La presencia de elementos armados recorriendo pasillos de un hospital sorprendió a pacientes y trabajadores en Villahermosa, Tabasco. El despliegue tenía un objetivo específico: localizar y detener a una enfermera mientras se encontraba en el Centro Médico ISSET “Dr. Juan Puig Palacios”.
La trabajadora fue identificada como Juana “N”. La tarde del miércoles 9 de septiembre, integrantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y del Grupo de Reacción y Operaciones Especiales de la Fiscalía estatal ingresaron al inmueble para ejecutar una orden de aprehensión.
Videos tomados desde el interior muestran a uniformados, algunos con armas largas, desplazándose por las instalaciones hasta rodear a la enfermera. Después de notificarle el mandamiento judicial, Juana “N” salió esposada y bajo custodia.
Una veintena de agentes entró al Centro Médico del ISSET
El operativo involucró a alrededor de 20 elementos de seguridad, de acuerdo con la información difundida sobre la intervención. La escena provocó sorpresa entre derechohabientes y trabajadores debido a la presencia de agentes armados dentro de las áreas médicas.
El procedimiento se realizó en el hospital ubicado sobre la avenida Gregorio Méndez, en Villahermosa. Las imágenes que circularon posteriormente muestran a varios agentes acompañando a la enfermera mientras era conducida hacia la salida.
El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) informó que colaboró con las autoridades para permitir el cumplimiento de la orden de aprehensión y precisó que la detención no estaba relacionada con las funciones ni con las labores que Juana “N” desempeñaba dentro de la institución. Las actividades del centro médico continuaron con normalidad.
¿Por qué fue detenida la enfermera Juana “N”?
La orden fue ejecutada por la presunta responsabilidad de Juana “N” en el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.
La acusación coloca el caso fuera del ámbito hospitalario y dentro de la legislación que protege la subsistencia de quienes tienen derecho legal a recibir recursos para sus necesidades.
El Código Penal para el Estado de Tabasco dedica los artículos 206 al 208 a este delito y sus consecuencias. El artículo 206 establece sanciones contra quien deje de proporcionar los recursos necesarios para la subsistencia de las personas respecto de las cuales tenga ese deber legal.
¿Qué castigo establece la ley de Tabasco?
La legislación estatal contempla para el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar una pena de seis meses a dos años de prisión, además de una multa de 50 a 250 días y la suspensión de uno a cinco años de derechos de familia respecto de las personas afectadas.
La misma sanción puede aplicarse a quien deliberadamente se coloque en estado de insolvencia con el propósito de incumplir sus obligaciones de asistencia alimentaria.
Existe además una agravante. El artículo 207 señala que, cuando la omisión ocurre en incumplimiento de una resolución judicial, las sanciones aumentan en una tercera parte.
El artículo 208 contempla que la pena puede no imponerse o no ejecutarse cuando la persona cubra las cantidades que dejó de suministrar o acepte el régimen de pago determinado por el órgano jurisdiccional, además de garantizar las obligaciones que deberá satisfacer posteriormente.
VIDEO de la detención provoca cuestionamientos por el despliegue
La magnitud del operativo convirtió el caso en un episodio ampliamente comentado. Las grabaciones muestran armas largas, agentes dentro del hospital y pacientes observando la movilización, pese a que la orden estaba relacionada con un presunto delito de carácter familiar.
El despliegue también generó cuestionamientos públicos por la cantidad de elementos movilizados para ejecutar la captura. Entre quienes reaccionaron estuvo el exgobernador de Tabasco Manuel Andrade Díaz, quien compartió imágenes de la intervención.
La secuencia dejó una imagen inusual dentro del Centro Médico del ISSET: una enfermera salió detenida y esposada de su lugar de trabajo después del ingreso de fuerzas federales y estatales, mientras el procedimiento judicial que originó la captura quedó ligado a obligaciones de asistencia familiar.
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