Congreso del Estado

Puebla, Pue. En un ejercicio de diálogo para informar, reflexionar y construir de manera conjunta una propuesta legislativa que fortalezca la protección de las víctimas y la prevención de las violencias, en el Congreso del Estado se llevó a cabo el Foro “Hablemos de Acecho”.

Al dar la bienvenida al encuentro, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, destacó la importancia de mantener acciones permanentes para la prevención, sanción y erradicación de todos los tipos de violencia.

Por ello, indicó que este espacio e intercambio de ideas abona a la construcción de marcos jurídicos que fortalezcan el acceso a la justicia y la protección de las mujeres; además, refuerzan la coordinación del Poder Legislativo con organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general en el análisis de diversas propuestas.

De la misma forma, la diputada Xel Arianna Hernández García destacó la participación de diferentes instancias en este foro y detalló que, previamente, se abrió una convocatoria para recibir las propuestas y aportaciones que permitan construir la iniciativa para tipificar el acecho.

“Nuestra responsabilidad será convertir esta escucha en trabajo legislativo para todas las poblanas”, destacó al mencionar que, a partir del foro y del análisis de las propuestas recibidas por la ciudadanía, se elaborará la propuesta.

Como parte del foro, se presentaron las académicas Magally Escamilla Rodríguez y Berenice de Jesús Díaz Carcaño para hablar sobre el delito de acecho en México desde la perspectiva de los derechos humanos.

Asimismo, Valeria Macías, promotora de la Ley Valeria, compartió su historia y el camino que siguió para la tipificación del acecho. También participó Diana Murrieta, presidenta y fundadora de la Asociación Civil “Nosotras para ellas”. Posteriormente se realizó un conversatorio con asistentes al foro.

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Puebla, Pue. Integrantes de la Bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado de Puebla admitieron que la Reforma Electoral podría generar inconformidad entre sus partidos políticos aliados, debido a que contempla una reducción en el financiamiento público destinado a partidos y procesos electorales.

La disminución impactaría directamente en los recursos para campañas, así como en la organización electoral en Puebla, escenario que ha comenzado a generar reacciones entre distintas fuerzas políticas.

El coordinador de la bancada, Pável Gaspar, aseguró que el Congreso local se mantendrá atento para armonizar la legislación estatal conforme a los lineamientos nacionales en cuanto sea necesario.

Reducir gasto y fortalecer perfiles ciudadanos

El legislador destacó que uno de los objetivos centrales de la Reforma Electoral es disminuir en alrededor de 25 por ciento el gasto público destinado a elecciones, partidos políticos y órganos electorales.

Asimismo, subrayó que los partidos políticos deberán ser más rigurosos en la selección de perfiles de candidatos, a fin de evitar que personas con antecedentes delictivos lleguen a ocupar cargos públicos. En ese sentido, enfatizó que rumbo a los comicios de 2027, la política debe ser “un ejemplo, no un refugio de delincuentes”.

Morena respalda lineamientos nacionales

Por separado, el presidente del Consejo Estatal de Morena en Puebla, Andrés Villegas, reconoció que fuerzas aliadas como Fuerza por México (FxM), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza (PANAL) podrían manifestar posturas críticas ante la reforma.

No obstante, sostuvo que los ajustes buscan fortalecer mecanismos de participación ciudadana como los plebiscitos y la revocación de mandato, ampliando las herramientas democráticas a nivel local y estatal.

Finalmente, Villegas Mendoza reiteró que en Puebla se mantiene la línea política impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, basada en asumir responsabilidades “por el encargo, no por el cargo”, y confirmó su respaldo a la Reforma Electoral.

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Puebla, Pue. El despojo agravado en Puebla será castigado con penas de seis a 15 años de prisión y multas que superan los 351 mil pesos, informó el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, al precisar que la iniciativa ya fue turnada al Congreso del Estado de Puebla.

Detalló que se ampliarán los supuestos agravados cuando el delito afecte a personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños, o comunidades indígenas, así como en casos donde participen servidores públicos, se usen documentos falsos, se simulen actos de autoridad o intervengan notarios públicos de forma dolosa.

Multas elevadas y agravantes por lucro

García Parra explicó que el despojo agravado será sancionado con seis a 12 años de cárcel y multas de 100 a mil 500 UMAS, equivalentes a cerca de 175 mil pesos. En tanto, quienes organicen, financien o dirijan estos delitos podrían enfrentar hasta 15 años de prisión y multas de hasta 3 mil UMAS, es decir, alrededor de 351 mil pesos.

Además, se prevé una agravante adicional cuando exista finalidad lucrativa, como en casos de comercialización irregular de tierras, lo que permitirá incrementar las penas hasta en una tercera parte.

El funcionario recordó que la iniciativa enviada por el gobierno estatal busca modificar el Código Penal del estado de Puebla para frenar el despojo inmobiliario, una problemática que ha ido en aumento en la entidad.

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Puebla, Pue. El titular de la Secretaría de Gobernación Municipal de Puebla, Franco Rodríguez Álvarez, reconoció que era una tarea compleja que la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan se convierta en el municipio número 218, y no depende directamente del Ayuntamiento, ya que debe cumplir con los requisitos de población y territorio.

"La realidad es que es un tema muy complejo, no es la primera vez que alguna Junta Auxiliar pretende convertirse en municipio. De hecho, se tuvo el caso, por ejemplo, de que en Ciudad de México las propias alcaldías no pudieron convertirse en municipios; terminaron siendo alcaldías. No está en cancha del municipio como tal, sino en cancha del Congreso del Estado; lo mencionamos desde el día 1 de ello", refirió.

Requisitos y participación de instancias federales y estatales

Según el funcionario municipal, para realizar la transición de junta auxiliar a municipio, existen varias implicaciones, como la dimensión del lugar, la cantidad de habitantes y la necesidad de la gente; por ello tendría que intervenir el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al igual que instancias federales y estatales.

"Tiene que juntar una masa crítica importante, tiene que intervenir el INEGI, tiene que intervenir; es un tema de pacto nacional también por el tema de recaudación, de dónde van a salir los recursos. La realidad es que es un tema sumamente complejo. No hemos estado nosotros negados a que si cumplen con él están en su derecho de hacerlo, pero no depende del municipio. Depende primero de que cumplan con el primer paso que el Congreso les ha puesto, que es la cantidad de población que ellos pretenden, y posteriormente tiene que haber una infinidad de reuniones", mencionó.

Proyecto descartado para 2026

Recientemente, el titular de la Secretaría de Gobernación Estatal, Samuel Aguilar Pala, informó que en este 2026 ya quedó descartado el proyecto para la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, dado que los requisitos son complejos de cumplir.

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Puebla, Pue. La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Pozos Vergara, anunció la presentación de una contrapropuesta de iniciativa para proteger el derecho a la denuncia por desaparición de personas, incluso cuando existan errores razonables o información incompleta en los datos iniciales.

La legisladora advirtió que criminalizar a quienes buscan ayuda genera miedo y silencio en las familias, como ocurre con la propuesta de la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Nay Salvatori, que plantea imponer de uno a tres años de prisión a quienes finjan su desaparición.

Reforma al Código Penal busca proteger la buena fe

Delfina Pozos Vergara señaló que denunciar una desaparición no debe implicar riesgos legales, por lo que enviará su iniciativa al Congreso del Estado de Puebla este jueves para salvaguardar a quienes actúan de buena fe.

La propuesta plantea modificar el artículo 254 del Código Penal del Estado de Puebla, para que no se configure el delito de falsedad cuando exista confusión de hechos, percepción objetiva de riesgo o información incompleta, siempre que no haya intención dolosa.

Prohibir intimidaciones contra familiares

El documento establece que las autoridades no podrán imponer sanciones, iniciar investigaciones automáticas ni realizar interrogatorios intimidatorios contra familiares o denunciantes solo porque la persona reportada aparezca después.

Pozos Vergara subrayó que “castigar el error solo inhibe la denuncia y retrasa la búsqueda de personas desaparecidas”, y que su iniciativa distingue entre la denuncia legítima y la simulación dolosa, que sí debe ser sancionada conforme a la ley.

Nay Salvatori mantiene propuesta de sanciones

Por su parte, la diputada Nay Salvatori explicó que su iniciativa busca reforzar el castigo a las desapariciones falsas, incluyendo cursos obligatorios de perspectiva de género y salud mental para quienes incurran en esta conducta.

Aseguró que su propuesta no pretende criminalizar las denuncias ciudadanas, y confirmó que continuará impulsándola en foros públicos con especialistas y colectivos como Madres Buscadoras.

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Puebla, Pue. El presidente del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, señaló que esperará el dictamen del área jurídica del Poder Legislativo antes de definir si se promoverá una reforma al artículo 480 de la llamada “Ley Censura”, luego de que fuera declarado inconstitucional por segunda ocasión.

El legislador explicó que el pasado 15 de enero se notificó al Congreso que un juez federal del Sexto Circuito concedió el amparo 828/2025, fechado el 14 de enero, en el que se invalida dicho artículo, lo que derivó en la apertura de un análisis jurídico interno sobre sus implicaciones legales.

Gaspar Ramírez subrayó que el objetivo es contar con un dictamen sólido, que permita tomar decisiones con certeza jurídica, evitando interpretaciones apresuradas y garantizando derechos tanto a la ciudadanía como a los propios legisladores.

No existe aún criterio de la Suprema Corte

Precisó que la resolución proviene de un juez de distrito y no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que el Congreso mantendrá su postura institucional hasta que exista un fallo definitivo del máximo tribunal del país.

“El Congreso del Estado está siendo respetuoso de los procesos legales. Vamos a esperar el análisis jurídico para definir si se requiere una reforma al artículo 480. Nuestra intención es proteger a niñas, niños y adolescentes, sin vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión”, afirmó.

Artículo genera debate público

El líder del Poder Legislativo reconoció que el tema ha generado un amplio debate público por posibles afectaciones a la libertad de expresión, por lo que reiteró que cualquier modificación se realizará con responsabilidad, transparencia y diálogo con especialistas y la sociedad civil.

Finalmente, aceptó que como diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) votó en su momento a favor de la iniciativa, al considerar que buscaba proteger a menores de edad, pero aclaró que nunca fue con la intención de limitar la libre expresión.

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