La reforma electoral de Morena, que no consiguió la mayoría calificada para aplicarse en las elecciones de 2027 y que pretendía modificar la integración de la Cámara de Diputados, a través de los representantes plurinominales, y una reducción drástica de los presupuestos electorales, presentaba detalles en el dictamen que no fueron presentados en el proyecto original.
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el Plan B electoral mantendrá la misma esencia de la reforma electoral rechazada: reducir gastos dentro del sistema electoral y redirigir recursos públicos hacia programas sociales, infraestructura y servicios básicos.
Además, planteó fortalecer mecanismos de democracia participativa para que la ciudadanía tenga mayor incidencia en las decisiones públicas y en la elección de representantes.
Después de revisar el Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas sobre la reforma electoral, se identifican las siguientes diferencias y ajustes realizados por las comisiones respecto a la iniciativa original presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, algo incluso por lo que fue rechazado:
1. Adiciones en materia de Participación Ciudadana
El Dictamen de la comisión incluye una disposición (sin correlativo en la iniciativa original) que establece que los representantes de los tres órdenes de gobierno, bajo principios de imparcialidad y neutralidad, pueden promover la participación en mecanismos de democracia directa, siempre que no influyan en los resultados.
2. Refinamiento en la Elección de Diputaciones (Art. 54)
Aunque las comisiones concuerdan con el modelo de 200 diputaciones de representación proporcional propuesto por el Ejecutivo, el dictamen precisa y detalla el mecanismo de alternancia para la asignación:
* Ajuste de alternancia: Se especifica que la asignación será alternada entre las 100 personas que obtuvieron los mejores porcentajes de votación distrital sin ganar (inciso a) y las 100 elegidas por votación directa en circunscripciones regionales (inciso b).
* Voto en el extranjero: El dictamen enfatiza que en las listas regionales (inciso b) se integrarán las diputaciones electas por mexicanos residentes en el extranjero.
3. Institucionalización de Acciones Afirmativas
El dictamen fortalece la propuesta del Ejecutivo al plantear el tránsito de una "justicia por sentencia" a una "justicia por ley". Las comisiones proponen elevar las acciones afirmativas a rango constitucional (Artículo 41) para que dejen de depender de resoluciones judiciales coyunturales y se conviertan en derechos permanentes.
4. Régimen Transitorio y Ajustes Operativos
El dictamen añade disposiciones transitorias específicas que no figuraban en el planteamiento inicial o que fueron detalladas por la comisión:
* Padrón Electoral Permanente: Se establece un plazo (15 de mayo de 2026) para que el Congreso legisle sobre el carácter permanente del Padrón Electoral y Lista Nominal para residentes en el extranjero.
* Adecuaciones de Hacienda: Se incluyó un transitorio para que la Secretaría de Hacienda adecue las reglas generales de supervisión a más tardar el 1 de agosto de 2026.
* Tope Salarial: Se especifica que las remuneraciones en órganos electorales deben ajustarse al tope de la Presidencia de la República a partir del ejercicio fiscal 2027.
5. Incorporación de Resultados de Foros
El dictamen incorpora conclusiones de foros de consulta que no estaban en la iniciativa original, tales como:
* Principio de mínima intervención: Sugerido por el TEPJF para respetar la representación de comunidades originarias.
* Sanciones penales: Se propuso incluir sanciones contra la simulación de candidaturas.
Esto es parte de lo que no fue aprobado, pero que en su momento iba a ser impugnado por los partidos de la oposición.
Al final, la reforma electoral presentada formalmente así era, una Reforma Política que cambiaría las elecciones, pero en el fondo el Sistema Mexicano en lo que sería el verdadero proyecto de la 4T, por eso lo intentarán en el corto plazo con el Plan B.
Morena quiere todo el poder.
De las anécdotas que se cuentan
La sexta edición del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa difundido el 10 de marzo en un evento virtual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) plantea un escenario preocupante para el periodismo de América: el promedio global alcanzó su nivel más bajo desde la creación del indicador con una cifra de 47,13 puntos sobre un máximo de 100.
Durante la presentación del estudio, el director ejecutivo de la SIP, Carlos Lauría, advirtió que los resultados confirman “un deterioro significativo tanto en regímenes autoritarios como en democracias consolidadas”, reflejo de una tendencia regional marcada por presiones políticas, violencia, acoso judicial y crecientes riesgos para el ejercicio del periodismo.
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de la Organización Editorial Mexica (OEM) subrayó la proliferación de discursos y prácticas de corte autoritario que buscan presentar a la prensa como “enemigo número uno” con el objetivo de evadir la rendición de cuentas y debilitar el escrutinio público.
León Hernández, coordinador académico del índice e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, presentó los resultados elaborados a partir de la evaluación de 195 expertos sobre libertad de expresión en 23 países.
Entre los hallazgos más relevantes destacan:
Liderazgo precario: República Dominicana se mantiene en el primer lugar con 82,17 puntos, siendo la única nación ubicada en la categoría “Con Libertad de Expresión”. Sin embargo, Hernández advirtió sobre la presencia de una “mordaza sigilosa”, caracterizada por el uso discrecional de la publicidad oficial y por la vulnerabilidad económica que afecta a numerosos medios de comunicación.
Caídas alarmantes: Estados Unidos registró el descenso más pronunciado del índice al perder 22,65 puntos, pasando del cuarto al undécimo lugar. El informe atribuye este retroceso a un entorno marcado por la retórica hostil hacia la prensa durante el gobierno del presidente Donald Trump, la eliminación de ciertas salvaguardas institucionales y episodios de agresiones contra periodistas durante coberturas informativas.
La franja roja: Venezuela (7,02 puntos) y Nicaragua (18,22 puntos) continúan ubicándose en la categoría “Sin Libertad de Expresión”.
En el caso venezolano, la SIP denunció la consolidación de una estructura sistemática de censura que ha derivado en el cierre de más de 400 emisoras de radio y en la detención de 25 periodistas tras los acontecimientos electorales de 2024.
La libertad de Expresión en el continente americano está en riesgo.
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*ARD
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