A partir de hoy, 2da. vacuna a los mayores de 60 años en San Andrés Cholula
Por 6 Abril, 2021Poblanos de la Mixteca y de San Andrés Cholula van por su segunda vacuna anti Covid-19.
Este martes 6 de abril comenzará la aplicación de la segunda dosis para adultos mayores de 60 años, informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García.
En San Andrés Cholula se aplicarán 10 mil 725 vacunas Pfizer, mientras que en la Mixteca serán 41 mil 623. El secretario comentó que la aplicación de la segunda dosis está en tiempo para todas las personas que recibieron la primera vacuna. Si no se aplica la segunda en tiempo y forma la persona tendrá que iniciar el tratamiento desde cero, explicó.
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Cuestionado sobre cómo evitarán que se apliquen vacunas con jeringas vacías, como pasó en la Ciudad de México y Sonora, el secretario aseguró que hay varias personas vigilando que este tipo de casos no ocurran.
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Respecto a la aplicación de vacunas en la ciudad de Puebla, el secretario dijo que en la zona metropolitana en total se aplicaron 177 mil 450 dosis y no se alcanzaron las 198 mil que se esperaban, incluso ayer continuaron con la vacunación en la capital.
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Se avizora un enfrentamiento más entre el gobernador y el sector privado poblano.
Luis Miguel Barbosa solicitó a las secretarías de Bienestar y de la Defensa Nacional investiguen al Consejo Coordinador Empresarial, ya que, dijo, está recopilando datos de personas que fueron vacunadas contra Covid-19, cuando no es de su competencia hacerlo.
“Yo doy por cierto que así está ocurriendo porque fue una declaración hecha por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, y desde luego que cuando yo lo leí y cuando me enteré quedé sorprendido porque efectivamente hacen el vaciado en una base de datos de toda la información de las personas que se vacunan.
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“Nombres, domicilios, teléfonos y no sé cuantas más referencias son datos sensibles, son datos que deben de ser protegidos y por tanto sólo manejados por la autoridad o la instancia gubernamental que se encarga de la vacunación”, declaró.
El gobernador enfatizó que la única dependencia que puede tener esta información es la Secretaría de Bienestar, por ello pidió a la dependencia realizar las averiguaciones correspondientes, para evitar recopilación de información sin autorización.
Dijo que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) es crítico con la administración estatal, sin embargo, no tiene autorización para manejar datos de personales de 60 años de edad que fueron vacunados. Los empresarios negaron la versión y destacaron que sólo acudieron como voluntarios.
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El domingo Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla informaron puntualmente que participaron como voluntarios dentro de la Segunda Jornada de Vacunación para personas de la tercera edad, de la zona norte.
A través de su red social de Twitter ambos organismos empresariales agradecieron el entusiasmo del voluntariado para aportar a la campaña de vacunación. Reconocieron el trabajo en conjunto de Bienestar Federal, Salud estatal y de la Defensa Nacional, para mejorar la organización y logística en beneficio de los poblanos.
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Asimismo, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), apoyó otorgándoles el lunch, a los voluntarios en este ejercicio solidario.
Pero de eso a recopilar datos, nada.
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El Congreso de Puebla empezó ayer lunes la discusión de la legalización del aborto, delito que actualmente se castiga hasta con un año de cárcel. Arrancó el parlamento abierto virtual, donde especialistas, activistas y legisladores analizarán el tema desde diferentes perspectivas.
El parlamento concluirá el próximo 22 de abril y estará conformado por cinco mesas de trabajo, con una duración de dos días cada una.
Se analizará el aborto desde las siguientes perspectivas: su importancia como derechos humanos; derechos sexuales y reproductivos en la familia y la niñez; criminalización de las mujeres; ámbito de la salud y una aproximación jurídica.
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El parlamento fue inaugurado por la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval de Morena, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, quien encabezó la primera mesa.
El artículo 342 del Código Penal del estado establece que la interrupción voluntaria del embarazo es un delito que se castiga hasta con un año de cárcel, antes contemplaba hasta cinco años de prisión, pero el 8 de octubre de 2019 la actual Legislatura se negó a despenalizarlo y solo redujo la pena de cárcel por iniciativa del gobernador Barbosa.
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