Pueblos en la frontera sur de México que son secuestrados por el narco

De acuerdo con in líder religioso de la Frontera Comalapa, pueblo limítrofe con Guatemala, en el sur más sur de México, hay dos pueblos secuestrados por el narcotráfico en la frontera sur de México, por lo que ante la pregunta de un periodista sobre si podría salir a un pueblo cercano para tener una reunión, el conversó por teléfono bajo la condición del anonimato y reconoció que, “aquí usted no puede entrar porque hay retenes del narco antes de llegar al pueblo. Y si por algún milagro logra entrar, pues ya no va a poder salir. Al menos no con vida”.

—Es que, mire, la gente que vive aquí y logra salir es porque ya nunca va a volver.

Cabe recordar que, desde hace dos años, en la frontera sur de México, los pueblos de Frontera Comalapa y Chicomuselo, a 25 kilómetros de distancia entre sí, son el epicentro de la guerra entre los dos carteles más poderosos de la región, estos dos pueblos son más comunes en las portadas de periódicos por la crueldad con que el narco castiga a sus pobladores y a las muestras de poder que han hecho públicamente.

—Aquí estamos en medio de una guerra. ¿Usted sabe cómo es una guerra? De noche se va la luz y empiezan a sonar los disparos, los bombazos. Una guerra. Eso— dice el religioso.

En tanto, el más reciente hecho fue el lunes, en el ejido Nueva Morelia, Chicomuselo, donde un enfrentamiento entre carteles dejó 11 muertos, entre ellos dos mujeres, reveló la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Según activistas locales, al igual que en Frontera Comalapa, en Chicomuselo el narco se estableció con retenes en todos sus accesos, sometiendo a ambas poblaciones bajo secuestro.

“Por lo menos desde 2021 la población de esos pueblos permanece en una situación de secuestro. Lo que nos cuentan las personas con la que logramos hablar es que estas estructuras criminales controlan sus servicios de electricidad, telefonía y hasta de alimentación porque al tener cerradas las vías de acceso, los negocios se están desabasteciendo de alimentos”, dijo Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, conocido en la región como Frayba. “El supermercado Aurrera de Frontera Comalapa cerró porque ya no tiene cómo acceder a alimentos. Por eso, la población tiene que buscar a donde encontrar estos alimentos. Lo tiene que hacer en los momentos que abren el paso, y eso es cuando las estructuras criminales lo deciden”, añade.

Por lo que, tanto activistas como reportes de la prensa local, citan a pobladores que dicen que las estructuras de narcotráfico tienen bloqueadas de señal para evitar que la gente use teléfonos celulares o internet.

A través de El País, activistas, miembros de la Policía Federal y periodistas locales, indican que es imposible entrar o salir de Frontera Comalapa o Chicomuselo. Casi imposible en los últimos meses que ha reinado la violencia y enfrentamientos en ambos municipios.

Hay que resaltar que, desde 2019, los dos carteles más poderosos de México: El Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación se disputan el estado fronterizo de Chiapas, y de acuerdo con la Sedena, este estado fue controlado por la última década por Sinaloa, sin embargo, recientemente incursionó su contrincante, causando enfrentamientos en los que mueren cientos de inocentes.

Aunado a lo anterior, Chiapas es importante para el crimen organizado por una cuestión de logística, pues lo atraviesan al menos cinco rutas terrestres, dos aéreas y dos marítimas del narco, según la Sedena, además, pasan varias rutas de migrantes que viajan rumbo a EU, a quienes el crimen ve como una mercancía más.

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En cuanto a los hechos del lunes, la Fiscalía de Chiapas detalló en un comunicado que las autoridades levantaron los cuerpos, “haciendo un reconocimiento médico de los mismos y efectuando la diligencia de identificación de cadáveres con los familiares”. Añadieron que “para garantizar la paz en la zona se realizan las investigaciones por lo que el Grupo Interinstitucional lleva a cabo patrullajes en la región con el propósito de fincar responsabilidades”.

Hasta ahora se desconoce si hay una intervención rápida de Ejército y Policía, pero, esta estrategia repetida en ocasiones en la zona no ha dado resultados, “Las autoridades llegan y se van, no existe un interés real hacia las personas”, dice Roblero del Frayba.

Por otro lado, los pobladores de ambos municipios siguen bajo el yugo del crimen organizado y de acuerdo con cifras del Inegi, para 2020 había poco más de 80.000 habitantes en el municipio de Frontera Comalapa y unas 36.785 en Chicomuselo. Los activistas advierten que unos 6,000 habitantes han huido de estas dos localidades en los últimos dos años.

La violencia afecta a otros municipios de la región, como Motozintla, Ocosingo de donde también han huido otros 3.000 habitantes, según cálculos de los activistas que trabajan en la región.

Mientras que, defensores de derechos humanos que trabajan en la región sur de Chiapas informan que, si la situación fuera un hospital en crisis, Chicomuselo y Comalapa serían las salas de emergencia. “Son miles y miles de desplazados por la disputa entre los carteles. Aunque el gobierno no lo quiera aceptar, nosotros hemos documentado y estimamos que solo en los últimos dos años ha habido unos 9.000 desplazados”, relató Luis Abarca, del comité Digna Ochoa.

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Sin embargo, el estado no reconoce la crisis en Chiapas, ni el número de desplazados que denuncian las organizaciones, el mismo Andrés Manuel López Obrador, negó la cifra y dijo que se trataba de “unos pocos”, pero, el secretario de Protección Civil de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, aceptó que solo en Chicomuselo han sido desplazadas al menos 3.780 personas.

De acuerdo con el activista Abarca, hay un trasfondo de la crisis en Chicomuselo y se debe a que el municipio hay actividad minera que es controlada y defendida por MAÍZ (“Mano Izquierda”), el brazo armado del Jalisco Nueva Generación, mientras que el Cartel de Sinaloa quiere entrar a controlar el territorio. “Es algo que ya es conocido públicamente”, añade.

Por último, los activistas coinciden en que la situación en los municipios es ignorada por el Estado y estiman seguir así “Estamos en tiempo electoral. Los intereses de ellos (los gobernantes) son otros. Ahorita lo que menos les interesa es saber lo que está viviendo la población”, concluyó Roblero.

Con información de El País

*ARD