo el escrutinio global.

Una cifra que refleja la magnitud del problema

México acumula más de 130 mil personas desaparecidas, de acuerdo con registros oficiales. Este número no solo refleja la dimensión del fenómeno, sino también la incapacidad institucional para frenar su crecimiento.

A lo largo de los años, la crisis de desaparecidos en México ha evolucionado sin que exista una respuesta integral que logre contenerla. Aunque se han creado mecanismos de búsqueda y nuevas instancias, los resultados siguen siendo limitados frente a la magnitud del problema.

Fallas institucionales y rezagos en la investigación

Uno de los principales reclamos de organismos internacionales y colectivos es la persistencia de fallas estructurales en las investigaciones. Las familias denuncian procesos lentos, falta de seguimiento y una coordinación insuficiente entre autoridades locales y federales.

La impunidad sigue siendo un factor determinante. En la mayoría de los casos, las desapariciones forzadas en México no derivan en sanciones, lo que perpetúa el ciclo de violencia y deja a las víctimas sin acceso a la justicia.

Crisis forense: miles de cuerpos sin identificar

El problema se agrava con la crisis forense que enfrenta el país. Miles de restos humanos permanecen sin identificar, lo que retrasa la localización de personas desaparecidas y prolonga la incertidumbre de las familias.

Esta situación evidencia la falta de capacidad institucional para procesar e identificar los cuerpos, así como la urgencia de fortalecer los sistemas periciales. La existencia de fosas clandestinas en diversas regiones confirma que el fenómeno sigue activo.

Colectivos de búsqueda, en primera línea

Ante la falta de resultados, los colectivos de familiares han asumido un papel central en la búsqueda. Con recursos limitados y en condiciones de riesgo, recorren territorios marcados por la violencia para localizar indicios que permitan encontrar a sus desaparecidos.

Durante la visita del representante de la ONU, estos grupos insistieron en que la crisis de desaparecidos en México no puede ser minimizada. También exigieron que se reconozca la gravedad del problema y se garantice su derecho a la verdad y la justicia.

Un tema que genera presión internacional

Las declaraciones de la ONU han intensificado la presión internacional sobre México. Mientras el gobierno destaca avances en la materia, organismos y expertos señalan que los esfuerzos son insuficientes frente a la dimensión del fenómeno.

El contraste entre ambas posturas refleja la complejidad del problema. Por un lado, existe un reconocimiento oficial de la crisis; por otro, persiste la percepción de que las acciones implementadas no han logrado frenar las desapariciones en México.

Un desafío de largo plazo

Especialistas coinciden en que la crisis de desaparecidos en México es resultado de múltiples factores, entre ellos la violencia del crimen organizado, la corrupción y la debilidad institucional.

Resolver este problema implica no solo mejorar los mecanismos de búsqueda, sino también fortalecer las investigaciones, garantizar la identificación de víctimas y combatir la impunidad. Se trata de un desafío de largo plazo que requiere voluntad política y coordinación efectiva.

*BC

Huaquechula, Pue.- La emisión de una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla volvió a colocar en el centro del debate público la muerte de un adolescente durante una detención policial ocurrida en noviembre de 2024.

La resolución, identificada como 9/2026, ordena la reparación integral del daño a la madre del menor, así como atención psicológica. No obstante, la medida ha generado inconformidad entre habitantes de distintas comunidades del municipio.

Fallas en traslado derivaron en la muerte

La CDH Puebla concluyó que las autoridades municipales incurrieron en violaciones a derechos fundamentales al no garantizar condiciones seguras durante el traslado del menor. El adolescente cayó de la batea de una patrulla en movimiento, lo que le causó un traumatismo craneoencefálico y una hemorragia subaracnoidea.

De acuerdo con el expediente, el joven había sido detenido tras ser señalado por ingresar a un rancho con presuntas intenciones delictivas. Posteriormente, ocurrió el incidente que derivó en su fallecimiento.

Entre las medidas dictadas por el organismo destacan:

• Indemnización económica a la madre
• Atención psicológica
• Investigación administrativa contra policías

Vecinos cuestionan resolución de la CDH

En contraste, habitantes de Cacaloxuchitl y Tezonteopan de Bonilla expresaron su rechazo a la recomendación. Asimismo, sostienen que el menor contaba con antecedentes de conducta delictiva.

De acuerdo con testimonios, el adolescente habría estado involucrado en un atropellamiento mortal. Además, fue retenido por pobladores en marzo de 2024 tras un presunto intento de robo, lo que provocó un intento de linchamiento que fue evitado por autoridades.

Debate entre derechos humanos y contexto social

El caso ha dividido a la opinión pública. Por un lado, la CDH Puebla insiste en que su recomendación se basa en la responsabilidad institucional durante la detención. Por otro, vecinos consideran que el contexto del menor no fue tomado en cuenta.

Además, se ha señalado que el adolescente vivía con sus abuelos debido al abandono de su madre desde temprana edad, lo que evidencia una problemática social más amplia.

En consecuencia, el caso continúa generando discusión en Huaquechula, donde persiste la tensión entre la exigencia de justicia y la percepción comunitaria sobre los hechos.

*ARD

Puebla, Pue.- La 25ª Marcha Estatal del Orgullo LGBTTTIQ+ se realizará el 13 de junio en Puebla, consolidándose como un evento emblemático en la defensa de los derechos humanos. La presidenta del comité organizador, María José Flores Serrano, dio a conocer los detalles.

En conjunto con el Colectivo APPS Derechos Humanos, se destacó que esta marcha representa 25 años de lucha, visibilidad y resistencia de la comunidad en el estado.

Además, subrayaron que este aniversario simboliza un momento clave para fortalecer la unidad entre colectivos y activistas.

Recorrido y expresiones artísticas

El evento comenzará en el Parque Juárez a las 15:00 horas, avanzará por el Boulevard 5 de Mayo y continuará por la avenida Juan de Palafox y Mendoza hasta el Zócalo.

En ese lugar, se llevará a cabo un programa cultural con diversas expresiones artísticas. Por otro lado, los organizadores destacaron que este espacio permitirá visibilizar la diversidad y promover la inclusión.

Asimismo, invitaron a la ciudadanía a sumarse a la marcha y respaldar las demandas sociales de la comunidad.

Los organizadores recordaron que la primera marcha se realizó en un contexto complicado, liderada por Onán Vázquez, quien es considerado pionero del movimiento en Puebla.

 

Por ello, hicieron un llamado a reconocer el trabajo de quienes han impulsado esta lucha durante décadas.

Proyecto de cápsula del tiempo

Como parte de la conmemoración, anunciaron la creación de una cápsula del tiempo en colaboración con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde se resguardarán testimonios y objetos representativos.

Finalmente, reiteraron que esta marcha busca celebrar la diversidad, pero también visibilizar los retos pendientes en materia de igualdad y respeto a los derechos humanos.

*ARD

Puebla, Pue- La Clínica Jurídica Minerva Calderón (CJMC) de la IBERO Puebla cumple cuatro años consolidándose como un espacio clave de defensa de derechos humanos, incidencia social y acompañamiento jurídico en Puebla. Este proyecto universitario refleja el compromiso de transformar la realidad mediante el conocimiento al servicio de la sociedad.

Desde su creación, la Clínica ha impulsado acciones que conectan la academia con problemáticas reales, lo que permite atender casos que afectan a sectores vulnerables. Además, fortalece la formación del estudiantado al involucrarlo directamente en procesos legales con impacto social.

Un legado que mantiene viva la memoria de Minerva Calderón

La Clínica lleva el nombre de Minerva Calderón Hernández, egresada de la universidad, como una forma de honrar su vida, su vocación profesional y su pasión por la justicia. Cada aniversario representa un momento significativo para recordar su legado.

Durante la conmemoración, sus padres, Minerva Hernández Rodarte y Marcos Calderón Guzmán, viajaron desde Durango para acompañar el evento. Ambos destacaron que este espacio ha permitido transformar el dolor en una forma de recordar a su hija con dignidad y esperanza.

El señor Calderón Guzmán agradeció el respaldo institucional, al señalar que la Clínica no solo honra la memoria de su hija, sino que también contribuye a resolver problemáticas sociales que afectan a la población mexicana.

Comunidad universitaria impulsa justicia con compromiso social

El rector de la institución, Alejandro Guevara Sanginés, destacó que la Clínica representa un vehículo de solidaridad que permite mantener vivo el legado de Minerva a través del trabajo colectivo en favor de la justicia.

Asimismo, subrayó que esta instancia universitaria ha logrado tender puentes entre la academia y la sociedad, consolidando una labor que promueve la igualdad y el respeto a los derechos humanos en diversos contextos.

Por su parte, la directora general académica, Lilia Vélez Iglesias, enfatizó que las instituciones educativas deben asumir un papel activo frente a las injusticias. Señaló que espacios como la Clínica son fundamentales en un entorno social y político complejo.

Reconocimiento internacional a la labor de la Clínica

El evento contó con la presencia de Alan García Campos, representante de la ONU-DH, quien reconoció la trayectoria de la Clínica Jurídica Minerva Calderón como un referente en la defensa de los derechos humanos.

El organismo internacional destacó el trabajo de la IBERO Puebla al impulsar iniciativas que protegen a personas en situación de vulnerabilidad. Este reconocimiento reafirma la relevancia del proyecto en el ámbito nacional e internacional.

Informe de labores destaca impacto nacional e internacional

Durante la jornada, el equipo jurídico presentó su informe de actividades, donde resaltaron logros alcanzados en distintos niveles. Entre los principales resultados se encuentran:

• Atención a casos de alto impacto social
• Participación de estudiantes en procesos legales reales
• Vinculación con organismos nacionales e internacionales
• Defensa de derechos de grupos vulnerables

El coordinador de la Clínica, Simón Hernández León, destacó que estos resultados son producto del trabajo colectivo, la vocación de servicio y el compromiso con la justicia.

Conversatorio fortalece reflexión sobre responsabilidad social

Como parte del aniversario, se realizó el conversatorio “La responsabilidad social de la abogacía”, donde participaron especialistas del ámbito jurídico que reflexionaron sobre el papel del derecho en la transformación social.

Este espacio permitió analizar los retos actuales del ejercicio profesional, así como la importancia de mantener un enfoque ético y comprometido con la defensa de los derechos humanos.

Un modelo que transforma realidades desde la educación

A lo largo de cuatro años, la Clínica Jurídica Minerva Calderón se ha consolidado como un modelo de incidencia que combina formación académica, compromiso social y acción jurídica.

En este sentido, la IBERO Puebla reafirma su misión de formar profesionales capaces de transformar su entorno, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria.

*ARD

Puebla, Pue. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, informó que el estado ocupa el cuarto lugar nacional en población indígena.

De los 217 municipios, 58 cuentan con población indígena, y 18 destacan por su mayor porcentaje, sumando un total de 76 municipios con presencia indígena, de los cuales 75 hablan náhuatl.

“La barrera del idioma ha sido durante décadas cómplice silenciosa del abuso hacia las comunidades originarias. Hoy es posible identificar y prevenir estos riesgos”, indicó Sánchez Soya.

La funcionaria destacó que el abuso sexual infantil sigue siendo un factor de vulnerabilidad para los menores, especialmente por estereotipos de género que enfrentan en estas comunidades.

“El Libro de Sofía”

En coordinación con la Fenali de la BUAP, se presentó “El Libro de Sofía”, una herramienta preventiva dirigida a niñas de comunidades indígenas para advertir sobre riesgos de abuso sexual y violencia de género.

En la Sierra Negra de Puebla, 8 de cada 10 mujeres indígenas han enfrentado alguna forma de violencia.

Un caso reciente en Huauchinango evidenció que una menor no pudo presentar denuncia por la falta de intérprete de náhuatl, situación que la Fiscalía General del Estado (FGE) reconoce como un obstáculo para recibir adecuadamente las denuncias.

Este trabajo refuerza la necesidad de fortalecer la protección de las infancias y garantizar acceso a la justicia para todas las comunidades indígenas en Puebla.

*BC

Puebla, Pue- El gobierno de Puebla llevó a cabo la primera sesión del Comité Estatal de Fomento Laboral Penitenciario para promover la reinserción social mediante capacitación y acceso al empleo digno.

El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, señaló que el organismo fortalecerá la protección de derechos humanos en centros penitenciarios. Además, indicó que la coordinación institucional permitirá desarrollar políticas integrales de inclusión.

El representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gabriel Alejandro Tamariz Sánchez, explicó que Puebla es la entidad número 18 en implementar este esquema laboral penitenciario.

De acuerdo con el funcionario, las oportunidades de trabajo formal forman parte esencial del proceso de reintegración social y ayudan a preparar a las personas privadas de la libertad para su regreso a la sociedad.

Participación empresarial y social

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, afirmó que el comité permitirá coordinar al gobierno con empresas para impulsar la justicia social.

Asimismo, la presidenta de Coparmex Puebla, Beatriz Camacho Ruiz, sostuvo que el empleo dentro de los centros penitenciarios reduce la reincidencia delictiva. También destacó que fortalece la dignidad humana y mejora la convivencia social.

 

La estrategia se encuentra alineada con el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y las recomendaciones nacionales en materia de derechos humanos.

El comité quedó conformado por dependencias estatales de seguridad, educación, salud y bienestar, además de instituciones de capacitación laboral.

Beneficio social a largo plazo

Finalmente, el gobierno estatal aseguró que la implementación de estas acciones permitirá disminuir la reincidencia y favorecer la estabilidad social.

El acceso a herramientas laborales facilitará la reintegración social y contribuirá a la construcción de comunidades más seguras en Puebla.

*ARD

 

Atlixco, Pue- Un litigio relacionado con la empresa Mex Mode Puebla, instalada en Atlixco, podría ser revisado por un tribunal internacional especializado en derechos humanos.

El proceso se encuentra en etapa previa tras señalarse que el Estado mexicano no cumplió una recomendación internacional vinculada con la protección de la salud pública y el medio ambiente.

Los representantes legales informaron que el expediente ya está listo para su posible envío al tribunal regional.

Origen del conflicto

La disputa surgió hace más de una década, cuando pobladores denunciaron efectos negativos en su salud relacionados con la actividad industrial.

Conforme avanzó la investigación, el caso trascendió instancias locales hasta alcanzar organismos internacionales. De esta forma, podría convertirse en un asunto emblemático en materia de contaminación ambiental y protección de comunidades.

El litigio busca determinar si existieron violaciones a los estándares internacionales de derechos humanos ambientales.

Impacto para autoridades mexicanas

Si el tribunal admite el caso y emite sentencia condenatoria, el Estado mexicano deberá aplicar medidas obligatorias de reparación a las víctimas.

Además, tendrá que reforzar regulación ambiental, vigilancia sanitaria y protección de derechos fundamentales para la población afectada.

Finalmente, el fallo también podría sentar precedentes para futuros casos similares en América Latina relacionados con salud ambiental y actividad industrial.

*ARD