Crimen organizado

Una investigación iniciada tras el asesinato del creador de contenido César Daniel Nolazco Gastélum en Culiacán condujo tres semanas después hasta Puebla, donde autoridades federales localizaron a Jesús Alberto “N”, señalado como uno de los dos hombres que presuntamente dispararon contra la víctima.

La captura se desarrolló este 26 de agosto de 2026 en San Andrés Cholula y terminó en un enfrentamiento armado. Según la información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tres sujetos agredieron a los agentes que realizaban el operativo; uno murió y los otros dos fueron detenidos, incluido el hombre investigado por el homicidio de Gastélum.

Investigación por César Gastélum llevó a autoridades hasta Puebla

César Gastélum fue asesinado el 4 de agosto de 2026 en Culiacán, Sinaloa, mientras realizaba una transmisión en vivo.

A partir del homicidio comenzaron trabajos de investigación e inteligencia que permitieron identificar a Jesús Alberto “N” como uno de los posibles participantes directos en el ataque.

 

García Harfuch informó que labores del Centro Nacional de Inteligencia permitieron localizarlo posteriormente en Puebla. La autoridad lo señala específicamente como uno de los dos hombres que habrían disparado contra Gastélum.

La detención representa uno de los principales avances públicos de la investigación, aunque la responsabilidad penal del detenido deberá determinarse ante las instancias judiciales.

Operativo terminó en enfrentamiento en San Andrés Cholula

El despliegue federal ocurrió en la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec, perteneciente a San Andrés Cholula.

Reportes de la zona ubicaron la movilización poco después de las 14:00 horas en inmediaciones de la calle 24 de Febrero, cerca de Manuel Gómez Morín, donde vecinos comenzaron a reportar múltiples detonaciones de arma de fuego.

En un primer momento, el hecho fue atendido como una balacera con presencia de corporaciones municipales, estatales y federales.

Horas después se conoció que los agentes participaban en un operativo relacionado con la investigación del asesinato de César Gastélum.

Tres hombres armados atacaron a los agentes

De acuerdo con la versión difundida por la autoridad federal, cuando los agentes intentaron realizar la detención fueron agredidos por tres sujetos armados.

Los elementos respondieron al ataque. Uno de los presuntos agresores perdió la vida y otros dos fueron detenidos.

Entre estos últimos se encontraba Jesús Alberto “N”.

Durante el operativo fueron aseguradas tres armas de fuego, cartuchos y vehículos, que quedaron relacionados con las investigaciones.

La autoridad federal indicó que las indagatorias continuarán para ubicar a otras personas presuntamente involucradas en el homicidio.

¿Qué ocurrió con César Gastélum el 4 de agosto?

El creador de contenido fue atacado en la zona de Tres Ríos, en Culiacán, cuando se encontraba afuera de un establecimiento mientras realizaba contenido para redes sociales.

Dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y uno de ellos disparó contra Gastélum. El ataque ocurrió mientras transmitía en vivo y parte de los momentos previos quedó registrada.

Gastélum murió en el lugar.

 

Las personas que se encontraban con él resultaron ilesas, mientras autoridades de Sinaloa iniciaron las diligencias y revisaron material de videovigilancia y elementos relacionados con la transmisión.

¿Quién era César Gastélum?

César Daniel Nolazco Gastélum era un creador de contenido de Sinaloa conocido entre sus seguidores como César Gastélum o “Cesarín”.

También utilizaba plataformas de transmisiones en vivo y difundía contenido relacionado con entretenimiento y su vida cotidiana.

Su homicidio tuvo una amplia repercusión debido a que ocurrió mientras realizaba una transmisión, circunstancia que generó la difusión de imágenes y fragmentos del ataque en redes sociales.

El móvil del asesinato todavía no está confirmado

Después del crimen circularon distintas versiones sobre las razones del ataque.

Las autoridades informaron que entre los elementos revisados se encontraban publicaciones realizadas por el creador de contenido y distintas líneas relacionadas con su entorno.

Sin embargo, no existe hasta ahora una confirmación pública definitiva sobre el móvil del homicidio.

Por ello, cualquier versión sobre las razones que llevaron al asesinato debe mantenerse como parte de las investigaciones y no presentarse como un hecho probado.

De Culiacán a San Antonio Cacalotepec

El caso muestra una investigación que comenzó en Sinaloa y terminó, al menos en esta etapa, con un operativo a más de mil kilómetros del lugar donde ocurrió el homicidio.

La tarde del miércoles, la presencia de fuerzas federales, Guardia Nacional, Ejército y corporaciones locales provocó una amplia movilización en San Antonio Cacalotepec.

Lo que inicialmente se conoció como una balacera en San Andrés Cholula adquirió horas después otra dimensión cuando García Harfuch confirmó que uno de los detenidos estaba relacionado con la investigación por la muerte de César Gastélum.

Qué sigue para Jesús Alberto “N”

La detención no significa que exista una sentencia contra Jesús Alberto “N”.

Las autoridades deberán presentar los datos de prueba correspondientes y establecer formalmente los delitos que se le imputarán.

La información federal lo identifica como uno de los dos sujetos que presuntamente dispararon contra César Gastélum, por lo que editorial y jurídicamente resulta necesario mantener expresiones como “presunto participante”, “señalado” o “probable autor material”.

También queda pendiente localizar al otro hombre señalado por su posible participación directa en el ataque y esclarecer quién ordenó el homicidio y cuál fue el móvil.

Caso César Gastélum sigue abierto

El operativo en Puebla representa un avance en la investigación, pero no cierra el caso.

Las autoridades todavía deberán reconstruir la participación de cada una de las personas involucradas, determinar el origen de las armas aseguradas y establecer por qué Jesús Alberto “N” se encontraba en Puebla semanas después del homicidio.

Por ahora, el dato confirmado es que una investigación iniciada tras el asesinato de César Gastélum en Culiacán llevó a las autoridades hasta San Andrés Cholula, donde una operación de captura derivó en un enfrentamiento con un muerto y dos detenidos.
 

*ARD

Las operaciones federales contra estructuras del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dejaron 32 personas detenidas en menos de una semana, luego de que autoridades reportaron 20 nuevas capturas durante acciones simultáneas en Hidalgo, Jalisco y Michoacán.

El despliegue más reciente se realizó entre el 21 y el 23 de agosto en 36 inmuebles y permitió asegurar armas, sustancias con características similares a diferentes drogas, equipo tecnológico, fauna y 113 vehículos. En las acciones participaron Defensa, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República.

Veinte detenidos en acciones simultáneas contra el CJNG

Las autoridades federales identifican a los 20 detenidos como presuntos integrantes del CJNG con presencia principalmente en la zona limítrofe de Jalisco y Michoacán. Tras las capturas, fueron trasladados en una aeronave de la Armada de México a la Ciudad de México y quedaron a disposición de la FGR.

La Fiscalía continuará con las investigaciones y peritajes para determinar la situación jurídica de cada persona, por lo que las detenciones no equivalen a una sentencia de culpabilidad.

Durante las intervenciones fueron aseguradas 10 armas de fuego —siete cortas y tres largas—, cargadores y cartuchos de distintos calibres, además de dosis de sustancias con características similares a fentanilo, metanfetamina y marihuana.

Aseguran 113 vehículos, dron y fauna silvestre

Uno de los decomisos de mayor volumen fue el de 113 vehículos. También quedaron bajo resguardo dinero, joyería, equipos de comunicación, un dron y un inhibidor de drones.

El inventario incluyó además fauna silvestre y animales de granja. Omar García Harfuch detalló que entre los ejemplares encontrados había tigres, panteras, otros animales y aves que se encontraban en condiciones inadecuadas de cuidado.

Más allá del número de capturas, Harfuch señaló que la estrategia busca disminuir las capacidades operativas, logísticas y financieras de las organizaciones criminales, mediante el aseguramiento de armas, drogas, vehículos y otros recursos utilizados por estas estructuras.

¿Cómo se llega a los 32 detenidos?

El saldo de 32 detenidos no corresponde exclusivamente a los 36 inmuebles intervenidos entre el 21 y el 23 de agosto.

Las nuevas operaciones dejaron 20 capturas, mientras que otras 12 personas fueron detenidas durante una acción realizada el 19 de agosto en Michoacán. El propio Gabinete de Seguridad reportó ese día la intervención de dos inmuebles en Tinaja de Vargas, municipio de Tanhuato, donde también fueron asegurados 64 vehículos, armamento, explosivos improvisados, motocicletas, droga, un dron y equipo táctico.

La primera información de aquel operativo había confirmado nueve detenidos en Tinaja de Vargas y Colesio, en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, respectivamente. Entre ellos estaban Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas por las autoridades como hija y pareja sentimental de Heraclio “N”, alias “Tío Lako”, señalado como jefe regional del CJNG en Michoacán y Jalisco.

Operativo previo dejó armas y explosivos en Michoacán

En la acción del 19 de agosto fueron asegurados inicialmente 64 vehículos, uno blindado; ametralladoras, nueve armas largas, artefactos explosivos improvisados, motocicletas, droga, un dron y equipo táctico. Después de las detenciones también se registraron interrupciones en carreteras de Michoacán, lo que llevó a las autoridades a activar un operativo antibloqueos.

El reporte posterior del Gabinete de Seguridad elevó a 12 el número de personas capturadas ese día y confirmó el aseguramiento de dos inmuebles, los 64 vehículos y un arsenal que incluyó cinco ametralladoras, un fusil Barrett, nueve armas largas y ocho artefactos explosivos improvisados.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer las funciones de los 20 nuevos detenidos y determinar su relación individual con la estructura del CJNG. Hasta ahora no se ha informado que todos pertenezcan específicamente a la célula encabezada por “Tío Lako”.

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El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, acusó a funcionarios mexicanos de alto nivel de colaborar directamente con organizaciones criminales y aseguró que algunos de ellos fueron advertidos recientemente por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El funcionario no reveló identidades, cargos ni pruebas públicas que permitan conocer quiénes son las personas señaladas.

Las declaraciones abrieron dos frentes en la relación bilateral: las acusaciones de corrupción dentro de estructuras gubernamentales mexicanas y los límites que México establece a la participación de agencias o fuerzas estadounidenses en operaciones dentro de su territorio.

DEA asegura que funcionarios protegen operaciones del CJNG

Cole sostuvo que investigaciones estadounidenses han detectado corrupción gubernamental vinculada con organizaciones criminales. Afirmó que existen funcionarios que trabajan directamente con los cárteles y que algunos relacionados con el CJNG fueron puestos sobre aviso aproximadamente dos semanas antes de sus declaraciones.

El señalamiento no surgió de manera aislada. El pasado 5 de agosto, durante el anuncio de una nueva ofensiva contra la estructura del CJNG, el propio jefe de la DEA aseguró públicamente que la organización criminal ha mantenido su influencia mediante violencia y corrupción, incluida la participación de integrantes del gobierno mexicano que presuntamente protegen a sus dirigentes o facilitan tráfico de drogas y lavado de dinero.

Sin embargo, en esa intervención tampoco identificó a funcionarios específicos.

Hasta ahora, Estados Unidos no ha presentado públicamente acusaciones judiciales contra funcionarios mexicanos concretos por los vínculos con el CJNG señalados por Cole.

Estados Unidos intensifica ofensiva contra ocho integrantes del CJNG

La ofensiva estadounidense contra el grupo criminal se reforzó este mes. El Departamento de Justicia y distintas agencias federales anunciaron nuevas acusaciones y recompensas que en conjunto superan los 100 millones de dólares por información que permita capturar o condenar a ocho integrantes de la organización.

Entre ellos se encuentran Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”; Audias Flores Silva, “El Jardinero”; Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”; Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”; Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”; Ricardo Ruiz Velasco, “RR” o “Tripa”; Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”, y Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

Cole ubicó particularmente a Juan Carlos Valencia González entre los principales objetivos de la DEA contra el CJNG. La estrategia estadounidense también busca afectar operadores financieros, redes de lavado de dinero, tráfico de armas y cadenas de suministro de precursores químicos.

Las acusaciones judiciales contra estos integrantes del cártel son independientes de los señalamientos sobre funcionarios mexicanos, cuyos nombres no han sido dados a conocer.

Terry Cole deja abierta posibilidad de nuevas acciones de EU

Además de las acusaciones sobre corrupción, el director de la DEA fue cuestionado sobre la posibilidad de acciones estadounidenses dentro de México.

Cole destacó que actualmente existe intercambio de inteligencia y coordinación con autoridades mexicanas, pero evitó descartar de manera absoluta eventuales operaciones y afirmó que su agencia cumplirá las instrucciones que reciba del presidente de Estados Unidos.

El planteamiento ocurre mientras Washington endurece su estrategia contra organizaciones como el CJNG y el Cártel de Sinaloa, consideradas por el gobierno estadounidense amenazas prioritarias para su seguridad.

Harfuch descarta presencia de fuerzas extranjeras en México

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fijó una posición distinta sobre el alcance de la colaboración bilateral.

El funcionario sostuvo que la legislación mexicana no permite la operación de fuerzas extranjeras dentro del territorio nacional y señaló que la cooperación tiene límites establecidos por la Constitución y las leyes mexicanas.

La colaboración, explicó, puede incluir información, inteligencia y coordinación entre instituciones, pero las operaciones deben ejecutarse conforme a las facultades de cada país.

Harfuch puso como ejemplo el operativo realizado en febrero contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, al señalar que fue planeado, desarrollado y ejecutado por el Ejército Mexicano. También descartó que las instituciones que integran el gabinete federal de seguridad hayan realizado operativos conjuntos con agentes extranjeros dentro de México.

México reporta 85 servidores públicos detenidos

Al defender la estrategia mexicana, García Harfuch afirmó que durante la actual administración han sido detenidos 85 servidores públicos vinculados con actividades criminales, sin importar su filiación política.

Ese dato demuestra la existencia de investigaciones mexicanas contra funcionarios presuntamente relacionados con delitos, pero no permite establecer que esas 85 detenciones correspondan a las personas señaladas por Terry Cole, debido a que el director de la DEA no identificó a los funcionarios a los que hizo referencia.

Harfuch también destacó reducciones en homicidios, decomisos de armas y drogas, desmantelamiento de laboratorios clandestinos y capturas de objetivos criminales de alto nivel como parte de los resultados de la estrategia de seguridad.

DEA y México mantienen cooperación pese a diferencias

Las diferencias sobre una eventual participación estadounidense no han detenido el intercambio entre las autoridades de ambos países.

Cole afirmó que mantiene comunicación diaria con García Harfuch y destacó la coordinación para combatir al CJNG y al Cártel de Sinaloa. Días antes también había reconocido públicamente al secretario mexicano como un socio de confianza en materia de seguridad.

El gobierno mexicano, por su parte, ha reiterado que busca conservar la cooperación con las agencias estadounidenses bajo un principio de respeto a la soberanía y coordinación sin subordinación. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la relación institucional con las autoridades de Estados Unidos y la participación mexicana en mecanismos internacionales de combate al crimen organizado.

El punto pendiente es la acusación formulada por Terry Cole. Mientras no se revelen nombres, investigaciones judiciales o elementos públicos que permitan comprobarla, el señalamiento contra funcionarios mexicanos permanece como una afirmación de la autoridad estadounidense aún sin sustento público individualizado.

*BC

Una serie de detonaciones, persecuciones y enfrentamientos armados alteró la tarde del miércoles 19 de agosto en Jerez de García Salinas, Zacatecas. El saldo confirmado es de cinco hombres muertos, después de que una confrontación entre grupos criminales se extendiera por distintos puntos de la cabecera municipal y terminara con la intervención de la Guardia Nacional.

La violencia comenzó con un choque entre civiles armados de grupos antagónicos. En esa primera confrontación murió un hombre, mientras otros participantes emprendieron la huida y provocaron persecuciones por calles como San Francisco y Los Sauces, la avenida Francisco García Salinas, Jardín Juárez y los alrededores del panteón.

El despliegue de seguridad se extendió entonces a distintos sectores del Pueblo Mágico. Elementos estatales y federales comenzaron la búsqueda de los involucrados mientras habitantes reportaban la presencia de unidades policiales y movimientos de las fuerzas de seguridad.

Huida termina en enfrentamiento con la Guardia Nacional

La segunda parte de la jornada ocurrió cuando cuatro civiles armados que presuntamente participaron en el enfrentamiento inicial huyeron en una camioneta y se desplazaron hacia la carretera estatal 23. Ahí fueron localizados por elementos de la Guardia Nacional.

De acuerdo con la información oficial, los ocupantes del vehículo abrieron fuego contra los guardias nacionales, quienes repelieron la agresión. Los cuatro murieron durante el enfrentamiento, con lo que el saldo de los hechos ocurridos en Jerez aumentó a cinco fallecidos.

“Estas cuatro personas se encontraban armadas y agredieron a los elementos de la Guardia Nacional”.

La declaración fue realizada por el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien explicó que las corporaciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz reforzaron inmediatamente su presencia en el municipio.

Durante el operativo también participó un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Seguridad Pública, que realizó sobrevuelos mientras las fuerzas terrestres mantenían vigilancia en los puntos donde habían ocurrido las persecuciones. A las 20:48 horas, el gobierno estatal reportó que la situación en Jerez estaba controlada.

La Fiscalía General de Justicia del Estado permaneció en la zona para realizar las diligencias correspondientes e investigar el origen de los enfrentamientos.

Desmienten supuesto ataque contra funcionarios municipales

La confusión generada durante las primeras horas de las balaceras también provocó la circulación de versiones que señalaban que un funcionario del Ayuntamiento de Jerez había sufrido un ataque directo.

Las autoridades descartaron esa información después de establecer comunicación con el presidente municipal, Rodrigo Ureño Bañuelos, y con el servidor público mencionado en los primeros reportes. Ambos se encontraban a salvo y señalaron que la violencia registrada durante la tarde no correspondía a un atentado dirigido contra integrantes del gobierno municipal.

Hasta este jueves, tampoco se ha informado públicamente a qué organizaciones criminales pertenecían los hombres involucrados, por lo que no existe base confirmada para adjudicar las balaceras a un cártel específico.

Operativo paralelo en Juchipila deja 11 detenidos

Mientras las fuerzas de seguridad atendían la emergencia en Jerez, otro despliegue se desarrollaba en Juchipila, municipio localizado al sur de Zacatecas.

La Secretaría de Seguridad Pública, junto con instituciones de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, reportó finalmente 11 personas detenidas, además del aseguramiento de vehículos y armas de fuego. La cifra inicial había sido de ocho capturados, pero posteriormente fue actualizada.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han vinculado oficialmente a los 11 detenidos de Juchipila con los enfrentamientos ocurridos en Jerez. Ambos operativos coincidieron temporalmente, pero deben considerarse hechos separados mientras no exista información que establezca una relación entre ellos.

Zacatecas mantenía un amplio operativo contra grupos criminales

La nueva jornada de violencia ocurre mientras Zacatecas mantiene activa la Operación Rastrillo, estrategia desplegada después del multihomicidio de 10 personas registrado el 18 de julio.

Hasta el 11 de agosto, el operativo acumulaba 20 detenidos, nueve campamentos desmantelados, 29 vehículos asegurados, 15 casas de seguridad intervenidas y dos laboratorios clandestinos inhabilitados, con la participación de 629 elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Jerez, además, tiene comunidades serranas que durante años recientes han padecido inseguridad y desplazamiento forzado. En mayo, el Gobierno de Zacatecas formalizó la instalación de un Destacamento Regional de Seguridad en Palmas Altas para reforzar la vigilancia en esa región del municipio.

Ese antecedente ayuda a dimensionar el contexto de seguridad en Jerez, pero no permite atribuir automáticamente los enfrentamientos del 19 de agosto a una disputa criminal específica. Las identidades de los cinco fallecidos, su posible afiliación delictiva y el origen concreto de la confrontación permanecen entre los puntos que deberán esclarecer las investigaciones.

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La violenta jornada que comenzó con vehículos incendiados y bloqueos en 24 puntos de Michoacán tiene ahora un dato que modifica el escenario inicial: fuentes del Gabinete de Seguridad reportaron la captura de cuatro cabecillas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante el operativo desplegado desde la madrugada de este miércoles 19 de agosto. Entre los detenidos se encontraría un objetivo prioritario, aunque hasta las 11:12 horas las autoridades federales no habían revelado públicamente sus identidades.

La operación se concentró principalmente en la región de Zamora y el corredor Lerma-Chapala, donde el Ejército Mexicano emprendió acciones contra estructuras vinculadas con producción y trasiego de drogas, extorsión y secuestro. Tras las capturas, grupos criminales respondieron mediante el despojo de vehículos, incendios y cierres en distintas carreteras del estado.

La presidenta Claudia Sheinbaum había adelantado durante su conferencia matutina que desde la madrugada estaba en marcha un operativo para detener a “un objetivo o varios objetivos relevantes” y relacionó directamente esa acción con los bloqueos registrados posteriormente. Horas después comenzó a conocerse que las acciones habían dejado cuatro presuntos mandos criminales capturados.

“Hay un operativo de detención de un objetivo o varios objetivos relevantes”, informó Claudia Sheinbaum al ser cuestionada sobre la violencia registrada en Michoacán.

Cuatro cabecillas del CJNG, el nuevo dato del operativo

Fuentes del Gabinete de Seguridad consultadas después del inicio de los narcobloqueos señalaron que cuatro personas consideradas cabecillas del CJNG fueron detenidas, una de ellas catalogada como objetivo prioritario. Las operaciones continuaban después de las capturas para contener nuevas reacciones criminales y evitar que los bloqueos se extendieran.

Además de los despliegues terrestres, fuerzas federales emplearon aeronaves para apoyar las acciones de seguridad, mientras Ejército, Guardia Nacional, autoridades estatales y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantenían presencia en la región.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó por separado que los cierres fueron una reacción de grupos delincuenciales tras “detenciones efectivas” y anunció el reforzamiento de los operativos en Zamora, La Piedad y Pátzcuaro para recuperar el libre tránsito.

Este dato es relevante porque durante las primeras horas del miércoles únicamente se sabía que el despliegue perseguía objetivos de alto nivel. La confirmación posterior de capturas convirtió una jornada inicialmente centrada en los narcobloqueos en un operativo contra mandos relevantes de la estructura criminal que opera en el noroeste de Michoacán.

¿‘El Tío Lako’ está entre los cuatro detenidos?

Uno de los nombres que comenzó a circular alrededor del operativo es el de Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, identificado previamente como líder de Los Guerrero, una célula vinculada al CJNG asentada en la zona de Tanhuato y Ecuandureo. En marzo de este mismo año, autoridades michoacanas ya habían ubicado a esa estructura dentro de las operaciones del cártel en esa región.

Sin embargo, no existe hasta este corte confirmación oficial de que “El Tío Lako” sea uno de los cuatro cabecillas detenidos. Las autoridades federales tampoco han divulgado todavía los nombres, alias o cargos criminales de los capturados, por lo que atribuirle su detención sería adelantarse a la información disponible.

Reportes iniciales vincularon las acciones de seguridad con integrantes de Los Guerrero, pero incluso esas versiones diferenciaron la captura de miembros de la célula de una eventual detención de su líder. El dato firme a esta hora es que fueron reportados cuatro cabecillas del CJNG capturados y un objetivo prioritario entre ellos, no la identidad de ese objetivo.

Narcobloqueos se extendieron por carreteras de Michoacán

Mientras avanzaba el operativo, los grupos criminales respondieron con una estrategia destinada a paralizar la movilidad. El C5 Michoacán llegó a contabilizar 24 puntos con afectaciones carreteras durante la mañana, después de que delincuentes atravesaran e incendiaran automóviles, camiones y vehículos de carga.

Los cierres alcanzaron municipios y regiones como Morelia, Tzintzuntzan, Coeneo, Zacapu, La Piedad, Ecuandureo, Zamora, Purépero y Tangancícuaro. Entre las carreteras afectadas aparecieron la Morelia-Quiroga, Pátzcuaro-Tzintzuntzan, Comanja-Coeneo, La Piedad-Ecuandureo, La Piedad-Numarán, Zamora-Ecuandureo, Zamora-La Barca, Zamora-Carapan, Zamora-Ixtlán y Carapan-Zacapu.

Las autoridades estatales aclararon que la cifra de 24 representa los puntos afectados durante el desarrollo de la jornada, pero no significa necesariamente que todos permanecieran cerrados al mismo tiempo. Conforme avanzó el despliegue comenzaron los trabajos para retirar unidades incendiadas y recuperar la circulación.

Ejército y Guardia Nacional refuerzan Zamora, La Piedad y Pátzcuaro

El Gobierno de Michoacán informó que las corporaciones estatales trabajan conjuntamente con Defensa y Guardia Nacional, principalmente en Zamora, La Piedad y Pátzcuaro. La prioridad inmediata es liberar las vías y contener cualquier nueva reacción de las células criminales afectadas por las detenciones.

La zona donde se desarrolló el operativo tiene además relevancia económica. Fuentes del Gabinete de Seguridad señalaron que las estructuras perseguidas operaban en una región con importante producción de cítricos, berries y caña de azúcar, donde las autoridades también las investigan por actividades de extorsión contra habitantes y empresarios.

La violencia también llevó a estados vecinos a mantenerse atentos. En Jalisco se reforzó la coordinación preventiva con las autoridades federales ante la posibilidad de que los bloqueos cruzaran la frontera estatal, aunque durante las primeras horas no se habían reportado incidentes derivados del operativo en territorio jalisciense.

Falta conocer quién es el objetivo prioritario capturado

La pieza que falta para dimensionar el alcance real del golpe contra el CJNG es la identidad de los cuatro detenidos. Saber quién es el objetivo prioritario permitirá establecer si el operativo afectó solamente mandos regionales o alcanzó a una figura de mayor peso dentro de la organización criminal.

Hasta ahora, la secuencia confirmada es clara: fuerzas federales desplegaron un operativo contra objetivos relevantes, cuatro presuntos cabecillas del CJNG fueron capturados, grupos criminales respondieron con bloqueos y quema de vehículos y las autoridades movilizaron fuerzas terrestres y aéreas para recuperar las carreteras.

La identidad de los capturados será el siguiente dato clave. Hasta que el Gabinete de Seguridad presente el balance completo, no puede afirmarse que “El Tío Lako” haya sido detenido, pese a que su estructura criminal aparece relacionada en diversos reportes con la región donde se desarrolló el operativo.

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Por colusión o por omisión, los jefes policiacos de siete municipios del interior del estado no sólo han sido separados de su cargo sino incluso detenidos.

Tan solo en un mes, van siete titulares de Seguridad Pública aprehendidos en el estado de Puebla.

El caso más reciente, Atlixco, se suma a los seis capturados que fueron confirmadas el pasado 14 de julio, relacionadas con investigaciones por el hallazgo de narcolaboratorios en la Mixteca poblana y en la Sierra Norte del estado.

Todo indica que los siete secretarios de Seguridad Pública municipales son sospechosos de vínculos con el crimen organizado, un hecho escandaloso en la historia reciente del estado, pues los responsables de la seguridad de los ciudadanos en los hechos eran sus enemigos.

Los mandos policíacos de siete municipios quedaron desocupados porque la Fiscalía General de Puebla ordenó su captura tras detectar anomalías en el ejercicio de sus funciones.

Antonio Hernández Pacheco, jefe policiaco de Atlixco, fue detenido durante la tarde del sábado 14 de agosto de 2026 por su posible participación en tres delitos: cohecho, abuso de autoridad e incumplimiento de su deber legal.

Cuatro semanas atrás, la Fiscalía de Puebla encontró irregularidades en el desempeño de seis comandantes que facilitaron operaciones de narcotráfico al crimen organizado, al no advertir la presencia de narcolaboratorios en los municipios de Jopala y Chila de la Sal, en las regiones de la Sierra Norte y la Mixteca, respectivamente.

El 10 de julio, las autoridades confirmaron la detención de Manuel Martínez González de Jopala; Ángel Miguel Garrido de Tlaola; y Evencio Rosas Luna de Tlapacoya, quienes durante un año encubrieron una fábrica de cristal y metanfetaminas que abastecía a Puebla y Veracruz, con ganancias por 2 mil 400 millones de pesos.

El 14 de julio, la Fiscalía detuvo a David Velázquez Sandoval, director de Seguridad Pública de Chietla; Gonzalo Torres Cardoso de Tehuitzingo; y a José Santiago Benítez Arista de Chila de la Sal, ya que también fueron omisos a cinco narcolaboratorios en esa región cercana al estado de Guerrero.

Las autoridades estatales mantienen investigaciones contra Andy Castillo Rodríguez, quien fungía como director de la policía municipal de San Felipe Tepatlán, que se encuentra prófugo de la justicia al notar la detención de algunos secretarios de Seguridad en municipios en la Sierra Norte.

La fiscal del estado, Idamis Pastor Betancourt, confirmó los nombres de los primeros tres aprehendidos: David V., José Santiago B. y Gonzalo N., titulares de las policías de Chietla, Chila de La Sal y Tehuitzingo, respectivamente.

A ellos se sumaron Manuel G., Ángel Miguel N. y Evencio R., quienes estaban al frente de las corporaciones de Jopala, Tlaola y Tlapacoya.

Los últimos fueron puestos a disposición de un juez en el Centro de Reinserción Social de Huauchinango, donde enfrentarán sus procesos judiciales.

De acuerdo con la propia fiscal, las órdenes de aprehensión se derivan de delitos como abuso de autoridad y encubrimiento, entre otros ilícitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.

El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, confirmó que estas acciones están vinculadas con el hallazgo de laboratorios de narcóticos localizados en ambas regiones.

Como medida preventiva, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado asumió el control operativo en los seis primeros municipios mientras avanzan las investigaciones.

Las instrucciones del gobernador Alejandro Armenta son contundentes: no se tolerará a quienes cometan delitos desde sus posiciones de poder, como sucede con los responsables de la Seguridad Pública en municipios del interior del estado.

La presencia de los cárteles del crimen organizado en regiones de Puebla está confirmada por autoridades federales y estatales y no se puede permitir que desde sus cargos los jefes policiacos sean cómplices de la delincuencia organizada, ya sea por colusión, que les deja millones de pesos, o por omisión, que también les genera millonarios ingresos.

La orden es sancionar a los encargados de la Seguridad Pública que protejan en los municipios a los delincuentes o formen parte del crimen organizado y como sucedió el sábado pasado en Atlixco, las detenciones continuarán. Al tiempo.

De las anécdotas que se cuentan

Una visa no hace verano.

Por eso es incomprensible toda la movilización política –Morena, sus legisladores y gobernadores- originada por la decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar la autorización para ingresar a su país a Andrés Manuel López Beltrán, identificado por su padre como Andy.

No fue una sorpresa que sucediera la semana pasada, porque existían trascendidos de que la decisión estaba tomada y todo era un asunto de cuándo se iba a dar a conocer lo que sucedió.

La furibunda carta del hijo del expresidente López Obrados enviada a Donald Trump pidiendo explicaciones, por la decisión fue un hecho político extraordinario como pedir el despido de dos altos funcionarios de su gobierno.

La cancelación está tomada y afecta a un mexicano, el gobierno de Estados Unidos está en su derecho, pero el escándalo político nacional hace prever que tienen más información y de que irán en contra de otros políticos. ¿Será?

fcrisanto00@yahoo.com.mx
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Facebook: Fernando Crisanto

*ARD

El huachicol en México atraviesa una transformación. El robo de combustible ya no se limita a la perforación clandestina de ductos de Pemex o al traslado del producto en pipas. Ahora, organizaciones criminales utilizan instalaciones con infraestructura industrial para almacenar, separar, mezclar y procesar hidrocarburos antes de colocarlos nuevamente en el mercado.

Los aseguramientos recientes de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos permitieron identificar instalaciones que operaban como auténticas plantas de procesamiento.

En su interior fueron encontrados tanques de almacenamiento de gran capacidad, sistemas de tuberías, motobombas, equipos de calentamiento y zonas destinadas a la separación de hidrocarburos.

La infraestructura encontrada evidencia que detrás del robo de combustibles existe una operación que requiere recursos económicos, conocimientos técnicos y una red capaz de mantener el abastecimiento y posteriormente distribuir el producto.

Pese a los aseguramientos realizados por la Fiscalía, no hay personas detenidas en los casos referidos.

Del punto de ordeña a las plantas de procesamiento

Durante años, el modelo más conocido del huachicol estuvo relacionado con las tomas clandestinas en ductos de Pemex. Sin embargo, las investigaciones recientes muestran una evolución hacia centros de almacenamiento y procesamiento que permiten reducir la exposición directa de quienes participan en la extracción.

En algunos casos, las instalaciones incluso contaban con una fachada legal. Una de las plantas aseguradas en San Luis Potosí llevaba años funcionando con permisos para producir biocombustibles, pero posteriormente habría terminado vinculada al procesamiento de productos provenientes de actividades ilícitas.

Esta modalidad dificulta la detección de las operaciones, debido a que las instalaciones pueden presentarse como negocios dedicados legalmente al manejo o producción de hidrocarburos.

Además, el abastecimiento puede combinar diferentes fuentes. El producto puede proceder tanto de la ordeña de ductos como del huachicol fiscal, una modalidad que utiliza mecanismos de importación y documentación irregular para evitar el pago de impuestos.

Un superintendente de Pemex explicó cómo funciona parte de este esquema:

De esta manera, el combustible ilegal puede pasar por diferentes etapas antes de llegar al consumidor final, lo que vuelve más compleja la identificación de su origen.

Reynosa revela la dimensión del nuevo esquema

Uno de los casos más relevantes fue localizado en Reynosa, Tamaulipas, donde una refinería operaba desde hacía cuatro años con infraestructura capaz de procesar miles de barriles diarios de hidrocarburos.

La instalación se encontraba a unos kilómetros de una base de la Guardia Nacional, pese a lo cual logró mantenerse activa durante un periodo prolongado.

Para especialistas, este tipo de casos demuestra que el crimen organizado ha encontrado mayores beneficios en la industrialización del huachicol que en las operaciones tradicionales de extracción y traslado.

Gonzalo Monroy, experto en energía y director de GMEC, explicó que existe una diferencia importante entre la vigilancia de los poliductos y la que reciben los oleoductos. Mientras los primeros son utilizados para transportar combustibles y permanecen bajo mayor vigilancia, los segundos pueden ofrecer mayores oportunidades para las actividades ilícitas.

El especialista también consideró que la operación prolongada de estas instalaciones requiere algún tipo de protección o tolerancia por parte de funcionarios.

En todos los casos, señaló, deben existir acuerdos con autoridades que permiten la operación de estas estructuras.

Así, el fenómeno del huachicol industrializado plantea un nuevo desafío para las autoridades mexicanas. Ya no se trata únicamente de localizar tomas clandestinas, sino de identificar empresas fachada, cadenas de suministro, instalaciones de almacenamiento, procesos de transformación y redes encargadas de introducir los hidrocarburos ilegales al mercado.

La aparición de estas ‘refinerías invisibles’ revela que el robo de combustibles se ha convertido en una actividad cada vez más sofisticada, con capacidad para operar durante años y utilizar infraestructura que, al menos en apariencia, puede mantenerse dentro de la legalidad.

*BC

Para el querido comunicador Alberto Arellano, siempre lo extrañaremos.
 

Hay quienes piensa que México llegó del final de una era en la historia criminal con la caída del último de los viejos capos, Ismael “El Mayo Zambada”, sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico, crimen organizado y blanqueo de capitales.

Otro narco importante, su ex socio Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, está en una prisión de máxima seguridad, en Nueva York.

El diario español El País concluye: “pero los finales nunca son tan concluyentes como parecen, lo viejo no termina de morir ni lo nuevo de nacer, y en el intermedio surgen los monstruos. ¿Qué creatura viene con este cierre de época? ¿Qué remedo o qué tragedia estamos por ver?”.

El Cartel de Sinaloa y los líderes que colaboran como informantes de Washington han dado a Estados Unidos elementos para presionar al máximo a México, su vecino, su mayor socio comercial, su amigo y su enemigo, según la circunstancia.

La administración de Donald Trump acusa, con base en esos testimonios, la existencia de una narcopolítica en México en la que gobierno y crimen organizado son indisociables, vital el uno para el otro.

La presidenta Sheinbaum, como su antecesor y fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador, han advertido que esos señalamientos, de una gravedad muy seria, esconden un objetivo más bien político: deslegitimar al movimiento que representa la 4T y, con ayuda de lobistas de la derecha internacional, la llegada a Palacio Nacional de gobernantes afines a la agenda estadounidense.

Sheinbaum y su partido han cerrado filas y defienden a la soberanía frente a los embates de Trump, que califican como actos de injerencia. Las presiones han servido para llamar al patriotismo de los mexicanos, a la orden del día cuando se trata de Estados Unidos.

La operación para secuestrar y transportar a Estados Unidos a “el Mayo”, ejecutada hace dos años por Los Chapitos, los hijos de Guzmán Loera, dejó una grave crisis de violencia en Sinaloa, que continúa pagando con muertos, desaparecidos y desplazados. Ese plan contó con el conocimiento y apoyo de Washington, según se desprende de los documentos del juicio contra Mauro Alberto Núñez Ojeda, El Jando, piloto de Los Chapitos y quien llevó a Zambada a Nuevo México, Estados Unidos.

El gobierno de Trump, montado en su Doctrina Donroe, ha hecho manifiestas sus intenciones expansionistas en la región latinoamericana, donde ha conquistado aliados, de Venezuela a Colombia, pasando por Chile y Guatemala. México ha decidido mirar hacia los gobiernos progresistas y se ha acercado a Brasil y España, en un gesto que no ha gustado en la Casa Blanca.

“El Mayo”, de 76 años, no podrá ver hasta dónde llegan los detalles de su historia criminal, iniciada hace varias décadas, en las que consiguió construir un imperio, tentador por su alcance y sus dividendos.

El juez ha ordenado que se le embargue la suma de 15 mil millones de dólares, como medida de reparación del daño que ha causado en EU el negocio ilícito del capo. El gobierno de Sheinbaum ha dicho que apela a obtener una parte de esos recursos, por el reguero de sangre que ha corrido en México por años.

“Zambada, en una entrevista dada a Proceso hace años, vaticinó que el suyo era un negocio lucrativo, perfectamente capitalista, y que nada cambiaría si cayera o él o cualquiera”.

Para quienes consideran que se abre una nueva etapa en la producción y venta de narcóticos deben recordar que esto es capitalismo y los carteles, con o sin “El Mayo”, son hoy poderosos consorcios internacionales que inciden en el capitalismo mundial y eso nada lo cambiará. Al tiempo

De las anécdotas que se cuentan

Una Corte en Nueva York marcó el destino de Ismael “El Mayo” Zambada al dictarle una sentencia de cadena perpetua, poniendo fin a la historia criminal de uno de los fundadores y máximos líderes del Cártel de Sinaloa.

La condena, dictada el 20 de julio por una corte federal de Brooklyn, llega casi dos años después de su captura, el 25 julio de 2024, y en un momento en que la organización criminal atraviesa una reconfiguración interna.

Con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán cumpliendo también una condena de por vida en Estados Unidos, y mientras sus hijos Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López enfrentan procesos judiciales tras declararse culpables de diversos cargos, el liderazgo del cártel quedó en manos una nueva generación de narcotraficantes.

Estos líderes más jóvenes, que crecieron dentro de las estructuras criminales de sus padres o antiguos jefes, han asumido un papel clave dentro de las dos principales facciones de la organización: Los Chapitos y La Mayiza.

Las autoridades mexicanas y estadounidenses los señalan como responsables de mantener las operaciones del grupo, preservar sus rutas de tráfico de drogas y sostener la disputa que, desde la captura de ‘El Mayo’, mantiene dividido al cártel.

Tras la captura de ‘El Mayo’ Zambada en 2024, investigaciones periodísticas coinciden en que su hijo, Ismael Zambada Sicairos, conocido como el ‘Mayito Flaco’, asumió el liderazgo de la facción conocida como Los Mayos o La Mayiza.

Zambada Sicairos figura en la lista de los fugitivos más buscados de la DEA bajo la acusación de conspiración para distribuir una sustancia controlada. Se cree que actualmente es el responsable de liderar la facción de su padre y de dirigir la disputa contra Los Chapitos por el control de territorios estratégicos en Sinaloa.

La nueva generación llegó y, con segundos y terceros niveles de mando, no tiene límite.

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*ARD