Ruffo, narco y demócrata
Ernesto Ruffo Apple marco un cambio en la historia de México, cuando en julio de 1989 le arrebató al PRI una gubernatura para la oposición, lo que jamás en 50 años había sucedido.
Era el Revolucionario Institucional del presidente Carlos Salinas de Gortari y tenía como líder a Luis Donaldo Colosio, quien tuvo que reconocer su derrota en Baja California Norte ante Ruffo, lo que sucedió un día después de la elección, de ese tamaño fue la victoria del panista.
Su triunfo en la elección para gobernador de Baja California en 1989 marcó un antes y un después en la historia democrática de México al convertirse en el primer candidato de oposición en arrebatarle una gubernatura al Revolucionario Institucional, que había gobernado de manera ininterrumpida desde la consolidación del Sistema Político Mexicano.
Más de 35 años después de aquel hecho histórico, el político panista enfrenta el momento más complicado de su trayectoria empresarial.
El 16 de julio de 2026 fue detenido en Ensenada, Baja California, por elementos de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, acusado de los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible dentro de una investigación relacionada con el “huachicol fiscal”.
La captura marca una mancha negra en el expediente de quien era considerado uno de los referentes históricos de Acción Nacional.
Nacido el 25 de junio de 1952 en San Diego, California, de padres mexicanos, Ernesto Ruffo Appel creció en Ensenada, Baja California, donde realizó sus estudios antes de graduarse como licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Empresario a principios de la década de 1980 decidió incorporarse al PAN, cuando el partido aún era la oposición con pocas posibilidades de competir frente al PRI. Ruffo formó parte de los “Bárbaros del Norte”, integrado por panistas como Luis H. Álvarez, Manuel J. Clouthier y Francisco Barrio, quienes impulsaron el crecimiento del partido en el norte del país y sentaron las bases para la alternancia política.
Su primer triunfo electoral llegó en 1986 al ganar la presidencia municipal de Ensenada. Y tres años más tarde consiguió una gubernatura. En 1989 derrotó al PRI y se convirtió en el primer gobernador panista —y el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México—, poniendo fin a más de seis décadas de hegemonía priista en el país.
Ese resultado fue interpretado como el principio de la transición democrática del país y presentó al PAN como una verdadera opción de gobierno. Tras concluir su mandato en 1995, permaneció como una de las figuras más influyentes del panismo. Integró el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, fue consejero estatal y nacional, y participó activamente en la definición del rumbo del partido.
Con la llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la República en 2000, Ruffo se incorporó a su equipo como Comisionado Presidencial para la Frontera Norte, cargo que desempeñó hasta 2003.
Fue senador de la República entre 2012 y 2018, donde presidió la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte e integró diversas comisiones legislativas relacionadas con economía, agricultura, pesca y marina.
Durante años, el panismo lo presentó como uno de los personajes más representativos de su historia.
En 2017 protagonizó un intercambio de acusaciones con el expresidente Felipe Calderón, luego de criticar la llegada de personajes que calificó como “arribistas y corruptos” al partido. Como respuesta, Calderón acusó a Ruffo de haber permitido vínculos entre su gobierno en Baja California y el Cártel de los Arellano Félix, señalamientos que el exgobernador rechazó en todo momento.
En los últimos años también participó en el proceso de conformación del partido político Somos México, alejándose paulatinamente de la vida interna de Acción Nacional.
El capítulo más delicado de su carrera comenzó con las investigaciones federales sobre una presunta red de contrabando de combustibles. De acuerdo con la FGR, la indagatoria se centra en operaciones realizadas por Ingemar S.A. de C.V., empresa fundada por Ruffo Appel y de la que es accionista mayoritario.
Las autoridades sostienen que la firma habría participado en un esquema para importar gasolina y diésel ocultando los volúmenes reales, con el propósito de evadir el pago de impuestos, práctica conocida como “huachicol fiscal”.
Las investigaciones cobraron fuerza tras el aseguramiento de aproximadamente 15 millones de litros de hidrocarburos en Coahuila, uno de los mayores decomisos registrados en el país, donde autoridades federales señalaron a diversas empresas, entre ellas Ingemar.
Desde que comenzaron los señalamientos en 2025, Ruffo negó cualquier irregularidad y sostuvo que la documentación de la empresa estaba respaldada por las autoridades aduaneras, fiscales y energéticas.
El 16 de julio la Fiscalía informó que obtuvo una orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando, misma que fue cumplida por elementos federales en Ensenada.
La institución sostiene que la red declaraba aditivos, aceites o residuos para reducir el pago de impuestos, aunque los carro tanques transportaban gasolina o diésel. En otros casos, se reportaban cantidades inferiores a las trasladadas.
Ruffo Appel rechazó que Ingemar fuera propietaria de los hidrocarburos o que participara directamente en su transporte. Explicó que la empresa únicamente elaboraba y gestionaba documentos aduanales con información proporcionada por exportadores e importadores. “Nosotros ni vemos el combustible; vemos papeles”, declaró.
Ahora será el proceso judicial el que determine su situación legal. Mientras tanto, la imagen del hombre que durante décadas fue considerado uno de los mayores símbolos del panismo y de la alternancia democrática enfrenta el mayor desafío de su trayectoria pública.
De las anécdotas que se cuentan
En 1994, el exprocurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, envió una carta al periodista Jesús Blancornelas, criticando la actuación del gobierno de Baja California frente al Cártel de Tijuana.
El documento planteaba actos de protección institucional. Los señalamientos no llegaron a un proceso judicial.
Los antecedentes fueron retomados junto con acusaciones sobre un posible financiamiento del narcotráfico a la campaña electoral de Ruffo, tema que volvió a surgir en 2017 con la versión de que su candidatura de 1989 habría recibido 500 mil dólares procedentes del Cártel de Tijuana.
Ahora, un frente judicial lo alcanzó a través de Ingemar S.A. de C.V., empresa mediante la cual Ruffo habría consolidado la mayor red de huachicol fiscal, de acuerdo con la fiscal general, Ernestina Godoy, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Tras una audiencia que se prolongó por más de 24 horas, un juez ordenó prisión preventiva para Ruffo y otros siete imputados, quienes permanecerán en el penal federal del Altiplano mientras continúa la investigación.
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