El INAI desaparece, pero tu derecho a la información sigue vigente; conoce los nuevos procedimientos

El pasado jueves 20 de marzo, Morena aprobó una reforma constitucional que marca el fin del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Esta reforma plantea la creación de nuevas leyes de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Además, modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y coloca el control del derecho a la información bajo la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, un nuevo organismo federal creado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este cambio supone una reestructuración significativa en el ejercicio del derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública.

A partir de ahora, las solicitudes de acceso a la información y la vigilancia del cumplimiento de las leyes de transparencia recaerán en esta nueva dependencia. Este proceso de transición no solo afecta al gobierno federal, sino también a los gobiernos locales, el Poder Legislativo, el Judicial y otros organismos autónomos.

Hasta el jueves 20 de marzo, el INAI era el encargado de garantizar que las instituciones del gobierno federal cumplieran con sus obligaciones de transparencia. Además, se encargaba de la protección de los datos personales de los ciudadanos y de resolver los recursos de revisión cuando alguna dependencia o entidad gubernamental no respondía adecuadamente a las solicitudes de acceso a la información.

Sin embargo, con la aprobación de la reforma constitucional, el INAI ya no ejercerá estas funciones. A partir de ahora, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, será la encargada de cumplir estos roles.

Esta dependencia federal creará una nueva instancia denominada Transparencia para el Pueblo, la cual se encargará de vigilar que todas las secretarías de Estado y los órganos descentralizados y desconcentrados del Poder Ejecutivo, como la Comisión Nacional del Agua o el DIF, cumplan con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información.

El nuevo organismo: Transparencia para el pueblo

El organismo Transparencia para el Pueblo será el nuevo encargado de asegurar que las instituciones del gobierno federal y otras entidades cumplan con los principios de acceso a la información pública y transparencia. Sin embargo, este cambio ha generado inquietud entre algunos expertos en transparencia y derechos humanos.

Uno de los principales cuestionamientos es la concentración del poder en una única instancia, lo que podría generar problemas de falta de independencia.

Según algunos especialistas, al no contar con un organismo autónomo como el INAI, el gobierno federal podría convertirse en juez y parte, es decir, tendría la autoridad para decidir qué información debe divulgarse y qué no.

Esta situación podría poner en riesgo la calidad de la información pública y el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre los actos de las autoridades.

Además, se teme que la centralización del poder en la Secretaría Anticorrupción lleve a una falta de transparencia y un posible desajuste en la aplicación de las leyes entre las distintas autoridades. Esto puede generar una desigualdad en el acceso a la información en diferentes niveles de gobierno y entre las diversas dependencias del Ejecutivo Federal.

Plataforma Nacional de Transparencia y su futuro

Uno de los cambios más significativos que se avecinan con esta reforma tiene que ver con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Esta plataforma, que desde 2016 ha sido gestionada por el INAI, concentra la información pública que las instituciones y dependencias del gobierno federal, así como las de los estados y municipios, deben poner a disposición del público. La PNT ha sido el principal canal a través del cual los ciudadanos ejercen su derecho a la información.

Desde su creación, la PNT ha permitido que los ciudadanos consulten contratos y gastos del gobierno, así como informes, directorios y currículos de funcionarios públicos. Según datos de 2022, el 98.6% de las solicitudes de información se realizaban a través de esta plataforma.

Con la reforma, la PNT no desaparecerá, pero pasará a estar bajo el control de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La nueva administración de la plataforma por parte de esta Secretaría tendrá que garantizar que la información se mantenga actualizada, y la plataforma seguirá funcionando como hasta ahora.

Las instituciones tendrán que seguir alimentando la PNT con información relevante y actualizada cada tres meses, pero la gestión de la plataforma será responsabilidad de esta nueva dependencia.

Sin embargo, la transición de control de la PNT de un organismo autónomo como el INAI a una dependencia del gobierno ha generado preocupaciones sobre su independencia y eficacia. Se teme que el gobierno pueda manipular o ocultar información de interés público, y que la falta de un órgano autónomo de supervisión comprometa la transparencia en el acceso a la información.

Impacto en las solicitudes de información

A partir de la promulgación de la reforma, las solicitudes de información realizadas por los ciudadanos continuarán siendo un medio para acceder a la información pública que no esté disponible en la PNT o en otros portales públicos del gobierno.

Las solicitudes que ya se hayan realizado antes de la reforma y que no hayan sido respondidas deberán ser contestadas conforme a las leyes anteriores, y no bajo las nuevas causales para negar información que establece la reforma.

Según la nueva legislación, el gobierno podrá negar información sobre temas de seguridad nacional, incluyendo instalaciones nucleares, sistemas tecnológicos, energéticos, espaciales, satelitales, de telecomunicaciones y de defensa.

Además, la reforma permitirá reservar información durante un plazo de hasta 10 años si se considera que su divulgación podría poner en riesgo proyectos, planes o servicios estratégicos para la seguridad nacional.

Un ejemplo de esto es que si antes de la reforma, un ciudadano solicitó información sobre instalaciones nucleares como la planta de Laguna Verde a la Comisión Federal de Electricidad, esta dependencia no podrá aplicar la nueva ley y tendrá que entregar la información solicitada.

¿Qué va a pasar con los recursos de revisión?

Los recursos de revisión son mecanismos a través de los cuales los ciudadanos pueden impugnar las respuestas que reciben a sus solicitudes de información si consideran que no son adecuadas o completas. Durante los últimos años, el número de recursos de revisión ha ido en aumento, especialmente durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando los ciudadanos se enfrentaron a una mayor opacidad en las respuestas de las dependencias gubernamentales.

Bajo la reforma aprobada, los recursos de revisión que antes eran gestionados por el INAI serán ahora tramitados por el nuevo organismo Transparencia para el Pueblo. Sin embargo, los recursos relacionados con solicitudes de información a las instituciones del Poder Legislativo, Judicial, sindicatos y partidos políticos, así como los órganos autónomos, deberán ser resueltos por la autoridad de transparencia correspondiente en cada caso.

Además, los recursos de revisión y otros medios de impugnación pendientes quedarán en pausa durante 90 días mientras se crean nuevas instancias para supervisar el cumplimiento del derecho de acceso a la información.

Nuevas instancias para garantizar la transparencia

Como parte de la reforma, se establece la creación de juzgados especializados en transparencia y protección de datos personales, con el objetivo de resolver disputas relacionadas con el acceso a la información pública. Estos tribunales y juzgados deberán crearse en un plazo de 120 días después de la promulgación de la reforma.

Además, los juicios de amparo relacionados con el acceso a la información y la protección de datos personales quedarán suspendidos durante 180 días, lo que genera incertidumbre sobre cómo se resolverán los casos pendientes en los tribunales de circuito y los juzgados de distrito.

Por otro lado, en caso de que se impugne una decisión de transparencia sobre recursos de revisión, los ciudadanos podrán presentar un recurso de inconformidad ante Transparencia para el Pueblo, pero este mecanismo solo será aplicable si la información solicitada está relacionada con el gasto de recursos federales.

Con información de Animal Político

*BC