Después de permanecer varias semanas alejado de la vida pública, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reapareció mediante un mensaje en la red social X para informar que ya compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de las investigaciones abiertas en su contra.

El político de Morena señaló que han transcurrido 69 días desde que solicitó licencia al cargo con el objetivo de enfrentar el proceso sin la protección del fuero constitucional, lo que, aseguró, demuestra su disposición para colaborar plenamente con las autoridades.

"Lo hice desde mi convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país, con la finalidad de que, sin la protección del fuero constitucional inherente a mi cargo, se me investigue con toda amplitud y sin cortapisa alguna por las autoridades competentes", publicó.

Asimismo, indicó que respondió a todas las preguntas formuladas por el Ministerio Público Federal dentro de las investigaciones relacionadas con los señalamientos emitidos por autoridades de Estados Unidos.

Rocha Moya también rechazó las versiones que lo ubican bajo protección de las Fuerzas Armadas y afirmó que permanece en su domicilio ubicado en Culiacán, donde continúa atento al desarrollo de las indagatorias.

Acusa una campaña política en su contra

En el mismo mensaje, el gobernador con licencia aseguró que durante las últimas semanas ha enfrentado una campaña de desprestigio basada en información falsa.

Según Rocha Moya, diversos actores políticos han impulsado señalamientos con el objetivo de afectar su imagen pública, por lo que reiteró que será el desarrollo de las investigaciones el que determine los hechos.

El mandatario insistió en que mantiene plena confianza en las instituciones mexicanas y aseguró que continuará atendiendo cualquier requerimiento que formulen las autoridades competentes.

Gobierno federal rechaza versiones sobre presunto resguardo militar

La publicación de Rubén Rocha Moya se produjo horas después de que el Gabinete de Seguridad emitiera un comunicado para desmentir las versiones periodísticas que aseguraban que el mandatario con licencia permanecía resguardado por el Ejército Mexicano mientras enfrenta una solicitud de detención con fines de extradición presentada por Estados Unidos.

El Gobierno federal calificó dichas publicaciones como "absolutamente falsas" y sostuvo que ninguna dependencia de seguridad realizó un operativo para brindar protección al político sinaloense.

"Ninguna institución que integra el Gabinete de Seguridad realizó un operativo con ese propósito. Asimismo, es falso que Rubén Rocha Moya se encuentre o haya permanecido bajo resguardo del Ejército en la 9ª Zona Militar, en la III Región Militar o en cualquier otra instalación militar del país", indicó el comunicado oficial.

En ese mismo sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró durante su conferencia matutina que el gobernador con licencia permanece en su domicilio en Culiacán y afirmó que "ni siquiera cuenta con protección federal", descartando cualquier participación de las fuerzas militares en su resguardo.

*BC

Una investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que una empresa pública del Gobierno de Sinaloa realizó pagos a Ahavat Logistics Solution, compañía que posteriormente fue señalada por autoridades estadounidenses de formar parte de una estructura financiera relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los documentos muestran que las operaciones ocurrieron durante abril de 2024, cuando la empresa estatal Preecasin efectuó diversas transferencias bancarias cuyo destino fue Ahavat Logistics, sin que exista información pública sobre los contratos que respaldaron dichos movimientos.

Los pagos quedaron registrados como "pago de factura"

Los registros contables consultados por MCCI muestran tres depósitos realizados durante abril de 2024.

En conjunto, las transferencias alcanzaron 678 mil 900 pesos, aunque únicamente fueron clasificadas como "pago de factura", sin describir el servicio o producto contratado.

Además:

• No aparece expediente de contratación pública.
• No existe licitación publicada.
• No hay adjudicación directa disponible.
• La empresa tampoco figura como proveedor registrado del Gobierno estatal.

La falta de transparencia ha despertado nuevas interrogantes sobre el destino de los recursos públicos.

Estados Unidos identifica una red internacional

Las investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sostienen que Ahavat Logistics forma parte de una estructura utilizada para mover recursos provenientes del huachicol fiscal.

Las autoridades estadounidenses aseguran que la empresa realizó operaciones financieras con personas relacionadas con el CJNG y que incluso utilizó instituciones financieras de Estados Unidos para efectuar movimientos millonarios.

Entre las acusaciones destacan:

• Contrabando de combustibles.
• Lavado de dinero.
• Operaciones internacionales.
• Pago de cuotas a grupos criminales.
• Uso del sistema financiero estadounidense.

José Refugio Ruiz Villagómez aparece como operador principal

El principal accionista de Ahavat Logistics es José Refugio Ruiz Villagómez, empresario que también figura como socio de Jomadi Logistics & Cargo.

Ambas empresas fueron incorporadas por OFAC dentro de la lista de personas y compañías sancionadas.

Las investigaciones sostienen que ambas organizaciones participaron en operaciones relacionadas con combustibles, importaciones y exportaciones internacionales.

El contexto político de Sinaloa

Las transferencias ocurrieron bajo la administración del entonces gobernador Rubén Rocha Moya.

La investigación recuerda que, posteriormente, autoridades estadounidenses presentaron una acusación en la que se mencionan presuntos vínculos entre integrantes del gobierno sinaloense y miembros de Los Chapitos.

Entre los señalamientos aparecen supuestos acuerdos políticos, protección institucional y pagos mensuales dirigidos a funcionarios estatales para favorecer operaciones del crimen organizado.

Hasta el momento, estos señalamientos forman parte de investigaciones y acusaciones difundidas por autoridades estadounidenses.

CJNG, Los Chapitos y el conflicto interno

El trabajo periodístico también retoma el contexto de violencia registrado en Sinaloa durante los últimos años.

De acuerdo con información oficial, durante 2025 surgió una alianza entre el CJNG y Los Chapitos para enfrentar a La Mayiza, una de las facciones rivales del Cártel de Sinaloa.

Meses después, el Gobierno federal confirmó que existieron apoyos financieros y logísticos entre ambas organizaciones criminales durante ese periodo.

Investigación sobre las narco remesas

El reportaje incorpora además una investigación de Reuters que documenta cómo organizaciones criminales presuntamente aprovechan el sistema de remesas para introducir nuevamente a México recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.

Según esa investigación, el mecanismo consiste en utilizar múltiples transferencias aparentemente legítimas para ocultar el origen del dinero procedente del narcotráfico, dificultando su rastreo por parte de las autoridades financieras.

Un caso que mantiene abiertas diversas investigaciones

Las revelaciones sobre los pagos realizados por Preecasin a Ahavat Logistics Solution se suman a diversas investigaciones nacionales e internacionales relacionadas con huachicol, lavado de dinero, financiamiento del crimen organizado y uso de recursos públicos.

Mientras las autoridades estadounidenses mantienen vigentes las sanciones contra las empresas y personas involucradas, la información difundida por MCCI coloca nuevamente bajo análisis los mecanismos de contratación, fiscalización y transparencia de los recursos ejercidos por organismos públicos.

*BC

Por si lo que requiere el gobierno federal es información de los delitos de los sinaloenses coludidos con los carteles de la droga, que dieron dinero para ganar posiciones políticas, pronto se conocerán más detalles.

La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) anunciaron las acusaciones formales contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios mexicanos en activo y retirados, por presuntos delitos de narcotráfico, conspiración y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

Pruebas las tienen.

Según el documento oficial, los acusados habrían participado en una red de colaboración con el Cártel de Sinaloa, mediante la cual se habría facilitado la venta de grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos, protección institucional y apoyo político. Agrega:

“Entre las sustancias señaladas se incluyen fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.

“Incluyen a exfuncionarios y mandos de seguridad de Sinaloa, entre ellos legisladores, exsecretarios estatales, mandos policiales y autoridades municipales, como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Según el expediente, todos los señalados habrían ocupado posiciones clave dentro del aparato gubernamental y de seguridad en el estado.

“El fiscal federal Jay Clayton afirmó que el Cártel de Sinaloa opera con apoyo de redes de corrupción institucional, señalando que estas estructuras permiten el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. Por su parte, el titular de la DEA, Terrance Cole, calificó al grupo criminal como una organización terrorista que utiliza sobornos y violencia para sostener sus operaciones.

“Según los alegatos presentados ante la corte federal, los funcionarios habrían protegido a integrantes del cártel, filtrado información de operativos, facilitado el traslado de cargamentos ilegales y permitido actos de violencia, incluyendo secuestros y asesinatos relacionados con la disputa criminal.

“El documento judicial también sostiene que los acusados habrían recibido beneficios económicos millonarios a cambio de estas operaciones, y que algunos de ellos habrían participado directamente en acciones violentas contra personas vinculadas a investigaciones internacionales”.

Las autoridades subrayan que el caso forma parte de una estrategia más amplia contra redes de narcotráfico transnacional y corrupción institucional. El proceso judicial está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

La acusación precisa que todos los señalados se consideran inocentes hasta que un tribunal determine lo contrario, y que las sanciones podrían incluir penas que van desde décadas de prisión hasta cadena perpetua, dependiendo de cada cargo imputado.

Hay un compromiso de Estados Unidos que todo saldrá bien, a pesar de quienes desde la oscuridad trabajan por resultados perversos

De las anécdotas que se cuentan

Cómo un buscavidas lacandón, que durante mucho tiempo no tuvo más patrimonio que un machete, llegó a hacer fortuna traficando drogas y personas, sin que nadie hiciera nada por evitarlo.

“¿Cómo este ex policía estatal construyó dos pistas de aterrizaje en la selva de Chiapas, una de ellas reconvertida en la zona arqueológica de Bonampak, la antigua ciudad maya, que pasó de recibir a peritos arqueólogos a fajos de cocaína?”, señala una investigación del diario español El País.

Cabrero Segundo López es el protagonista de esta historia, que culmina con 33 militares secuestrados por El Cabra intercambiados por la devolución de 100 kilos de cocaína incautada.

Los vecinos cuentan que al principio Cabrera se ganaba la vida cortando una palma usada de decoración llamada xate.

Pero llegó una detención por llevar un arma sin licencia, luego tres años por la policía de Chiapas. Y a partir de 2015, con 32 años, se dedicó a construir un imperio criminal en la selva fronteriza con Guatemala, sometiendo a la policía, a la fiscalía y hasta el Ejército.

Es la historia de cómo crece y funciona el tráfico de drogas y migrantes al calor de la corrupción, la impunidad y la fragilidad de las instituciones. Pero también de los complejos y viejos conflictos del sur de Chiapas, una maraña de violencias donde se confunden poderes políticos, económicos, grupos armados y, en los últimos años, el crimen organizado.

El origen es el control del territorio y los recursos naturales, como la reserva de la biosfera Montes Azules, una de las joyas naturales de Norteamérica.

Otro caso de impunidad y colusión de los delincuentes con gente del poder. No sólo se da en el norte de la República, también hay ejemplos en el sureste.

El crimen prevalece ¿hasta cuándo?

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*ARD

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, compareció el martes pasado ante la sede de la Fiscalía General de la República en Culiacán, con un solo detalle: nadie lo vio ni hay constancia gráfica de su asistencia.

El citatorio se derivó de una investigación en curso tras los señalamientos de autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos criminales y vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El motivo fue rendir declaraciones ante el Ministerio Público de la Federación como parte de los planes de investigación que analizan las acusaciones estadounidenses

Rocha Moya afirmó en redes sociales que acudió con "la frente en alto" y: "no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca". Al gobernador con licencia lo cuida un fuerte dispositivo de Seguridad Pública, que en esta ocasión tampoco se vio.

Junto con Rocha Moya, la FGR citó a otros 4 funcionarios y autoridades del estado para determinar el grado de responsabilidad frente a los señalamientos, sólo dos llegaron a pie a la cita.

Rocha Moya se separó temporalmente de sus funciones como gobernador el 2 de mayo de 2026, lo que permitió a la FGR citarlo de manera directa y sin el proceso de desafuero habitual.

El caso es importante porque supuestamente compareció ante la Fiscalía en Culiacán, como parte de la investigación abierta en México tras los señalamientos de autoridades de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Rocha Moya está, supuestamente en Culiacán resguardado por Seguridad Pública, en medio de la crisis política generada por las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense, que involucran al mandatario estatal y a parte de su equipo en acuerdos con integrantes del Cártel de Sinaloa.

El caso involucra también al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y al vice fiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra.

Los señalamientos declarados en Estados Unidos incluyen asociación delictuosa para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armamento.

En la red social X, Rubén Rocha Moya confirmó su comparecencia ante la FGR y sostuvo que respondió las preguntas formuladas por la agente del Ministerio Público Federal. “Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”, precisó el hombre que ha sido noticia a lo largo de mayo.

El gobernador con licencia añadió que no dejará de luchar para que prevalezca la verdad y vinculó su postura con el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum. En su publicación, afirmó que actuará con la frente en alto.

El vice fiscal Dámaso Castro Saavedra también rechazó las acusaciones que lo relacionan con Los Chapitos y dijo que su presencia ante la FGR forma parte del cumplimiento de una cita oficial. Indicó que confía en las instituciones, en el desarrollo de las investigaciones y en el esclarecimiento de los hechos.

Entre los funcionarios señalados por autoridades estadounidenses también figuran el senador morenista Enrique Inzunza; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; ex mandos de la policía de investigación; el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez, y mandos policiales estatales y municipales.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido que Rocha Moya no enfrenta hasta ahora una imputación formal en México y que su comparecencia forma parte de las diligencias iniciadas por la FGR a partir de las acusaciones presentadas en Estados Unidos.

El caso mantiene bajo presión al gobierno sinaloense, pues las acusaciones apuntan a sobornos, favores políticos, protección e información entregada a líderes criminales. Hasta el momento, Rocha Moya, Gámez Mendívil, Inzunza y Castro Saavedra han negado los señalamientos en su contra.

El caso no termina y Estados Unidos insistirá en su detención y extradición para ser juzgados en la Unión América y México en que es necesaria más información y lo demás es atentar contra la soberanía. El gobierno no pudo evitar actuar y citar a los imputados a dar una entrevista a los fiscales por la presión que el gobierno de Donald Trump mantiene cotidianamente, sólo que a tres de ellos de cinco no se les vio ni hay constancia gráfica de su asistencia, entre ellos Rocha Moya.

De las anécdotas que se cuentan

El senador de Morena, Enrique Inzunza, se supone que compareció el martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, Sinaloa, pero nadie lo vio.

El legislador tuvo una cita ante la acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo vincula, junto con otros funcionarios, con el Cártel de Sinaloa.

Inzunza informó a través de sus redes sociales que compareció como su propio abogado, sin acompañamiento jurídico externo.

Aseguró que acudió voluntariamente y que no utilizaría la inmunidad constitucional que posee como senador para evadir el proceso.

La diligencia si se llevó a cabo fue de manera simultánea con la del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Consta de su asistencia en redes sociales sin fotografías.

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*ARD

¿Dónde está el ex gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya?

Es una pregunta recurrente los últimos días y más después de que dos de sus ex funcionarios se entregaron como testigos protegidos a la Justicia de Estados Unido, quienes forman parte de la lista de 10 implicados en colusión con el cártel de Sinaloa y el senador Enrique Inzunza Cázarez salió este fin de semana a decir en un video que se encuentra en Sinaloa, pero oficialmente sólo se ha dicho que el ex gobernador está en su entidad natal, pero ni se aparece públicamente ni manda mensaje alguno.

El jueves pasado, una fuente de inteligencia de alto nivel informó a la revista Proceso que, horas después de la publicación del reporte sobre la vigilancia aérea en el Palacio de Gobierno de Sinaloa, un helicóptero de las Fuerzas Armadas trasladó desde ese recinto a Rubén Rocha Moya junto con dos de sus hijos.

“La información fue proporcionada por la misma fuente que dio origen a la nota publicada, en la que se informó que un reporte de inteligencia ubicaba al gobernador con licencia dentro del Palacio de Gobierno de Sinaloa, bajo vigilancia aérea permanente mediante un helicóptero ligero tipo "Little Bird" y al menos seis drones de gran tamaño.

De acuerdo con esa información, los indicios recabados ubicaban a Rocha Moya en el área de azotea del inmueble oficial. El documento señalaba además que sobre el perímetro del Palacio de Gobierno se mantenía presencia aérea constante durante el día y en distintos horarios de la noche y madrugada.

El traslado aéreo habría ocurrido el martes 12 de mayo, unas horas después de la difusión de esa información. Según esa versión, junto con Rocha Moya habrían sido trasladados también dos de sus hijos.

“El reporte anterior en poder de Proceso indica que los hijos de Rocha Moya habían estado refugiados en la Península de Punta Mita, en la Riviera Nayarit. La nueva información refiere que dos de ellos ya se encontraban con el mandatario con licencia al momento del presunto traslado”.

El operativo observado sobre el Palacio de Gobierno correspondía, según el documento, a un esquema de “vigilancia estratégica y disuasión aérea permanente”, y no a un patrullaje convencional. “La fuente añadió que la vigilancia referida en la publicación anterior correspondería a inteligencia de Estados Unidos y vinculó ese seguimiento con un posible escenario de captura y traslado”, añadió.

Por su parte, la gobernadora interina del estado, Yeraldine Bonilla Valverde, negó que Rocha Moya se encuentre en el Palacio de Gobierno y sostuvo que está en su casa.

Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos activos y retirados fueron señalados de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en una acusación formal que se hizo pública en Nueva York, en la cual se afirma que colaboraron en el envío masivo de estupefacientes ilícitos a Estados Unidos.

Las autoridades afirmaron que los acusados han desempeñado un papel fundamental a la hora de ayudar al Cártel de Sinaloa a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos.

Rocha Mora sigue en México y trascendió que se negocia su extradición en los siguientes días.

De las anécdotas que se cuentan

Lo último.

El gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, se encuentra resguardado en uno de sus domicilios particulares en el estado de Sinaloa.

La afirmación fue confirmada por la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, luego de que Rocha solicitara licencia temporal a su cargo.

El ex gobernador aún enfrenta una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y acusaciones de Estados Unidos por su supuesta vinculación con el tráfico de drogas y acuerdos con el Cártel de Sinaloa.

Mientras no aparezca públicamente seguirá la pregunta ¿dónde está Rubén Rocha Moya?

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*ARD

La presidenta Claudia Sheinbaum optó por no pronunciarse de manera directa sobre la entrega de exfuncionarios de Rubén Rocha Moya a autoridades de Estados Unidos, en un caso que ha generado creciente controversia política y cuestionamientos sobre posibles vínculos con el narcotráfico.

Durante un encuentro con medios, la mandataria fue cuestionada sobre la situación de excolaboradores del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quienes decidieron entregarse a autoridades estadounidenses en medio de investigaciones por presuntos nexos con el crimen organizado.

Sheinbaum evita profundizar en el caso

Ante las preguntas de la prensa, Claudia Sheinbaum evitó ofrecer detalles o una postura clara sobre la investigación en Estados Unidos, limitándose a continuar con su agenda pública.

Más tarde, en un acto oficial, reiteró que cualquier señalamiento debe estar sustentado en pruebas sólidas, al tiempo que subrayó que su gobierno no encubrirá a nadie involucrado en actividades ilícitas.

El tema ha tomado relevancia nacional debido a que involucra a exfuncionarios de alto nivel dentro del gobierno de Sinaloa y podría tener implicaciones en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Exfuncionarios bajo la lupa de EU

Entre los implicados se encuentran Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, ambos cercanos a Rocha Moya.

De acuerdo con versiones difundidas, los exfuncionarios enfrentan investigaciones por presuntas operaciones ligadas al narcotráfico, así como posibles vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Su decisión de entregarse a autoridades de Estados Unidos ha intensificado la atención mediática y política sobre el caso.

Investigaciones y presión política

El caso se da en medio de una serie de investigaciones internacionales contra funcionarios mexicanos por supuestos vínculos con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.

Estas indagatorias han generado presión política sobre actores de Morena, particularmente en Sinaloa, donde el gobierno de Rocha Moya ha sido objeto de críticas.

Además, el tema ha provocado debate sobre la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

Tensión bilateral y exigencia de pruebas

El gobierno federal ha insistido en que cualquier acusación debe sustentarse en evidencia legal, y ha cuestionado que autoridades estadounidenses hagan públicos algunos señalamientos sin compartir información completa con México.

En este contexto, la administración de Claudia Sheinbaum ha reiterado su postura de defender la soberanía nacional, al tiempo que mantiene disposición para colaborar en investigaciones conjuntas.

Un caso con impacto nacional

La entrega de exfuncionarios de Sinaloa podría convertirse en uno de los temas más relevantes del año en materia de justicia y política, debido a sus implicaciones tanto internas como internacionales.

Mientras avanzan las investigaciones, el nombre de Rubén Rocha Moya permanece en el centro del debate público, con cuestionamientos sobre su entorno político y la actuación de sus excolaboradores.

El desarrollo de este caso podría marcar un precedente en la relación entre autoridades mexicanas y estadounidenses en el combate al narcotráfico y la rendición de cuentas de funcionarios públicos.

*BC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro con gobernadores de Morena en Palacio Nacional en un momento de creciente presión política para el partido oficialista, derivada del caso de Rubén Rocha Moya y de las advertencias emitidas por autoridades de Estados Unidos.

La reunión ocurre mientras continúan las versiones sobre posibles investigaciones adicionales contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con redes del narcotráfico, situación que ha generado preocupación dentro del movimiento morenista.

Aunque oficialmente el encuentro estuvo relacionado con temas de salud y programas federales, el contexto político convirtió la reunión en una señal de respaldo interno hacia la presidenta y hacia el gobierno federal.

Caso Rubén Rocha Moya aumenta presión sobre el gobierno federal

La situación política alrededor de Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, se ha convertido en uno de los temas más delicados para la administración de Claudia Sheinbaum.

Autoridades estadounidenses han señalado posibles nexos entre actores políticos y grupos criminales relacionados con el Cártel de Sinaloa, lo que provocó tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos.

El gobierno mexicano ha respondido exigiendo pruebas formales antes de aceptar cualquier acusación o avanzar en procedimientos judiciales.

Gobernadores respaldan postura de Sheinbaum

Durante las últimas semanas, distintos gobernadores y líderes de Morena han respaldado públicamente la postura de la presidenta, insistiendo en que el gobierno debe actuar bajo criterios legales y no mediante presiones políticas externas.

La reunión también fue vista como un intento de proyectar estabilidad y unidad dentro de Morena, especialmente ante la posibilidad de que las investigaciones estadounidenses puedan involucrar a más funcionarios mexicanos.

La dirigencia del partido ha insistido en que la soberanía nacional debe prevalecer frente a cualquier señalamiento internacional que no esté acompañado por pruebas contundentes.

Estados Unidos advierte sobre más posibles denunciados

Uno de los factores que intensificó la crisis política fue la advertencia de autoridades estadounidenses respecto a que podrían surgir más personas denunciadas dentro de las investigaciones relacionadas con narcotráfico y corrupción política.

Diversos reportes señalan que las indagatorias podrían extenderse hacia otros funcionarios vinculados con el estado de Sinaloa y con estructuras de seguridad locales.

Estas versiones han elevado la tensión política en México y han colocado a Morena bajo un fuerte escrutinio nacional e internacional.

Sheinbaum insiste en exigir pruebas a Estados Unidos

Frente al escenario político, Claudia Sheinbaum ha reiterado que México no actuará únicamente con base en declaraciones o acusaciones mediáticas.

La mandataria sostuvo que cualquier investigación debe sustentarse con pruebas legales y bajo respeto al debido proceso, además de defender la soberanía mexicana frente a presiones externas.

La postura presidencial también busca evitar que el caso genere una crisis institucional más profunda dentro del gobierno federal y Morena.

Morena enfrenta uno de sus momentos más complejos

La crisis derivada del caso Rocha Moya ocurre en un momento clave para Morena, rumbo a futuros procesos electorales y en medio de debates internos sobre seguridad, gobernabilidad y relación con Estados Unidos.

Analistas consideran que las acusaciones y advertencias provenientes de EU podrían impactar la percepción pública del partido oficialista, especialmente en temas relacionados con combate al crimen organizado.

Mientras tanto, el gobierno federal mantiene una estrategia de respaldo político interno y defensa institucional ante la presión internacional.

*BC

La violencia y tensión política en Sinaloa escaló nuevamente luego de que sujetos armados dispararan contra una vivienda presuntamente propiedad del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya en la ciudad de Culiacán.

El ataque ocurre en un contexto marcado por investigaciones internacionales, señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico y cuestionamientos políticos derivados de la licencia temporal otorgada al mandatario estatal.

Aunque las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, el incidente incrementa la percepción de inestabilidad política y seguridad en una de las entidades más sensibles del país.

El ataque armado en Culiacán

De acuerdo con reportes locales, el ataque ocurrió alrededor de las 10:12 horas del 9 de mayo en una propiedad ubicada en el cruce de Lago de Cuitzeo y bulevar Sinaloa, en la colonia Las Quintas de Culiacán.

La Secretaría de Seguridad estatal confirmó que el inmueble está relacionado con Rubén Rocha Moya, aunque precisó que la vivienda permanece deshabitada desde hace más de diez años.

Tras las detonaciones, elementos de:

• Fiscalía General del Estado de Sinaloa
• Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa

acudieron al lugar para realizar peritajes y recabar evidencia balística.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del ataque.

Una semana después de la licencia al cargo

El atentado ocurre apenas una semana después de que el Congreso de Sinaloa aprobara la solicitud de licencia de Rocha Moya para separarse temporalmente del cargo mientras avanzan las investigaciones en su contra.

La designación de Yeraldine Bonilla como sustituta generó críticas y cuestionamientos por parte de sectores de oposición y ciudadanía, debido a su cercanía política con el grupo del mandatario con licencia.

Diversos legisladores opositores expresaron preocupación ante la posibilidad de que la licencia pudiera facilitar una eventual salida del país del gobernador mientras continúan las investigaciones internacionales.

¿Dónde se encuentra Rubén Rocha Moya?

El tema sobre el paradero del mandatario ha generado creciente interés político y mediático.

El pasado 4 de mayo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró que, hasta donde tenía conocimiento, Rocha Moya permanecía en Sinaloa.

Las declaraciones buscaron responder a versiones y especulaciones sobre una posible salida del estado o del país derivada de las investigaciones abiertas en Estados Unidos.

Las acusaciones desde Estados Unidos

El caso ha adquirido dimensión internacional luego de que autoridades estadounidenses señalaran presuntos vínculos entre Rubén Rocha Moya y el Cártel de Sinaloa.

Entre las acusaciones difundidas se encuentran presuntos actos relacionados con:

• Recepción de sobornos.
• Apoyo político para obtener la gubernatura.
• Conspiración para importar narcóticos.
• Presunta posesión de armamento de uso restringido y explosivos.

Hasta ahora no se han presentado resoluciones judiciales definitivas sobre estos señalamientos, mientras las investigaciones continúan avanzando en territorio estadounidense.

Reacción pública y contexto nacional

El caso se ha convertido en uno de los temas políticos más relevantes del país debido a sus implicaciones judiciales, diplomáticas y de seguridad.

Analistas consideran que la combinación de investigaciones internacionales, violencia armada y disputas políticas podría profundizar la presión sobre el gobierno estatal y federal en las próximas semanas.

Al mismo tiempo, organizaciones civiles y actores políticos exigen mayor transparencia sobre el avance de las investigaciones y las condiciones de gobernabilidad en Sinaloa.

El ataque armado contra una vivienda presuntamente vinculada a Rubén Rocha Moya se suma a un escenario complejo marcado por investigaciones internacionales, tensión política y crisis de seguridad en Sinaloa.

Aunque no se reportaron víctimas, el incidente incrementa la presión sobre las autoridades estatales y federales en medio de señalamientos que ya trascendieron al ámbito internacional.

Mientras continúan las indagatorias tanto en México como en Estados Unidos, el caso mantiene abierta una discusión nacional sobre seguridad, corrupción, gobernabilidad y presuntos vínculos entre estructuras políticas y organizaciones criminales.

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Una nueva línea de investigación internacional ha colocado bajo presión política y financiera al entorno cercano del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. De acuerdo con información revelada por el periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga durante una entrevista en Aristegui en Vivo, autoridades estadounidenses analizan una red de empresas presuntamente relacionadas con funcionarios estatales y familiares del mandatario.

La investigación se centra en movimientos financieros, adjudicaciones de contratos públicos y posibles esquemas de subcontratación que habrían generado transferencias millonarias entre compañías vinculadas a exfuncionarios y familiares del gobernador.

El origen de la investigación

Según la información presentada por Arteaga, agencias de inteligencia y autoridades judiciales de Estados Unidos analizan documentación financiera relacionada con operaciones realizadas entre 2021 y 2023.

El caso incluye señalamientos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntos vínculos con actividades relacionadas con narcotráfico, asociación delictuosa y posibles operaciones de lavado de dinero.

Las denuncias fueron presentadas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, uno de los tribunales federales más relevantes en investigaciones de crimen financiero y delincuencia organizada transnacional.

El papel de Enrique Díaz Vega

Uno de los principales nombres dentro de la investigación es Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.

De acuerdo con el reportaje, Díaz Vega es propietario de la empresa Housesin Desarrollos SA de CV, compañía que habría mantenido vínculos comerciales desde aproximadamente 2010 con Constructora Chocosa, empresa propiedad de hijos de Rocha Moya.

La relación empresarial habría consistido principalmente en trabajos de pavimentación y desarrollo de infraestructura para proyectos inmobiliarios.

Sin embargo, el foco de las autoridades estadounidenses se concentra en el periodo posterior al 1 de noviembre de 2021, fecha en que Díaz Vega asumió funciones dentro del gobierno estatal.

Arteaga señala que, durante su gestión, presuntamente se otorgaron contratos públicos a empresas vinculadas al propio funcionario, generando posibles conflictos de interés y mecanismos de retorno de recursos.

La ruta de los 240 millones de pesos

Uno de los elementos más relevantes del expediente es una presunta ruta financiera estimada en 240 millones de pesos.

Según la investigación periodística, dichos recursos habrían fluido entre Housesin Desarrollos y empresas relacionadas con los hijos del gobernador entre 2021 y 2023.

Las autoridades estadounidenses investigan si estas operaciones podrían constituir:

• Esquemas de subcontratación simulada.
• Transferencias de retorno de recursos.
• Conflictos de interés en asignación de obra pública.
• Posibles mecanismos de lavado de dinero.

El seguimiento financiero forma parte de las líneas de investigación abiertas por agencias estadounidenses especializadas en seguridad nacional y crimen organizado.

Empresas bajo investigación

Además de Housesin Desarrollos y Constructora Chocosa, el periodista mencionó otras compañías que actualmente se encuentran bajo escrutinio.

Entre ellas destacan:

JRM Transportación

La empresa estaría siendo investigada por presuntos vínculos con el traslado ilegal de combustible.

Constructora Remco

La firma habría recibido contratos y recursos durante la actual administración estatal y forma parte de las empresas bajo revisión financiera.

Majolva

También señalada dentro de las indagatorias por presuntas conexiones empresariales y financieras con personas cercanas al entorno político sinaloense.

Posibles vínculos políticos

La investigación también se extiende hacia actores políticos relacionados con las empresas señaladas.

Arteaga mencionó a Jesús Antonio Cázares López, familiar del senador Enrique Inzunza, quien aparece como representante legal tanto de Constructora Remco como de Majolva.

Este elemento amplía el alcance político de las investigaciones y podría abrir nuevas líneas de revisión sobre relaciones empresariales y contratación pública.

La dimensión internacional del caso

Uno de los aspectos más delicados del caso es el marco legal bajo el cual se desarrolla la investigación.

De acuerdo con el periodista, las autoridades estadounidenses aplican criterios vinculados con seguridad nacional y combate al terrorismo financiero.

Bajo esta legislación, cualquier persona física o moral que haya mantenido relaciones comerciales con individuos investigados podría convertirse en objeto de análisis por parte de las autoridades.

Esto implica que empresarios, proveedores, contratistas y operadores financieros relacionados con los acusados podrían enfrentar investigaciones por:

• Conspiración.
• Lavado de dinero.
• Asociación delictuosa.
• Encubrimiento financiero.

Las revelaciones sobre presuntas transferencias millonarias, contratos públicos y redes empresariales vinculadas al entorno del gobernador con licencia de Sinaloa abren un nuevo capítulo de tensión política y judicial entre México y Estados Unidos.

Aunque las investigaciones continúan en curso y hasta el momento no existen resoluciones judiciales definitivas sobre los señalamientos, el caso ya ha escalado a un nivel internacional que involucra agencias de inteligencia, tribunales federales estadounidenses y posibles delitos financieros transnacionales.

El seguimiento de las conexiones empresariales y financieras podría derivar en nuevas acciones legales durante las próximas semanas, ampliando el alcance de una investigación que ya comienza a impactar el escenario político y económico de Sinaloa.

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