La violencia metropolitana

Las noticias vuelan y las malas corren más rápido, por eso cotidianamente estamos enterados de la violencia que acecha a la capital poblana y sus municipios conurbados. Robos de todo tipo, narcomenudeo, asaltos, ejecuciones y homicidios dolosos, se suman en una de las zonas metropolitanas más importantes del país.

Ahora que las autoridades municipales acordaron trabajar en forma conjunta para mejorar los servicios públicos y las principales avenidas que comparten, como la Recta a Cholula y Forjadores es importante que lleguen a acuerdos para combatir el robo en transporte público y el narcomenudeo, que son los delitos más frecuentes en la zona metropolitana de la entidad.

Estos hechos afectan a los municipios de Puebla, San Pedro Cholula, San Andrés, Coronango, Amozoc, Cuautlancingo, Huejotzingo y San Martín Texmelucan.

En un reciente acto público el alcalde de la capital, Eduardo Rivera, señaló que, ante tal escenario, se están coordinando por conducto de los secretarios de Seguridad de cada ayuntamiento y las autoridades del estado para enfrentar la situación.

Ante sus homólogos, Paola Angón, Edmundo Tlatehui y Filomeno Sarmiento, ediles de San Pedro Cholula, San Andrés y Cuautlancingo, respectivamente, el panista recordó que sostuvieron una reunión para detectar a las bandas delincuenciales que operan en la zona metropolitana.

“Y hacer acciones de inteligencia para agarrar a este tipo de delincuentes y que se vayan por supuesto de toda la zona metropolitana y del estado”, mencionó. Lo que sucede en esos municipios termina afectando de manera directa a otras regiones.

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“Estamos coordinados de manera operativa contra el robo de transporte público, el asalto en vía pública y estos dos son los que más nos pegan, y disminuir el narcomenudeo también", comentó.

La incidencia de los delitos cada día es más frecuente y con más violencia en las ciudades y sus juntas auxiliares. Puebla capital y sus juntas integran el municipio del estado con mayor número de ejecuciones en lo que va del año.

Es hora de actuar, la autoridad en todos sus niveles tiene el enorme reto de construir la paz con la que hemos vivido los poblanos y combatir en forma eficiente a la delincuencia, muchas veces de origen foráneo, pero que por lo visto tiene planes de quedarse.

De las anécdotas que se cuentan

Hace unos días, las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana y de Energía, entregaron un informe al Senado, el cual, tras haber elaborado un análisis a partir de intercambiar información de inteligencia, identificó una suma que se presta para la polémica.

Según las cuentas de las dependencias, el mercado ilícito de combustibles tuvo un impacto anual en contra del SAT en 2020, por 30 mil 500 millones de pesos, por evasión del pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

El caso obliga a remontarse décadas, cuando Juan S. Millán, gobernador del estado de Sinaloa en el periodo 1999 a 2004, pidió a sus consejeros y asesores que identificaran cuál podría ser una cifra de los intereses del cártel de Sinaloa en la vida económica de aquella entidad.

Tiempo después, los analistas entregaron al mandatario unos cálculos que permitían identificar una cantidad aproximada, de los dineros que el cártel tenía en ese estado, no en la región y mucho menos se refería a la cantidad que manejaba en toda la República Mexicana.

Los recursos que los especialistas sinaloenses identificaron era cercana a los 23 mil millones de pesos, lo que quiere decir que esa cantidad representaba el capital que el cártel de Sinaloa tenía en forma de numerario, propiedades, empleos formales e informales, así como derrama económica en distintos modos.

Se insiste en que esa cantidad solamente se refería al estado de Sinaloa, no a todo el país.

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Por eso, con razón los expertos comentan que la cifra que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador identificó como impacto del robo de combustible al IEPS, es solo eso, el golpe que el huachicol da a la recaudación fiscal.

En ese sentido, la propia estimación que López Obrador ha comentado en el sentido que el huachicol es un negocio de 4 mil millones de dólares, unos 80 mil millones de pesos, supondría que el IEPS absorbe una cuarta parte, apenas.

Las cuentas no salen, si el gobierno federal y de manera especial, PEMEX ha informado que el combate al huachicol ha sido sumamente exitoso y se ha desplomado.

El presidente informó el 1 de septiembre de 2019 que sus medidas habían reducido el robo de combustible equivalente a 39 mil barriles diarios.

En su momento, apuntó que “puedo informar que el robo de combustible se ha reducido en un 94% y que ello nos permitirá recuperar 50 mil millones de pesos este año”, señaló. Si los delincuentes ya no pudieron robar 39 mil barriles diarios, algo pasaría con la demanda, aumentaría.

Esos 39 mil barriles de ahorro tendrían que ser vendidos por PEMEX o los competidores privados. Considerando 365 días del 1 de septiembre de 2018 al 1 de septiembre de 2019, entonces sería un total de 14 mil millones 235 mil barriles en ese lapso.

Al traducirse a pesos mexicanos, con un tipo de cambio de 19.35 pesos al 1 de diciembre de 2019, serían 621 mil 854 millones 109 mil 932 pesos.

Y el gobierno federal no ha mencionado ni por error una cantidad así.

Si la gasolina “recuperada” no la vende PEMEX ni los 75 competidores privados, tal vez el boquete sea superior a esos 30 mil millones.

Y se encuentra escondido en alguno de los inmensos muros de la opacidad de la petrolera mexicana.

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