Política

Puebla, Pue. La Comisión de Turismo del Congreso del Estado aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Turístico para que, en coordinación con los Ayuntamientos y los Concejos Municipales, y de manera específica en el municipio de Zoquiapan, fortalezcan las acciones de promoción turística, así como de difusión de la riqueza natural, la biodiversidad y las tradiciones, e impulsen esquemas de turismo inclusivo en beneficio de las personas con discapacidad, a fin de incrementar la atracción de visitantes nacionales e internacionales.

El proyecto de acuerdo fue elaborado con la propuesta legislativa de la diputada María Soledad Amieva Zamora.

Asimismo, se aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Turístico, a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales para que, de manera coordinada, implementen campañas permanentes de capacitación dirigidas a los prestadores de servicios turísticos sobre mecanismos de control y seguridad para las y los visitantes y los atractivos turísticos, así como protocolos de atención ante situaciones de riesgo, emergencias y evacuación. De igual forma, se plantea fortalecer la señalización y las medidas de advertencia en estos espacios.

Cabe señalar que el proyecto de acuerdo fue elaborado con el exhorto presentado por la diputada Kathya Sánchez Rodríguez.

Durante el análisis de este punto, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez, presidenta de la Comisión de Turismo, señaló que, si bien el artículo 115 de la Constitución establece que los municipios tienen responsabilidades en materia de la gestión integral de riesgos, es fundamental que cuenten con capacitación y coordinación con las autoridades estatales para responder oportunamente ante cualquier situación de riesgo en zonas turísticas.

En su intervención, la diputada Kathya Sánchez Rodríguez propuso incorporar al proyecto de dictamen la actualización permanente de la ubicación de los sitios con atractivos turísticos, con el propósito de fortalecer las acciones de prevención y reducir riesgos ante posibles desastres. Propuesta que fue avalada por las y los integrantes de la Comisión.

Por su parte, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta resaltó la importancia de contar con guías turísticos certificados, particularmente en rutas que representen algún nivel de riesgo; no obstante, consideró necesario tomar en cuenta las condiciones económicas para cubrir los costos de capacitación.

La diputada Floricel González Méndez destacó la necesidad de mantener una coordinación permanente entre las autoridades y reforzar las acciones de capacitación y vigilancia para garantizar condiciones de seguridad para las y los visitantes. A la sesión de la Comisión también acudió el diputado Roberto Zataráin Leal.

Puebla, Pue. La Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado, que preside el diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres a que, de manera coordinada con los Ayuntamientos y los Concejos Municipales de la entidad, refuercen las acciones de concientización, prevención y atención de la quema irregular de pastizales.

El propósito es prevenir incendios y otros siniestros que pongan en peligro el medio ambiente, la producción agrícola, la seguridad y el patrimonio.

Cabe señalar que el proyecto de dictamen fue formulado con la propuesta legislativa presentada por el diputado José Luis Figueroa Cortés.

Asimismo, las y los integrantes de la Comisión avalaron el proyecto de acuerdo para exhortar a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres a que implemente campañas de concientización orientadas a la prevención de incendios en casas habitación y dé a conocer medidas de prevención y manejo de sustancias inflamables.

En la formulación del proyecto de acuerdo se tomó en cuenta el punto de acuerdo presentado por la diputada Guadalupe Yamak Taja.

De igual manera, la Comisión de Protección Civil aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y los Concejos Municipales a que consideren incorporar, durante los procesos de actualización de sus Atlas Municipales de riesgos, acciones preventivas, mecanismos de monitoreo y seguimiento científico, así como medidas de mitigación de riesgos asociadas al fenómeno climático interanual conocido como El Niño, con el propósito de fortalecer la prevención y reducir los efectos adversos que este llegue a provocar.

El proyecto de acuerdo fue elaborado con base en la propuesta legislativa presentada por el diputado Julio Miguel Huerta Gómez.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las diputadas y los diputados Rafael Alejandro Micalco Méndez, Guadalupe Yamak Taja, Nayeli Salvatori Bojalil, Ana Laura Gómez Ramírez, Celia Bonaga Ruíz y Elpidio Díaz Escobar.

Puebla, Pue. La presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, rechazó los señalamientos de nepotismo por haber colocado a su madre, María Isabel Bárcenas Soriano, como su suplente en la fórmula electoral, y sostuvo que fue la ciudadanía la que decidió con su voto quién ocuparía esa posición.

El posicionamiento de Bárcenas se da luego de la posibilidad de que su madre pueda asumir la presidencia municipal en caso de que prospere el procedimiento de revocación de mandato que enfrenta ante el Congreso local.

“No se considera nepotismo porque el suplente es elegido por el voto de la gente y no por el dedo del presidente municipal”, sostuvo Bárcenas, al defender la legalidad de que su madre forme parte de la fórmula que llegó al Ayuntamiento.

Bárcenas sostiene que existe una diferencia entre una persona que recibe un nombramiento directamente desde una administración pública y quien llega a un cargo mediante una elección.

En ese sentido, argumentó que la suplencia forma parte de una fórmula electoral y que los ciudadanos tuvieron la posibilidad de votar por los nombres que aparecían en la boleta.

Bajo esta lógica, la presidenta municipal aseguró que no utilizó las facultades del Ayuntamiento para designar a su madre en un puesto público.

“El alcalde no contrató ni designó a su papá, mamá o familiar en un puesto de la alcaldía; fue la propia ciudadanía quien votó por ambos en la boleta electoral”, señaló.

Desde el 2025 dentro de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido del que forma parte Bárcenas, se prohibió que familiares cercanos se sucedieran inmediatamente en determinados cargos de elección popular.

Puebla, Pue. Familiares de personas desaparecidas exigieron que las investigaciones sean realizadas con diligencia, empatía y efectividad, y que no se permita que las carpetas de investigación queden detenidas durante meses o años sin avances sustanciales.

Este domingo las familias salieron a marchar del Paseo Bravo hasta el zócalo de Puebla para recordar a quienes siguen ausentes y reclamar a las autoridades avances reales en las investigaciones y acciones efectivas para localizarlos.

Cada familia llevaba fotografías de sus seres queridos, fichas de búsqueda y consignas de exigencia.

También pidieron que las autoridades agoten todas las líneas de investigación y que cada dato aportado por los familiares sea tomado en cuenta para intentar establecer el paradero de las personas desaparecidas.

El reclamo incluye además una exigencia de atención digna para las familias, quienes buscan a un ser querido, señalaron, no deberían enfrentar indiferencia institucional ni tener que convertirse ellos mismos en investigadores para conseguir avances en sus casos.

Las familias rechazaron lo que consideran prácticas de revictimización, particularmente cuando las investigaciones se enfocan en cuestionar la conducta o las decisiones de las personas desaparecidas en lugar de concentrarse en establecer qué ocurrió y dónde se encuentran.

Ante la falta de respuestas que aseguran enfrentar en algunos casos, los colectivos han asumido un papel activo en la búsqueda de sus familiares.

Las familias también participan en labores de búsqueda en campo, recorren distintas zonas y mantienen la difusión de fichas y fotografías en espacios públicos y redes sociales.

Voz de los Desaparecidos

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, integrantes de colectivos marcharon desde el Paseo Bravo hasta el zócalo de Puebla para exigir verdad, justicia y acciones reales de búsqueda. 

Durante el recorrido hicieron visibles los rostros de sus familiares, personas cuyo paradero sigue siendo desconocido.

La movilización fue encabezada por María Luisa Núñez, fundadora del Colectivo Voz de los Desaparecidos, quien recordó que hace casi ocho años las familias comenzaron a organizarse ante la falta de respuestas institucionales.

“Hoy 30 de agosto, en Puebla y en todo nuestro país, las calles resuenan con el grito por verdad y justicia de los desaparecidos en México”, afirmó.

Núñez sostuvo que alrededor de 3 mil personas permanecen desaparecidas en Puebla, cifra que, advirtió, continúa creciendo con los nuevos casos. 

Reprochó que, pese a los años de lucha, el fenómeno no ha disminuido y tampoco existen búsquedas suficientes para responder a las familias.

“Hace ocho años estábamos solos. El fenómeno de la desaparición no ha mejorado, no ha habido prevención, no han disminuido las desapariciones”, denunció.

La activista señaló que el Colectivo continúa recibiendo a nuevas familias que llegan desesperadas para encontrar a sus seres queridos, iniciando un proceso marcado por el dolor, el desgaste y la incertidumbre.

“Se hace todo lo posible”

El miércoles pasado, la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó 10 acciones del gobierno de México con el objetivo de fortalecer la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas para mejorar la calidad de la información, ampliar las capacidades institucionales, acelerar la localización e identificación de personas, y reforzar la atención y coordinación con las familias y las entidades.

Durante la presentación del Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), la titular de dicha dependencia, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que se hace todo lo que está al alcance del gobierno para la búsqueda de personas desaparecidas.

“Agradecer a familias y colectivos el tiempo que dedican a la búsqueda de sus seres queridos, el diálogo permanente con ellos es una responsabilidad para nosotros”, comentó al destacar la instalación de políticas públicas destinadas a la localización de personas.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, comentó que esta estrategia contempla: garantizar que todos los reportes en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) cuenten con datos completos, con el acompañamiento de 10 especialistas nacionales y extranjeros para el análisis técnico, científico y jurídico que permita implementar acciones. También:

Lograr que cada reporte de desaparición cuente con una carpeta de investigación

Dar a conocer los avances en la búsqueda y localización de personas con la Plataforma Única de Identidad, en la búsqueda generalizada por parte de los estados y de la búsqueda en territorio con brigadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)

Informar los avances de la ANBI

Reforzar las búsquedas en vida en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones públicas y privadas

Implementar un Plan de Identificación Humana, encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), para abatir el rezago forense

Prevenir el reclutamiento y la cooptación de jóvenes mediante plataformas digitales

Ampliar las capacidades operativas, técnicas y humanas de la CNB con personal especializado

Mantener la atención y el diálogo permanente con familias de personas desaparecidas y colectivos

Llevar la estrategia al territorio por medio de jornadas de atención a familias y coordinación en las entidades federativas

Sobre la integración del grupo de expertos nacionales y extranjeros, Medina explicó que el perfil consiste en análisis de datos, estadística, matemáticas, inteligencia artificial y programación, entre otras actividades, con el objeto de contribuir a la revisión técnica de las bases del Registro Nacional, los procesos de búsqueda y, en su caso, las adecuaciones necesarias al marco jurídico.

A partir de julio de 2025, se reportó que se han detectado 40 mil 628 coincidencias en registros de personas reportadas como desaparecidas que presentan trámites o actividades posteriores a la fecha del reporte. De este número, 6 mil 939 ya cuentan con reporte de localización.

En los últimos dos meses se concretaron 3 mil 39 localizaciones. A través de la Alerta Nacional, se ha localizado en los últimos meses a 2 mil 572 personas, la mayoría durante las primeras 48 horas posteriores al reporte. Mientras que a través de las brigadas territoriales de la Comisión Nacional de Búsqueda se han hecho mil 75 localizaciones con vida; 86% fueron ausencias voluntarias no vinculadas a algún delito.

“Nuestra responsabilidad es buscar con seriedad y sin descanso, y contribuir a que las investigaciones avancen con verdad y justicia (...) Que no quepa duda que se está haciendo todo a su alcance, modificando esquemas de trabajo, innovando estrategias, capacitando personal y usando las herramientas necesarias para encontrar a sus seres queridos. Su dolor no es indiferente para la Secretaría de Gobernación, por eso hemos transformado la forma de hacer las cosas para responder de manera eficaz y humana a esta sentida demanda".

“Tenemos claro que aún nos queda mucho por hacer en este tema, pero no hemos claudicado en nuestra obligación, por el contrario, seguimos en la búsqueda de quienes están ausentes en sus hogares”, declaró la titular de la Segob.

Con información de Alma Méndez / Aure Navarro

Puebla, Pue. Las conductas consideradas discriminatorias, como las expresadas por las diputadas Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, como Nadia de la Rosa e Hilda Salvatori, pueden alcanzar penas de hasta tres años de prisión, además de multas económicas.

De acuerdo con el artículo 357 del Código Penal, disposición que contempla sanciones para quienes vulneren derechos, igualdad o dignidad humana por motivos como edad, género, origen, condición social, discapacidad, orientación sexual, religión, ideología política, apariencia u opiniones, entre otros.

El artículo establece una pena general de uno a tres años de prisión, además de una multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a un rango de 11 mil 731 a 58 mil 655 pesos, para quien incurra en alguna de las conductas previstas por la legislación.

Entre las acciones que pueden ser sancionadas se encuentran provocar o incitar al odio o la violencia; negar a una persona un servicio o prestación a la que tenga derecho; vejar o excluir a personas o grupos, así como negar o restringir derechos laborales.

La legislación contempla además agravantes cuando el responsable es un servidor público. En estos casos, si la conducta consiste en negar, retardar o condicionar la prestación de un trámite o servicio, la pena de prisión puede incrementarse en una mitad.

Además de la sanción económica y penal, el funcionario puede enfrentar destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos por un periodo equivalente al tiempo de la pena de prisión.

Existe una sanción todavía mayor para determinados casos ocurridos durante una emergencia sanitaria. Cuando la conducta discriminatoria se comete contra personal médico, de enfermería o profesionales y auxiliares de la salud, ya sea del sector público o privado, la pena puede elevarse a entre tres y seis años de prisión, siempre que se cumplan los supuestos establecidos por la ley.

Denuncias contra diputadas

La existencia de estas sanciones cobra relevancia en el contexto de las denuncias presentadas contra las diputadas locales Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, señaladas por presuntas expresiones discriminatorias contra personas mayores de 45 años.

No obstante, la sola presentación de una denuncia no significa que las legisladoras sean responsables de un delito ni que necesariamente enfrentarán una pena de prisión.

Corresponde a la Fiscalía determinar si existen elementos para iniciar o continuar una investigación y, en su caso, serán las autoridades judiciales las que determinen si los hechos encuadran en alguno de los supuestos previstos por el Código Penal.

Aunque el marco legal contempla hasta tres años de prisión como pena general por determinadas conductas discriminatorias, cualquier eventual responsabilidad penal dependerá de la investigación, de la acreditación de los hechos y de la determinación de las autoridades competentes.

Puebla, Pue. Blanca Yassahara Cruz García, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que será eliminada una de las variables contempladas en el monitoreo de medios durante las precampañas y campañas electorales, luego de una determinación de la Sala Superior.

Cruz García explicó que el monitoreo y los procedimientos a cargo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral son mecanismos distintos. 

Señaló que, en el caso del monitoreo, la autoridad electoral recibe los resultados con fines informativos, a partir de variables previamente establecidas para determinar qué aspectos deben ser observados.

La expresidenta del IEE Puebla rechazó que la medida represente un intento de censura, al señalar que las variables de monitoreo no impiden que una persona se exprese ni prohíben que determinados contenidos sean difundidos.

“La libertad de expresión es algo que debe permanecer porque es también uno de los pilares de vivir en democracia”, sostuvo.

Refirió que este ejercicio revisa cómo se cubren las campañas y garantiza que exista una cobertura equitativa para las distintas candidaturas, sin favorecer o perjudicar a alguna de ellas.

Antes de cada proceso electoral, el Consejo General del INE debe aprobar una metodología en la que se establecen las variables que serán tomadas en cuenta para realizar el monitoreo.

El objetivo es la equidad

Por lo que una de las variables que generó cuestionamientos, relacionada con elementos subjetivos que pudieran identificarse en la información difundida por los medios, como la ironía o el sarcasmo, pero esta variable ya fue eliminada.

La consejera nacional señaló que la metodología fue elaborada con apoyo del área técnica del INE y establece qué se va a revisar, qué medios serán considerados y durante qué etapas se realizará el seguimiento.

Explicó que el objetivo de establecer variables específicas es contribuir a condiciones de equidad durante los procesos electorales. En este sentido, consideró que la intervención de la Sala Superior demuestra que existen mecanismos institucionales para revisar e interpretar las normas electorales cuando alguna disposición puede representar un riesgo.

Cruz García detalló que, de acuerdo con la resolución, para que una conducta pueda ser objeto de una eventual sanción debe existir claridad sobre aquello que podría constituir una infracción. Por ello, la variable cuestionada será retirada del monitoreo y dejará de generar resultados dentro de esta clasificación.

Respecto al plazo para concretar la modificación, indicó que el acatamiento de la sentencia deberá realizarse en los próximos días. 

Explicó que, una vez que la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) reciba formalmente la notificación, se determinará el plazo correspondiente para atender la resolución y posteriormente se realizarán las modificaciones necesarias para su aprobación.

Puebla, Pue. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presumió el músculo que ha logrado tener en la región de Amozoc, con el que llegaría a los comicios del 2027.

El partido reunió a alrededor de 600 militantes durante una reunión informativa, en la que dirigentes y simpatizantes plantearon estrategias para consolidar la presencia del Verde y aumentar su votación en los próximos comicios.

El dirigente municipal del PVEM, Esteban Sánchez Pavón, aseguró que el partido mantiene una tendencia de crecimiento en Amozoc y atribuyó este avance a una mayor cercanía con los ciudadanos y a la atención de las necesidades de las comunidades.

“En Amozoc estamos comprometidos no con un partido nada más, estamos unidos por Puebla, para tener un mejor futuro, un mejor municipio, un mejor estado y un mejor país”, afirmó.

Durante el encuentro, Sánchez Pavón destacó que el PVEM ha intensificado el trabajo de campo y la construcción de estructuras partidistas en distintos municipios de Puebla.

Entre los municipios mencionados se encuentran:

Puebla capital

San Martín Texmelucan

Huejotzingo

Xoxtla

Tlaltenango

Lara Grajales

San Juan Tianguismanalco

San Pedro Cholula

San Andrés Cholula

Presencia territorial

De acuerdo a Sánchez Pavón la estrategia apunta a ampliar la presencia territorial del Verde y llegar fortalecido a la siguiente elección, en un escenario donde los partidos comienzan a medir estructuras, afiliaciones y capacidad de movilización.

El mensaje político del encuentro fue claro. el PVEM pretende dejar de ser un actor secundario y consolidarse como una fuerza con presencia propia en distintos municipios del estado, y Amozoc abre la lista de posicionamiento para el 2027.

Por su parte, el dirigente estatal del PVEM, Jaime Natale Uranga, defendió la identidad política del partido y aseguró que una de sus principales fortalezas es la congruencia entre sus compromisos y sus acciones.

“Lo que decimos, lo cumplimos”, sostuvo ante la militancia, al afirmar que el Verde busca evitar promesas que posteriormente no puedan concretarse y mantener una relación cercana con sus bases.

Natale destacó particularmente el crecimiento de Amozoc durante el proceso de afiliación, al señalar que el municipio alcanzó 2 mil 500 nuevos registros, cifra que, según el dirigente, lo colocó como una de las sedes con mayor crecimiento.

Y es que si bien, el proceso electoral todavía no arranca formalmente, el PVEM ya comenzó a mostrar músculo político y a reforzar su estructura en territorio poblano.

La concentración de militantes en Amozoc y las cifras de afiliación presumidas por la dirigencia estatal forman parte de una estrategia para llegar con una estructura más sólida a la próxima elección.

Puebla, Pue. En un ejercicio de diálogo para informar, reflexionar y construir de manera conjunta una propuesta legislativa que fortalezca la protección de las víctimas y la prevención de las violencias, en el Congreso del Estado se llevó a cabo el Foro “Hablemos de Acecho”.

Al dar la bienvenida al encuentro, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, destacó la importancia de mantener acciones permanentes para la prevención, sanción y erradicación de todos los tipos de violencia.

Por ello, indicó que este espacio e intercambio de ideas abona a la construcción de marcos jurídicos que fortalezcan el acceso a la justicia y la protección de las mujeres; además, refuerzan la coordinación del Poder Legislativo con organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general en el análisis de diversas propuestas.

De la misma forma, la diputada Xel Arianna Hernández García destacó la participación de diferentes instancias en este foro y detalló que, previamente, se abrió una convocatoria para recibir las propuestas y aportaciones que permitan construir la iniciativa para tipificar el acecho.

“Nuestra responsabilidad será convertir esta escucha en trabajo legislativo para todas las poblanas”, destacó al mencionar que, a partir del foro y del análisis de las propuestas recibidas por la ciudadanía, se elaborará la propuesta.

Como parte del foro, se presentaron las académicas Magally Escamilla Rodríguez y Berenice de Jesús Díaz Carcaño para hablar sobre el delito de acecho en México desde la perspectiva de los derechos humanos.

Asimismo, Valeria Macías, promotora de la Ley Valeria, compartió su historia y el camino que siguió para la tipificación del acecho. También participó Diana Murrieta, presidenta y fundadora de la Asociación Civil “Nosotras para ellas”. Posteriormente se realizó un conversatorio con asistentes al foro.

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Puebla, Pue. El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Riestra, respaldó la acción de inconstitucionalidad presentada por la dirigencia nacional de su partido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma que reduce el número de regidores en los ayuntamientos de Puebla.

La impugnación fue promovida por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, contra diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado y de la Ley Orgánica Municipal que modifican la integración de los cabildos.

PAN cuestiona nuevo esquema para integrar ayuntamientos

La controversia presentada ante la Suprema Corte se concentra en el artículo 18 del Código de Instituciones y Procesos Electorales, así como en los artículos 44 y 47 de la Ley Orgánica Municipal, además de otras disposiciones relacionadas.

Acción Nacional busca que la Corte analice la constitucionalidad del nuevo mecanismo aprobado para determinar la integración de los gobiernos municipales.

Dentro de la acción se señala al Congreso del Estado de Puebla y al gobernador Alejandro Armenta Mier por la emisión y promulgación de las normas impugnadas.

Reforma limita a 15 las regidurías en ayuntamientos

El Congreso de Puebla aprobó la reforma el 24 de julio de 2026, durante una sesión extraordinaria de la LXII Legislatura.

Con los cambios aprobados, los ayuntamientos tendrán un máximo de 15 regidurías, modificación que Acción Nacional considera perjudicial para la representación de las distintas fuerzas políticas dentro de los cabildos.

La reforma se encuentra ahora bajo cuestionamiento constitucional después de que el PAN decidiera recurrir a la Suprema Corte.

PAN advierte impacto en representación proporcional

Entre los argumentos planteados por Acción Nacional está que una reducción en el número de regidores puede traducirse en menor representación proporcional dentro de los gobiernos municipales.

El partido también advierte que el nuevo modelo puede afectar la pluralidad política de los cabildos y cuestiona que los criterios utilizados para distribuir las regidurías de representación proporcional sean suficientemente claros.

Otra de sus objeciones es que el esquema podría facilitar una mayor concentración del poder político al disminuir los espacios disponibles para las fuerzas minoritarias.

Se trata de argumentos sostenidos por el PAN dentro de su oposición a la reforma; corresponderá a la Suprema Corte resolver si las disposiciones impugnadas son constitucionales.

Mario Riestra respalda batalla jurídica del PAN

Con su respaldo a la acción promovida por Jorge Romero, Mario Riestra colocó al PAN Puebla en la misma línea de la dirigencia nacional frente a la modificación de los cabildos.

La disputa tendrá impacto sobre la manera en que se integrarán los ayuntamientos y sobre la cantidad de espacios que podrán corresponder a las distintas fuerzas políticas mediante el principio de representación proporcional.

La SCJN será ahora la instancia encargada de analizar los argumentos presentados por Acción Nacional y determinar el futuro de las disposiciones aprobadas por el Congreso poblano.

La controversia ocurre además rumbo al proceso electoral de 2027, cuando se renovarán los gobiernos municipales y el nuevo esquema de regidurías tendría efectos sobre la conformación de los próximos cabildos.

*BC

Puebla, Pue. El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Marcos Castro, pidió la intervención del Instituto Electoral del Estado (IEE) y del Instituto Nacional Electoral (INE) ante la pinta de bardas con promoción política rumbo a 2027, al considerar que ambas autoridades han sido omisas frente a estas prácticas.

El legislador también rechazó que las protestas ciudadanas contra las bardas deban ser vinculadas automáticamente con Acción Nacional y acusó a Morena de intentar desacreditar a quienes se han manifestado contra lo que consideran actos de promoción anticipada.

Marcos Castro defiende carácter ciudadano de protestas

Castro sostuvo que las personas que han expresado su inconformidad contra la pinta de bardas actúan como ciudadanos y rechazó que detrás de esas manifestaciones exista necesariamente una operación partidista.

El diputado cuestionó que Morena pretenda desacreditar estas expresiones únicamente por la posible cercanía de algunos participantes con integrantes del PAN.

Desde su postura, la existencia de fotografías o vínculos personales con personajes de Acción Nacional no constituye por sí misma evidencia de que las movilizaciones sean organizadas por ese partido.

PAN cuestiona omisión del IEE y del INE

Marcos Castro lamentó la falta de actuación de las autoridades electorales y consideró necesario que tanto el IEE como el INE establezcan reglas claras frente a la utilización de bardas para posicionar políticamente a distintos perfiles.

El legislador señaló que actualmente no se encuentra en curso un proceso electoral, por lo que pidió que las instituciones intervengan para evitar prácticas que puedan interpretarse como promoción anticipada rumbo a los comicios de 2027.

También advirtió que las autoridades deben garantizar que ningún actor político utilice recursos o espacios públicos para posicionarse antes de los tiempos electorales.

Pepe Carrera entra en la discusión por las bardas

El posicionamiento del legislador ocurre después de que el creador de contenido Pepe Carrera difundiera publicaciones en las que expone distintos movimientos de la política poblana rumbo a 2027 y realiza críticas contra perfiles de Morena.

Carrera ha sido relacionado con Acción Nacional debido a fotografías difundidas en las que aparece junto al dirigente estatal del PAN, Mario Riestra Piña, la excandidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez y el exalcalde de Puebla Eduardo Rivera Pérez.

Castro rechazó que esos elementos permitan concluir que las críticas o protestas contra las pintas formen parte de una estrategia partidista.

Piden reglas antes de que inicie el proceso electoral

Para el diputado panista, el problema central está en que la promoción política mediante bardas se mantiene mientras las autoridades electorales no establecen límites claros.

Su exigencia se dirige al IEE y al INE, a quienes pidió actuar antes de que comience formalmente el proceso electoral de 2027.

El legislador insistió en que las protestas contra estas prácticas deben analizarse como expresiones ciudadanas y no desestimarse únicamente por los vínculos o fotografías que puedan tener algunos de sus participantes con figuras de oposición.

*BC