Poder Judicial ordena investigar al ministro retirado Arturo Zaldívar; coaccionó a jueces

Este viernes, se dio a conocer que, la ministra Norma Piña, presidenta de la SCJN y el Consejo de la Judicatura ordenó investigar al ministro retirado Arturo Zaldívar, presuntamente por presionar a jueves para que resolvieran a favor asuntos en los que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenía interés.

Cabe resaltar que, el expediente surgió de una denuncia anónima, donde salpica a algunos colaboradores de Zaldívar, en su calidad de ministro en retiro, integrando el expediente y resuelto por la propia SCJN, por lo que, el juez retirado que hoy colabora en la campaña de Claudia Sheinbaum, aseguró a El País que es una persecución política y una venganza de la ministra:

“Esto parece una inquisición. Esto nunca había pasado en México ni en ningún país democrático, nunca había habido un caso en que la Corte tramite quejas en contra de ministros, sería el primer caso, es extraordinariamente grave”, señala el ministro.

En la denuncia se acusa a Zaldívar de vulnerar la autonomía e independencia de los jueves y magistrados, “con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”, así como de falta de imparcialidad y abuso de funciones, cuando estuvo como presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura (2019-2023). “[Prometía] beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones”. Sin embargo, el escrito no incluye pruebas, pues dice que el operador del ministro era Carlos Antonio Alpízar Salazar, entonces secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura.

Asimismo, se indica que, Zaldívar colocó en puestos clave a personas cercanas “para tener control de los asuntos más importantes”, utilizó al entonces titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval, y al del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, Edgar Manuel Bonilla, para influir en las resoluciones y beneficiar a alguna de las partes involucradas. Además, se involucra a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de AMLO, al que señala de “confabularse” con Zaldívar para coaccionar a los jueces.

Por otro lado, expone casos en los que ejerció presión a través de sus colaboradores, amenazó a jueves que concedían suspensiones contra el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica, estas últimas aprobadas por el oficialismo en el Congreso.

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Además, se indican presiones en casos como los de: Rosario Robles como parte de la trama corrupta de la Estafa maestra; el de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex acusado de corrupción; el fraude al Infonavit; el fraude en la cooperativa Cruz Azul; la acusación fiscal contra el exgobernador de Tamaulipas Francisco Cabeza de Vaca; los expedientes por corrupción en Segalmex, entre otros. Incluyendo los nombres de los jueves supuestamente coaccionados, que aceptaron dádivas para acceder.

Por lo que, Piña ordenó investigar para recabar pruebas: “Ante la posibilidad de que los citados funcionarios públicos del Poder Judicial de la Federación, en el desempeño de las funciones propias de los cargos señalados, incurrieran en alguna causa de responsabilidad administrativa por la probable comisión de las conductas descritas con antelación, resulta necesario ordenar la práctica de una investigación a efecto de esclarecer los hechos denunciados”, revela el expediente, mientras que la indagatoria estará bajo el mando de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) tanto del Consejo de la Judicatura como de la Suprema Corte.

Por su parte, Zaldívar sostiene que la investigación y acusaciones tienen trasfondo político, “Es claro que esto tiene una intencionalidad política que trasciende con mucho a mi persona, es una especie de revancha en contra de la Cuarta Transformación, claramente”, afirma en entrevista. “Es lamentable que no solamente que se haya abierto la investigación, sino que este tipo de investigaciones, que tienen que ser secretas, que requieren reserva, se haya circulado el acuerdo admisorio en todos los medios desde la propia Corte, lo que confirma que lo que están buscando es un efecto político. Es lamentable que la Corte, a través de su presidenta, pretende intervenir en el proceso electoral; los tiempos no son casuales, que se haya hecho a mes y medio de la elección claramente tiene una intencionalidad”, señala.

Por último, asegura que fue una denuncia “a modo” para desprestigiarlo, pues no presentaron pruebas, “no solo no presioné, nunca hablé ni comenté ningún asunto con ningún juez ni di instrucciones a mi equipo para que lo hicieran, esto es absolutamente falso. Nunca en mi vida —y si alguna persona lo dice estaría mintiendo—, yo nunca he hablado ni he presionado a ningún juez, siempre respeté la independencia del Poder Judicial y lo cuidé, obviamente había una coordinación [con el Ejecutivo] en beneficio del país y en beneficio también del Poder Judicial”, asegura.

Con información de El País

*ARD