Violencia digital

Ahora que en las escuelas públicas se discute el uso de los teléfonos celulares, hay datos del INEGI que deben tomarse en cuenta. Por ejemplo, el 25.6 por ciento de las poblanas mayores de 12 años, que utilizan internet, ha experimentado algún tipo de violencia digital.

En el estado hay por lo menos 138 sitios o mercados donde se comete la explotación sexual digital.

Yadira Lira Navarro, secretaria estatal de las Mujeres, informó que prácticamente una de cada cuatro usuarias de internet en Puebla ha enfrentado agresiones en espacios digitales, donde “amenazas, acoso, hostigamiento, extorsión y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento pueden afectar la privacidad, dignidad y seguridad de las víctimas”.

La violencia digital comprende agresiones realizadas mediante tecnologías de la información, redes sociales, plataformas y otros espacios digitales. Entre ellas, se encuentran el acoso, amenazas, hostigamiento, extorsión y la difusión o publicación de contenido íntimo sin autorización.

Grave el tema y más lo es considerando el púbico meta al que se dirigen sin ningún escrúpulo y con todas las ventajas a favor de los delincuentes.

En Puebla operan 138 mercados de explotación sexual en la web y una de cada cuatro mujeres mayores de 12 años y usuarias de internet ha sido víctima de violencia digital, confirmaron la activista Olimpia Coral Melo y la secretaria de las Mujeres, Yadira Lira. Siete de cada 10 mujeres que han sido exhibidas sufrieron la manipulación de su imagen con Inteligencia Artificial para mostrarlas aparentemente desnudas.

Lira precisó que datos de Estadística y Geografía confirman que el 25.6 por ciento de las más de 2 millones de poblanas mayores de 12 años conectadas a internet ha sufrido algún tipo de agresión digital.

A propósito de la atención a la violencia, la secretaria de las Mujeres dio un balance general del índice de cumplimiento que presentan los 50 municipios incluidos en la Alerta de Violencia de Género que emitió la extinta Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 2019.

Sólo dos han cumplido con el 100 % de las recomendaciones, 14 presentan un índice de cumplimiento mayor al 50 % y 34 se encuentran por debajo de este último índice, lo que a nivel general coloca a Puebla con un 52 % de avance.

Las autoridades municipales y estatales les deben a las mujeres ante la violencia de género, que es un hecho constante a pesar de todos los esfuerzos oficiales por abrir albergues para atenderlas jurídica y médicamente, y protegerlas junto con sus hijos.

El gobernador Alejandro Armenta, al tratar el tema señaló que en Puebla se gobierna con perspectiva de género. “Una mujer empoderada es libre. Una mujer que conoce sus derechos se defiende, y efectivamente es la sociedad en conjunto, es la autoridad, son los poderes públicos los que tenemos que participar activamente en esta lucha contra la violencia”, precisó.

“Es tiempo de mujeres y la presencia de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, es la máxima representación de que el poder público es un ejemplo de que las mujeres pueden todo, pero también es una enorme oportunidad para lograr que los gobiernos se sensibilicen y se humanicen”, afirmó.

En Puebla, les seguimos debiendo a las mujeres y más ahora ante los riesgos de la violencia digital. Aún es tiempo de actuar, sino lo hacen gobierno y sociedad en el corto plazo, será demasiado tarde

De las anécdotas que se cuentan

Trascendió que la crisis política en Sinaloa aceleró el calendario de Morena y del gobierno federal para definir sus primeras candidaturas rumbo a las elecciones de gobernador de 2027.

Esta misma semana podrían anunciarse de cinco a seis coordinadores: Sinaloa, Quintana Roo, Colima, Campeche, Aguascalientes y Querétaro. Y posiblemente Guerrero.

El plan original contemplaba realizar los anuncios después del Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum; pero la situación política en Sinaloa obligó a adelantar las decisiones.

La presidenta Sheinbaum ha supervisado el proceso junto con Citlalli Hernández, con el objetivo de avanzar en la definición de posiciones estratégicas.

Las decisiones pueden afectar espacios vinculados con sectores del obradorismo duro.

fcrisanto00@yahoo.com.mx

Twitter @fercrisanto

Facebook: Fernando Crisanto

*ARD

Más allá de las acciones de los gobiernos federal y estatales para frenar y combatir la creciente violencia digital contra las mexicanas, son sus comunidades quienes empiezan a organizarse y tomar acciones en ese sentido.

Por ejemplo, indígenas de distintas comunidades de Oaxaca conformaron el Frente Comunitario contra la Violencia Digital, “una estrategia de prevención, acompañamiento y apropiación tecnológica que busca responder al aumento del ciberacoso y otras agresiones digitales, particularmente en localidades donde prevalecen sistemas de usos y costumbres”.

De acuerdo con información publicada por Animal Político, el Frente surgió durante un campamento organizado por la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales en Guelatao, donde las participantes plantearon la necesidad de crear un espacio de resguardo colectivo entre mujeres, fortalecer la alfabetización digital con perspectiva de género y llevar a sus comunidades información sobre la Ley Olimpia.

“La iniciativa parte de una situación particular en las comunidades indígenas oaxaqueñas, donde el acceso a internet se ha extendido incluso antes que otros servicios, lo que también ha generado nuevas formas de violencia contra las mujeres”, precisó.

Las intérpretes y promotoras interculturales consideraron que su labor no debía limitarse a escuchar los testimonios de las víctimas, sino que debía convertirse en una acción organizada desde los propios territorios.

Durante el encuentro, las mujeres intercambiaron experiencias relacionadas con el acoso y la violencia sexual digital y analizaron las dificultades que enfrentan quienes buscan ayuda. Entre ellas identificaron las barreras lingüísticas, el temor al señalamiento de familiares y vecinos, la distancia de las fiscalías y las diferencias entre el sistema de justicia estatal y los mecanismos de gobierno comunitario.

Como primera acción, las integrantes del Frente grabaron mensajes en sus lenguas maternas dirigidos a las comunidades a las que pertenecen. En esos videos explican la existencia de la Ley Olimpia, buscan prevenir nuevas agresiones y ofrecen un puente de acompañamiento para las mujeres que hayan sido víctimas de violencia digital.

La Ley Olimpia, que reúne reformas legales impulsadas para reconocer y sancionar la violencia digital y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, es considerada por las participantes como una herramienta para que las mujeres conozcan sus derechos y puedan decidir sobre el uso de su imagen y su intimidad.

El Frente busca que ese conocimiento no permanezca únicamente en español ni dependa de que las víctimas tengan que trasladarse a las ciudades para obtener orientación.

El proceso también ha implicado superar los temores de las propias promotoras.

Durante el campamento participó la poblana Olimpia Coral Melo, impulsora de la legislación conocida como Ley Olimpia, quien preguntó a las asistentes si habían participado anteriormente en una manifestación feminista.

Ante la respuesta negativa de la mayoría, organizó una marcha simbólica a la orilla de la laguna de Guelatao, donde las participantes realizaron consignas relacionadas con la lucha de las mujeres. El ejercicio buscó que las asistentes pasaran de ser receptoras de información a protagonistas de una estrategia de defensa comunitaria.

Uno de los principales desafíos identificados es la incorporación de las agresiones digitales dentro de los mecanismos de justicia comunitaria. Judith Martínez, de 46 años y síndica de San Pedro Amuzgo, explicó que para que la Ley Olimpia pueda aplicarse en su comunidad será necesario que las medidas sean analizadas y aprobadas por la asamblea, de manera que puedan incorporarse al bando de policía y gobierno.

La funcionaria comunitaria señaló que cada pueblo debe definir cómo atender y sancionar estos delitos de acuerdo con su identidad y su lengua. El planteamiento implica un proceso de adaptación de las disposiciones legales al funcionamiento de las comunidades, sin perder de vista los derechos de las mujeres que enfrentan agresiones digitales.

En Oaxaca, 418 de los 570 municipios se rigen bajo Sistemas Normativos Indígenas, conocidos también como sistemas de usos y costumbres, y cada localidad cuenta con sus propias estructuras de organización. Esta diversidad constituye uno de los principales retos para establecer mecanismos de prevención, atención y sanción de la violencia digital.

“La organización comunitaria que comienza a construirse en Oaxaca forma parte de un movimiento más amplio de colectivos que trabajan contra la violencia digital en México. Entre ellos se encuentra el Frente Nacional para la Sororidad, impulsado por Olimpia Coral Melo, que brinda acompañamiento a víctimas de violencia digital.

También se encuentra Defensoras Digitales, con presencia en México y América Latina, que ha trabajado en la articulación de activistas y sobrevivientes de violencia digital.

En Oaxaca, el Colectivo DLR ha desarrollado acciones de activismo para localizar y retirar contenido sexual difundido sin consentimiento y ha documentado redes de presuntos agresores. El colectivo también ha denunciado la existencia de grupos digitales utilizados para compartir contenido sexual de mujeres y ha investigado redes de acoso vinculadas con distintos ámbitos.

La experiencia de Oaxaca plantea, sin embargo, una característica particular: la intención de construir mecanismos de prevención y defensa desde las propias comunidades y mediante sus lenguas.

Las promotoras buscan que niñas, adolescentes y mujeres indígenas puedan utilizar las tecnologías digitales sin que la falta de información, las barreras lingüísticas o el temor al señalamiento social limiten su derecho a ocupar esos espacios.

La apuesta del Frente es que la defensa frente a la violencia digital se construya desde los propios territorios y con la participación directa de las mujeres de cada comunidad.

La lucha contra la violencia digital en México va en serio y más allá de las directrices gubernamentales.

fcrisanto00@yahoo.com.mx

Twitter @fercrisanto

Facebook: Fernando Crisanto

*ARD

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló cifras alarmantes sobre la violencia digital en el país.

En el último año, casi veinte millones de personas sufrieron ciberacoso en México. El reciente reporte del Módulo sobre Ciberacoso proporciona información precisa sobre la prevalencia de estos delitos. Las mexicanas son las principales víctimas de estas graves agresiones virtuales.

De los casi noventa y cinco millones de usuarios de internet mayores de doce años, una quinta parte fue agredida.

El veinte por ciento de los cibernautas vivió alguna situación de ciberacoso en México. Específicamente, el veintiuno por ciento de las mujeres y el diecinueve por ciento de los hombres resultaron afectados. La incidencia nacional disminuyó ligeramente en comparación con las cifras registradas el año anterior.

Las autoridades detallaron las tácticas más utilizadas por los agresores para violentar a sus víctimas en plataformas digitales. Los métodos de hostigamiento varían según el género de la persona afectada:

El contacto mediante identidades falsas es la táctica de acoso más frecuente para ambos sexos.

Cuatro de cada diez mujeres reportaron agresiones ejecutadas por perfiles completamente falsos.

El treinta por ciento de las mujeres violentadas recibió fuertes mensajes ofensivos o denigrantes.

El veinticinco por ciento de las usuarias enfrentó graves insinuaciones o propuestas sexuales no solicitadas.

Respecto a la edad, los jóvenes entre veinte y veintinueve años son el grupo más vulnerable al ciberacoso en México. Los adultos mayores de cincuenta años registraron un repunte de agresiones cibernéticas recientes.

Puebla se posiciona como el cuarto estado a nivel nacional en casos de violación a la intimidad sexual, delito tipificado en la Ley Olimpia, al registrar 124 denuncias durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El estado se ubicó dentro de la lista, como el cuarto nacional por violencia digital, solo por debajo de la Ciudad de México, que acumuló 375 casos; Guanajuato, con 166; y Nuevo León, con 128.

Las denuncias reflejan la magnitud que ha alcanzado el delito en Puebla, donde los casos se distribuyen en 26 de los 217 municipios de la entidad.

La violación a la intimidad sexual consiste en la difusión sin consentimiento de imágenes, videos o audios de contenido íntimo, a través de plataformas digitales como redes sociales, servicios de mensajería o correo electrónico.

Este tipo de agresiones adquieren mayor alcance debido a la velocidad con la que puede propagarse el material y al impacto que genera en la vida privada, emocional y social de las víctimas.

La situación es grave cuando los afectados son menores de edad, debido a las implicaciones legales, emocionales y sociales que conlleva la exposición de contenido íntimo en un grupo considerado particularmente vulnerable.

En estos casos, la violencia digital no solo afecta la privacidad, sino que también puede comprometer la seguridad, el entorno familiar y el desarrollo personal de quienes la padecen.

La ciudad de Puebla concentra la mayor incidencia con 68 denuncias, lo que representa más de la mitad de los casos registrados en todo el estado durante el primer trimestre del año. Le siguen Acajete, con cinco reportes, y Tepexi con cuatro. También incluyen: Acatzingo, Ajalpan, Amozoc, Atlixco, Calpan, Chalchicomula de Sesma, Cuautlancingo, Hueytamalco, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Palmar de Bravo, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan, Tehuacán, Tepeaca, Xicotepec, Zacapoaxtla, Zacatlán y Zaragoza.

Este delito está contemplado dentro de la Ley Olimpia, una reforma impulsada por la activista poblana Olimpia Coral Melo, quien promovió cambios legales para reconocer y sancionar la difusión de contenido íntimo sin consentimiento como una forma de violencia digital. Su caso permitió visibilizar una problemática que durante años fue minimizada sin ser penalizada.

En Puebla, este delito se castiga con penas de tres a seis años de prisión, además de sanciones económicas. Estas pueden aumentar cuando existe una relación de confianza entre la víctima y el agresor, como en casos de pareja, familiares o vínculos cercanos, debido al abuso de confianza que suele caracterizar este tipo de conductas.

El panorama confirma la necesidad de fortalecer la prevención, la denuncia y el acompañamiento a víctimas frente a las agresiones digitales.

De las anécdotas que se cuentan

El fraude digital está a la orden del día y se ha convertido en una de las principales amenazas para los usuarios de servicios financieros, según los expertos en ciberseguridad.

En los últimos años, los ciberdelincuentes han sofisticado sus métodos.

Entre las prácticas más extendidas, se encuentra el “smishing”, técnica que utiliza mensajes cortos de texto fraudulentos para suplantar a entidades de confianza con el fin de conseguir que el usuario facilite información sensible, como contraseñas o datos bancarios.

El “smishing” es una variante del “phishing”, técnica en la que el ciberdelincuente envía un correo electrónico en vez de un SMS, pero con la misma finalidad: hacerse pasar por una entidad legítima –red social, banco, institución pública, entidad financiera– para robar información privada, realizar un cargo económico o pedir a los usuarios engañados que le envíen dinero.

Seguramente a usted le ha tocado el intentó de un fraude digital, hoy tan utilizado para delinquir.

fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Crisanto

*ARD