Protesta personal médico privado porque no los vacunan; mañana van por adultos mayores de 169 municipios

Mientras en el estado de Puebla apenas se ha vacunado con las 2 dosis al 11 por ciento de adultos mayores y mañana empieza la campaña en 220 puntos para inmunizar en 169 municipios del interior, un grupo de trabajadores de Salud del sector privado se manifestaron ayer en el Paseo Bravo.

Denunciaron que no se les ha puesto una vacuna contra la Covid-19, pese a que son de la primera línea de batalla contra esta enfermedad.

Una reumatóloga sostuvo que no se les ha prestado la importancia de lo que hacen, ya que muchos de sus colegas, como dentistas, oftalmólogos y de otras especialidades, están en contacto directo con personas que no saben qué tienen coronavirus y que se los trasmiten.

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“No es justo que López Obrador haga esas diferencias y no nos vacune, se están muriendo no sólo médicos, de farmacia, de primer contacto, los médicos generales, los médicos familiares porque cuando llegan los pacientes llegan con los síntomas y no saben si está empezando con el Covid, las enfermeras, recepcionistas…”.

Comentó que si no todos los doctores privados se manifiestan es porque están atendiendo a sus pacientes, pues lo primordial es la salud de ellos, pero las muertes no paran y la solución como lo es la vacuna a ellos no les llega.

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Ley del Notariado impulsada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, aprobada en ‘fast-track’ por el Congreso Local.

El órgano encabezado por Rosario Piedra Ibarra interpuso una acción de inconstitucionalidad, para invalidar dos artículos de la ley. La actual legislatura estatal llegó a 15 juicios en el máximo tribunal promovidos en su contra solo por la CNDH, de los cuales ha perdido diez.

La Ley del Notariado entró en vigor el 5 de marzo y 10 días después el gobernador la corrigió para incluir disposiciones de la ley anterior. La nueva acción de inconstitucionalidad fue radicada con el expediente 61/2021 y está en espera de ser turnada a la ponencia de algún ministro para su análisis y resolución.

La CNDH recurrió fracciones de los artículos 55 y 201, por considerar que son discriminatorios al limitar el ejercicio de una notaría. Del artículo 55 busca invalidar el requisito de ser mexicano por nacimiento para poder competir por una patente de notario.

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Del artículo 201 la CNDH impugnó toda la fracción 1, que señala: “Los Notarios sólo podrán ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones por las siguientes causas: I. Encontrarse bajo los efectos del auto de vinculación a proceso penal por delito doloso, clasificado como grave por la legislación penal aplicable”.

La nueva Ley del Notariado facilita la creación y entrega de notarías, redujo de 50 mil a 20 mil habitantes la población mínima para abrir una; se eliminó la figura de notario auxiliar; el requisito de realizar cuatro horas de prácticas diarias durante un año; se redujo de 5 a 3 años la antigüedad mínima de residencia en Puebla; se suprimió la obligatoriedad de realizar el examen en el Colegio de Notarios y desapareció la obligación de hacer públicos los resultados del examen práctico.

Algo no hace bien el Congreso Local, con mayoría de Morena, porque instancias legales le enmiendan un periodo sí y otro también, la plana.

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Tres consejeros del Instituto Electoral del Estado conocerán su futuro en el organismo este viernes, luego de que enfrentan una denuncia por presunta complicidad en el fraude de las votaciones de 2018 para renovar al gobernador de Puebla.

En un documento del Instituto Nacional Electoral se explica que mañana habrá una sesión virtual para atender el caso Puebla a raíz de la denuncia presentada por Morena, en la que se buscaba la destitución de siete consejeros del IEE, pero Claudia Barbosa, Flor de Té Rodríguez Salazar y Federico González Magaña, terminaron sus cargos en 2019.

En la lista de involucrados se incluye a Jacinto Herrera Serrallonga, quien renunció a su cargo en 2019. Por lo tanto, si procede la destitución de consejeros del IEE, solo aplicaría para Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo, Juan Pablo Mirón Thomé y José Luis Martínez López. El viernes lo sabremos.

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La Fiscalía General de la República ha comprado programas de inteligencia para la geolocalización de celulares y análisis de datos masivos. En 2019 y 2020, la Fiscalía firmó al menos cuatro contratos por 5.6 millones de dólares con la compañía Neolinx de México.

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La empresa ha fungido en México como intermediaria de la italiana Hacking Team, señalada de haber sido una de las principales proveedoras en materia de ciberespionaje durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto

De acuerdo con información del diario El País, las compras se hicieron bajo la partida secreta en materia de gastos de seguridad nacional, por lo que los contratos no fueron transparentados por la Fiscalía.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que ha dado seguimiento a este tipo de contrataciones, considera que la operación de estos sistemas puede llegar a ser violatoria de derechos humanos porque en algunos casos constituye una vigilancia masiva que violenta los requisitos de necesidad, proporcionalidad y autorización judicial.

Neolinx está vinculada a la venta de equipos de espionaje. En 2015, se dio a conocer que había servido como intermediaria de la italiana Hacking Team en México, en Puebla vendió al gobierno del estado y concretamente a Eukid Castañón.

*AR