El huachicol en México atraviesa una transformación. El robo de combustible ya no se limita a la perforación clandestina de ductos de Pemex o al traslado del producto en pipas. Ahora, organizaciones criminales utilizan instalaciones con infraestructura industrial para almacenar, separar, mezclar y procesar hidrocarburos antes de colocarlos nuevamente en el mercado.
Los aseguramientos recientes de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos permitieron identificar instalaciones que operaban como auténticas plantas de procesamiento.
En su interior fueron encontrados tanques de almacenamiento de gran capacidad, sistemas de tuberías, motobombas, equipos de calentamiento y zonas destinadas a la separación de hidrocarburos.
La infraestructura encontrada evidencia que detrás del robo de combustibles existe una operación que requiere recursos económicos, conocimientos técnicos y una red capaz de mantener el abastecimiento y posteriormente distribuir el producto.
Pese a los aseguramientos realizados por la Fiscalía, no hay personas detenidas en los casos referidos.
Del punto de ordeña a las plantas de procesamiento
Durante años, el modelo más conocido del huachicol estuvo relacionado con las tomas clandestinas en ductos de Pemex. Sin embargo, las investigaciones recientes muestran una evolución hacia centros de almacenamiento y procesamiento que permiten reducir la exposición directa de quienes participan en la extracción.
En algunos casos, las instalaciones incluso contaban con una fachada legal. Una de las plantas aseguradas en San Luis Potosí llevaba años funcionando con permisos para producir biocombustibles, pero posteriormente habría terminado vinculada al procesamiento de productos provenientes de actividades ilícitas.
Esta modalidad dificulta la detección de las operaciones, debido a que las instalaciones pueden presentarse como negocios dedicados legalmente al manejo o producción de hidrocarburos.
Además, el abastecimiento puede combinar diferentes fuentes. El producto puede proceder tanto de la ordeña de ductos como del huachicol fiscal, una modalidad que utiliza mecanismos de importación y documentación irregular para evitar el pago de impuestos.
Un superintendente de Pemex explicó cómo funciona parte de este esquema:
“Con los combustibles que ingresan al país con documentos falsos, subvaluados o declarados como aceites, aditivos u otros productos para evadir impuestos. Esos hidrocarburos pueden almacenarse, mezclarse con producto robado de ductos y procesarse antes de ser distribuidos, incluso a estaciones de servicio”, explicó.
De esta manera, el combustible ilegal puede pasar por diferentes etapas antes de llegar al consumidor final, lo que vuelve más compleja la identificación de su origen.
Reynosa revela la dimensión del nuevo esquema
Uno de los casos más relevantes fue localizado en Reynosa, Tamaulipas, donde una refinería operaba desde hacía cuatro años con infraestructura capaz de procesar miles de barriles diarios de hidrocarburos.
La instalación se encontraba a unos kilómetros de una base de la Guardia Nacional, pese a lo cual logró mantenerse activa durante un periodo prolongado.
Para especialistas, este tipo de casos demuestra que el crimen organizado ha encontrado mayores beneficios en la industrialización del huachicol que en las operaciones tradicionales de extracción y traslado.
Gonzalo Monroy, experto en energía y director de GMEC, explicó que existe una diferencia importante entre la vigilancia de los poliductos y la que reciben los oleoductos. Mientras los primeros son utilizados para transportar combustibles y permanecen bajo mayor vigilancia, los segundos pueden ofrecer mayores oportunidades para las actividades ilícitas.
El especialista también consideró que la operación prolongada de estas instalaciones requiere algún tipo de protección o tolerancia por parte de funcionarios.
En todos los casos, señaló, deben existir acuerdos con autoridades que permiten la operación de estas estructuras.
Así, el fenómeno del huachicol industrializado plantea un nuevo desafío para las autoridades mexicanas. Ya no se trata únicamente de localizar tomas clandestinas, sino de identificar empresas fachada, cadenas de suministro, instalaciones de almacenamiento, procesos de transformación y redes encargadas de introducir los hidrocarburos ilegales al mercado.
La aparición de estas ‘refinerías invisibles’ revela que el robo de combustibles se ha convertido en una actividad cada vez más sofisticada, con capacidad para operar durante años y utilizar infraestructura que, al menos en apariencia, puede mantenerse dentro de la legalidad.
*BC
