libertad de expresión

Puebla, Pue. El diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo consideró que la denuncia relacionada con las declaraciones de las diputadas locales Nay Salvatori y Grace Palomares podría no prosperar, al señalar que ambas cuentan con una figura de inmunidad legislativa que protege la libertad de expresión de quienes desempeñan cargos legislativos.

Carvajal sostuvo que esta protección está prevista en la Constitución y busca impedir que diputadas y diputados sean perseguidos penalmente por las opiniones que expresen durante el ejercicio de su función.

Carvajal asegura que inmunidad protege libertad de expresión

“Hay una figura que se llama inmunidad procesal en la Constitución, que todos los legisladores tienen, que es una libertad de expresión”, explicó.

El diputado federal señaló que esta protección tiene antecedentes históricos y surgió para evitar que representantes populares fueran perseguidos por sus expresiones políticas.

Mencionó como referencia periodos como el Porfiriato y otras etapas de represión política en México.

Descarta cárcel por declaraciones de Salvatori y Palomares

Carvajal reconoció que las expresiones realizadas por Nay Salvatori y Grace Palomares fueron desafortunadas, pero descartó que puedan conducir a una pena de prisión.

“Son declaraciones lamentables, pero no hay cárcel, ni podría haber cárcel”, afirmó.

A su consideración, las palabras de ambas diputadas pueden ser cuestionadas públicamente, pero no deberían convertirse en un procedimiento que derive en una sanción penal.

Cree que denuncia podría desecharse desde primera audiencia

El legislador federal incluso anticipó que la denuncia podría ser desechada en las primeras etapas del procedimiento.

“Simplemente fueron declaraciones fuera de lugar, pero la figura de inmunidad procesal cualquier abogado la va a establecer y el juicio se va a (…) es más, a lo mejor en la primera audiencia desechan por improcedente este tipo de denuncia”, señaló.

Carvajal insistió en que la defensa de las legisladoras podría recurrir a la inmunidad procesal para impedir que el caso avance penalmente.

Pide distinguir declaraciones de delitos graves

El diputado también estableció una diferencia entre las expresiones realizadas durante un podcast y otros delitos que, desde su perspectiva, sí ameritan sanciones severas.

“Cárcel que haya para los narcos, cárcel que haya para los defraudadores”, sostuvo.

Carvajal consideró que los esfuerzos institucionales deberían dirigirse principalmente a combatir delitos de mayor impacto y no concentrarse en declaraciones que calificó como equivocadas.

Carvajal pide poner atención en impunidad y corrupción

El legislador planteó que el debate público debería orientarse hacia problemas como la corrupción y la impunidad.

“Yo creo que deberíamos irnos al fondo, atacar la impunidad, atacar la corrupción, mejorar la forma de gobierno y no fijarnos en un podcast”, expresó.

Desde su perspectiva, esos asuntos tienen mayor relevancia para el país que las declaraciones realizadas por las diputadas.

Señala que dichos no afectaron patrimonio ni bienes

Carvajal también sostuvo que las expresiones cuestionadas no provocaron, a su consideración, una afectación directa a una persona, a su patrimonio o al Estado.

“Quizá es una declaración errónea, pero no representa un tema que afecte realmente, podríamos decir, a una persona, a su patrimonio, a sus bienes o al Estado”, concluyó.

El diputado federal mantuvo así su postura de que las declaraciones pueden considerarse incorrectas o lamentables, pero no deberían derivar en consecuencias penales.

*BC

En México se viven tentaciones de censura.

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión advirtió que los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias representan riesgos de regresión democrática y afectaciones a la libertad de expresión.

El organismo señaló que las disposiciones elaboradas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones son ambiguas y abren la puerta a la discrecionalidad del gobierno, al permitirle definir qué contenidos pueden considerarse como información falsa o descontextualizada.

“Entendemos que la posición del Comisión no es una de censurar, pero hay temas que preocupan y que, para evitar riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión, habría que corregir y/o definir con pulcritud”, insistió.

La postura de los empresarios surge tras la presentación del anteproyecto por parte de la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, quien planteó regular el derecho de las audiencias mediante diversos mecanismos.

Entre los señalamientos, la Cámara destacó el esquema de sanciones, ya que se contempla imponer multas de hasta el 1 por ciento de los ingresos anuales de concesionarios y programadores por cada supuesta falta informativa, lo cual, advirtió, no está previsto en la legislación vigente.

El organismo criticó la creación de un “recurso de inconformidad” que permitiría al Gobierno revisar las resoluciones de los defensores de las audiencias, lo que podría derivar en que la autoridad determine qué contenidos pueden difundirse.

También alertó sobre la posibilidad de que se admitan quejas anónimas, lo que podría abrir espacios a presiones contra periodistas mediante denuncias falsas o fabricadas.

La CIRT informó que realizará un análisis con sus mil 200 estaciones afiliadas para definir una postura conjunta que será presentada en la consulta pública.

La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, informó que los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias prevén multas contra concesionarios de radio y televisión, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum planteó revisar si la regulación debe extenderse a la prensa escrita y las plataformas digitales.

La funcionaria explicó que las sanciones serían aplicadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como última instancia, cuando un medio desatienda las recomendaciones de su defensoría y persista la vulneración de derechos. Si el medio no atiende la recomendación, se acude a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que pueda intervenir y, en casos extremos, donde no se respeten los derechos de las audiencias, puede llegar a haber multas y sanciones como última instancia", afirmó durante la mañanera.

La funcionaria presentó en Palacio Nacional el anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que permanecerá en consulta pública durante 20 días, del 27 de julio al 21 de agosto.

Sheinbaum informó que la prensa escrita y las plataformas digitales no están incluidas en el proyecto, debido a que las facultades de la Comisión se limitan a la radio y la televisión.

"La prensa escrita no está incorporada en este proceso. Tendría, en todo caso, que revisarse si es necesario o no, o las plataformas también no están en esta regulación, que son temas que están también a discusión de la sociedad", expresó.

La presidenta sostuvo que los lineamientos buscan hacer efectivo el derecho constitucional a recibir información veraz y llamó a concesionarios, organizaciones, académicos y ciudadanos a participar en la consulta, negó que haya riesgos de censura en su propuesta.

Alcalde explicó que el procedimiento comenzará cuando una persona presente una queja ante la defensoría de audiencias del medio. La defensoría deberá solicitar un informe al concesionario, determinar si existió una vulneración y, en su caso, emitir una recomendación en un plazo máximo de 20 días.

Si el medio no atiende la recomendación, la persona podrá recurrir ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que intervendrá antes de considerar una multa o sanción.

Los lineamientos obligarán a las estaciones de radio y televisión a contar con un Código de Ética y designar al menos a una persona defensora de las audiencias.

En el caso de radios y televisoras comunitarias, indígenas y afromexicanas, la persona defensora deberá pertenecer a la misma comunidad.

El anteproyecto reconoce el derecho de las audiencias a recibir información veraz y oportuna, distinguir las noticias de las opiniones y diferenciar la publicidad de los contenidos editoriales.

Si no es censura a los medios de comunicación mexicanos, como se parece.

De las anécdotas que se cuentan

Se pondrá como condición que los medios de comunicación deberán identificar opiniones y publicidad mediante menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas, además de permitir el ejercicio del derecho de réplica frente a información falsa o inexacta.

El proyecto también contempla servicios de accesibilidad para personas con debilidad auditiva y representaciones visuales respetuosas e inclusivas.

Alcalde recordó que los derechos de las audiencias fueron incorporados a la Constitución en 2013, desarrollados en la legislación de 2014 y eliminados mediante una reforma de 2017, posteriormente invalidada por la Suprema Corte en 2022.

Para Morena la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión recuperó y fortaleció esos derechos, cuya aplicación busca reglamentar ahora la Comisión.

El tema es delicado y cambiaría toda la producción de programas informativos y periodísticos que hoy existen el país.

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*BC

La presentación de los nuevos lineamientos para los derechos de las audiencias impulsados por el Gobierno federal abrió un intenso debate sobre el futuro de la regulación de los medios de comunicación en México. Aunque la propuesta se limita, por ahora, a los concesionarios de radio y televisión, diversos actores consideran que podría sentar las bases para ampliar el control hacia otros espacios informativos.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal explicó que las nuevas disposiciones buscan garantizar información clara, diferenciando entre noticias, opiniones y publicidad, además de evitar la difusión de contenidos falsos o presentados fuera de contexto.

Como parte de las obligaciones, las empresas deberán elaborar un código de ética, designar una defensoría de las audiencias y atender los principios establecidos por la nueva legislación en telecomunicaciones.

Sheinbaum descarta por ahora incluir prensa escrita y plataformas

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la regulación actualmente no contempla a la prensa escrita ni a las plataformas digitales.

No obstante, reconoció que ambos temas podrían discutirse en el futuro si la sociedad considera necesaria una regulación adicional.

Las declaraciones fueron interpretadas por algunos analistas como una señal de que el debate podría ampliarse posteriormente hacia otros medios de comunicación, incluidas las redes sociales, donde actualmente no existe una regulación específica similar a la planteada para los concesionarios.

Expertos cuestionan facultades de la autoridad reguladora

Uno de los aspectos que más controversia ha generado es la posibilidad de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones imponga sanciones económicas a quienes incumplan los nuevos lineamientos.

Especialistas sostienen que conceptos como "información falsa" o "información descontextualizada" requieren definiciones jurídicas muy precisas para evitar interpretaciones discrecionales que puedan afectar el trabajo periodístico.

También existe preocupación por la obligación de mantener estructuras internas de supervisión editorial, ya que algunos consideran que podrían convertirse en mecanismos indirectos de presión sobre los medios.

Organizaciones piden mayor claridad jurídica

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) manifestó que comparte la importancia de proteger los derechos de las audiencias, aunque solicitó revisar cuidadosamente el contenido de los lineamientos para evitar incertidumbre legal.

Por su parte, Artículo 19 advirtió que la protección de las audiencias no debe traducirse en mecanismos que permitan al Estado decidir qué contenidos pueden difundirse.

Su director regional, Leopoldo Maldonado, recordó además que cualquier regulación sobre plataformas digitales requiere análisis especializados y coordinación internacional debido al carácter global de internet.

Consulta pública definirá el contenido final

El Gobierno federal abrió una consulta pública que permanecerá vigente hasta el 21 de agosto, periodo durante el cual ciudadanos, concesionarios, académicos y organizaciones podrán presentar observaciones sobre la propuesta.

El resultado de este proceso será determinante para conocer la versión final de los lineamientos y el alcance que tendrán las nuevas obligaciones para los medios electrónicos.

El debate continuará en las próximas semanas, pues mientras el Ejecutivo sostiene que la regulación fortalece el derecho a la información y los derechos de las audiencias, diversos sectores consideran indispensable establecer salvaguardas claras para proteger plenamente la libertad de expresión y evitar cualquier posibilidad de censura.

*BC

El diario The New York Times publicó el pasado 19 de junio un reportaje donde afirma que “en México, los políticos usan las leyes contra los periodistas”.

Los políticos y funcionarios de México están utilizando las leyes del país para intimidar a los críticos y a los medios de comunicación, obligándolos a la censura y frenando el escrutinio. documentan los reporteros Emiliano Rodríguez Mega y Paulina Villegas.

“Una fiscalía estatal acusó a un periodista de terrorismo por su cobertura. Un tribunal ordenó a un columnista que borrara un artículo que relacionaba a una candidata con redes criminales. Una jueza prohibió a un periódico mencionar a una gobernadora a menos que su contenido fuera autorizado por un revisor judicial.

“Los ejemplos, todos del último año, forman parte de una tendencia al alza en todo México: los políticos y los funcionarios están utilizando las leyes del país como arma para demandar, multar y perseguir a críticos y periodistas, según grupos defensores de la libertad de prensa que han documentado casos judiciales.

“En procesos civiles, penales y electorales se ha acusado a periodistas de violar leyes antiterroristas, normativas sobre inteligencia artificial o leyes destinadas a proteger a las mujeres políticas de la discriminación, entre otras cosas”.

México, señalan, lleva mucho tiempo siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para la prensa, con casi 180 periodistas asesinados desde el año 2000. Ahora, a través de demandas y órdenes judiciales, la prensa mexicana se enfrenta a un nuevo obstáculo menos visible que las amenazas de muerte y las balas, pero también capaz de silenciar.

Estas prácticas, según expertos y periodistas, han llevado a algunas personas a autocensurarse o a evitar cubrir ciertos temas o figuras políticas por miedo a la ruina económica, a litigios interminables o a la cárcel.

“Lo que estamos viendo es que funcionarios del gobierno están activando el Poder Judicial para amedrentar”, señaló Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, una organización de defensa de la libertad de prensa. “No para que se le repare un supuesto daño a su honor, a su reputación, a su imagen, sino más bien para sujetar a un desgaste prolongado en el tiempo a los periodistas”.

La Sociedad Interamericana de Prensa, una organización que representa a medios de comunicación de todo el hemisferio, situó por primera vez a México en el nivel de “alta restricción” de su índice de libertad de expresión al citar un aumento en el uso de demandas y otras herramientas legales por parte de funcionarios “para intentar acallar la crítica”.

Artículo 19 documentó 69 casos de este tipo en 2025, una cifra récord que supera en más del triple la del año anterior. La mayoría de los litigios contra los medios de comunicación fueron impulsados por partidos políticos, candidatos o funcionarios públicos. El año pasado, Artículo 19 hizo un seguimiento de la aprobación de al menos ocho leyes estatales y federales que coartan la libertad de expresión.

Durante el gobierno de partido único que se mantuvo en México durante décadas, muchos periodistas no criticaban el poder, sino que lo facilitaban a cambio de sobornos o favores. Ya en la década de 1990 comenzó a surgir una prensa más independiente, dijo Andrew Paxman, autor de Mexican Watchdogs: the Rise of a Critical Press Since the 1980s.

Durante algunos sexenios, el gobierno gastaba cientos de millones de dólares al año de dinero público en publicidad, lo que llegó a ser tan importante para las finanzas de los medios de comunicación que los funcionarios lo usaban como herramienta de presión para evitar que algunos reportajes salieran a la luz, controlar las portadas e intimidar a las redacciones que les eran incómodas.

El gasto en publicidad oficial se redujo drásticamente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, electo en 2018. En su lugar, empezó a celebrar ruedas de prensa matutinas diarias, retransmitidas en vivo. Desde esa plataforma desacreditaba, se burlaba y exponía de forma habitual a los periodistas que criticaban sus políticas o publicaban reportajes de investigación. Llegó incluso a revelar sus ingresos o a divulgar sus datos personales.

Su sucesora, Claudia Sheinbaum, ha adoptado un tono menos combativo. A menudo defiende la libertad de prensa y afirma que su partido, Morena, se opone a cualquier forma de censura. “Si hay un periodista que cometió un delito, pues también es como cualquier otra persona”, dijo en enero.

También ha defendido a miembros de Morena que utilizan el sistema judicial contra periodistas y, en mayo, pidió a la gente que boicoteara a Televisión Azteca que se había negado a pagar impuestos y que había cubierto negativamente su gobierno. “No es una censura, es una opinión”, dijo

La Navidad pasada, Rafael León, un reportero de la fuente policiaca de Coatzacoalcos, pensó que lo estaban secuestrando cuando unas camionetas sin insignias le bloquearon el paso y unos hombres armados lo sacaron a rastras de su coche.

La fiscalía del estado de Veracruz lo acusó de terrorismo, al argumentar que sus coberturas sobre los cárteles provocaban pánico entre la población. También lo acusaron de obstrucción, porque solía llegar antes que la policía a los lugares de los hechos, y de aceptar sobornos de los grupos delictivos. Después de que Sheinbaum criticara de manera pública los fundamentos jurídicos de la acusación, se retiraron los cargos de terrorismo.

Los litigios de este tipo de casos pueden ser muy técnicos y terminar sofocando a los medios de comunicación. Sheinbaum restó importancia a las preocupaciones de que se estuviera coartando la libertad de prensa.

“¿Dónde hay censura en México?, dijo a los periodistas. “Todos pueden decir lo que quieran y a nadie se le persigue”, remató la presidenta sin que ello cambie el ambiente de amenaza y tensión que se vive en los medios de comunicación mexicanos.

De las anécdotas que se cuentan

Después de todo hay que recordar que la libertad es de “quien la trabaja”, como sugirió siempre Carlos Payan, primer director de La Jornada.

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*ARD

San Andrés Cholula, Puebla.- Especialistas en comunicación y representantes de universidades de la región participaron en el conversatorio “La comunicación y libertad de expresión desde la academia”, realizado como parte de las actividades de Voces Libres 2026, impulsadas por el gobierno municipal que encabeza Lupita Cuautle.

En el encuentro participaron directivos y académicos de la Universidad Anáhuac, la Ibero Puebla, la Universidad Madero y el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, quienes coincidieron en que las instituciones educativas deben formar profesionistas con pensamiento crítico y sentido ético.

Alertan sobre los riesgos de la desinformación

Los participantes destacaron que la libertad de expresión debe ejercerse con responsabilidad y con apego a los hechos. Además, señalaron que las nuevas generaciones requieren herramientas para detectar sesgos y enfrentar los desafíos de la era digital.

Asimismo, resaltaron iniciativas como el Observatorio de Medios Digitales del Tec de Monterrey y los foros de análisis impulsados por la Ibero Puebla para verificar información y fortalecer la cultura democrática.

Al entregar reconocimientos a los participantes, la alcaldesa Lupita Cuautle subrayó que estos espacios permiten enriquecer el diálogo entre la sociedad, los medios y las instituciones educativas.

Con ello, Voces Libres 2026 se consolida como una plataforma para reflexionar sobre el presente y futuro de la comunicación y la libertad de expresión.

*ARD

San Andrés Cholula, Puebla .- Con la participación de destacadas figuras del periodismo nacional y poblano, estudiantes, docentes y ciudadanía, se llevó a cabo el encuentro "Voces Libres 2026: Diálogo y Defensa por la Libertad de Expresión", un espacio impulsado por el Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Lupita Cuautle, destinado a la reflexión, el intercambio de ideas y fortalecimiento de uno de los pilares fundamentales de la democracia.

En su mensaje, la edil destacó que San Andrés Cholula es un municipio que apuesta por la pluralidad, el respeto y el diálogo como herramientas para la construcción de una sociedad más democrática.

Resaltó que desde su administración se impulsan este tipo de escenarios para que todas las voces puedan dialogar con respeto, libertad y tolerancia.

El encuentro tuvo como objetivo de generar conversación con referentes del periodismo y de académicos, promoviendo el intercambio de experiencias entre especialistas con las nuevas generaciones de comunicadores, con la colaboración de personalidades como Adela Micha, Jorge Zarza y Pamela Cerdeira.

A través de tres conversatorios, las y los participantes analizaron los retos de la libertad de expresión en la era digital, la situación del periodismo en el país, en el estado y el papel de la academia.

Periodistas de trayectoria poblana como Carolina Fernández, Fernando Crisanto, Mónica Ventosa y Rodolfo Ruíz, hablaron sobre los retos en la era digital.

Asimismo, coordinadores de licenciaturas afines al periodismo y la comunicación de universidades como Ibero, Tec de Monterrey, As Media, Anáhuac y Madero conversaron sobre el papel de formar e incidir en la formación de mejores comunicadores.

Además en los programas radiofónicos nacionales de Fernanda Familiar, Paco Zea, Pamela Cerdeira, y los noticieros locales de Juan Carlos Valerio, Carlos Martín Huerta y Vicky Fuentes transmitieron en vivo desde la sede del evento hablando con la presidenta Lupita Cuautle sobre la libertad de expresión.

Con la apertura de estos encuentros se consolida a San Andrés Cholula como un destino abierto al pensamiento crítico, la diversidad de opiniones y el fortalecimiento a la vida democrática

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