Corte de Miami condena a García Luna por contratos ilegales durante el sexenio de Calderón

El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa han sido condenados por una corte civil en Miami, Florida, a pagar 2,488 millones de dólares al Gobierno de México. La decisión se deriva de un proceso por fraude y corrupción relacionado con contratos ilegales durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Corte de Miami condena a García Luna por contratos ilegales durante el sexenio de Calderón

La jueza Lisa Walsh, a cargo del caso, falló a favor del Estado mexicano después de que García Luna no mostrara interés en defenderse, mientras que su esposa abandonó el proceso al poco tiempo de iniciado. La demanda fue impulsada en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, por desvío de recursos mediante contratos simulados.

Según la denuncia, el exfuncionario mexicano operó una red de empresas fantasma y contratos manipulados, principalmente con firmas israelíes, para desviar fondos públicos hacia cuentas bancarias en Miami, causando un daño superior a los 634 millones de dólares al erario mexicano.

México busca extradición de García Luna por delitos de corrupción

La sentencia en Estados Unidos se suma a la serie de procesos legales que enfrenta García Luna, quien actualmente cumple una condena en ese país por narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa. En semanas recientes, el Gobierno de México solicitó su extradición para que enfrente también cargos por corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en territorio nacional.

El caso contra García Luna se ha convertido en un símbolo de la corrupción estructural que marcó el combate al crimen organizado en México durante el periodo de 2006 a 2012. Su papel como uno de los principales arquitectos de la “guerra contra el narcotráfico” y su posterior caída han causado fuerte polémica en la opinión pública mexicana y en la comunidad internacional.

La resolución de la jueza Lisa Walsh es considerada una victoria legal y moral para el Estado mexicano, que ha prometido seguir recuperando activos públicos desviados durante administraciones pasadas. Esta sentencia también sienta un precedente en el ámbito de la cooperación internacional para el combate a la corrupción de altos funcionarios.

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