Los recientes homicidios del crimen organizado -que terminan con cuerpos torturados y descuartizados y los restos en bolsas en las calles de las juntas auxiliares de la capital- llevan mensajes donde acusan a las víctimas de extorsionadores. Esto es una constante de que la extorsión prevalece y a pesar de los esfuerzos oficiales aumenta.
En el segundo semestre del año pasado y en el primer mes de 2026 muchos de los casos tienen la constante de señalar que existe extorsión contra ambulantes en las calles y en mercados donde les cobran piso.
A esa constante se suman las llamadas telefónicas donde con engaños consiguen dinero de las víctimas, que actúan de buena fe.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) demandó que el delito de extorsión se convierta en una prioridad nacional Advirtió que, pese a la disminución de otros ilícitos, la extorsión crece con rapidez debido a la “ausencia de acciones contundentes” de las autoridades.
En un comunicado, el sindicato empresarial denunció que Puebla y Tlaxcala son estados con aumentos alarmantes de este delito, que durante 2025 creció en 20 de las 32 entidades, lo que confirma que se trata de un grave problema en el país.
Tlaxcala, añadió, tuvo un crecimiento de 300% en este delito y Puebla presentó un aumento del 84.4%, lo que ubica a los estados vecinos en el grupo donde aumentan más los casos, junto con Chiapas 364.3%, Ciudad de México 264.4%, Nayarit 171.4% y Yucatán 100%.
Coparmex precisó que “en casi dos tercios del país este delito creció respecto al año previo” y la extorsión se ha convertido en uno de los más persistentes y dañinos para la actividad empresarial, “al tratarse de una presión constante que afecta decisiones de inversión, eleva costos de operación y limita el crecimiento económico, particularmente en regiones donde el fenómeno se ha intensificado, como Puebla y Tlaxcala”.
El sindicato patronal señaló que entre 2015 y 2025 este ilícito aumentó 78% a nivel nacional, al pasar de 6 mil 223 a 11 mil 81 víctimas anuales, lo que confirma que no se trata de un problema coyuntural, sino de una crisis sostenida que requiere atención inmediata de las autoridades.
#DataCoparmex documentó que el 46.8% de las empresas reportó haber sido víctima de al menos un delito, y la extorsión se ubicó como el segundo ilícito con mayor número de casos. Dos de cada tres extorsiones se realizaron vía telefónica y una más estuvo “vinculada con alguna autoridad o personas con apariencia de autoridad”, lo que agrava el daño económico y afecta la confianza en las instituciones.
Coparmex exigió colocar la extorsión como prioridad nacional de política pública y, aunque reconoció la aprobación de la Ley General para combatir este delito, urgió a los gobiernos estatales, como Puebla y Tlaxcala, a crear unidades especializadas en las Fiscalías, con el fin de fortalecer el Estado de derecho, garantizar seguridad efectiva y proteger la inversión y el empleo formal.
En el país, el delito de extorsión es uno de los más persistentes y con mayor impacto social en México. Durante 2025 se reportaron 11 mil 081 víctimas, la cifra más alta en los últimos diez años, según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El Estado de México encabezó la lista nacional, con 2 mil 257 víctimas, seguido por Ciudad de México, con mil 753, y Guanajuato, con mil 457. En cuarto lugar, Nuevo León, con 991 casos. Estas cifras confirman que las entidades más afectadas no han cambiado en comparación con 2024, a pesar de la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, puesta en marcha hace siete meses.
En su participación en la conferencia matutina de Palacio Nacional del 8 de enero, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reconoció que la extorsión aumentó 2.02% respecto a 2024, mientras otros delitos como el feminicidio, secuestro y lesiones dolosas disminuyeron.
Este panorama confirma una alta concentración del delito en ciertas regiones y muestra que la estrategia gubernamental es insuficiente para frenar la tendencia.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, correspondiente al segundo semestre de 2025, reveló que el 14.1 % de los hogares reportaron que al menos uno de sus integrante fue víctima de extorsión.
Pero la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024 mostró que el 93.2 % de los delitos no se denuncian, en gran medida por la desconfianza en las autoridades o el temor a represalias. La extorsión, en particular, es uno de los delitos con menor nivel de denuncia, lo que sugiere que la cifra real de víctimas es considerablemente mayor.
Yair Mendoza, del centro de análisis México Evalúa, advirtió que la Estrategia Nacional contra la Extorsión ha fallado en priorizar la extorsión directa o presencial, que suele estar vinculada al control territorial de grupos delictivos y a amenazas armadas.
Mendoza explicó que este tipo de extorsión es más violenta y más difícil de denunciar, ya que requiere contacto directo con la autoridad, lo que muchas víctimas evitan. Por el contrario, la estrategia ha enfocado sus recursos en la extorsión telefónica, considerada más sencilla de atender desde el ámbito tecnológico.
La extorsión es un delito grave en el país y Puebla no es la excepción, todo lo que se haga será poco para frenar a la delincuencia organizada, que justifica sus crímenes acusando a sus víctimas de extorsionadores.
Hay un clamor social para frenar la incidencia de este delito.
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*ARD
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