Ley Censura

Puebla, Pue.- La nueva regulación sobre derechos de las audiencias no busca prohibir opiniones ni cerrar estaciones de radio y televisión por emitir críticas al Gobierno, afirmó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, durante la segunda emisión de Derecho de Réplica, transmitida por el SICOM.

El funcionario sostuvo que la normativa establece mecanismos para que los usuarios reciban información veraz, oportuna y objetiva, además de contar con herramientas para reclamar cuando consideren que algún contenido vulneró sus derechos.

¿Qué es el derecho de réplica?

García Parra explicó que el derecho de réplica permite a personas físicas o morales aclarar o corregir información falsa, inexacta o que pueda generarles algún perjuicio.

Por su parte, los derechos de las audiencias establecen garantías frente a los concesionarios de radio y televisión. Ambos conceptos tienen fundamento en el artículo sexto constitucional y antecedentes en la legislación federal de telecomunicaciones.

Entre las garantías se contempla conocer los códigos de ética de las estaciones, acceder a contenidos respetuosos de los derechos humanos y contar con una persona defensora de las audiencias para presentar inconformidades.

Regulación no contempla censura de opiniones

Ante las críticas que califican la legislación como una “Ley Censura”, García Parra negó que exista una disposición para cerrar medios por opiniones contrarias al Gobierno.

Precisó que las sanciones se relacionan con tres supuestos: incumplir el código de ética, no informar quién es el defensor de las audiencias y no atender las quejas de los usuarios.

También aclaró que los lineamientos no aplicarán a redes sociales ni prensa escrita, sino a radio y televisión.

La regulación tampoco impedirá las opiniones de conductores o comentaristas. El objetivo será distinguir entre información comprobada y opiniones para evitar que datos falsos se presenten como hechos.

Consulta pública seguirá abierta

El coordinador señaló que la legislación promovida en 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum contempla recuperar y fortalecer los derechos de las audiencias.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones deberá emitir los lineamientos en un plazo de un año. Además, existe una consulta pública abierta hasta el 21 de agosto a las 23:59 horas.

Periodistas, medios, especialistas y ciudadanos pueden revisar la propuesta y participar con comentarios.

SICOM fortalecerá atención a las audiencias

García Parra destacó que el SICOM atraviesa una transformación como organismo público descentralizado y busca ampliar su cobertura y atención directa mediante oficinas regionales.

Actualmente, aseguró, se encuentra entre los diez medios más vistos y escuchados. La siguiente etapa contempla designar a su defensor de las audiencias, contribuir a la elaboración de los lineamientos federales y difundir la consulta pública.

*ARD

El pasado 14 de enero, un juez federal concedió un amparo y declaró inconstitucional el delito de ciberasedio que establece el Código Penal de Puebla, con lo que se frena la llamada "Ley Censura" impulsada por el actual gobierno del estado,

De acuerdo con la sentencia, la redacción es vaga y ambigua, lo que inhibe la libertad de expresión, fomenta la autocensura y permite castigar discurso protegido, incluida la crítica a funcionarios públicos en redes sociales.

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Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Pavel Gaspar, minimizó el amparo que concedió un juez federal en contra de la Ley de Cibersasedio al señalar que sólo aplica para un caso.

El diputado por Morena explicó que la Ley de Cibersasedio sólo tiene un objetivo, defender a los menores de edad y mujeres del acoso cibernético. El amparo lo solicitó Ricardo Gali junto con el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, institución que consideró que dicha norma atenta contra los derechos de los poblanos.

El ciudadano explicó que el juez federal concedió el amparo porque consideró que la Ley de Ciberasedio obliga a la autocensura, inhibe la deliberación pública y genera y funciona como un mecanismo de censura.

La organización Propuesta Cívica señaló que la sentencia emitida por el juez federal reafirmó que las normas penales deben ser claras, precisas y accesibles, además de apegarse al respeto de los derechos fundamentales, constitucionales e internacionales.

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La secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, Josefina Morales, informó que el gobierno de Puebla no ha registrado avances en la recuperación de los 604 millones de pesos entregados al Accendo Banco durante la gestión de Luis Miguel Barbosa.

La funcionaria expuso esta situación durante su comparecencia ante diputados locales.  Morales Guerrero explicó que el proceso legal enfrenta limitaciones importantes, debido a que existen más de 400 acreedores con derechos equivalentes a los del Gobierno del Estado.

La recuperación de los recursos permanece detenida, pese a los procedimientos administrativos y judiciales iniciados tras la quiebra de la institución financiera.

El 30 de septiembre el Tribunal de Justicia Administrativa emitió dos sentencias contra servidores públicos vinculados con los hechos relacionados al caso Accendo Banco, que incluyen inhabilitaciones y sanciones públicas resarcitorias.

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La secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús, afirmó que su integridad corre peligro por no permitir la autorización de depósitos vehiculares o corralones en la entidad a personas que se dedican a actividades ilícitas.

En el tema de los corralones, explicó que en la página de su dependencia se especifican cuáles son los que sí están autorizados. Mencionó que, por dicho reordenamiento y regularización de los mismos, hay personas non gratas que se dedican a actividades ilícitas que están enojadas con ella, lo cual reconoció la pone en peligro.

Explicó que, como parte de este reordenamiento de corralones y grúas, Movilidad atendió 248 quejas ciudadanas y evitaron cobros injustos por un monto de 5 millones de pesos.

En temas de transporte irregular o pirata comentó que en los operativos 195 unidades fueron puestas a disposición de la Fiscalía por ataque a las vías generales de comunicación.

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La planta Volkswagen no permitió a sus trabajadores del tercer turno evacuar las naves a pesar de la alerta sísmica. La empresa y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen no siguieron los protocolos ante una alerta y sismo.

Ello, porque no se les permitió salir como en el caso de la Nave 102 y continuaron trabajando de manera normal, con el riesgo de un sismo.

En los casos en los que se permitió la evacuación, como en la Nave 4, no se siguieron los protocolos, porque, así como terminó de salir el personal, nuevamente les indicaron que tenían que volver a meterse a trabajar.

Durante la madrugada del viernes, alrededor de las 00:42 horas, en el estado de Puebla se activó la alerta sísmica que tomó por sorpresa a muchas familias, aunque se indicó que no fue perceptible. El Sismológico Nacional informó que se trató de un sismo magnitud 5.0 al suroeste de San Marcos, Guerrero.

*ARD
 

Puebla, Pue. El presidente del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, señaló que esperará el dictamen del área jurídica del Poder Legislativo antes de definir si se promoverá una reforma al artículo 480 de la llamada “Ley Censura”, luego de que fuera declarado inconstitucional por segunda ocasión.

El legislador explicó que el pasado 15 de enero se notificó al Congreso que un juez federal del Sexto Circuito concedió el amparo 828/2025, fechado el 14 de enero, en el que se invalida dicho artículo, lo que derivó en la apertura de un análisis jurídico interno sobre sus implicaciones legales.

Gaspar Ramírez subrayó que el objetivo es contar con un dictamen sólido, que permita tomar decisiones con certeza jurídica, evitando interpretaciones apresuradas y garantizando derechos tanto a la ciudadanía como a los propios legisladores.

No existe aún criterio de la Suprema Corte

Precisó que la resolución proviene de un juez de distrito y no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que el Congreso mantendrá su postura institucional hasta que exista un fallo definitivo del máximo tribunal del país.

“El Congreso del Estado está siendo respetuoso de los procesos legales. Vamos a esperar el análisis jurídico para definir si se requiere una reforma al artículo 480. Nuestra intención es proteger a niñas, niños y adolescentes, sin vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión”, afirmó.

Artículo genera debate público

El líder del Poder Legislativo reconoció que el tema ha generado un amplio debate público por posibles afectaciones a la libertad de expresión, por lo que reiteró que cualquier modificación se realizará con responsabilidad, transparencia y diálogo con especialistas y la sociedad civil.

Finalmente, aceptó que como diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) votó en su momento a favor de la iniciativa, al considerar que buscaba proteger a menores de edad, pero aclaró que nunca fue con la intención de limitar la libre expresión.

*BC