El gobierno va tras los Jenkins, demandan embargo de sus bienes

El gobierno de Puebla va tras los Jenkins y nadie lo detendrá, hasta que sus capitales regresen al estado.

En su columna Capitanes de Reforma, Javier Camarena dio detalles ayer del embargo a la familia Jenkins que llevó a cabo la administración estatal.

“Vaya denuncia que presentó la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del estado de Puebla, que gobierna Miguel Barbosa, contra la familia Jenkins”.

En 2014 la familia, en los tiempos de la gestión omnipoderosa de Rafael Moreno Valle, constituida como patronato de la Fundación Jenkins, sacó de la entidad poblana todo su patrimonio valuado en 720 millones de dólares, entre inmuebles y cuentas de inversión.

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“Primero donó todo a la Fundación Bienestar de Filantropía en Aguascalientes y luego ésta volvió a donar a la Fundación para el Desarrollo Latinoamericano en Barbados y Panamá.

“Dada la irregularidad de la operación, el 24 de marzo la Junta de Puebla, como el organismo estatal que rige a las fundaciones para la asistencia pública, presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

“Prácticamente pide que se eche abajo toda la operación, ya que se hizo sin autorización, y solicita medidas cautelares como el embargo precautorio de bienes y cuentas de la familia, para garantizar el quebranto de los 720 millones de dólares.

“De proceder, podrían ser embargados los nietos del fundador, Roberto, Margarita, María Elodia y Juan Carlos Jenkins de Landa, así como su madre Elodia Sofía de Landa de Jenkins. También estarían afectados los abogados del despacho que participó en la salida de los recursos, entre ellos, Virginio Rincón Salas”.

La familia sigue fuera de México y llevó a cabo estas operaciones para afectar al hijo mayor William, amigo de Moreno Valle, y quien tiene un litigio contra ellos y el manejo de los recursos de la Fundación que como tal debe cumplir con la voluntad de su fundador y quien precisamente no heredó a ninguno de sus descendientes y todos sus bienes fueron a favor de la Beneficencia Privada.

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El gobierno barbosista hará todo para que esos recursos regresen a Puebla.

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Ayer, un grupo de manifestantes tomó las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública estatal, instalaron mantas donde denunciaron venta de plazas y actos de corrupción en la dependencia. En una enorme lona se puede leer:

¡Hasta cuándo se va acabar la corrupción en la Dirección de Educación Física!, donde se acusa de manera directa a Miguel Ángel Cristales Montaño y Daniel Demetrio Tejeda Barrientos, quienes robaron una clave sin ningún proceso y según son apadrinados por Darío Carmona y Jaime García Roque.

Los señalaron como vendedores de plazas, ascensos, cambios de adscripción donde se cobró entre 80 a 150 mil pesos y horas en 8 a 12 mil pesos, dependiendo de los beneficios y los beneficiarios.

Acusan que el director de Educación Física, Víctor Arenas Pérez, quien se quiere adueñar de la clave 701 de inspector, encubre toda la corrupción que se da en su dirección, asegurando que está protegido por autoridades de la SEP, incluso del mismo gobernador, por lo que exigen su intervención para dar una solución inmediata.

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La Secretaría de Salud estatal informó que aún no hay fecha ni logística para la aplicación de vacunas de prevención del Covid-19 para maestros ni personal educativo, como parte de la estrategia de regreso a clases para el ciclo escolar 2021-2022.

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El doctor José Antonio Martínez García, titular de la dependencia, comentó que las más de 140 mil dosis que se necesitan no han llegado a la entidad. “Todavía no nos han mencionado el día exacto. Hay que recordar que hasta que no tengamos el biológico completo no podemos iniciar con la vacunación”, agregó.

 “Lo que sí ya sabemos es que toda la logística correrá a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la delegación de Puebla. Pueden preguntarle a la doctora Aurora Treviño, a la SEP federal y la SEP estatal”, insistió el secretario.

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El gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó que la detención del magistrado Alfonso Ciriako Guillén Almaguer fue por una denuncia presentada por el pago ilegal de un laudo de las empresas que participaron en la construcción del Centro Expositor de Puebla.

Habló sobre la detención del magistrado Guillén el pasado viernes, y corresponde al caso de las empresas que participaron en la edificación del Centro Expositor, en el gobierno de Mario Marín. Lo señaló como un caso de corrupción, igual que en otras obras de administraciones y destacó como ejemplo el caso del dragado que pagó el gobierno para sanear, sin éxito, el río Atoyac.

El pasado viernes, Guillén Almaguer fue detenido junto con Froylán Pedraza Bouchan, empleado del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, acusados de delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público.

A los dos se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

*AR